Fuerzas Armadas

La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso que favorece a los policías y militares violadores de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Pese a que la Corte IDH ordenó al gobierno abstenerse de promulgar la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Dina Boluarte realizó una ceremonia en Palacio de Gobierno para el evento de promulgación. Esta ley establece brindar amnistía a favor de los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos. Asimismo, la ley concede el indulto a los sentenciados mayores de 70 años de edad por «carácter humanitario». En una resolución del 24 de julio de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, sustentó su decisión en los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en aras de la búsqueda de la justicia y también exhortó a los jueces a no aplicar esta norma que caso sea promulgada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recalcó que la finalidad de la suspensión de la normal sería hasta que la Corte IDH analice la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evaluar el impacto en la casos La Cantuta y Barrios Altos. Precisamente, en la resolución de la jefa del ente internacional se recordó que el Estado peruano atentó contra los derechos de ciudadanos de manera extrajudicial. Durante la promulgación de la norma en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes los congresistas José Cueto (Honor y Democracia), Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular). Además, estuvo presente el fujimorista Fernando Rospigliosi, expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso que aprobó el dictamen de esta ley de impunidad. También estuvo presente el general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército condenado por los casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”. Salió en libertad en diciembre del año pasado luego de un fallo favorable del Tribunal Constitucional.