derechos humanos

Corte IDH ratifica que la Ley de Amnistía es inaplicable y viola la Convención Americana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó que la Ley de Amnistía para policías y militares procesados y condenados crímenes cometidos entre 1980 y 2000 es inaplicable porque viola la Convención Americana, de la que Perú forma parte. En tal sentido, instó a los jueces a no conceder dicho beneficio hasta que el tribunal supranacional se pronuncie por el tema de fondo. En la resolución, la Corte IDH enfatiza «en lo relativo a que las autoridades competentes se abstengan de aplicar la Ley N° 32419 ‘Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentran sin sentencia firme por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo en el período 1980-2000′, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales, lo que hará en una Resolución posterior». Asimismo, el tribunal precisa que el Estado peruano en su conjunto, lo que incluye a sus diferentes órganos y operadores de justicia, deben ejercer el control de convencionalidad y abstenerse de concederla hasta que la Corte IDH se pronuncie en una resolución que dará posteriormente. ¿Por qué se pronunció la Corte IDH? Cabe recordar que este pronunciamiento se da en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el destacamento militar Colina en noviembre de 1991 y julio de 1992, respectivamente. Además, la Corte IDH remarcó que siguen vigentes las medidas provisionales del 1 de julio de 2024, en la cual se resolvió Requerir al Estado del Perú que […] tome las acciones necesarias para que […] se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a la [Ley N° 32.107] que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú. Precisamente, en ese momento el tribunal supranacional ordenó al Perú que a través de sus tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tome las acciones necesarias para que no se llegue a aprobar la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados, pues en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta se establece su inaplicación a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Pese a que la Corte IDH remarcó que si el entonces proyecto de ley No. 6901/2023-CR se oficializaba, «se configuraría un incumplimiento grave por parte del Perú respecto de lo ordenado en las Sentencias de ambos casos, al hacer ilusorio el acceso a la justicia de las víctimas», tres días después, el Congreso lo aprobó en segunda votación, y posteriormente fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte, desacatando la resolución

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Justicia para Saweto: Confirman 28 años de prisión para asesinos de líderes asháninkas

El Poder Judicial confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión para los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas asháninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. La decisión en segunda instancia se dio 11 años después de la tragedia que marcó un hito en la lucha contra la impunidad en crímenes contra defensores ambientales. Los sentenciados son Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como autores mediatos, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, como autores materiales del cuádruple homicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2014. Además, incrementaron el monto de la reparación civil de 50 mil a 100 mil soles para cada una de las familias de las víctimas, lo que en total asciende a 400 mil soles. La sala evaluó nuevas pruebas, escuchó la declaración de un testigo protegido y contó con la participación del exprocurador anticorrupción José Ugaz como amicus curiae. Asimismo, se garantizó la traducción en lengua asháninka para que los familiares comprendieran plenamente los argumentos. ¿Qué es el caso Saweto? El camino del caso Saweto ha sido largo y tortuoso. El 1 de septiembre de 2014, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo emprendieron viaje hacia Brasil para participar en una asamblea indígena. Nunca llegaron, fueron emboscados, torturados y asesinados por madereros ilegales en la zona fronteriza de Ucayali. Desde aquel día, las viudas y familiares de los líderes asháninkas emprendieron una lucha persistente por justicia, viajando durante días para rendir testimonio y enfrentándose a un proceso judicial marcado por retrasos y apelaciones. En 2015, siete meses después de la masacre, la comunidad de Saweto obtuvo finalmente el título de sus más de 78 mil hectáreas, un objetivo por el que Chota y sus compañeros habían trabajado durante años. En 2019, la Fiscalía formalizó la acusación contra los implicados y solicitó 35 años de prisión. Tras un proceso irregular y la anulación de un primer fallo, en abril de 2024 los acusados recibieron la sentencia que ahora ha sido confirmada en segunda instancia. Conmovida, Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos, expresó a Aidesep: “Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”. Por su parte, la abogada Rocío Trujillo Solís, defensora de Edwin Chota, destacó el impacto del fallo: “Con este fallo, la sala confirma la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de los líderes indígenas asesinados por defender los bosques y el ambiente, que son parte de su territorio. Esto genera un precedente para los otros casos de defensores indígenas y un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”. En los últimos años, más de 30 defensores indígenas han sido asesinados en el país, según organizaciones indígenas y de derechos humanos. El caso Saweto, al confirmar la responsabilidad de los acusados y aumentar la reparación civil, sienta un precedente para que los procesos judiciales avancen con mayor rigor y rapidez en otros casos similares. Aunque los abogados de los sentenciados aún pueden presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, el fallo constituye un paso firme en el camino contra la impunidad y en la defensa de quienes protegen los territorios amazónicos frente a economías ilegales.

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Milei avanza en la degradación de instituciones y políticas de derechos humanos

El gobierno de Javier Milei sigue mutilando las áreas del Estado argentino abocadas a la defensa y protección de los derechos humanos. Mientras aumenta el gasto en la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo, los organismos públicos enfocados en los derechos humanos sufren una nueva tanda de recortes, despidos de trabajadores y degradación institucional. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acaba de ser degradada a subsecretaría. El Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA (que funciona donde estuvo el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada) han perdido sus estructuras y su autonomía. Lo mismo ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos, el organismo creado para colaborar con la búsqueda de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la dictadura (1976-1983). Las Abuelas de Plaza de Mayo, que todavía buscan a unos 300 nietos, denuncian que estas medidas impulsan “el vaciamiento de las políticas de memoria y derechos humanos”, por lo que piden ayuda a la sociedad argentina y mundial: “Hay que frenar el avasallamiento de derechos y la destrucción del Estado antes de que sea tarde y ya no quede nada”. Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei viene desfinanciando y desguazando las instituciones y las políticas de derechos humanos desarrolladas tras la restauración de la democracia y que le valieron a Argentina reconocimiento internacional. El presidente y sus funcionarios han cuestionado el número de 30,000 víctimas del régimen militar, un símbolo del reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos, y han insistido en equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con los cometidos por la guerrilla en los años setenta. El último embate del gobierno contra el sector fue ejecutado mediante sucesivos decretos del presidente, dictados desde el 21 de mayo pasado. La justificación oficial fue la habitual: reducir gastos y personal. “Menos burocracia, más servicios, más responsabilidad y respeto por los recursos de los argentinos”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El gobierno asegura haber despedido a más de 400 trabajadores que se desempeñaban en el área y, con los nuevos cambios, los sindicatos temen que haya más de 150 nuevos ceses. La conversión del área de derechos humanos en una subsecretaría implicará, según la Casa Rosada, “recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal”, así como “un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales [unos 7,5 millones de dólares]”.

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