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Las razones detrás de la anulación de las elecciones al rectorado en la UNP

El presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP) declaró oficialmente la nulidad total de todo el proceso electoral complementario para el cargo de rector correspondiente al periodo 2025-2028. ¿La razón? Supuestamente, una serie de irregularidades graves que comprometen la transparencia, legalidad y autenticidad del sufragio universitario. La Resolución N° 020-PECR-CE-UNP-2025 fue firmada solo por José Luis Paredes Muro, y no por los miembros del pleno del Comité Electoral, fue publicada el 14 de julio en el diario oficial El Peruano. En ella se detalla que el proceso desarrollado los días 8 y 9 de julio incurrió en múltiples infracciones al reglamento y a la normativa electoral vigente. Sin embargo, los cuatro de los integrantes del Comité Electoral niegan haber participado de la aprobación de dicho documento. En la información se señala que entre las principales faltas identificadas estaría la distribución de propaganda política en cajas de fósforos y stickers dentro del campus universitario durante la jornada electoral, específicamente a favor del candidato José Luis Ordinola Boyer. Por su parte, los voceros de la agrupación del candidato José Ordinola señalan que no fueron notificados para presentar su defensa y las pruebas en las que probarían un complot para declarar nulas las elecciones y favorecer al otro candidato. El informe del Comité Electoral de la UNP, que no fue presentado a ninguna de las partes involucradas, también recogió supuestas denuncias sobre doble votación de docentes, cédulas manipuladas, actas incompletas, diferencias entre número de votos y electores habilitados, y la inclusión irregular de miembros de mesa que ostentan cargos de dirección. Tras declarar la nulidad total del proceso, el Comité Electoral ha ordenado la notificación inmediata a SUNEDU, Asamblea Universitaria y Consejo Universitario, así como la publicación oficial de la resolución en el portal institucional.

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Juzgado de Piura absuelve a comuneros de Catacaos acusados de invadir tierras

En una decisión histórica, el Cuarto Juzgado Penal de Piura decidió absolver a los comuneros de Catacaos que fueron denunciados por usurpación de tierras por parte de la empresa Constructora Keheda. La denuncia, que data del año 2015, buscaba despojarlos de sus tierras comunales, alegando que habían invadido las mismas. Sin embargo, la justicia confirmó que los comuneros cuentan con títulos posesorios desde la década de 1980, y los testigos presentados por la empresa y la fiscalía ofrecieron testimonios indirectos y sin sustento. Según los comuneros de Catacaos, el modus operandi de la empresa era falsear actas comunales de adquisición de tierras, inscribirlas en los Registros Públicos (Sunarp) y luego vender las tierras supuestamente adquiridas a empresas privadas que hoy lucran sobre esas áreas, por lo general, en el rubro de la agroexportación. Pero los comuneros aseguran que todos los terrenos comunales en Catacaos pertenecen a sus antepasados, por lo cual cualquier traspaso debe aprobarse por mayoría en asamblea. Explican que no solo han ido perdiendo tierras, sino que, cuando han querido retomar el control, han sido recibidos con violencia ―en algunos casos, a balazos― y denunciados penalmente por supuesta invasión de propiedad privada. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) consideró que este fallo sienta un precedente frente a la criminalización promovida por empresas que buscan despojar a las comunidades campesinas de sus tierras. «Es una victoria para todas y todos quienes defienden su territorio ante el abuso», aseguró la institución.

