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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ha distribuido, a la fecha, un total de 7300 toneladas de arroz fortificado, producto nutritivo que, gracias al hierro y minerales incorporados, contribuye a enriquecer la dieta de más de 4.1 millones de niñas, niños y adolescentes que reciben servicio alimentario escolar en todo el país. Este alimento aporta 10 nutrientes entre vitaminas y minerales que ayuda a los escolares a producir energía para desarrollar adecuadamente sus estudios, mejorar su nutrición y reducir la probabilidad de contraer enfermedades. En Piura y Loreto, se entregaron más de 1880 toneladas de arroz fortificado, respectivamente. En el departamento de Cajamarca los colegios públicos recibieron 722.29 toneladas para la alimentación escolar. También, se entregó este producto a las escuelas de los departamentos de Cusco (545 t), La Libertad (391 t), Puno (387 t), San Martín (377 t) y Huánuco (375 t). Le siguen Junín (367 t), Amazonas (309 t), Ucayali (232 t), entre otros. Es importante mencionar que antes de la entrega de este producto a las instituciones educativas del ámbito nacional, cada lote es sometido a rigurosos controles de calidad, contando con certificados de inocuidad exigidos por el PAE y las autoridades competentes. A través del modelo de corresponsabilidad del programa, los Comités de Alimentación Escolar (CAE) organizan la preparación de este cereal enriquecido en cada institución educativa pública, garantizando que el hierro y los minerales lleguen directamente al plato de cada estudiante para fortalecer su dieta. Este 2026, el PAE viene atendiendo con alimentos nutritivos e inocuos a un total de 4 187 782 de niñas y niños de 67 055 instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional, asegurando así el acceso a una nutrición complementaria, oportuna y diseñada para favorecer el bienestar integral de los estudiantes en todo el país. El PAE informa que este producto es el resultado de la mezcla de arroz común más el grano símil al que se le ha agregado ocho vitaminas (A, B1, B3, B6, B12, ácido fólico, D y E), y minerales (hierro y zinc).

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un supuesto “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril, las cuales tuvieron que extenderse un día más para más de 52 mil ciudadanos que no pudieron sufragar por irregularidades en el despliegue del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El exalcalde de Lima dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. López Aliaga hizo un llamado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, así como al jefe de la Policía, a fin de que —según dijo— se “tome preso de inmediato” al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Aseguró que este último era “parte de un engranaje” y que había “una mafia” que había planificado lo ocurrido. Según indicó, la norma establecía que la autoridad electoral debía entregar previamente el material para su custodia a las Fuerzas Armadas, para luego distribuirlo de manera ordenada en Lima. Asimismo, acusó a Corvetto de haber “violado la ley” a su antojo.

La Asociación Civil Transparencia hizo un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía y actores políticos a esperar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales culmine el conteo de las actas electorales, ya que en este momento el país necesita serenidad. “Exhortamos a la ciudadanía y a los actores políticos a esperar que la ONPE culmine el conteo de las actas electorales, las cuales serán publicadas en su página web, garantizando transparencia y permitiendo su verificación”, indicó dicha asociación en un comunicado publicado en sus redes sociales. De igual manera, rechazaron enfáticamente las afirmaciones de fraude sin evidencia, así como los llamados a la nulidad del proceso sin sustento, que solo generan incertidumbre, debilitan la confianza ciudadana y afectan la legitimidad de la elección. “Asimismo, expresamos nuestra preocupación frente a la judicialización del proceso electoral y al acoso contra las autoridades electorales, prácticas que no contribuyen al respeto de las reglas democráticas ni a la estabilidad institucional”, sostiene el documento. Al mismo tiempo, consideraron indispensable que se investiguen y sancionen, con el debido proceso, las responsabilidades por los problemas logísticos que afectaron el derecho al voto en algunos distritos de Lima. “La democracia se sostiene en la verdad, el respeto a las instituciones y la responsabilidad de todos”, culmina el comunicado.