Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió retrasos y riesgos en la obra de rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Curumuy, que abastece a las poblaciones de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Estos hechos podrían afectar el desarrollo del proyecto, la calidad de los trabajos y el logro de los objetivos planteados. La inversión asciende a S/ 6 745 765. De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.º 0016-2025-OCI/3470-SCC, que evalúa el periodo del 23 de junio al 16 de julio de 2025, se constató que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau) S. A. designó como supervisor al jefe de la PTAP Curumuy, quien por las funciones inherentes a su cargo no permanece de manera continua en la obra, lo que impide un control permanente de las actividades. Además, se detectó retrasos en el cumplimiento del cronograma aprobado para la rehabilitación de la Planta de Curumuy. Al 16 de julio debía alcanzarse un avance físico de 31 % en los sedimentadores (estructura diseñada para eliminar sedimentos y turbidez, mejorando la calidad del agua); sin embargo, solo se ejecutaba el sedimentador n.º 12 de los cuatro programados. A ello se suma la instalación de vinilonas en la estructura, sin contar con fichas técnicas u otros documentos que acrediten que el material cumple con las especificaciones del expediente técnico, ni con la aprobación de la supervisión, lo cual pone en riesgo la vida útil de la infraestructura. Asimismo, se evidenciaron condiciones inseguras de trabajo. Durante la visita se encontró a personal laborando en altura sobre tablas y utilizando una soga como soporte. Esta situación no garantiza la protección adecuada frente a caídas y expone a los trabajadores a riesgos de accidentes.

La Contraloría General de la República observó la contratación del abogado José Benel Alvarado Rojas, quien fue contratado como proveedor de la Municipalidad Provincial de Piura para realizar funciones de manera irregular, como comunicador social. Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 037-2025-2-0454-AOP del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Piura, José Benel Alvarado Rojas fue contratado supuestamente en la modalidad de locación de servicios para realizar funciones propias de la Oficina General de Comunicación e imagen institucional durante la gestión del alcalde Gabriel Madrid. En el año 2024, cobró S/ 18 mil por concepto de “difusor ambiental tipo A para campañas de difusión sobre sensibilización ambiental” en la Gerencia de Gestión Ambiental. Los pagos corresponden a los periodos de marzo a mayo y de agosto a octubre, lo que deduce honorarios mensuales de S/ 3 mil durante dicho periodo. El abogado José Benel Alvarado Rojas, quien además es asesor legal externo en la Universidad Nacional de (UNP), no acreditó el cumplimiento de los términos de referencia para ser contratado en la Municipalidad de Piura. Tampoco acreditó la experiencia ni el cumplimiento total de la prestación como comunicador, lo que afecta la legalidad de las contrataciones realizadas y el correcto funcionamiento de la administración pública. Noticias 360 intentó comunicarse con José Benel Alvarado Rojas para obtener su descargo, pero no contestó nuestras llamadas. De acuerdo con el portal web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), el abogado también ha sido contratado como comunicador en el Gobierno Regional de Piura, durante la gestión del gobernador Luis Neyra León. En las órdenes de pago de la entidad regional existen descripciones como “servicio especializado de difusión en medios de comunicación referente a campaña de salud”. Por este concepto, en marzo pasado cobró S/4 mil, mientras que en febrero se le pagó S/ 2 mil y en diciembre pasado otros S/ 4 mil. En el OSCE también se verifica otro cobro por S/4 mil, en octubre del 2024, así como de S/ 1500 en mayo y otros S/ 1500 en abril del mismo año. Al respecto, el Colegio de Periodistas de Piura ya se ha pronunciado sobre pagos irregulares hechos en entidades públicas a personas que no acreditan un título profesional de comunicación y que, sin embargo, fungen dicha función recibiendo remuneraciones con dinero público.