Congreso de la República

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa observada por el Ejecutivo que restituye la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. El dictamen aprobado modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativa 957, referida a la detención preliminar judicial. Este señala que el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, emite una resolución debidamente motivada, teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, y dicta mandato de detención preliminar cuando: a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, se presenten indicios razonables de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. c) El detenido se fuga de un centro de detención preliminar. El presidente de Congreso, Eduardo Salhuana, precisó que, al tratarse de un dictamen de insistencia, no se requiere de segunda votación. Para aprobar la iniciativa fue necesario el voto favorable de más la mitad del número legal de congresistas de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del de Reglamento del Congreso de la República. Precisamente, el dictamen recibió 86 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, con lo cual quedó aprobado.

Una vez más un bono entregado por el Congreso está bajo discusión. La gestión del presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), dio en enero un beneficio económico por concepto de escolaridad equivalente a un sueldo completo (S/ 15,600). Lo que llama la atención, sin embargo, es que el bono ha sido entregado incluso a aquellos congresistas que no tienen hijos, lo que desnaturaliza la finalidad del bono y genera indignación en la población, sobre todo entre los padres y madres de familia. De acuerdo con el Diario El Comercio, el monto total desembolsado por el Congreso equivale a S/ 25 millones, dinero que proviene de fondos públicos. Sin duda, se trata del poder del Estado que más gastos injustificados realiza, sin que instituciones como la Contraloría General de la República realicen acciones efectivas al respecto. Cabe recordar que los congresistas reciben un equivalente a 14 sueldos al año (incluidas las gratificaciones de julio y diciembre) más varios beneficios como un equipo parlamentario, seguridad personal, movilidad y viáticos completos para sus viajes de representación. En enero también se reveló que los trabajadores del Congreso recibieron un bono de 20 mil soles como parte del convenio colectivo 2024-2025. Este beneficio, firmado por la gestión del entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), incluye además un aumento salarial del 15% y dos bonificaciones adicionales de 200 soles cada una.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Francisco Sagasti e inhabilitarlo por 10 años del ejercicio de la función pública por cambios efectuados en la Policía Nacional. La votación se realizó de forma separada. En el caso de la acusación, 18 congresistas votaron a favor, 4 en contra y 2 se abstuvieron; mientras que sobre la inhabilitación, 22 se expresaron a favor, 2 en contra y nadie se abstuvo. Según el informe final, a Francisco Sagasti Hochhausler se le acusa por la presunta infracción a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Esta acusación se sustenta en la presunta emisión de las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema N° 094-2020-IN que designa al nuevo comandante general. De igual modo, se aprobó la acusación constitucional contra José Elice en su calidad de exministro del Interior y también se dispuso la inhabilitación por 10 años en el ejercicio de función pública.  Asimismo, respecto al delito de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 376 del Código Penal, se aprobó el levantamiento del fuero a Francisco Sagasti y José Elice, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. El informe final también tenía dentro de los acusados a Rubén Vargas, quien fue exministro del Interior, pero no fue incluido dentro de las votaciones porque no ejerció su derecho a la defensa y se reprogramó su comparecencia. De igual modo, se aprobó la conformación del grupo de congresistas que sustentarán ante el pleno del Parlamento las acusaciones constitucionales e inhabilitación de Francisco Sagasti, José Elice y Rubén Vargas. En noviembre de 2020 el expresidente Francisco Sagasti pasó al retiro a 18 generales PNP y renovó el Alto Mando. El general PNP César Cervantes Cárdenas fue designado como nuevo comandante general de la Policía Nacional.