Congreso de la República

Comisión de Fiscalización recomienda vacancia de Dina Boluarte por cirugías

Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final que recomienda la vacancia presidencial de Dina Boluarte por el presunto abandono del cargo y omisión de funciones de la mandataria luego que se sometió a cirugías. Además de recomendar la vacancia presidencial, la comisión solicita evaluar las presuntas infracciones a la Constitución que habría cometido la mandataria tras sus cirugías. La Comisión de Fiscalización, asimismo, pide al Pleno del Congreso que le otorgue facultades de comisión investigadora para poder continuar con la indagación. Votaron a favor: Votaron en abstención: Ningún congresista de Fuerza Popular y APP apoyó el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda la vacancia presidencial, lo que confirma el pacto de estos grupos parlamentarios con el gobierno de Dina Boluarte. Esa coalición, que controla el Congreso, no le dio la importancia debida a este debate. Durante la sesión, los únicos presentes fueron los congresistas Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, y Carlos Zeballos, de Podemos Perú. Una de las conclusiones del dictamen es que Dina Boluarte estuvo incapacitada temporalmente para ejercer el cargo en los días posteriores a su intervención. El informe señala que, del análsis realizado a este caso se concluye que la duración de las intervenciones y los días en que la presidenta estuvo internada y en reposo, «permiten afirmar que experimentó un periodo de incapacidad temporal médica, cuya duración, considerando los estándares clínicos y la necesidad de reposo (…), ha oscilado durante el periodo del 28 de junio al 4 de julio del 2023».

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FMI advierte que las leyes del Congreso golpean a la economía peruana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su evaluación anual sobre la economía peruana, como parte del seguimiento regular que le hace a todos sus países miembros. En su reporte, alertó de los impactos legislativos que ha aprobado el Congreso peruano en detrimento de las finanzas públicas del país. En solo una década, entre 2014 y 2024, el número de proyectos de ley tributarios aumentó en un 190%, “buscando otorgar tratamientos fiscales preferenciales», remarca el organismo multilateral. Según el Consejo Fiscal, desde el 2021, el Congreso actual ha aprobado 168 iniciativas con impacto fiscal. «La actividad legislativa en este ámbito ha generado costos no despreciables en el mediano plazo, afectando la credibilidad fiscal. Algunas de las medidas recientemente aprobadas reducen la recaudación tributaria», precisó el FMI sobre el severo impacto en la economía peruana. En cálculos del FMI, el proyecto de la nueva ley agraria conocida como la Ley Chlimper 2.0, que recorta impuestos del 29,5% al 15% a las agroexportadoras, impactará en 0,2% del producto bruto interno (PBI) anuales, lo que representa aproximadamente S/ 1800 millones de recaudación tributaria. Esta propuesta aguarda su segunda votación en el Pleno del Congreso para la estocada final, toda vez que el Poder Ejecutivo se alista para promulgarla, según confirmó el ministro de Agricultura Ángel Manero. Condonación de deudas y tasa reducida al IGV Respecto a la iniciativa de la condonación de multas, recargos e intereses del programa Reactiva Perú, el FMI señala que tendrá un impacto de 8% en la economía peruana, mientras que la condonación de deudas tributarias será de 7% del PBI. Ambas propuestas se encuentran en la Comisión de Economía del Congreso. Otro detalle no menor es que la proporción de medidas aprobadas por insistencia, es decir, con opinión negativa del Ministerio de Economía, aumentó al 20% en esta legislatura, comparado con solo 9% en los 20 años anteriores. Otra de las iniciativas incluyen la extensión de una tasa reducida del Impuesto General a las Ventas (IGV) para micro y pequeñas empresas del sector turismo; un nuevo marco general para zonas económicas especiales con tasas reducidas del impuesto a la renta (IR) durante 25 años y la condonación de multas e intereses para los participantes en programas de amnistía tributaria.

