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El excongresista de Acción Popular, Franco Salinas -conocido por insultar a políticos y periodistas por redes sociales- es ahora viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y ganará S/28.000 al mes. El cargo le fue asignado con fecha 6 de abril y lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, y del presidente interino José María Balcázar. Salinas -quien representó a Piura sin ser piurano- es conocido por su cercanía con Manuel Merino de Lama. Llama la atención que ejerza un cargo en el Ejecutivo y con un gobernante del partido que llevó al poder a Pedro Castillo, a quien tanto criticó y pidió su salida. Por si fuera poco, en diciembre del 2024 Salinas fue destituido por incumplimiento de funciones en la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, en Lima, donde venía ejerciendo el cargo de subgerente de Participación Vecinal, Educación, Cultura, Deportes y Espectáculos. La sanción contra Salinas se dio por supuestamente no supervisar la infraestructura deportiva del corredor Costa Verde, permitiendo así que terceros privados alquilaran las canchas municipales sin autorización. Debido a que se trató de una sanción de destitución, Salinas desde ese momento quedó inhabilitado para trabajar en el Estado por 5 años, es decir, hasta diciembre de 2029. No obstante, lograría revertir su sanción con una apelación ante el Tribunal del Servicio Civil, que envió el proceso a fojas cero. Ahora, Salinas dirige el viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, órgano encargado de formular, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas nacionales en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Sus principales funciones incluyen promover y proteger los derechos humanos, impulsar el acceso efectivo a la justicia mediante servicios de defensa pública gratuita, asesoría legal y medios alternativos de solución de conflictos y supervisar la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

El presidente de la república, José María Balcázar, tomó juramento a Amadeo Flores Carcagno como nuevo ministro de Defensa. La ceremonia de juramentación al cargo se desarrolló en Palacio de Gobierno, a donde asistió el pleno del Consejo de Ministros. Flores Carcagno es magíster en Desarrollo y Defensa Nacional, candidato a doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Asimismo, cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional Internacional y Gestión Pública. Además, en el ámbito profesional ha ocupado el cargo de jefe de gabinete del despacho ministerial del Ministerio de Defensa.

