Policía Nacional

Allanan sede de la Depincri Norte en Trujillo por caso de corrupción de policías

Policías de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) allanaron la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, La Libertad, en cumplimiento de una orden judicial. El operativo, denominado ‘Los Mineros de la Depincri’, forma parte de una investigación al jefe de la Depincri Norte, capitán PNP Juan Alexander Cabrejos Flores, a quien se le imputa los delitos de cohecho pasivo propio y peculado de uso, por ordenar resguardo policial a favor de un minero informal durante horario de servicio. En la investigación también se encuentran comprendidos el suboficial de primera PNP Jenner Vásquez Cárdenas y el suboficial de segunda PNP Cristian Damián Bances, quienes trabajan en la misma unidad policial. Según la investigación, el jefe policial de la Depincri Norte, a través de los dos suboficiales, brindaban seguridad a Jhon Jhonel Plasencia Pretel, quien se dedicaría a la minería informal en la provincia liberteña de Pataz. Todo ello a cambio de pagos de fuertes sumas de dinero, que aún se está por determinar. En cumplimiento de la resolución judicial se allanó las oficinas y los ambientes de trabajo, así como el registro personal e incautación de los teléfonos celulares de los investigados, con lo que se deberá determinar los nexos entre el minero informal y los policías. La medida fue ejecutada con presencia del representante del Ministerio Público.

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Gobierno gasta S/ 1125 millones contra manifestantes y S/ 63 mlls. contra la minería ilegal

Las prioridades del gobierno de Dina Boluarte están de cabeza, por ejemplo en cuanto a la Policía Nacional. En 2023 el Ministerio del Interior (Mininter) destinó S/ 62 millones para su programa de lucha contra la minería ilegal. En 2024, elevó la cifra a S/ 79.7 millones y apenas la incrementó a S/ 83.6 millones en 2025. Por otro lado, el programa del Mininter denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” recibió en 2023 un total de S/ 687.4 millones. En 2024 este presupuesto aumentó a S/ 715.6 millones y en 2025 incrementó a S/ 1125 millones. En efecto, entre 2023 y 2025 el presupuesto para enfrentar a las movilizaciones populares subió en 63.74 %, mientras que los fondos de la Policía dirigidos al programa de lucha contra la minería ilegal solo fue incrementado en 1.98% en el gobierno de Dina Boluarte. Que el presupuesto para financiar el combate a la minería ilegal (S/ 63 274 186) represente el 5.62 % respecto al monto dirigido a enfrentar los conflictos sociales (S/ 1 125 084 624), causa efectos negativos directamente sobre los policías los encargados de combatir a las organizaciones criminales, empezando por la carencia de hombres y equipamiento. Una guerra muy desigual. Ahora bien, de los S/ 63.2 millones, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, asignada a la tarea de enfrentar a la minería ilegal, le corresponde únicamente S/ 15 millones. Es decir, menos del 24% del total. El resto es distribuido entre otras dependencias que participan de las acciones de represión a la minería ilegal. Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta en US$ 6840 millones el monto que moviliza anualmente la minería ilegal aurífera, superando al narcotráfico y a la trata de personas. Esto se debe al incremento explosivo del precio mundial del oro. No obstante, el dinero que dispuso el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar a las organizaciones criminales no ha experimentado una subida significativa entre 2024 y 2025.

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Boluarte promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares criminales

La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso que favorece a los policías y militares violadores de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Pese a que la Corte IDH ordenó al gobierno abstenerse de promulgar la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Dina Boluarte realizó una ceremonia en Palacio de Gobierno para el evento de promulgación. Esta ley establece brindar amnistía a favor de los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos. Asimismo, la ley concede el indulto a los sentenciados mayores de 70 años de edad por «carácter humanitario». En una resolución del 24 de julio de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, sustentó su decisión en los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en aras de la búsqueda de la justicia y también exhortó a los jueces a no aplicar esta norma que caso sea promulgada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recalcó que la finalidad de la suspensión de la normal sería hasta que la Corte IDH analice la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evaluar el impacto en la casos La Cantuta y Barrios Altos. Precisamente, en la resolución de la jefa del ente internacional se recordó que el Estado peruano atentó contra los derechos de ciudadanos de manera extrajudicial. Durante la promulgación de la norma en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes los congresistas José Cueto (Honor y Democracia), Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular). Además, estuvo presente el fujimorista Fernando Rospigliosi, expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso que aprobó el dictamen de esta ley de impunidad. También estuvo presente el general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército condenado por los casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”. Salió en libertad en diciembre del año pasado luego de un fallo favorable del Tribunal Constitucional.