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Congreso aprueba ley que restituye la inmunidad parlamentaria para delitos comunes

El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. La nueva ley, impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, fue respaldada con 92 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención. La reforma impedirá que los congresistas elegidos desde en 2026 puedan ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del propio parlamento, salvo en casos de flagrancia delictiva. Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen no puede ser observado por el Poder Ejecutivo, pero necesita de una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria para ser aprobado definitivamente. El texto acoge dos proyectos de ley de los congresistas Wilson Soto (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre). Durante el debate en el hemiciclo, Fernando Rospigliosi alegó que muchos países en el mundo tienen inmunidad parlamentaria. Inmunidad parlamentaria: ¿Cómo funciona? En Perú, los delitos comunes incluyen homicidio, robo, secuestro y tráfico de drogas. Según el dictamen aprobado, si un senador o diputado —elegidos con el nuevo Congreso bicameral— es denunciado por alguno de estos delitos, no podrá ser detenido sin previa autorización del parlamento, salvo que haya sido sorprendido en flagrancia. Si el parlamentario incurre en un delito en flagrancia, el Congreso contará con un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre el pedido de levantamiento de inmunidad. Si no lo hace en 30 días, se aplicará el “silencio positivo”, lo que facultará al Poder Judicial a actuar sin el aval legislativo. La norma excluye los delitos cometidos antes del inicio del mandato parlamentario, pero blinda a los legisladores durante su función y hasta 30 días después de dejar el cargo. Esta protección había sido eliminada en 2020 como parte de una serie de reformas promovidas en medio de una creciente presión ciudadana contra la impunidad política. La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) rechazó tajantemente la aprobación de la inmunidad parlamentaria. «Hay que recordar que la inmunidad fue concedida para asegurar el ejercicio independiente de su función, pero en el Perú esta figura ha sido usada para que los políticos no respondan por sus delitos», sostuvo. En esa misma línea, Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) señaló la iniciativa como un privilegio. «¿Por qué queremos añadir más privilegios y encima por delitos comunes? Si asesinan o violan, se supone que tienen que ir presos. O sea, si es congresista, ¿no lo podemos detener?», cuestionó durante el debate.

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Se confirma el pacto: Congreso otorga voto de confianza a ministros de Dina Boluarte

El Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Eduardo Arana. Luego de una sesión que se prolongó por más de tres horas, el pleno le dio el sí nuevamente al gobierno de Dina Boluarte, con 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones.  Durante su discurso, Eduardo Arana, aseguró que los pilares de su gestión serán la lucha contra la criminalidad organizada, la inversión y el empleo para garantizar el crecimiento del país, y garantizar elecciones libres y transparentes en 2026. Como parte del primer punto, planteó también la creación de una comisión para decidir si el país continúa siendo parte del Tratado de derechos humanos de San José. «La permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un aspecto de sumo interés (…) propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión (…) para evaluar la continuidad del Perú en dicho sistema», mencionó. Sin embargo, el año pasado, cuando Arana era titular de Justicia, observó el proyecto de ley que planteaba evaluar la permanencia en el Pacto de San José impulsado por la Comisión de Constitución presidida por el fujimorismo con Fernando Rospigliosi, mismo partido que hoy votó en bloque a favor del voto de confianza. En la misma línea, Arana ratificó que el gobierno de Dina Boluarte tiene intenciones de enviar a reos extranjeros de alta peligrosidad a a cárceles de máxima seguridad como el CECOT ubicado en El Salvador. El ministro aseguró que esto disminuiría el hacinamiento en los penales y desorganizaría a las mafias que operan desde las cárceles.