Más de 27,000 actas electorales observadas han sido remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación en el marco de los comicios generales del pasado 12 de abril, informó el coordinador legal del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia. El funcionario precisó que, a nivel general, existen más de 65,000 actas observadas, de las cuales 27,227 ya han sido enviadas por la ONPE a los JEE, mientras que el resto continúa en proceso de remisión progresiva. “Todo va a depender, obviamente, de la carga de actas observadas que nos van a llegar; hasta el momento, según los reportes de la ONPE, son más de 65 mil actas observadas y de ellas solo han llegado 27,227”, señaló. Del total recibido, se han generado 26,049 expedientes, mientras que aún quedan por procesar 1,178, dijo. Según explicó Valdivia, estas actas presentan inconsistencias detectadas durante el cómputo oficial de votos, por lo que requieren un análisis detallado. “Cuando no se pueda levantar la observación, como se hacía anteriormente, era declarar la nulidad del acta. Ya no va a ser así. Lo que se dispone es el recuento de votos, en una decisión inimpugnable. Son los jurados electorales especiales, al recibir el acta observada y no poder levantar la observación del acta, quienes disponen el recuento de votos. Y esto es legal”, señaló. ¿Cómo se procesan las actas observadas? Cada mesa de sufragio emite cuatro ejemplares de acta por tipo de elección, que se distribuyen entre la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), el Jurado Electoral Especial, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Son cuatro ejemplares que emite cada miembro de mesa por tipo de elección”, explicó Valdivia. El ejemplar destinado a la ODPE es el que se utiliza para el cómputo oficial de votos, cuyos resultados son difundidos progresivamente. Cuando se detecta una inconsistencia —como un error aritmético entre votos y electores—, el acta es observada y remitida al JEE junto con el ejemplar correspondiente y un reporte detallado. “Nos remiten el acta observada con el ejemplar del JEE y un reporte donde se señala la observación”, precisó el funcionario. Hasta el momento, los JEE han emitido 3,513 pronunciamientos sobre actas observadas, resolviendo diversas inconsistencias. De estos casos, 381 actas han sido derivadas a recuento de votos, procedimiento que se aplica cuando no es posible subsanar la observación detectada. Recuento de votos: nuevo mecanismo A diferencia de procesos anteriores, donde las actas no subsanables eran anuladas, ahora se dispone el recuento de votos, conforme a la normativa vigente. “Antes se declaraba la nulidad del acta; ahora se dispone el recuento de votos por mandato legal”, sostuvo. Esta decisión es adoptada por los JEE de manera inimpugnable, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Para ello, se solicita a la ODPE el envío del sobre lacrado con las cédulas de votación no impugnadas, el cual debe ser remitido en un plazo de 24 horas. Posteriormente, el JEE convoca a una audiencia pública para realizar el recuento. Audiencias en marcha El JNE informó que ya se han desarrollado cinco audiencias de recuento de votos, mientras que una sexta se realiza actualmente en el JEE de Chanchamayo. Estas sesiones son transmitidas en tiempo real a través de su portal institucional y plataformas digitales. “Las audiencias se transmiten en tiempo real a través del portal institucional y a través de YouTube”, añadió Valdivia. Resultados y plazos Cada acta electoral puede contener hasta 300 votos, dependiendo del número de electores de la mesa. En cuanto a los resultados finales, se mantiene como fecha estimada el 15 de mayo, especialmente para la elección presidencial, aunque ello dependerá del avance en la resolución de actas observadas.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lideró la marcha defendamos la democracia en el Campo de Marte junto a sus simpatizantes, según dijo, en defensa del voto expresado por la población en las Elecciones Generales 2026. En la concentración participaron también los congresistas Norma Yarrow y Alejandro Muñante, candidatos que postulan al próximo Congreso bicameral, así como simpatizantes del líder de Renovación Popular. López Aliaga manifestó que el principal derecho de la democracia es elegir y ser elegido, y que en las elecciones del último domingo se había limitado el voto más de un millón de ciudadanos, por lo que pidió que se convoque a elecciones complementarias. Reiteró además sus señalamientos de que se estarían manipulando los resultados electorales y que se estarían «enviando de oficio» a los Jurados Especiales Electorales (JEE) actas electorales donde su partido tendría buenos resultados. “Donde estamos bien, eso sí pasa”, afirmó ante sus simpatizantes. Asimismo, indicó que se había dejado “abierta la base de datos”, facilitando el ingreso de muchas personas, y refirió que es poco creíble que en lugares como Pichanaki, Pangoa y Mazamari, donde encabezó manifestaciones multitudinarias, había ganado una candidata que, durante su visita a la zona, había recibido el rechazo de un sector de la población. En tanto, Yarrow pidió a los diversos sectores del país «unirse por la libertad y por una patria libre», y aseguró que el jefe de la ONPE debería ir a prisión por las irregularidades ocurridas durante las elecciones. «Vamos a exigir que haya nuevas elecciones o de lo contrario un reconteo televisivo de todas las actas. Vamos a exigir que este proceso se respete. El sabotaje que se dio en Lima Metropolitana tiene que ser solucionado con una elección complementaria», afirmó.

Un equipo de nueve especialistas de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continua inspeccionando el material electoral que se guarda en los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el distrito de Lurín. La encargada de la diligencia Yohanny Valentín Loayza señaló que a pedido de algunas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) se verifica el material electoral.  «El día de hoy hemos venido un grupo de aproximadamente nueve personas, nueve fiscalizadores, directamente de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales», precisó. Se trata de una labor que se realiza por segundo día consecutivo y se realiza de manera ininterrumpida durante 24 horas.

