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Tumbes: Alcalde fujimorista sentenciado por violencia familiar sigue en el cargo

El alcalde fujimorista de provincial de Zarumilla, en Tumbes, Christian Aguayo Infante, fue sentenciado a un año y cinco meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de violencia familiar. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no lo suspende del cargo, como corresponde por ley. El 30 de enero del año 2024, el Juzgado Penal Unipersonal de Zarumilla emitió en primera instancia la sentencia y dispuso que el alcalde lleve terapias psicológicas. En diciembre del mismo año, la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes confirmó la sentencia en segunda instancia. De inmediato, un ciudadano presentó una solicitud de suspensión, que, sin embargo, fue desestimada por el Concejo Municipal de Zarumilla. El 5 de febrero de 2025, se presentó un recurso de apelación contra el Acuerdo de Consejo N° 014-20025-MPZ que habría desaprobado el pedido. A través de oficios y cartas notariales enviadas al presidente del JNE, Roberto Burneo, se solicitó que «fije inmediatamente fecha y hora para la vista de la causa en audiencia pública del expediente jurisdiccional«. Por ello, el 30 de julio de este año el JNE respondió y le otorgó tres días hábiles al alcalde para remitir el acuerdo del consejo que resolvió el recurso de reconsideración presentado por el señor adherente y la constancia de Secretaría General o resolución de alcaldía que declara consentido el acuerdo. «Precisar que los pronunciamientos que emita el JNE serán notificados, conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica, (…) para la presentación de escritos u otros documentos, se encuentra disponible en Mesa de Partes Virtual», finaliza el documento. Los ciudadanos de Tumbes se encuentran a la espera de una pronta decisión.

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Piura es la tercera región con más empresas exportadoras: Tiene casi 500

El número de empresas exportadoras peruanas llegó a 7077 entre enero y junio de 2025, lo que representa un incremento de 5.5 % en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando el número ascendió a 6709. Así lo informó la Asociación de Exportadores (Adex). Lima es la que mayor cantidad de compañías agrupa (4139), seguida por Puno (1072). En tercer lugar, se ubica Piura, con 498 empresas exportadoras. Le siguen Callao (470), Ica (400), Arequipa (289), La Libertad (262), Tacna (264) y Áncash (247). En su Reporte de Empresas Exportadoras (junio de 2025), señaló que las microempresas (4132) representaron el 58.4 % del total; las pequeñas (2389), el 33.8 %; las grandes (379), el 5.4 %; y las medianas (177), el 2.5 %, con lo cual las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) concentraron el 94.6 % de todas las unidades. Por monto FOB (40 098 millones de dólares), el 91.7 % estuvo a cargo de las grandes compañías (36 757 millones), seguidas por las pequeñas (5.7 %), medianas (2.1%) y microempresas (0.5 %). Los stocks más altos por sector correspondieron a la agroindustria (1963), metalmecánica (1325), minería (1230) y químico (1125). Les siguieron varios (946), prendas de vestir (825), textil (407), siderometalurgia (402), minería no metálica (327), pesca y acuicultura (282), agro tradicional (255), madera (129), joyería (88), pesca primaria (39) e hidrocarburos (35). Los rubros que registraron disminución en el número de empresas fueron: joyería (-26.7 %), maderas (-14.6 %), varios (-9.9 %), confecciones (-9.4 %), minería no metálica (-9.2 %), siderometalurgia (-4.1 %), químico (-0.9 %), metalmecánica (-0.7 %) y textil (-0.5 %).

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Piura: Retrasos y riesgos en la obra de rehabilitación de la Planta de Agua de Curumuy

La Contraloría General de la República advirtió retrasos y riesgos en la obra de rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Curumuy, que abastece a las poblaciones de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Estos hechos podrían afectar el desarrollo del proyecto, la calidad de los trabajos y el logro de los objetivos planteados. La inversión asciende a S/ 6 745 765. De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.º 0016-2025-OCI/3470-SCC, que evalúa el periodo del 23 de junio al 16 de julio de 2025, se constató que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau) S. A. designó como supervisor al jefe de la PTAP Curumuy, quien por las funciones inherentes a su cargo no permanece de manera continua en la obra, lo que impide un control permanente de las actividades. Además, se detectó retrasos en el cumplimiento del cronograma aprobado para la rehabilitación de la Planta de Curumuy. Al 16 de julio debía alcanzarse un avance físico de 31 % en los sedimentadores (estructura diseñada para eliminar sedimentos y turbidez, mejorando la calidad del agua); sin embargo, solo se ejecutaba el sedimentador n.º 12 de los cuatro programados. A ello se suma la instalación de vinilonas en la estructura, sin contar con fichas técnicas u otros documentos que acrediten que el material cumple con las especificaciones del expediente técnico, ni con la aprobación de la supervisión, lo cual pone en riesgo la vida útil de la infraestructura. Asimismo, se evidenciaron condiciones inseguras de trabajo. Durante la visita se encontró a personal laborando en altura sobre tablas y utilizando una soga como soporte. Esta situación no garantiza la protección adecuada frente a caídas y expone a los trabajadores a riesgos de accidentes.

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Xiomara Huertas: La joven de 18 años hallada muerta en un corral al lado de su casa

Xiomara Alejandra Huertas Santiago tenía 18 años y fue reportada como desaparecida el pasado 19 de agosto en el Bajo Piura. Cinco días después, su cuerpo apareció enterrado en el corral de la vivienda de sus tíos, ubicada al costado de su propia casa en el centro poblado Villa Vichayal, cerca del polideportivo de esta localidad, en el distrito de La Arena. El hallazgo se produjo durante de madrugada. La Policía Nacional encontró el cuerpo de la estudiante de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en posición fetal. Debido a la situación en la que ocurrió el hallazgo, fue difícil establecer de manera preliminar alguna lesión o signos de violencia. En la víspera, la joven no había presentado situaciones conflictivas con otras personas ni se conocía rencilla alguna con familiares o amigos. Xiomara Huertas era exalumna del colegio San Juan Bautista de Catacaos y cursaba el primer ciclo de la carrera de Administración en la UNP. De acuerdo con las primeras investigaciones, el principal sospechoso del crimen es el esposo de su tía, un hombre de 42 años que ya fue detenido por las autoridades y viene siendo investigado para determinar su responsabilidad penal. Agentes de la Unidad de Criminalística continúan con las diligencias de ley para esclarecer este extraño crimen, mientras su familia clama por justicia.

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Juan José Santiváñez vuelve como ministro de Dina Boluarte: Asume Justicia y DD. HH.

Juan José Santiváñez Antúnez volvió al gabinete ministerial del gobierno de Dina Boluarte. El exministro del Interior asumió ahora la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara Medrano. Con Santiváñez también tomaron juramento otros dos nuevos ministros en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Se trata de Ana Peña Cardoza, quien asumió como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Fanny Montellanos. Precisamente, Fanny Montellanos Carbajal pasó a ser ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Leslie Urteaga. Juan José Santiváñez tiene una orden de impedimento de salida del país de 18 meses como parte de una investigación por el delito de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, el entonces ministro del Interior exigió dinero a allegados de uno de sus clientes presos para influir en el Tribunal Constitucional, y además realizó gestiones en el INPE para que no sea trasladado a otro penal. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema concluyó que Santiváñez podría huir de la justicia, debido a la pena que se le podría imponer es de 12 años de prisión, a la comprobada capacidad económica que tiene para salir del país, y a los numerosos viajes que ha tenido al exterior y el desconocimiento de sus actividades laborales privadas.

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Allanan sede de la Depincri Norte en Trujillo por caso de corrupción de policías

Policías de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) allanaron la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, La Libertad, en cumplimiento de una orden judicial. El operativo, denominado ‘Los Mineros de la Depincri’, forma parte de una investigación al jefe de la Depincri Norte, capitán PNP Juan Alexander Cabrejos Flores, a quien se le imputa los delitos de cohecho pasivo propio y peculado de uso, por ordenar resguardo policial a favor de un minero informal durante horario de servicio. En la investigación también se encuentran comprendidos el suboficial de primera PNP Jenner Vásquez Cárdenas y el suboficial de segunda PNP Cristian Damián Bances, quienes trabajan en la misma unidad policial. Según la investigación, el jefe policial de la Depincri Norte, a través de los dos suboficiales, brindaban seguridad a Jhon Jhonel Plasencia Pretel, quien se dedicaría a la minería informal en la provincia liberteña de Pataz. Todo ello a cambio de pagos de fuertes sumas de dinero, que aún se está por determinar. En cumplimiento de la resolución judicial se allanó las oficinas y los ambientes de trabajo, así como el registro personal e incautación de los teléfonos celulares de los investigados, con lo que se deberá determinar los nexos entre el minero informal y los policías. La medida fue ejecutada con presencia del representante del Ministerio Público.

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Exfuncionario del GORE Piura se entrega a la Fiscalía por obra del Hospital de Huarmaca

Tras la detención preliminar de ocho empresarios y exfuncionarios del Gobierno Regional (GORE) de Piura, durante allanamientos realizados en simultáneo la madrugada del pasado 20 de agosto, otro investigado se puso a disposición del Ministerio Público para someterse a las diligencias correspondientes. Se trata de Newsthor César Augusto Barreto Querevalú, exdirector general de Construcción y exdirector de Obras durante la gestión del exgobernador regional Servando García (2019-2022). La Fiscalía anticorrupción de Piura investiga a un total de nueve personas, entre empresarios y exfuncionarios del GORE Piura, por el delito de colusión agravada en el caso denominado ‘Los sanitarios de la corrupción’. La fiscal provincial Fyorella Montero Talledo realizaron las diligencias de deslacrado y visualización de los equipos incautados en los 18 inmuebles intervenidos durante los allanamientos. La investigación fiscal se aboca a la licitación pública entre el GORE Piura y el consorcio Hospital Piura para la construcción del Hospital de Huarmaca, ubicado en la provincia de Huancabamba. El contrato comprendía la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y puesta en funcionamiento del establecimiento de salud. Sin embargo, se favoreció al contratista con la firma de una adenda que originó que el GORE Piura realice el pago de S/ 815 198.42 a favor de la empresa contratista, por concepto de equipamientos biomédicos que nunca fueron entregados a la entidad regional.

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Piura: Detienen a exfuncionarios de Servando García por corrupción en Hospital de Huarmaca

La Policía Nacional y la Fiscalía anticorrupción de Piura detuvieron a cuatro exfuncionarios de la gestión regional de Servando García (2019-2022) que habrían concertado ilegalmente con el Consorcio Hospital Piura para favorecerlo con la licitación de la obra de mejoramiento y equipamiento del Hospital de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba, en Piura. Los exfuncionarios regionales son investigados por el delito de colusión agravada, ya que se habrían aprovechado de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 para hacer que el Gobierno Regional de Piura firme una adenda y realice el pago de S/ 815,198.42 a favor de dicho consorcio, por el equipamiento del Hospital de Huarmaca. Sin embargo, dicho equipamiento biomédico nunca fue entregado a la entidad regional. Los detenidos son: Saul Labán Zurita, exgerente de Infraestructura; Jim Merino, exabogado de la Oficina de Obras; Wilmer Vise, exgerente de Infraestructura; y Rodolfo Jiménez, exdirector de Obras. Con ellos también fueron detenidos cuatro empresarios: Miriam Acuña, exgerente general de Consac, empresa a cargo de la supervisión; Fernando Elías, en calidad de residente de obra; Diego Quispe, en calidad de jefe supervisor; y Moisés Salazar, en calidad de residente de obra. En total, la Fiscalía anticorrupción allanó de madrugada 18 inmuebles en Piura, Lima, Loreto, Lambayeque y Pasco de forma simultánea, como parte de la investigación a la red criminal denominada ‘Los sanitarios de la corrupción’.

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TC establece que Dina Boluarte no puede ser investigada hasta que acabe su mandato

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del gobierno de Dina Boluarte y estableció, por mayoría, que el Ministerio Público no puede investigar penalmente a un presidente de la república en funciones. Con esta decisión, los magistrados del TC cerraron la puerta a los procesos que la mandataria enfrenta en sede fiscal por delitos cometidos durante su gestión, incluido el de las muertes registradas en las protestas sociales. La sentencia del TC interpreta que el artículo 117 de la Constitución limita cualquier acción penal contra el presidente exclusivamente al Congreso de la República. Esta interpretación otorga inmunidad política y penal a Boluarte, blindándola de las investigaciones fiscales en curso y sentando un precedente que podría beneficiar a futuros jefes de Estado en situaciones similares. El fallo representa un duro golpe a los esfuerzos del Ministerio Público por esclarecer los presuntos crímenes cometidos durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como a las investigaciones por enriquecimiento ilícito vinculadas al caso ‘Rolex’, y por abandono de funciones señaladas en el caso ‘Cirugías’. La demanda competencial fue presentada por el gobierno en 2024 tras el inicio de varias investigaciones contra Boluarte. El proceso ante el TC fue respaldado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien señaló que la Fiscalía vulneraba el orden constitucional al investigarla sin autorización del Parlamento. La resolución cuenta con las firmas de la presidenta del TC, Luz Pacheco, y los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. Por su parte, Monteagudo Valdez y Gutiérrez Ticse votaron en contra.

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Así operaba Gregorio Paico: El abogado condenado por tráfico de influencias en Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó una sentencia de 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad para el abogado Gregorio Paico Sernaqué (49), al encontrarlo responsable del delito de corrupción, en la modalidad de tráfico de influencias. La resolución judicial se logró a través de la conclusión anticipada, un mecanismo mediante el cual una persona investigada en sede fiscal reconoce el delito imputado y la pena requerida, con el objetivo de acelerar el proceso y acogerse a un beneficio en el plazo de la pena. La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero y del fiscal adjunto José Aurelio Jiménez Moscol. Ambos aportaron evidencias documentales, testimonios, recibos de pago y conversaciones de WhatsApp que corroboraron el comportamiento ilícito del abogado. Según la investigación fiscal, Gregorio Paico Sernaqué pidió 6000 soles a su patrocinado indicándole que esta suma de dinero sería entregada a una fiscal de Castilla, en P iura, para favorecerlo ilegalmente en un procedimiento en curso. Además, solicitó otros 500 soles adicionales con el fin de cubrir supuestos pagos a policías que se negaban a declarar. La investigación comenzó con un acta fiscal del 4 de diciembre de 2024, donde se registró la denuncia del patrocinado, quien reveló las exigencias de dinero hechas por el abogado piurano en el contexto del procedimiento llevado a cabo contra el presunto homicida de su hijo. Tras el juicio, como parte de la sentencia condenatoria, también se dispuso para Gregorio Paico la inhabilitación profesional por seis meses, junto con el pago de 8000 soles de reparación civil a favor del Estado y otros 2325 soles por días multa.

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