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Congresistas inhabilitan por 10 años a Martín Vizcarra por cierre del Congreso en 2019

Con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 10 años de la función pública debido a que, en septiembre de 2019, disolvió el Parlamento. La moción contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú, Honos y Democracia y parte de los congresistas no agrupados. Mientras que el grupo de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo votó en contra y en abstención. Con esta nueva decisión, Martín Vizcarra acumula la tercera inhabilitación en su contra. La primera también fue por 10 años por el caso Vacunagate, tras presuntamente haber recibido de manera irregular dosis de vacunación contra la Covid-19 en 2020. La segunda, por el caso Obrainsa debido a los presuntos vínculos con las empresas privadas mientras era ministro de Transportes y Comunicaciones entre 2016 y 2017. En abril de este año, los actuales congresistas ya había intentado inhabilitarlo por el cierre del Congreso del 2019. Pero no alcanzó los votos necesarios (66) para poder concretar su venganza. No contentos con ello, las congresistas Noelia Herrera Medina (Renovación Popular) y Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia) presentaron una reconsideración para el fracaso de la votación del 30 de abril. El pedido fue respaldado con 95 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. Sin embargo, semana atrás, solo consiguieron 61 votos a favor.

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Congreso busca asegurar impunidad para policías y militares criminales

El Congreso de la República quiere asegurar la impunidad de policías y militares criminales. La Comisión de Constitución, presidida por el fujijmorista Fernando Rospigliosi, aprobó (con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones) el dictamen que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado interno. Votaron a favor: Votaron en contra: En tanto, se abstuvieron: Wilson Soto (Acción Popular) Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) Alex Paredes (Bloque Magisterial) Impunidad para policías y militares: ¿Qué dice el proyecto? El proyecto plantea que no se podrá abrir ni continuar procesos penales contra estos agentes del Estado si actuaron en el marco del combate al terrorismo. Pero al no precisar criterios legales ni excluir delitos de lesa humanidad, se corre el riesgo de desproteger a las víctimas y vulnerar compromisos internacionales del Perú. La medida ha sido impulsada por el congresista derechista Jorge Montoya y respaldada por bancadas conservadoras, con el argumento de que se busca proteger a quienes lucharon contra el terrorismo. El dictamen ha generado fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia. La crítica principal es que la norma no delimita claramente qué conductas quedarían amparadas, lo que podría permitir impunidad para casos de violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales que cometieron policías y militares. Una de las voces críticas a esta iniciativa es de la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, quien recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional (TC) sostuvieron la improcedencia de este tipo de propuestas en casos de crímenes de lesa humanidad.  «Hace mucho la CIDH y el TC han rechazado el uso de amnistías para graves violaciones de derechos humanos, así que este proyecto no solo es inconstitucional, sino burdo», explicó Mantilla. La expresidenta de la CIDH rememoró casos importantes como Barrios Altos en Perú y Almonacid Arellano en Chile.

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Congreso quiere crear una comisión para investigar la muerte de Alan García

La Junta de Portavoces del Congreso busca crear una comisión investigadora con el fin de investigar la muerte del expresidente Alan García del 17 de abril del 2019. En dicha reunión, en la que participaron los voceros de las bancadas del Parlamento, se acordó incluir moción en la agenda del Pleno. Habría sido el congresista derechista Jorge Montoya (ahora en Honor y Democracia y antes en Renovación Popular) quien solicitó introducir esta propuesta en la sesión plenaria del martes 10 de junio. Este parlamentario también impulsó anteriormente la creación de una comisión para investigar un inexistente fraude electoral de la segunda vuelta de 2021, y que costó más de S/ 200,000. Sin embargo, dicha comisión concluyó que no hubo nada y el informe final fue rechazado por la mayoría de sus colegas. «Conformar una comisión investigadora respecto a presuntas responsabilidades políticas por el procedimiento judicial y la vulneración de los derechos constitucionales que motivaron la muerte del expresidente constitucional Alan García Pérez«, acordó la Junta de Portavoces. Como se recuerda, el exjefe de Estado decidió quitarse la vida de un disparo antes de ser detenido por los efectivos policiales como medida de la Fiscalía en el marco de las investigaciones fiscales del caso Lava Jato debido a los presuntos vínculos de actos de corrupción con la empresa constructora Odebrecht. Pese a que fue trasladado al Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, Alan García perdió la vida casi inmediatamente.