José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue trasladado a la sede de la Fiscalía Penal Corporativa de Lima Cercado, en el marco de las investigaciones en su contra por las irregularidades en la distribución de material electoral en Lima en las elecciones generales 2026. Samamé fue trasladado bajo custodia policial desde las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima, donde se encontraba recluido. Fue detenido en flagrancia por agentes de la policía anticorrupción el pasado lunes, tras los problemas logísticos en la distribución de material electoral en Lima, lo que impidió que se instalarán el domingo 13 mesas electorales. Hoy venció el plazo de 48 horas de detención en flagrancia. La fiscalía determinará si situación legal. El exfuncionario de la ONPE es investigado por la presunta comisión del delito de omisión o demora de actos funcionales. Tras los problemas en distribución de material electoral, Samané presentó su carta de renuncia. Reconoció las «fallas logísticas» que generaron retrasos e inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres altos funcionarios de esa entidad y al representante legal de la empresa GALAGA S.A.C por las presunta irregularidades ocurridas durante las Elecciones Generales 2026. Les atribuye los presuntos delitos contra el derecho de sufragio – atentado contra el derecho de sufragio; delito contra la administración pública – omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales en la contratación de la empresa GALAGA S.A.C. para la distribución de material electoral y los problemas que presentó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para el proceso electoral. En el caso de Corvetto, la denuncia indica que, a pesar de la “crisis logística y tecnológica”, “mantuvo una conducta omisiva sistemática” y no informó oportunamente al Pleno del JNE la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día. Señala además que, ante la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, “pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material”, hecho que constituye “una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso”. En tanto, la denuncia atribuye a Edward Eloy Alarcón, gerente de Administración de la ONPE, haber presuntamente omitido activar los mecanismos de supervisión directa sobre la flota de GALAGA S.A.C., lo que permitió la vulneración de la seguridad nacional electoral al entregar el material a un tercero sin las garantías mínimas de fidelidad y control. Ello habría facilitado la obstaculización del desarrollo electoral por parte del proveedor privado. Asimismo, precisa que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de ONPE, habría permitido que “el sistema tecnológico sufriera un colapso sistémico reportado en locales de votación, donde la falta de reconocimiento de códigos y fallas en la verificación biométrica impidieron el inicio de la jornada electoral”.  Asimismo, la denuncia penal incluye aRicardo Javier Saavedra Mávila, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE. De igual manera, contra Juan Charles Alvarado Pfuyo,  en su condición de representante legal de la empresa GALAGA S.A.C. El procurador del JNE, en declaraciones a RPP, puntualizó que el JNE considera que ha habido una serie de irregularidades que deben investigarse a nivel fiscal para que se determine la responsabilidad en estos hechos.  «Una vez que se abra la investigación, se va a realizar una serie de diligencias y se va a poder determinar si hay otras personas que estarían involucradas justamente estos hechos», aseveró.

Las Elecciones Generales de este 12 de abril marcan el fin de una etapa para varios partidos políticos que integran actualmente el Congreso de la República y de otros que pretendían tener representantes en la cámara de diputados y senadores. De acuerdo a las estimaciones de las encuestadoras Ipsos Perú y Datum Internacional, Alianza Para el Progreso (APP), cuyo líder es César Acuña, no pasaría la valla electoral. Otros partidos que actualmente tienen poder desde el Parlamento y que no tendrían un solo congresista son Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón, así como Avanza País, que llevó como candidato al parlamentario José Williams, recordado por percibir actualmente un doble sueldo del Estado. Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez y con una importante bancada en el actual Congreso, tampoco tendría representantes a partir del 26 de julio próximo, fecha en que tomaran juramento los nuevos parlamentarios. Somos Perú, que llegó al poder con José Jerí, tampoco pasará la valla electoral. El APRA, a su vez, seguirá relegado y lejos del poder, al igual que Perú Primero, que postuló a la presidencia a Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra.