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Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, en San Borja, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) también allanó una de las oficinas de Juan José Santiváñez, exministro del Interior y hoy en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Luego de este allanamiento fiscal, Santiváñez ofreció una conferencia de prensa, que ya estaba programada, en la que solo se refirió al traslado del expresidente Martín Vizcarra de establecimiento penitenciario. Sin embargo, ante las preguntas de la prensa, el ministro salió corriendo y no respondió ninguna interrogante. Según la investigación fiscal en su contra, desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan José Santiváñez instaló una organización criminal en el Estado con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos. La investigación también involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ya que él asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los involucrados. De la imputación fiscal se desprende que Juan José Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para negociar las influencias que ejercía desde el Ministerio del Interior. El primer hecho que se le atribuye es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho. El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones. El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones. El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio de Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.