Lava Jato

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó acusación contra el abogado Humberto Abanto por estar involucrado en una red de árbitros que, entre los años 2011 y 2015, favorecieron a la corrupta empresa Odebrecht a través de procesos de arbitraje en procesos de proyectos públicos. Según la investigación fiscal, esta modalidad fraudulenta habría sido replicada en 17 ocasiones. De esta manera, Humberto Abanto y otras 28 personas —entre abogados y exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)—, son señalados por actos de corrupción ligados a estas cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis. Tal como la mayoría, el ahora abogado de Patricia Benavides enfrenta cargos por formar parte de una organización criminal y aceptar sobornos. Al igual que él, la acusación por dichos delitos se extiende a Randol Edgard Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Fernando Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Ramiro Rivera Reyes, Daniel Martín Linares Prado, Jorge Arturo Mendoza Torres y Roger Arévalo Ramírez, señalados por participar activamente en la red delictiva. Otros imputados, además de atribuírseles los delitos mencionados, son señalados también por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada, el cual implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular para defraudar al Estado. Tal es el caso de Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y otros. Estos acusados enfrentan ahora el pedido fiscal de pena privativa de la libertad. Estos pedidos de cárcel varían entre los 9 y los 25 años, dependiendo de las acusaciones impuestas. La fiscalía ha presentado 55 pruebas contra el abogado Humberto Abanto. Algunas de las evidencias recopiladas hablan de montos cuantiosos de dinero que habrían sido entregados como soborno a favor del penalista. Una de estas pruebas es la Carta CINSA-V N.° 5724, del 30 de septiembre de 2022. El documento al que accedió La República detalla, según la Fiscalía, que Abanto recibió la suma neta de $78.500, pagada por la empresa Odebrecht. Desde la Fiscalía, se señala que el laudo arbitral por el que se generaron estos pagos se dio tras un proceso corrupto, de ahí su origen ilícito. Además, una carta emitida por el Banco de Crédito del Perú, enviada el 21 de marzo de 2023, indica que una serie de depósitos fueron realizados en la cuenta del abogado durante mayo y septiembre de 2013. La suma ingresada a las cuentas de Abanto en ese lapso asciende a 159.500 dólares.

La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima efectuó la incautación de cuatro inmuebles en el distrito limeño de San Isidro, vinculados a las hijas del corrupto empresario Jorge Barata, como parte de una diligencia judicial vinculada al caso Odebrecht. Los inmuebles, valorizados en 613 mil dólares, están registrados a nombre de Daniela y Gabriela Simões Barata, hijas de Jorge Simões Barata, ex directivo de la constructora brasileña Odebrecht, que durante años pagó coimas a políticos y altos funcionarios en el Perú. Según la investigación fiscal, se presume que las propiedades tendrían origen ilícito, por lo que fueron objeto de la medida de despojo legal a favor del Estado. La diligencia se realizó desde las 10:30 a.m. en el distrito limeño de San Isidro. Estas acciones se desarrollan como parte de las investigaciones del caso Lava Jato, en el que la Fiscalía busca recuperar bienes vinculados a actos de corrupción o lavado de activos mediante el mecanismo de extinción de dominio.