César Acuña

Un nuevo escándalo de corrupción se reveló en torno al programa Procompite en el Gobierno Regional de La Libertad, que encabeza César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP). Dos concursos de dicho programa, correspondientes a los años 2023 y 2024, con un presupuesto total de S/ 58 millones, tuvieron que ser anulados tras detectarse graves fallas en los procesos y denuncias de cobros ilegales a postulantes. El dominical Cuarto Poder señaló como principal implicado a Juan José Fort Cabrera, exgerente regional de Producción y coordinador político provincial de Trujillo de APP. Fort, quien además presidía el Comité Seleccionador del programa, habría solicitado pagos a empresarios a cambio de asegurarles acceso a los fondos de Procompite. Según la denuncia pública, Fort operaba junto a Johnny Carranza, identificado como su intermediario y presunto recaudador. Los testimonios indican que las sumas exigidas variaban entre S/ 5 mil y S/ 25 mil para garantizar participación o favorecer la adjudicación en los concursos de Procompite La Libertad. Frente a las acusaciones, el gerente general del GORE La Libertad, Martín Namay Valderrama, negó que los fondos se hayan utilizado de manera irregular. “Los recursos del Procompite 2023 y 2024, que suman casi S/60 millones, siguen en las arcas del GORE y no se ha gastado nada”, aseguró Namay. El funcionario precisó que el entonces gerente de Producción, Juan José Fort, y todo el personal contratado para esos procesos fueron retirados en noviembre de 2024. Además, se solicitó la intervención de la Contraloría para transparentar y evaluar los concursos. La Contraloría detectó irregularidades administrativas y la nueva gerente de Producción, Julia Soto, realizó una evaluación que sirvió como sustento para retrotraer ambos procesos, a fin de que los participantes subsanen las observaciones. Namay confirmó que la Secretaría Técnica del GORE La Libertad mantiene abiertos los procesos disciplinarios internos, mientras que el Ministerio Público continuará las investigaciones para determinar responsabilidades y sancionar a los implicados en las presuntas irregularidades.