Poder Judicial

Poder Judicial ordenó reposición de Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación

Luego de declarar fundada la medida cautelar interpuesta por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que la magistrada continúe en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación. El juzgado dispuso suspender los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” impuesta por la JNJ a Delia Espinoza, en el marco del proceso disciplinario que se le sigue por el caso Patricia Benavides. El juez Juan Fidel Torres Tasso declaró fundada la medida cautelar presentada por Delia Espinoza, suspendiendo de manera provisional los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia, que disponía su suspensión provisional por un periodo de seis meses. Con dicha decisión, se restablece la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 y de la Resolución N° 058-2024-MP-FN-JFS, que designan a Delia Espinoza Valenzuela en el cargo, además de suspenderse los procedimientos disciplinarios en su contra derivados de la ejecución de la referida resolución.

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Comandante PNP, Víctor Zanabria, es suspendido por obligar a policías a ser albañiles

El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público y ordenó suspender por 18 meses los derechos y funciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, mientras avanzan las investigaciones por el caso denominado ‘Policías albañiles’. La medida fue dictada por la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Durante el plazo señalado, Zanabria no podrá ejercer funciones ni ocupar el cargo que ostentaba en la institución policial. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2020, cuando Zanabria era jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. En esa época, seis suboficiales denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos de albañilería, construcción, electricidad y gasfitería dentro de instalaciones policiales durante su horario de servicio, el cual debía estar destinado al patrullaje en las calles. Por estos hechos, el actual comandante general de la PNP es investigado por los presuntos delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y otros cargos conexos. Ante la suspensión a Víctor Zanabria, el cargo de comandante general de la PNP sería asumido por el jefe del Estado Mayor General. En este caso, dicho puesto lo ocupa el general PNP Óscar Arriola. Su oficialización como nuevo comandante general de la PNP debe ser oficializada por el Ministerio del Interior, cartera actualmente liderada por Carlos Malaver.

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Juzgado de Piura decide respetar elección de José Ordinola Boyer como rector de la UNP

Un juzgado civil de Piura concedió una medida cautelar a favor de José Luis Ordinola Boyer y suspendió la resolución del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP) que había declarado la nulidad total del proceso de elección complementaria de rector para el periodo 2025-2028. El fallo judicial deja sin efecto, de manera provisional, la Resolución N.° 020-PECR-DE-UN-2025 emitida el pasado 14 de julio, en la que el Comité Electoral anuló el proceso. Con ello, se restituyen temporalmente los derechos de la lista “Dignidad Universitaria”, encabezada por José Ordinola Boyer. El magistrado ordenó al Comité Electoral cumplir con trasladar, en un plazo de cinco días hábiles, los pedidos de nulidad y sus anexos al personero de dicha lista para que ejerza su derecho de defensa. Posteriormente, el órgano electoral deberá pronunciarse mediante una resolución motivada y razonada. Asimismo, se advirtió que el incumplimiento de la orden judicial podría derivar en la denuncia penal de los miembros del Comité Electoral por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, lo que podría agravar el conflicto institucional en la universidad. De esta manera, la medida cautelar mantiene en suspenso la anulación del proceso electoral en la UNP hasta que se resuelva el fondo del caso, en un contexto de disputa por la conducción del rectorado de la casa superior de estudios más importante de Piura.

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Martín Vizcarra sale en libertad por orden judicial tras 20 días preso en Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra dejó el penal de Barbadillo, en Ate, en cumplimiento de una orden judicial que revocó la orden de prisión preventiva por cinco meses en su contra por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua. A su salida del centro penitenciario, Vizcarra Cornejo fue recibido por simpatizantes del partido Perú Primero, organización política que él fundó. Martín Vizcarra estuvo detenido desde el pasado 13 de agosto, por disposición del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que dictó cinco meses de prisión preventiva , en el marco del proceso que se le sigue por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua. Tras finalizar la lectura de la sentencia, el expresidente fue detenido por la policía y trasladado luego al penal Barbadillo, donde se encuentran recluidos los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Sin embargo, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fue trasladado al penal Ancón II el pasado 22 de agosto, desde donde fue retornado nuevamente al penal Barbadillo, tras haberse modificado una directiva para que los expresidentes cumplan condena en Barbadillo. Vizcarra enfrenta un proceso penal por el presunto delito de cohecho pasivo propio, por la presunta recepción de sobornos para la entrega de la buena pro para las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando ejercía el cargo de gobernador de dicha región (2011-2014).

