4 de diciembre de 2025

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Serenazgo del distrito de Santiago de Surco impidieron la clausura del acceso al túnel Benavides, en la Panamericana Sur, pese a que la empresa Rutas de Lima (RDL)había anunciado el fin de sus operaciones al entregar la concesión a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). En ese sentido, representantes de la empresa concesionaria llegaron al lugar para iniciar el cierre del túnel, señalando que la administración de la infraestructura ya había sido transferida a la comuna capitalina. Sin embargo, los efectivos policiales se opusieron a la medida, indicando que no existía documentación ni funcionarios municipales presentes que autorizaran la intervención de dicho túnel, el cual une distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, entre otros que se dirigen por la Panamericana Sur. A esta acción se sumó el Serenazgo de Surco, que colocó uno de sus vehículos en el ingreso del túnel para impedir la instalación de separadores y evitar cualquier intento de ejecutar el cierre. Durante varios minutos, el personal de Rutas de Lima intentó dialogar con la Policía para explicar el procedimiento, pero finalmente se retiraron todos los elementos instalados, incluido un panel que indicaba: “Túnel Benavides, cierre temporal, use el puente Benavides”. Finalmente, el equipo de la concesionaria se retiró de la zona, dejando únicamente a los efectivos policiales y miembros del serenazgo resguardando el túnel Benavides para evitar que se proceda al cierre.

El pleno del Congreso no alcanzó la votación necesaria (68) para lograr la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por el periodo de 10 años en contra del expresidente Pedro Castillo, por la presunta infracción constitucional de diversos artículos de la Carta Magna. En tal sentido, se remitió al archivo dicha denuncia. El informe final fue aprobado por la representación nacional con 44 votos a favor, 31 en contra, y tres abstenciones. Durante la sesión, el expresidente Pedro Castillo sostuvo que se le acusa de dar un golpe de Estado, algo que el Poder Judicial determinó con detalle «que no existió», sino que optaron por una la comisión del presunto delito de conspiración, es decir, por los hechos que habrían ocurrido el 6 de diciembre de 2022. «Ustedes, hoy defenderán una aberración y una barbaridad jurídica, demostrarán con su voto que no querían que un hijo del pueblo, un representante de los desoídos, llegue a Palacio de Gobierno», refirió. Asimismo, indicó que el 7 de diciembre de 2022 hizo la lectura de un documento «donde se expresaba el clamor del pueblo peruano». Defensa legal De otro lado, el abogado del exmandatario, Carlos Torres Caro, alertó a los congresistas que si se aprueba la inhabilitación se estaría cometiendo una infracción constitucional, primero porque no se puede castigar dos veces por los mismos hechos.  Además, refirió que no se puede construir derecho sobre la base de la violación del mismo derecho, ello porque la vacancia se aprobó sin defensa y sin las mayorías exigidas.  «Esa vacancia es nula y cuando se construye derecho sobre la base de la violación del derecho es una infracción constitucional», agregó.