Policía Nacional

PNP intervino búnker en Ate y capturó a nueve sujetos

La Policía Nacional del Perú intervino un búnker en el distrito de Ate y capturó a nueve sujetos, la mayoría de nacionalidad venezolana. Las fuerzas del orden intervinieron este inmueble como parte de un ‘plan cerco’ para dar con los autores del asesinato de un ciudadano extranjero, perpetrado en las últimas horas en este distrito del este de la capital. El general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que inicialmente se intervinieron a 27 personas dentro del búnker, pero tras las diligencias de ley se detuvo a nueve, dejando en libertad al resto. “Ya habiendo discriminado su nivel de participación, se ha detenido a nueve. Son siete de nacionalidad venezolana y dos de nacionalidad peruana. En el registro, hemos encontrado dos armas de fuego, municiones y también droga”, refirió el alto mando. Sobre el crimen en Ate El general PNP señaló que, de acuerdo con las pesquisas iniciales, no se descarta que el asesinato del ciudadano extranjero esté relacionado con un ajuste de cuentas por el control de la venta de drogas en Lima Este. Fuentes policiales detallaron que varios de los detenidos en este operativo presentan antecedentes policiales. Al cierre de este informe, los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal para continuar con las diligencias de ley.

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En el penal de Piura los presos tienen hasta el televisor para distraerse e informarse

Lima y Callao han sido declarados en emergencia por la inseguridad ciudadana. Una de las medidas adoptadas por el Gobierno es un apagón eléctrico en las celdas para evitar cualquier contacto de los internos con el exterior. Mientras esto ocurre en la capital, en Piura -otra de las ciudades más afectadas por el crimen organizado-, la situación es distinta y los presos inclusive cuentan con televisor a su disposición. Imágenes del reciente operativo contra la extorsión en la cárcel ubicada en el caserío de Río Seco, en el distrito piurano de Castilla, muestran un pasillo con un televisor de 55 pulgadas en la pared, del que suelen disfrutar los delincuentes del establecimiento penitenciario. En un contexto de criminalidad, donde los ciudadanos trabajadores vienen siendo atacados o amenazados de muerte desde esta cárcel, se pide a las autoridades que se aplique también en este penal el apagón eléctrico y solo se permita únicamente la iluminación del recinto, de tal forma que los reos no tengan opción de recargar los celulares que logran infiltrar sus visitantes.

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Militares saldrán a las calles y prohíben a dos adultos en moto en Lima y Callao

Esta madrugada comenzó a regir un estado de emergencia en Lima y Callao, que se extenderá por 30 días calendario, buscando contener el aumento de la criminalidad y delitos como extorsión y sicariato. El anuncio lo dio el presidente José Jerí, a través de un corto mensaje a la Nación. En la publicación de la norma en el Diario Oficial El Peruano, se estableció que las Fuerzas Armadas apoyaran en intervenciones a la Policía Nacional del Perú. De igual forma, se indica la prohibición del tránsito de dos personas adultas en una motocicleta. También se ha establecido la restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios. Solo se permitirá una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial. Sólo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El decreto ordena un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación. Asimismo, la norma establece el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas. Otra medida es la implementación de medidas de seguridad especial a fiscales y jueces que intervienen en casos de criminalidad, a cargo de la Policía Nacional.

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Luis Magallanes es el policía que asesinó a Eduardo Mauricio Ruiz durante manifestación

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general PNP Óscar Arriola, confirmó en declaraciones a Canal N que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue el autor del disparo que provocó la muerte del joven Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz durante las protestas contra el Gobierno de José Jerí registradas el miércoles en el Centro de Lima.  “El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, pertenecen a la Dirección de Investigación Criminal y no al Grupo Terna”, manifestó el oficial. Videos de cámaras de varios ciudadanos y de la Municipalidad de Lima registraron el momento del cobarde ataque contra el manifestante, quien en ese momento transitaba con normalidad por una vereda a inmediaciones de la Plaza Francia. El agente homicida escapó corriendo del lugar.

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Policía que se negó a dar S/2 en bus podría ser dada de baja

El caso de Teresa Cuba Lara, suboficial de la Policía Nacional del Perú, ha generado indignación dentro y fuera de la institución. La agente, conocida en redes sociales como ‘Lady dos soles’, se negó a pagar su pasaje en un bus y terminó llamando a un coronel PNP y pidiendo refuerzos para detener al conductor, un hecho que hoy podría costarle su permanencia en la PNP. Según testigos, exigió el pase libre no solo para ella, sino también para quienes la acompañaban. Sin embargo, la ley es clara: el beneficio es solo para el personal policial en servicio y no es transferible. El chofer, José Manuel Villafuerte, se negó a aceptar el pedido y terminó detenido, tras una falsa acusación de la agente. Rodrigo Noblecilla, abogado del conductor, denunció que la detención fue arbitraria. “La señorita no presentó ningún documento que acreditara que era policía. Estaba de civil, acompañada de su hijo y su pareja”, afirmó. “Vamos a verificar esas llamadas porque hay claros indicios de tráfico de influencias”, aseguró el abogado.  Por su parte, el exgeneral PNP Carlos Tuse advirtió que si se comprueba que la agente ordenó el operativo para favorecer a su familia, estaríamos ante una flagrancia de abuso de autoridad.

