El Ministerio Público decidió separar de su cargo al fiscal adjunto provincial Ariel Tapia Gómez, de la Fiscalía en Materia Ambiental de Ventanilla (Lima Noroeste), debido a que intentó traerse abajo la investigación sobre el derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol, ocurrido el 15 de enero de 2022.
A través de un comunicado, el Ministerio Público indicó que Tapia Gómez no readecuó el tipo penal de contaminación ambiental, de dolosa a culposa, con lo cual «solicitó la aprobación del acuerdo de principio de oportunidad con la empresa investigada«. Es decir, intentó acreditar que el derrame no se trató de una negligencia de Repsol, sino de un hecho fortuito, y además pretendió renunciar a la persecución del delito.
Dicho acuerdo de principio de oportunidad fue aceptado por el Poder Judicial el 29 de agosto de 2025, por lo que, tras la separación de Ariel Tapia, el Ministerio Público presentó un recurso de nulidad contra la decisión judicial, a fin de anular el acuerdo.
«La Fiscalía de la Nación —el mismo 29 de agosto— dio por concluida la designación del fiscal provincial provisional Ariel Tapia Gómez, luego de que la Coordinación Nacional de las FEMA alertara las inconsistencias y falta de sustento del acuerdo que ordena a los responsables de los daños ocasionados en la costa peruana el pago de una indemnización que se considera insuficiente«, indicó la institución.
Asimismo, precisó que en este recurso de nulidad «se sostiene que no se respetó las imputaciones originales y se vulneró presupuestos legales«. Entre ellas, «no se contempla que el derrame ocasionó una afectación masiva al ecosistema, áreas naturales protegidas y a miles de personas«, agrega el comunicado.
Además, señaló que desde el pasado 1 de setiembre, la fiscal adjunta provincial Tamara Gonzáles Baldeón asumió el despacho de la FEMA Lima Noroeste, quedando a cargo del caso Repsol y, que, como primera actuación fiscal, presentó el recurso de nulidad antes mencionado.
«De esta manera, la Coordinación Nacional de las FEMA reafirma su posición en el sentido de que este caso debe ser investigado como contaminación ambiental dolosa, debido a la magnitud del desastre y las consecuencias sociales, ambientales y económicas que generó«, refiere.
El Ministerio Público adelantó que se tomará las acciones legales correspondientes contra el ahora exfiscal Ariel Tapia Gómez y el procurador público del Estado Julio César Guzmán Mendoza, quienes celebraron el acuerdo cuestionado.
De igual modo, se reforzará la supervisión de todas las fiscalías ambientales del país a fin de garantizar un correcto uso de los mecanismos alternativos y asegurar que hechos de grave afectación al medio ambiente reciban la respuesta penal que corresponda.