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Policías detenidos por red de corrupción que negociaba multas de tránsito en Cusco

Un grave caso de corrupción policial en Quillabamba, Cusco, involucra a dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a una abogada. El Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva para los tres implicados. Se trata del suboficial PNP de primera Manuel Jesús Sánchez Sánchez, el suboficial PNP de tercera Luis Enrique Zegarra Yupayccana y la abogada Flor Maritza Caballero Alegría. Según la investigación fiscal, los tres trabajaban juntos desde inicios de 2025 en la unidad de Tránsito de la Comisaría PNP de Quillabamba. Previa coordinación, los policías Sánchez y Zegarra interceptaban a conductores con signos de ebriedad y los derivaban a la abogada Caballero. Ella ofrecía “soluciones económicas” y menos tiempo de detención. Luego coordinaba con los policías para devolver vehículos sin imponer papeletas de tránsito, a cambio de pagos de entre 800 y 1500 soles. El hecho que reveló la operación ocurrió el 2 de agosto. El ciudadano Erick Breizlander Florez Berrios conducía ebrio, sin licencia y sin SOAT. El suboficial Zegarra le propuso contratar a la abogada Caballero por 200 soles, monto transferido vía Yape. Más tarde, la letrada le ofreció recuperar su motocicleta sin papeletas por un pago mayor. La intervención se ejecutó en flagrancia. Los tres implicados quedaron detenidos con evidencias suficientes para sustentar la medida coercitiva. El juez Gabriel Farroñan Flores, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio con funciones adicionales en corrupción de funcionarios, evaluó los elementos de convicción y dispuso la prisión preventiva. Los investigados permanecerán en el penal de Quillabamba mientras continúan las pesquisas.

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Ministro del Interior admite que faltan chalecos antibalas para la Policía Nacional

El ministro del Interior, Carlos Malaver, admitió que la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un déficit significativo de chalecos antibalas y justificó ello atribuyendo responsabilidad a gobiernos anteriores. Dijo que la gestión de Pedro Castillo inició el proceso de adquisición de más de 3000 chalecos, pero se retrasó debido al marco normativo y a que los proveedores presentaron documentos falsos. «Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores. El año pasado hicimos un proceso para la adquisición de más de 3000 de estos implementos, pero el proceso se cayó porque los proveedores presentaron documentación fraudulenta. Así lo exige la ley: debemos cumplir con el marco normativo”, manifestó. Malaver aseguró que se ha iniciado una nueva gestión de compra de chalecos antibalas desde la Región Policial Lima. Además, adelantó una contribución proveniente de China: una donación de aproximadamente 4000 chalecos, que se espera lleguen antes de fin de año. De esta manera, según Malaver, la PNP tendría 7000 chalecos antibalas disponibles hacia diciembre de 2025, aunque reconoció que esta cifra “no es suficiente». “De aquí a diciembre esperamos contar con unos 7000 chalecos. Sabemos que no es suficiente, pero es parte de la estrategia para cerrar brechas de protección en la Policía”, dijo. Esta falta de chalecos contrasta con la decisión del gobierno de Dina Boluarte de comprar 168 autos de lujo marca Audi y Toyota para los altos mandos de la PNP por un monto total de S/ 17.3 millones. Este monto no estaba previsto en el presupuesto 2025 que presentó el exministro Juan José Santiváñez ante el Congreso, según reveló el dominical Punto Final. Para ello, el Ministerio del Interior quitó el financiamiento para las pensiones, partidas sensibles y remuneraciones a miembros de la PNP. De acuerdo con el reportaje periodístico, la adquisición no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública y no se presentó una ficha técnica que evalúe la pertinencia del gasto. Precisamente, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la PNP omitió este requisito tras argumentar que no se trataba de una inversión pública a pesar de su alto momento de gasto.