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Comandante PNP, Víctor Zanabria, es suspendido por obligar a policías a ser albañiles

El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público y ordenó suspender por 18 meses los derechos y funciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, mientras avanzan las investigaciones por el caso denominado ‘Policías albañiles’. La medida fue dictada por la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Durante el plazo señalado, Zanabria no podrá ejercer funciones ni ocupar el cargo que ostentaba en la institución policial. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2020, cuando Zanabria era jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. En esa época, seis suboficiales denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos de albañilería, construcción, electricidad y gasfitería dentro de instalaciones policiales durante su horario de servicio, el cual debía estar destinado al patrullaje en las calles. Por estos hechos, el actual comandante general de la PNP es investigado por los presuntos delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y otros cargos conexos. Ante la suspensión a Víctor Zanabria, el cargo de comandante general de la PNP sería asumido por el jefe del Estado Mayor General. En este caso, dicho puesto lo ocupa el general PNP Óscar Arriola. Su oficialización como nuevo comandante general de la PNP debe ser oficializada por el Ministerio del Interior, cartera actualmente liderada por Carlos Malaver.

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Fiscalía de Sullana exige a la Policía Nacional sincerar las cifras de delitos

El presidente encargado de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme, exigió a las unidades especiales de la División Policial de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Sullana sincerar datos de los delitos registrados en el Distrito Fiscal de Sullana, que tiene jurisdicción en las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, en la región Piura. El representante del Ministerio Público convocó a una reunión a los jefes de las unidades especializadas (Divincri de Piura, Depincri de Sullana, y las comisarías) con la finalidad de establecer nuevos lineamientos frente al incremento de delitos como extorsiones, los robos y sicariato. Además, el fiscal superior César Aguilar solicitó establecer canales de comunicación directa a fin de articular esfuerzos contra la delincuencia, en especial, contra el crimen organizado que viene afectando a los negocios locales, con mecanismos delincuenciales de extorsiones y préstamos en la modalidad del gota a gota. Este pedido surge ante las constantes quejas que los fiscales reciben de los vecinos quienes señalan que no son acogidas sus denuncias o cuando llaman para reportar algún hecho delictivo, solicitando que la respuesta de los agentes debe ser de manera inmediata y efectiva. Aguilar Cosme aprovechó el espacio para señalar que continúa buscando el apoyo en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana.

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Corte IDH ratifica que la Ley de Amnistía es inaplicable y viola la Convención Americana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó que la Ley de Amnistía para policías y militares procesados y condenados crímenes cometidos entre 1980 y 2000 es inaplicable porque viola la Convención Americana, de la que Perú forma parte. En tal sentido, instó a los jueces a no conceder dicho beneficio hasta que el tribunal supranacional se pronuncie por el tema de fondo. En la resolución, la Corte IDH enfatiza «en lo relativo a que las autoridades competentes se abstengan de aplicar la Ley N° 32419 ‘Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentran sin sentencia firme por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo en el período 1980-2000′, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales, lo que hará en una Resolución posterior». Asimismo, el tribunal precisa que el Estado peruano en su conjunto, lo que incluye a sus diferentes órganos y operadores de justicia, deben ejercer el control de convencionalidad y abstenerse de concederla hasta que la Corte IDH se pronuncie en una resolución que dará posteriormente. ¿Por qué se pronunció la Corte IDH? Cabe recordar que este pronunciamiento se da en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el destacamento militar Colina en noviembre de 1991 y julio de 1992, respectivamente. Además, la Corte IDH remarcó que siguen vigentes las medidas provisionales del 1 de julio de 2024, en la cual se resolvió Requerir al Estado del Perú que […] tome las acciones necesarias para que […] se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a la [Ley N° 32.107] que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú. Precisamente, en ese momento el tribunal supranacional ordenó al Perú que a través de sus tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tome las acciones necesarias para que no se llegue a aprobar la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados, pues en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta se establece su inaplicación a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Pese a que la Corte IDH remarcó que si el entonces proyecto de ley No. 6901/2023-CR se oficializaba, «se configuraría un incumplimiento grave por parte del Perú respecto de lo ordenado en las Sentencias de ambos casos, al hacer ilusorio el acceso a la justicia de las víctimas», tres días después, el Congreso lo aprobó en segunda votación, y posteriormente fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte, desacatando la resolución