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Piura: Tres asesinatos en menos de 24 horas y ningún detenido por la Policía

Tres jóvenes fueron asesinados a balazos el último fin de semana por presuntos sicarios en las provincias de Sullana y Catacaos, en la región Piura. Al temor de la población piurana se sumó la indignación por la ineficiencia de la Policía Nacional, que no ha podido detener a ningún implicado en los homicidios. En la urbanización Santa Rosa de Sullana, Marlon Checa Navarro y Edgar Ruiz Navarro fueron acribillados en plena vía pública mientras conversaban en el parque Miguel Grau. Según testigos, los asesinos llegaron armados a bordo de una motocicleta y abrieron fuego sin mediar palabra. Edgar falleció en el acto, mientras que Marlon intentó huir pero fue alcanzado y ejecutado a pocas cuadras. Horas después, en el distrito de Catacaos, otro crimen conmocionó a los vecinos. El cuerpo de un joven identificado como Abel Albán Albán fue encontrado en la ribera del río Piura, con impactos de bala en la cabeza y la espalda. Según familiares, la víctima era pescador y deja tres menores en la orfandad. Estos casos se suman a una creciente ola de homicidios en la región Piura. Solo en lo que va del año, ya se registran cerca de 80 asesinatos, muchos de ellos ejecutados con características de ajustes de cuentas, según fuentes policiales. El Ministerio Público ya ha iniciado las investigaciones en las zonas afectadas y no descarta que estos hechos estén relacionados con disputas entre organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito, cobro de cupos y extorsión. En tanto, la gestión del general PNP Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura, sigue siendo cuestionada por su ineficiencia para combatir los delitos contra la seguridad ciudadana.

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Alcalde Gabriel Madrid sella su alianza electoral con César Acuña en Piura

A casi un año de las elecciones regionales, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, ya está concentrado en la campaña política, y el último sábado se dejó ver públicamente junto a César Acuña, cabeza del cuestionado partido Alianza Para el Progreso (APP). Madrid ha anunciado que el próximo año va a postular al cargo de gobernador regional de Piura, pese a que actualmente, como autoridad, tiene una baja aprobación de la población. Durante una actividad de APP, Gabriel Madrid asistió junto a funcionarios y regidores de la Municipalidad Provincial de Piura y subió al estrado invitado por César Acuña, su nuevo aliado político. César Acuña, por su parte, aún no decide si volverá a postular a la presidencia del Perú. Además de sus procesos penales, es cuestionado por su ineptitud para gestionar la lucha contra la delincuencia en la región La Libertad, donde es gobernador, y donde se ha ausentado del cargo durante 128 días para temas personales, como viajes de turismo. Asimismo, se le cuestiona su alianza política, a través de su bancada en el Congreso, con el gobierno de Dina Boluarte. APP buscará mantener su cuota de poder político en el 2026 tanto en las elecciones regionales como congresales, un objetivo suyo complicado, debido a los escándalos en los que se han visto implicados varios de sus representantes en el Parlamento. Como reveló Noticias360, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, ya piensa como candidato, y para ello no le ha importado reunirse con sentenciados por corrupción para lograr su propósito electoral. El último miércoles, Gabriel Madrid sostuvo una amistosa reunión con Humberto Acuña, secretario de organización de APP, quien llegó a Piura junto a su hermano Darío. Ambos, tanto Humberto como Darío, han sido sentenciados por actos de corrupción en diferentes casos.

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Piura: Gobernador Luis Neyra se va de viaje por segunda vez en menos de dos meses

