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Un sismo de magnitud 7.2, con epicentro en el distrito de Coracora (provincia de Parinacochas), afectó viviendas e instituciones prestadoras de salud en las regiones de Ayacucho y Cusco. Según un reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el movimiento telúrico dejó a dos personas lesionadas en Coracora mientras realizaban la evacuación, además de registrarse derrumbes de cerros en Coracora y Chancas sin afectaciones materiales. Luis Vásquez Guerrero, jefe del Indeci, informó a RPP sobre múltiples daños en diversas localidades de Ayacucho. En la provincia de Parinacochas, el distrito de Pullo registra 12 viviendas y un puesto de salud afectados, mientras que en Upahuacho se reportan 18 poblados afectados que se encuentran actualmente bajo evaluación. Asimismo, en Puquio (provincia de Lucanas) 8 viviendas resultaron afectadas por el fenómeno natural; en San Pedro se registran daños en 2 viviendas y una institución educativa, y en la ciudad de Ayacucho se registró la afectación de 3 instituciones prestadoras de salud. Los efectos del sismo también alcanzaron a la región cusqueña. En la ciudad del Cusco se reportó la afectación del Hospital Regional y de la sede del Poder Judicial. Por su parte, en el distrito de Pichari (provincia de La Convención) se registró un centro de salud afectado. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó, ante este tipo de eventos sísmicos, evitar el pánico, así como ubicarse en zonas seguras de acuerdo con el plan de evacuación familiar, seguir las recomendaciones de las autoridades y tener a la mano su mochila para emergencias.

El cobarde ataque de una banda de extorsionadores contra un bus de la empresa de transporte urbano Vipusa en el distrito de Villa El Salvador, donde falleció el conductor Mauro Garriazo Flores (46), ha traído consencuencias para el Gobierno. El gremio de transportistas ha convocado a un paro en Lima y Callao para el próximo miércoles 25 de agosto. A través de un documento, el gremio indicó que la medida de fuerza surge tras el silencio del Ejecutivo frente a las propuestas técnicas enviadas por los transportistas y la reiterada negativa de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, de concederles una audiencia para abordar la crisis de extorsiones y asesinatos que golpea al sector. Los transportistas sostienen que la situación se ha agravado por la ausencia de una política pública articulada que permita frenar el cobro de cupos, un problema que no solo asfixia económicamente a las empresas, sino que también encarece el servicio para millones de usuarios. En su comunicado señalan que en lo que va del mes de agosto «se ha registrado una serie de atentados contra los trabajadores del volante y los pasajeros, atacados mientras cumplían su jornada o se trasladaban a sus centros de trabajo y estudio» y recuerdan como otro caso más grave el ocurrido el 6 de agosto en el distrito de Los Olivos, contra el gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, Eugenio Benítez Tacanga, quien murió tras ser herido de bala. Ante este escenario, los agremiados afirman que han presentado anteriormente un pliego de propuestas que incluye el fortalecimiento de unidades policiales especializadas, el control estricto de comunicaciones en penales y la presencia permanente de agentes en paraderos de alto riesgo.