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Huancayo: Policía estafó a varias mujeres con préstamos en financieras

La suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Dennis Panta Peña (38) es investigada por su propia institución tras ser denunciada por estafar a varias mujeres de Huancayo con préstamos fraudulentos. Desde junio de 2025, la policía acumula tres denuncias formales. Según informó Huanca York Times, Dennis Panta Peña se valió de su uniforme policial para estafar a las víctimas. Las convencía de solicitar préstamos en financieras como Compartamos, Caja Huancayo y Confianza. A cambio, les prometía pagar las cuotas y ofrecía un “incentivo económico”. Pero, tras abonar una o dos cuotas, desaparecía y las dejaba con las deudas. Yovana Roque Maravi (32) cuenta que en enero la suboficial llegó a su casa en El Tambo para proponerle “invertir” en un negocio. “Dijo que si sacaba S/ 2,000 en Compartamos, ella pagaría las cuotas y me daría una ganancia. Como era policía, confié”. Tras dos pagos, Panta Peña dejó de responder y la deuda quedó toda para Yovana. En una segunda denuncia, cuatro mujeres: Yessica Mescua, Betsaida Roquemaravi, Rosmery Marino y Ester Roquemaravi, aseguran haber sido estafadas por más de S/ 23,000 con la misma modalidad. “Nos dijo que era un trámite seguro, que trabajaba en la PNP y que no pasaba nada. Ahora estamos todas en Infocorp”, lamentó Mescua. La tercera denuncia llegó de la mano del chef Jesús Peralta (48), cuya conviviente, Elizabeth Gandas, fue engañada junto a otras vecinas del barrio Miraflores, en Huayucachi. “Creó un grupo de WhatsApp llamado ‘Grupo San Cristóbal’ y reunió a varias madres de familia. Les pidió la mitad del dinero del préstamo a cambio de pagar las cuotas. No cumplió”, denunció Peralta. El caso ya está en la Fiscalía Penal Provincial de Huancayo por estafa y es investigado por los agentes de la Divincri, en Huancayo. Pese a las denuncias, Panta Peña sigue en funciones, trabajando en el penal de Huamancaca Chico. Las víctimas, todas de escasos recursos, piden tener cuidado: “No queremos que esto le pase a más mujeres. Ella sabe cómo manipular, cómo ganarse la confianza”, advierten. Además de las estafas, la suboficial arrastra al menos tres procesos judiciales por deudas que suman más de S/ 116 000. Un juez de Huancayo le ordenó en abril a Panta Peña y a su codeudador pagar S/ 42 110.70 a Caja Huancayo en cinco días, bajo apercibimiento de ejecución forzada. Scotiabank Perú también ganó un juicio en agosto último contra ella por un pagaré impago de S/ 74,822.66.

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Hackean Dirección de Inteligencia de la PNP y revelan reglaje contra periodistas

Un grupo de hackers denominados ‘Deface Perú’ tomaron el control de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y expusieron datos personales y laborales de los agentes de Inteligencia, revelaron los planes de seguridad de la presidenta Dina Boluarte y hasta acciones de reglaje a periodistas. Según información que reveló el portal La Encerrona, los hackers revelaron estas acciones de la PNP a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, específicamente en su canal Deface Perú, donde difundieron documentos confidenciales de la Dirin. Si bien desde la entidad de la PNP se lanzó a licitación un servicio de implementación y solución de seguridad valorizado en más de S/ 7 millones, con la finalidad de proteger la información de inteligencia y protección de datos; esto no fue impedimento para que los hackers vulneraran la seguridad. En el detalle, se revela los planes de contrainteligencia desplegados en contra de los periodistas, fiscales y jueces que estaban abordando los casos de Odebrecht, OAS y Chincheros. También se informa que desde la Dirin se reportó las investigaciones del semanario Hildebrandt en sus Trece que involucraban a policías con Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’ cuando Juan José Santiváñez era ministro del Interior. Entre otros detalles que reportan los agentes de inteligencia se informa que, desde el  2022, ellos tenían conocimiento de las amenazas que sufría el periodista Gastón Medina, quien fue asesinado a inicios de este año. A ello se suma que también mencionaron que el portal La Encerrona afecta la gobernabilidad, estado de derecho y el orden constitucional, cuando mostraron el audio de Juan Santiváñez pidiendo que controlen a Marco Sifuentes, el mismo que, en noviembre de 2024, fue acusado por inteligencia de azuzar a la población de participar en las protestas contra el Gobierno de Boluarte.

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