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Los cuatro expresidentes peruanos presos: Toledo, Humala, Castillo y Vizcarra

El Poder Judicial dictó más de 13 años de prisión para Alejandro Toledo (2001-2006) por el delito de lavado de activos agravado en torno al caso Ecoteva. Actualmente, son cuatro expresidentes peruanos que se encuentran presos en el penal de Barbadillo: además de Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Tras un largo proceso de extradición desde Estados Unidos, Toledo fue condenado en primera instancia en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses de pena efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos, al haber recibido sobornos por un valor de 35 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. En una segunda condena, Toledo Manrique, de 79 años, fue sentenciado por haber transferido parte de los sobornos de Odebrecht a la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por su suegra, Eva Fernenbug, para adquirir millonarias propiedades inmobiliarias en Perú. El otro expresidente condenado es Ollanta Moisés Humala Tasso (2011-2016), en su caso, a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, por el financiamiento ilícito que recibió para las campañas electorales del Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011. Previamente, el líder del Partido Nacionalista ya había pasado 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, ubicada dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde estuvo nueve meses entre el 2017 y 2018, tiempo en el que coincidió en la cárcel con Fujimori. Al mismo tiempo, Humala, de 63 años, tiene un nuevo pedido de la Fiscalía para que se le condene a 35 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en este caso debido a la supuesta licitación irregular del Gasoducto Sur Peruano, que ganó Odebrecht. Perú: 4 expresidentes presos De los cuatro expresidentes peruanos presos, dos se encuentran en calidad de procesados. José Pedro Castillo Terrones (2021-2022) se encuentra en prisión preventiva desde fines de 2022, cuando el 7 de diciembre de ese año fue luego de intentar un golpe de Estado y actualmente es investigado por el delito de rebelión y conspiración. Asimismo, a Castillo Terrones se le investiga por el presunto delito de tráfico de influencias a favor de  familiares, por lo que es imputado como cabecilla de una organización criminal enquistada en su gobierno. Por otro lado, en agosto de 2025, Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020) fue recluido en Barbadillo por seis meses de prisión preventiva y enfrenta un pedido de 15 años de cárcel por haber recibido 2.3 millones de soles en sobornos cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014). Según el Ministerio Público, parte del dinero pudo haberlo recibido en 2016, cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente de Perú durante el mandato presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Mientras tanto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) continúa investigado y sin poder salir del país tras haber pasado tres años bajo arresto domiciliario.

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Segunda condena para Alejandro Toledo: 13 años y 4 meses de prisión por caso Ecoteva

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictó una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión para el expresidente de la República Alejandro Toledo Manrique (2001-2006), por el delito de lavado de activos agravado en torno al caso Ecoteva. Por este caso, el Ministerio Público había solicitado 16 años y 8 meses de prisión para el expresidente y su esposa Eliane Karp, solicitando que paguen 38 millones 220 mil soles como reparación civil solidaria y el decomiso de las cuentas de ambos a nivel nacional e internacional. Esta es la segunda sentencia que recibe el expresidente, teniendo en cuenta que el 21 de octubre del año pasado recibió 20 años y seis meses de prisión al ser hallado responsable de los delitos de colusión y lavado de activos por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3. La nueva pena dictada contra el exmandatario se computa a partir 23 de abril del 2023, fecha en que fue extraditado desde los Estados Unidos al Perú, por lo cual se cumplirá el 22 de octubre del 2043.  Como se sabe, Toledo Manrique ya cumple condena en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, por lo que continuará recluido en este establecimiento penitenciario. ¿Qué es el caso Ecoteva? El caso Ecoteva salió a la luz al detectarse la existencia de inmuebles comprados a favor de allegados a Toledo, y de cuantiosos depósitos bancarios hechos en Costa Rica a la empresa del mismo nombre, cuya titularidad estaba a nombre de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario. El empresario Josef Maiman, ya fallecido y alguna vez implicado en este proceso judicial, confirmó, a través del mecanismo de colaboración eficaz, que el dinero depositado provenía de sobornos pagados a Toledo cuando era presidente, y no de una pensión que Fernenbug recibía por ser víctima del holocausto judío; versión inicialmente difundida por el expresidente.

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Piura: 9 meses de prisión preventiva para presunto feminicida de Xiomara Huertas

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó nueve meses de prisión preventiva para Jorge Silva (43), investigado como presunto autor del delito de feminicidio en agravio de su sobrina, Xiomara Huertas. Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Catacaos presentara graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con la muerte por asfixia de la víctima. Entre los principales se encuentran: la necropsia médico-legal, la pericia psiquiátrica al acusado, los resultados de pericias biológicas realizadas al cuerpo de la víctima y al acusado. Agentes de la Policía Nacional encontraron en el domicilio del investigado, en el distrito de La Arena, el cuerpo de Xiomara Huertas en posición fetal, atado con un soguilla en la cabeza y extremidades, con un trapo en la boca, solo con la parte superior de sus prendas íntimas, con la cabeza y parte de su tronco metidos en una bolsa de urea, objetos que según la conviviente del investigado les pertenecerían. Un elemento clave demostrado por la fiscalía en la audiencia fue que en las uñas de la víctima se encontró material terroso y orgánico que sería sangre humana, y que coincidía con el ADN de Jorge Silva. Asimismo, la fiscalía presentó el informe de la inspección técnico-criminal en el lugar de los hechos y las declaraciones de los familiares, amigos y del personal policial interviniente. Esta medida coercitiva busca asegurar la investigación y garantizar que no exista riesgo de fuga ni obstaculización, con el objetivo de obtener la máxima sanción penal que corresponda en este caso.