A casi un mes de un primer viaje al extranjero en el año, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, volverá a viajar. Esta vez, será del 14 y 17 de julio, para participar del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF), organizado por las Naciones Unidas y que se desarrollará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.). Luis Neyra fue invitado por la Organización de Regiones Unidas (ORU) FOGAR, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). La jornada en EE. UU. tendrá como tema central «Avanzar en soluciones sostenibles, inclusivas, basadas en la ciencia y en la evidencia para la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás». El pasado 4 de julio, el Consejo Regional de Piura aprobó con 10 votos a favor el viaje de comisión de servicios de la autoridad regional. El único voto en contra provino del consejero Roberth Sánchez. Según la resolución del Consejo Regional N° 2566, Luis Neyra tendrá un plazo de 15 días después de su retorno para presentar un informe de su viaje. Luis Neyra quería quedarse más tiempo Durante la sesión de consejo, se mencionó que el gobernador Luis Neyra quería quedarse más de una semana en EE. UU.: del 14 y 23 de julio. Sin embargo. luego se rectificó. La resolución del acuerdo de consejo señala que este viaje no generará gastos al Gobierno Regional de Piura, debido a que estos serán asumidos en su totalidad por la ANGR. Cabe indicar que, en junio pasado, Luis Neyra León también dejó Piura para viajar a Reino Unido. Lo hizo del 8 y 13 de junio por una invitación de UK Healthcare Alliance (UKHA), que es el consorcio de empresas británicas que gestiona el proyecto del Hospital de Alta Complejidad por encargo de Reino Unido. El Estado peruano firmó un acuerdo Gobierno a Gobierno con Reino Unido para gestionar la construcción de los hospitales de Piura y Trujillo. En ese proceso, ese país eligió al consorcio UKHA (conformado por las empresas Gleeds, Aecom y Currie & Brown) para licitar la construcción de los nosocomios. De acuerdo con la invitación, el objetivo de este viaje era el intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades de los funcionarios del PRONIS y los usuarios finales de los proyectos hospitalarios.

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Más de 400 niñas fueron forzadas a ser madres desde el 2019 en Piura

Piura es la octava región con mayor cantidad de niñas forzadas a ser madres. Solo en lo que va del año 2025, ya se ha registrado 17 de estos casos. Se trata, en su gran mayoría, de casos de violación sexual cometidos por hombres adultos, en muchos casos del círculo cercano de la víctima. Según cifras oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), solo entre enero y junio de 2025, 328 niñas menores de 14 años fueron forzadas a continuar con embarazos en todo el país. Además, por sexto año consecutivo, las regiones de Lima, Loreto y Ucayali han concentrado de forma sostenida cerca del 30 % de los nacimientos en niñas de ese grupo etario. En el balance, desde el año 2019 hasta el 2025, un total de 405 niñas han sido obligadas a ser madres en la región Piura. Y en todo el país el total asciende a 8211, siendo Lima, Loreto y Ucayali las regiones con más caso. El tema volvió al debate público debido a que, hace unos días, mediante la Resolución Directoral N° 200-2025-DG-INMP/MINSA se oficializó la aprobación de la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP)”,  dejando sin efecto la directiva anterior. La iniciativa, que fue promovida por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular, reduce a once los quince supuestos, por lo que un médico podría aplicar un aborto terapéutico, eliminando las causales vinculadas a la salud mental de la gestante. En abril del 2024, una niña de 13 años fue sometida a una cesárea de emergencia debido a complicaciones graves a causa de su embarazo. La menor, quien fue víctima de violación sexual desde los 9 por parte de Hermes Gutapaña Gómez (42 años), fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Pucallpa, en Ucayali, tras presentar un cuadro de preeclampsia.  Aunque el embarazo de la menor representaba un alto riesgo para su salud física y mental, los familiares denunciaron que las autoridades no activaron el protocolo correspondiente para salvaguardar su bienestar. El fiscal, que acudió al centro médico tras ser notificado, sostuvo que el embarazo debía continuar, argumentando que el bebé serviría como “prueba” del delito, ignorando el procedimiento de asentimiento tanto de la menor como de sus parientes. Continuar un embarazo forzado que ha sido producto de una violación es degradante, cruel e inhumano. Así lo califican organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y el Comité de Derechos del Niño. 

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Piura: Motos nuevas del Serenazgo se empolvan por falta de personal

La Contraloría General de la República reveló deficiencias críticas en el servicio de patrullaje que brinda el Serenazgo Municipal en la región Piura, en medio de una crisis de seguridad ciudadana, con robos, asesinatos y asaltos a mano armada varios puntos. Según el informe de control, de los 204 vehículos destinados a este servicio e la región, 22 están inoperativos y una parte significativa de los vehículos operativos no está siendo utilizada por falta de personal. La Municipalidad de Piura encabeza la lista de vehículos que se empolvan mientras urge que el Serenazgo brinde un patrullaje eficiente en la ciudad. Este municipio, a cargo del alcalde Gabriel Madrid, tiene 24 motocicletas en buen estado que permanecen inactivas. A ello se suman otras municipalidades provinciales como Talara, Sullana, Huancabamba y Paita, que también registran vehículos operativos fuera de uso, incluyendo camionetas y scooters. Esta situación limita severamente la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad ciudadana. Además, el informe advierte que más de la mitad de los radios utilizados por los serenos están inoperativos y solo una cuarta parte de los municipios inspeccionados cuenta con equipamiento completo de protección. En contraste, otro 25 % carece por completo de equipos para el personal de serenazgo, como es el caso de Morropón, Catacaos y Bellavista. En el caso de Sechura, se detectó que, pese a haber adquirido chalecos antibalas, escudos y otros implementos en mayo de 2024, estos permanecen almacenados sin ser distribuidos ni haber capacitado al personal en su uso. La Contraloría exhortó a las autoridades locales a tomar medidas urgentes para optimizar los recursos disponibles y reforzar la seguridad ciudadana en la región.

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¡Costa Verde al límite! Así se vive al borde del acantilado en Lima

¡Peligro en la Costa Verde! Varios edificios y viviendas construidos al borde del acantilado en los distritos limeños de Magdalena del Mar y San Miguel enfrentan alto riesgo de colapso en caso de un sismo de gran magnitud, debido a la erosión del terreno. Según especialistas, el reciente sismo de magnitud 6.1 que remeció la capital peruana el domingo 15 de junio fue una alerta de lo que podría suceder si se produce un terremoto de magnitud 8.8, el cual liberaría a Lima del silencio sísmico que arrastra desde hace 279 años. En la Costa Verde, un edificio de diez pisos presenta alto riesgo porque parte de su base ha sido carcomida por el desgaste del acantilado, dejándola peligrosamente expuesto. José Macharé, miembro del CIP, explicó que los acantilados de la Costa Verde tienen una naturaleza geológica inestable, producto de procesos de erosión, lo que los hace propensos a deslizamientos incluso sin presencia de sismos. “Las edificaciones generan presión sobre el talud del acantilado, y esa presión adicional puede ser el detonante del colapso en un sismo fuerte”, advirtió. El especialista recordó que existe una ordenanza metropolitana que prohíbe las construcciones a menos de 100 metros del borde del acantilado, pero esta normativa no se cumple, lo que aumenta la vulnerabilidad en zonas residenciales con vistas al mar. Carlos Zavala, investigador principal del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid) de la UNI, señaló que los acantilados requieren un tratamiento especializado para garantizar su estabilidad. “La geomalla que actualmente se ha instalado solo contiene deslizamientos menores, pero no es suficiente frente a un movimiento telúrico fuerte. Se necesita estabilizar el talud con técnicas de ingeniería”, puntualizó.

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Luis Neyra deberá declarar ante la Fiscalía por locadores ‘fantasma’ en el GORE Piura