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Congresista piurana Heidy Juárez pide acompañar a Boluarte a Francia y luego desiste

La congresista piurana Heidy Juárez (Podemos Perú) pidió acompañar a la presidenta Dina Boluarte a Francia, en su viaje del 7 al 11 de junio, pero luego desistió. A través de un oficio enviado al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, la representante de la región Piura solicitó cancelar los trámites que había iniciado para acompañar a la comitiva oficial de Boluarte a la ciudad francesa de Niza. Heidy Juárez justificó su decisión señalando que la participación de la presidenta y su comitiva “garantizan” la representación peruana en el evento que organiza las Naciones Unidas. “Solicito se cancelen los trámites administrativos que inicié para participar en el evento. Esto como consecuencia de que la participación de la presidenta de la República y su delegación garantizan la representación peruana en este importante evento”, acotó. Juárez Calle remitió la agenda que desarrolló y que planeaba presentar en el evento, a fin de que pueda ser alcanzada a la mandataria y sea tomada en cuenta por la delegación que acompañará a Boluarte. Recordó que en el año 2022 lideró, como presidenta de la Comisión de Cambio Climático la delegación peruana, lo que le permitió en las últimas dos legislaturas desarrollar una agenda climática y en defensa del desarrollo sostenible de nuestro país. Como se recuerda, el Congreso aprobó el permiso para que la presidenta Dina Boluarte viaje este sábado 7 de junio rumbo a Francia, en la que será su tercera salida del país en las últimas semanas con la venia del Parlamento.

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Congreso le da el sí a Dina Boluarte y autoriza viaje de la presidenta a Francia

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría autorizar a la presidenta Dina Boluarte, a salir del territorio nacional del 7 al 11 de junio para participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), que se realizará en Niza (Francia). El proyecto de resolución legislativa que autoriza el viaje de la jefa de Estado se aprobó con 58 votos a favor, 35 en contra y 2 abstenciones durante la sesión del pleno desarrollada este miércoles 4 de junio. El proyecto remitido por el Ejecutivo al Parlamento señala que la presidenta Dina Boluarte tiene previsto reunirse en Francia con su homólogo Emmanuel Macron. En el texto se señala que este encuentro “contribuirá de manera sustancial al fortalecimiento de las excelentes relaciones con un país que desarrolla actualmente, los proyectos de infraestructura más importante en el Perú y con ello se profundizará su presencia económica y de cooperación en nuestro país”, con miras a consolidar una asociación privilegiada con Francia. En la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) se abordará temas de gobernanza oceánica entre jefes de estado y de gobierno, junto con actores gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la conservación y gestión oceánica.

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Congresistas quieren violar neutralidad electoral y hacer campaña en semana de representación

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen para que los congresistas tengan carta libre para violar el principio de neutralidad en plenas Elecciones 2026. Esto les permitirá realizar proselitismo y campaña política en las semanas de representación, que es financiado con recursos del Estado. El único “candado” que se incluyó al texto final es la prohibición de hacer proselitismo en horarios de las comisiones del Congreso, solo en los que el parlamentario es miembro, o del Pleno, salvo se solicite previamente licencia sin goce de haber. El texto que se pretende incorporar al Reglamento del Congreso es el siguiente: “Los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollan las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva” De concretarse esta modificación, los congresistas, sobre todo los que buscan la reelección, tendrán ventaja sobre los otros funcionarios públicos ya que no tendrán que regular su comportamiento para cumplir con el principio de imparcialidad y neutralidad. Y es que la iniciativa, además de lo referente a la semana de representación, permitiría que los congresistas puedan realizar campaña política sin tener que renunciar o solicitar licencia, algo a lo que si están obligados los demás funcionarios públicos que postulan a un cargo de elección popular. Votaron a favor de este proyecto: Votaron en contra: En tanto, se abstuvieron:

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