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Denuncias por delito de extorsión en el Perú aumentaron un 700% del 2019 al 2025

La lucha contra la extorsión ha fracasado en el Perú. Informes de la propia Policía Nacional revelan que el promedio diario de denuncias por extorsión entre el 2019 y el 2021 era de diez. En este 2025, de enero a junio, el promedio creció a 69, es decir, siete veces más. Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), en los primeros seis meses de 2023 hubo 17 645 denuncias, mientras que en 2024 se formuló 19 711 denuncias, es decir, hubo un aumento del 12%. Pero en el mismo periodo de 2025, las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana aumentaron en 54.5% con respecto al mismo periodo del 2024. Las modalidades de este delito también preocupan. El año pasado hubo 17 413 casos de extorsión típica, 885 cobro de cupos, 847 gota a gota, 441 chalequeo, 45 devolución de patrimonio, 31 secuestro típico, 25 páginas web, 19 cupos de trabajo y 5 casos de extorsión ligada al tráfico de terreno. También hubo 717 casos de colocación y/o detonación de artefacto explosivos, 490 colocación de municiones, 415 disparos contra el patrimonio, 321 amenazas con arma de fuego, 31 agresión física, 30 arreglo fúnebre, 10 incendios, 7 amenaza con arma blanca y un caso de lesión con arma de fuego. En el informe del Sidvol también se da cuenta que en el 2023 hubo 1.938 mecanismos de intimidación mientras que en el 2024 fueron contabilizados 2.022 casos. Extorsión y sicariato aumentaron en Perú Según el Sidpol, los homicidios cometidos en el país durante los seis primeros meses de ambos períodos. El dato es que, según los registros oficiales, el año pasado se registró 1109 homicidios mientras que este año se contabilizó 1135 de enero a junio. Asimismo, las cifras indican que, del total de asesinatos cometidos en el primer semestre de este año, 661 fueron por sicariato mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 569, es decir, hubo un aumento del 16%. También este año se registró 335 homicidios calificados, el año pasado fue de 290 (16%). En el caso de los homicidios simple este año hubo 63 y el año pasado fueron 99, por lo tanto, fue menos 36%. Otro dato es que los robos con subsecuente muerte este año  registró 42 casos mientras que el año pasado fueron 61, es decir, este año hubo menos 31%. En cuanto a los feminicidios, en este primer semestre se contabilizaron 23 en tanto el año pasado hubo 80, una diferencia del 71%. En el rubro otros la PNP consideró este primer semestre 11 casos, el año pasado fueron diez.

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TC determina que la PNP realizará investigaciones preliminares y no la fiscalía

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) determinó que las investigaciones preliminares de un presunto delito estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y no del Ministerio Público. Con ello, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de La Libertad contra cuatro decretos legislativos que así lo establecían. En su solicitud, la fiscalía alegaba que el personal policial no está capacitado debidamente para investigar casos penales y, sobre todo, no cuenta con los recursos logísticos para conducir las investigaciones preliminares. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó en su sentencia que, “en la subetapa de la investigación preliminar, la PNP conduce las acciones operativas propiamente policiales, con la finalidad de reunir y asegurar los elementos de prueba e indicios que puedan servir para la aplicación de la ley penal, así como el desarrollo de las acciones de carácter logístico, técnico y criminalístico que sean necesarias”. También señala que “los informes y precalificaciones jurídicas que realice la Policía Nacional no condicionan al fiscal para un caso concreto y que, en la subetapa de la investigación preliminar, el Ministerio Público mantiene su rol de conducción jurídica desde un inicio a través de la disposición de la apertura de la investigación preliminar, así como con la vigilancia, orientación, supervigilancia y guía de la investigación policial”. Según el TC, el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, conforme con el artículo 159 inciso 4 de la Constitución, y que la investigación preparatoria del delito tiene dos subetapas: la investigación preliminar, a cargo de la Policía Nacional con la conducción jurídica del Ministerio Público; y la investigación preparatoria formalizada, de competencia del Ministerio Público con el auxilio operativo de la PNP. En su fallo, el Tribunal Constitucional exhorta al Ministerio Público y a la Policía Nacional a elaborar los protocolos de actuación interinstitucionales que implementen lo que prescribe el Código Procesal Penal y la presente sentencia, para articular una estrategia permanente, eficaz y eficiente en la persecución del delito.