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, deberá declarar ante la Fiscalía Anticorrupción de Piura por el caso de la contratación de locadores ‘fantasma’ en el Gobierno Reginal (GORE). Según la disposición N° 002-2025, a la que Noticias 360 tuvo acceso, Luis Neyra fue citado por la fiscal Lilibeth Rodríguez Huertas, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. La declaración del popular ‘Lunele‘ será en calidad de testigo vía virtual el jueves 19 de junio de 2025 a partir de las 9:00 de la mañana. Esta cita estaba prevista para el pasado 1 de abril, pero se postergó. Esta vez, la cita será «bajo apercibimiento», es decir que en caso de que Luis Neyra no acuda será «conducido compulsivamente con apoyo de la Policía Nacional», según se detalla en la disposición fiscal. Junto con el gobernador regional están citados a declarar otros 12 testigos, incluyendo al excongresista fujimorista Mártires Lizana Santos, quien habría aprovechado su cargo como asesor del gobernador Luis Neyra para facilitar la contratación de uno de los ‘locadores’ fantasma en el GORE Piura. Locadores ‘fantasma’ en el Gobierno Regional Piura En marzo de este año, la Fiscalía Anticorrupción de Piura inició una investigación preliminar luego de detectar que en las oficinas de Asesoría Jurídica y en la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura existen locadores ‘fantasma’ que vienen cobrando mensualmente un sueldo sin desempeñar ninguna función. Asimismo, existen casos similares en otras áreas del GORE, donde locadores se aprovechan indebidamente de las arcas del Estado para beneficio propio. Incluso, señala la investigación fiscal, la gestión de Luis Neyra León habría contratado locadores que ganan onerosos sueldos pese a que no son colegiados ni titulados, lo que genera que otras cargas salariales dejen de ser canceladas oportunamente. Por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la Fiscalía Anticorrupción investiga a Jorge Gilberto Cabellos Pozo, en calidad de exgerente general del GORE Piura; así como a los trabajadores Jhon Javier Zapata Núñez, Jandira del Pilar Rea Guerra y Wendy Kassandra Montenegro Peltroche. En la investigación fiscal también están comprendidos Leydi Lisbet Orosco Yaguana, jefa de la Oficina Regional de Administración; Yanina Edith Zeta Rivas, jefa de la Oficina de Tesorería; Gabriel Ángel Ruiz Espinoza, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

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Piura: El 45% del territorio de Tambogrande está concesionado a la minería

El proyecto hídrico-minero ‘El Algarrobo’, en Tambogrande, ha vuelto con fuerza a la agenda pública debido a las posturas a favor y en contra de la minería en este distrito agrícola de la región Piura. ‘El Algarrobo’ fue adjudicado el 30 de diciembre del 2024 bajo el título de “Gestión Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción, Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras Integrantes del Yacimiento TG-3” a la empresa Minas Buenaventura. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, fue la encargada de la adjudicación a la empresa de Roque Benavides. Y la empresa pública Activos Mineros SAC, administradora de las concesiones, fue la responsable de la firma del contrato. Con una promesa de inversión de USD 2753 millones, ‘El Algarrobo’ tendrá una expansión de 4000 hectáreas, abarcando parte del valle de San Lorenzo, la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto y el río Piura. El proyecto está compuesto por cuatro concesiones mineras: Tambogrande N° 4, N° 5, N° 9 y N° 10. Estas concesiones forman en conjunto el yacimiento mineral TG-3, que fue parte del proyecto minero que Manhattan no pudo concretar por la oposición ciudadana. Minería en Tambogrande ocupa casi la mitad del territorio Tambogrande tiene una extensión de 1443 km2 y es una de las localidades agrícolas más ricas del Perú. Según datos de la municipalidad distrital, el 66 % de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pero Tambogrande es también uno de los distritos con más concesiones mineras: 143 en total. En el año 2002, más de 25 mil tambograndinos se opusieron al ingreso de la minera canadiense Manhattan a su territorio para explotar un proyecto minero. Ellos eligieron la agricultura como forma de vida. Hoy, 23 años después, el gobierno de Dina Boluarte pretende que los ciudadanos de Tambogrande acepten el nuevo proyecto minero a cambio de que les instalen agua potable. Pese a la clara oposición de los comuneros ante la minería, esta actividad ha logrado penetrar el territorio de Tambogrande, al punto en el que el 44.8 % del distrito tiene concesiones mineras. Eso corresponde, según Red Muqui, a un total 65,408 hectáreas. Encabezando la lista de empresas con más concesiones en el territorio se encuentra Minas Buenaventura. La compañía de la familia Benavides cuenta con 26 concesiones, que abarcan un total de 22,600 hectáreas de territorio. Todas están adyacentes y se encuentran al sur del proyecto ‘El Algarrobo’.

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