El presidente José Jerí estableció un plazo definitivo para la implementación de las nuevas medidas de seguridad destinadas a frenar el crimen organizado en el sector transporte.
Según el mandatario, la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, entrará en vigor en cuestión de horas.
«La Ley 32490, que máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y, como máximo, publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes (19 de enero)», aseguró Jerí.
¿Qué implica la nueva Ley 32490?
La norma busca proteger un servicio considerado «estratégico» para la economía. Entre sus principales disposiciones, destaca la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), un equipo de élite conformado por policías, fiscales y jueces que pasarán pruebas de polígrafo semestrales y tendrán un régimen especial de seguridad.
Además, la ley contempla un Fondo estatal de riesgo para proteger económicamente a las empresas y unidades afectadas por atentados; la implementación de inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos (cupos) realizados a través de billeteras digitales y cuentas bancarias; y la aplicación de la figura de la extinción de dominio exprés, que permitirá incautar bienes y cuentas usadas para recibir el dinero de las extorsiones.
Disposiciones para motocicletas
Como parte de la estrategia integral, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó los alcances del decreto supremo que prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad frecuentemente utilizada por sicarios.
Prieto fue enfático sobre la severidad de las sanciones para desincentivar esta práctica: la primera vez se considera una falta «muy grave» y el conductor perderá 50 puntos en su récord, con posibilidad de pronto pago de la multa; la segunda vez se duplicará la multa y no habrá descuento por pronto pago. además de restar 60 puntos adicionales.
«O sea, la segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete. Entonces se espera desincentivar el comportamiento de uso para que pueda ser más fácil identificarlos», aseveró.
