La justicia de Perú renovó la orden de captura de la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por su presunta participación en el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, a pesar de haber recibido el asilo diplomático de México y estar ya en ese país.
El juez supremo Juan Carlos Checkley decidió ejecutar una sentencia de la Corte Suprema del pasado 4 de diciembre, que ordenó la ubicación y captura de Chávez para que cumpla la condena de prisión efectiva, como coautora del delito de conspiración para una rebelión en contra del Estado peruano.
La resolución judicial publicada en medios locales fue emitida el pasado 14 de agosto, una semana después de que Chávez recibió el salvoconducto que le permitió abandonar la embajada de México en Lima y viajar a esa nación en un avión militar.
Checkley solicitó cumplir con la renovación periódica de las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra Chávez, y comunicar esta decisión a la Policía Nacional y a la oficina de la Interpol en Lima.
El abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, criticó la resolución y añadió que su captura no será posible porque está bajo asilo diplomático otorgado por México, según un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.
Semanas atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Perú después de que el gobierno de Keiko Fujimori otorgara el salvoconducto a Chávez para que pueda viajar a su país.
Chávez permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la embajada mexicana en Lima después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que llevó al entonces gobierno peruano a romper las relaciones diplomáticas con México.