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Deportivo Binacional descenderá a Liga 2 por decisión de un juez de Puno

Deportivo Binacional tendrá que jugar en la Liga 2 luego de que la Corte Superior de Justicia de Puno emitiera una resolución con la que se desestima la medida cautelar que ordenaba a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reintegrar a dicho club a la Liga 1 2025. Como se recuerda, en diciembre de 2024, la misma corte concedió un fallo a favor de Deportivo Binacional, ordenando su reintegración a la Liga 1 debido a que la FPF no ejecutó las sanciones contra Sport Boys en el campeonato del año 2022. Sin embargo, con la nueva decisión judicial, Binacional quedaría automáticamente fuera del torneo profesional peruano, y solo se esperaría la resolución final de la FPF que oficialice esta decisión. De acuerdo con el reglamento, si un club es incorporado a la Liga 1 por mandato judicial y luego esta decisión se revoca, todos los partidos que haya disputado hasta la fecha de su retiro «serán declarados nulos». Además, no se le asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros. Sin embargo, el reglamento también estipula que los partidos eliminados corresponderán únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso. Es decir, para este caso de Deportivo Binacional, sería el Torneo Clausura. Asimismo, todos los partidos pendientes se cancelarán, sin que se atribuyan puntos ni goles a sus eventuales rivales.

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Así operaba Gregorio Paico: El abogado condenado por tráfico de influencias en Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó una sentencia de 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad para el abogado Gregorio Paico Sernaqué (49), al encontrarlo responsable del delito de corrupción, en la modalidad de tráfico de influencias. La resolución judicial se logró a través de la conclusión anticipada, un mecanismo mediante el cual una persona investigada en sede fiscal reconoce el delito imputado y la pena requerida, con el objetivo de acelerar el proceso y acogerse a un beneficio en el plazo de la pena. La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero y del fiscal adjunto José Aurelio Jiménez Moscol. Ambos aportaron evidencias documentales, testimonios, recibos de pago y conversaciones de WhatsApp que corroboraron el comportamiento ilícito del abogado. Según la investigación fiscal, Gregorio Paico Sernaqué pidió 6000 soles a su patrocinado indicándole que esta suma de dinero sería entregada a una fiscal de Castilla, en P iura, para favorecerlo ilegalmente en un procedimiento en curso. Además, solicitó otros 500 soles adicionales con el fin de cubrir supuestos pagos a policías que se negaban a declarar. La investigación comenzó con un acta fiscal del 4 de diciembre de 2024, donde se registró la denuncia del patrocinado, quien reveló las exigencias de dinero hechas por el abogado piurano en el contexto del procedimiento llevado a cabo contra el presunto homicida de su hijo. Tras el juicio, como parte de la sentencia condenatoria, también se dispuso para Gregorio Paico la inhabilitación profesional por seis meses, junto con el pago de 8000 soles de reparación civil a favor del Estado y otros 2325 soles por días multa.

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Corte Suprema confirma que Pedro Castillo seguirá con prisión preventiva

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó por unanimidad, el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo contra el fallo judicial que declaró infundado su pedido para cesar la prisión preventiva que lleva debido al presunto delito de rebelión.  Hugo Yataco Perez, abogado del exjefe del Estado, sostuvo en audiencia que no hay suficientes elementos de convicción para sostener la medida contra su patrocinado. Además, argumentó que esta fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales, dijo, no tienen competencia para realizar este tipo de pedidos. Por su parte, el fiscal Martin Rivas Belotti manifestó que el abogado de Pedro Castillo en ningún momento ha presentado elementos que hagan variar la situación de prisión preventiva. En ese sentido, indicó que lo único que mostró son documentos que acreditan que al juicio oral han asistido varios fiscales adjuntos supremos, pero no cambia eso la fundamentación por la que se le envió a la cárcel al expresidente. Por el delito de rebelión, el Ministerio Público ha pedido que se imponga al exmandatario la pena de 34 años así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargo públicos tras su intento de golpe de Estado sucedido el pasado 7 de diciembre del 2022.  Además de Castillo hay otros seis procesados más por este caso: Betssy Chávez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros en el momento del intento de autogolpe; Willy Huerta Olivas, quien era ministro del Interior, y Aníbal Torres Vásquez, ex primer ministro y que ocupaba el cargo de asesor.

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