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Lima: 9 policías detenidos por ‘sembrar’ droga y armas en operativos irregulares

La fiscalía y la Diviac detuvieron en Lima a nueve policías por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios (cohecho). Se les acusa de ‘sembrar’ droga y armas de fuego y municiones en operativos irregulares que armaban para obtener ascensos y reconocimientos en la institución policial. Ocho de los policías detenidos son suboficiales de segunda y tercera actualmente en actividad, que prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores y que luego fueron trasladados a otras unidades policiales, como la Depincri de Villa El Salvador, el Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público (DEPOEOP) de Lima Sur y la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte. En tanto, el otro detenido es un coronel de la PNP en situación de retiro, quien fue detenido en su vivienda en el distrito de Surco. Se trata del exjefe del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la PNP Walter Palomino Simón, quien fue detenido por presuntamente haber favorecido a delincuentes presos. Los nueve policías detenidos integrarían la organización criminal ‘Los incorregibles de San Juan de Miraflores’, y habrían otros que también habrían participado y están en proceso de investigación. Los allanamientos se realizaron en los distritos de San Juan de Miraflores, Pachacámac, Villa María del Triunfo, Carabayllo, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, San Vicente de Cañete y Ancón, así como en el distrito de Casma (Áncash) y el establecimiento penitenciario Ancón I, donde se intervino a tres policías que cumplen órdenes de prisión preventiva por casos similares en el Callao. Según la investigación fiscal, los hoy detenidos habrían ‘sembrado’ droga y armas a personas intervenidas durante operativos irregulares, para luego exigirles pagos de dinero a cambio de dejarlos en libertad. Así, aprovechaban que algunos de ellos tenían antecedentes para presentarlos como culpables de diversos delitos. Esta simulación les habría permitido obtener ingresos económicos ilegales y reconocimientos en la institución policial.

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Detienen a coronel PNP Jaime Artica La Torre por violación sexual a una mujer en Lima

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jaime Artica La Torre, investigado por violación sexual en agravio de una mujer de 31 años, fue detenido por orden judicial por agentes de la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria, con el objetivo de realizar las diligencias correspondientes. Según relató la víctima, conoció al coronel mientras trabaja en un centro de salud, en Surquillo. En diversas ocasiones, Artica La Torre le habría propuesto ser la madrina del equipo de fútbol de la Subunidad de Acciones Tácticas de la Policía Nacional del Perú (SUAT). Y luego de mucha insistencia, aceptó la invitación.  Fue entonces que el coronel de la Policía Nacional invitó a la víctima a un almuerzo en una reconocida cevichería de La Victoria para hablar sobre el rol que cumpliría como madrina. Allí, tras tomar un pisco sour, acudió un momento al baño y, al regresar, encontró otra bebida en la mesa. Luego de culminar el último trago, la víctima manifestó que perdió el conocimiento y despertó semidesnuda y en la calle, donde fue encontrada por personal de serenazgo, los cuales la vieron con solo un polo largo y presuntos signos de haber sido dopada. Posteriormente, fue traslada al Hospital de Emergencias Grau de EsSalud. Los resultados de los exámenes médicos habrían indicado lesiones en su cuerpo e indicios de abuso sexual.  La investigación está a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro (Cuarto Despacho). El fiscal provincial Eddy Antonio Torvisco Tipiana dispuso las diligencias inmediatas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del agente de la PNP. Como parte de las investigaciones, se practicó el examen médico legal tanto a Jaime Artica La Torre como a la víctima. Además, la mujer de 31 años brindó su declaración en una cámara Gesell y se recogió testimonios de testigos.  Por otro lado, peritos de criminalística de la Policía Nacional realizaron el análisis del vehículo del investigado. También se solicitó el acceso a las cámaras de videovigilancia de la municipalidad y del restaurante donde, según las investigaciones, Artica y la víctima habrían almorzado.

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Tumbes: Intervienen a bus con 55 extranjeros indocumentados y detienen al chofer

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron en la ciudad de Tumbes a un bus que trasladaba a 55 extranjeros indocumentados por la carretera Panamericana Norte, con dirección a la ciudad de Lima, evadiendo los controles migratorios. Durante la intervención policial, fueron detenidos el conductor Edilberto Ruíz López y el copiloto Carlos Burga Serrano, quienes señalaron que trabajan para la empresa de transportes interprovincial MBuss. Los 55 ciudadanos extranjeros, procedentes de Venezuela y Colombia, no contaban con documentos en regla, por lo que fueron conducidos al complejo policial Jorge Taype Tarazona, de Tumbes, donde permanecerán detenidos a la espera de la decisión de la fiscalía de turno que tendrá a cargo el caso. Según la PNP, los extranjeros intervenidos cruzaron en forma irregular la frontera norte por Tumbes sin sellar ni registrar ningún documento de identidad. Ellos confesaron que habían pagado entre 75 a 120 dólares por persona para ser trasladados hasta Lima. Esta semana personal policial intervino tres ómnibus con casi 200 extranjeros ilegales.

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