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Policía Nacional

Cinco policías y un civil detenidos en Tumbes por cobro de coimas a contrabandistas

Descatados1, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

Cinco policías y un civil fueron detenidos en el Puente Internacional de Tumbes, por el presunto cobro de una coima para permitir el pase ilegal de productos de Perú hacia Ecuador y viceversa, aprovechando el control del Puesto de Vigilancia Fronterizo, ubicado entre Aguas Verdes-Perú y Huaquillas-Ecuador. Los policías son acusados de cobrar montos de dinero a comerciantes que pasan productos de contrabando y hasta armas y municiones por el viaducto binacional. La investigación está a cargo de la fiscalía anticorrupción de Tumbes. Los suboficiales de la Policía Nacional que fueron detenidos son: Luciano Campaña Quevedo, Julio Rivaldo Shelton Valdivia, Mayra Karina Neponoceno González, Angello Enrique Saldarriaga Vera y Dante Miguel Morán Rivera, así como el civil Christian Jeferson Chimoy Linares. A ellos se les encontró siete celulares y dinero en efectivo (2734 soles y 401 dólares). Los mensajes dentro de los celulares permitirán dar con más involucrados en este caso. Cabe recordar que el pase de vehículos y personas que ingresan o salen del país es por el Centro Binacional de Atención Fronteriza y el pase de tránsito, en menor escala, por el Puente Internacional, como zona primaria. Esto suele ser aprovechado por inescrupulosos, incluyendo policías, para el tráfico de contrabando de medicinas, combustible, pase ilegal de migrantes ilegales,  municiones y armas.

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Harvey Colchado confirma reglaje a periodistas: «Se malutiliza la inteligencia»

Política y gobierno /

El coronel PNP en retiro Harvey Colchado confirmó que desde la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) se realiza reglajes contra periodistas de investigación. Durante una entrevista para RPP, Cochado aseguró que desde la Digimin se está «malutilizando la inteligencia» contra los comunicadores. En la víspera, la jefa de investigaciones de Panamericana, Karla Ramírez, denunció ser víctima de reglaje en su contra. El motivo es por investigar el caso El Dorado, que involucra al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y a Nicanor Boluarte. Ramírez Camarena acusó directamente a Juan José Santiváñez y a Nicanor Boluarte como los principales responsables de este supuesto plan, el cual, según afirmó, estaría motivado por las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por el equipo de Panorama sobre una presunta red criminal en la que ambos estarían implicados. Al respecto, Harvey Colchado fue consultado si tiene conocimiento de que el gobierno de Boluarte realiza seguimientos a periodistas: En esa misma línea, Colchado recordó que, durante la gestión del coronel Martín Gonzales Sánchez, conocido como ‘Conejo’, en la Digimin, la excongresista Marisa Glave «fue a quejarse» por un caso similar. Sin embargo, los efectivos policiales no la ayudaron porque la exparlamentaria era de oposición. «La clásica es, no, justo coincidimos con otra investigación», sostuvo.

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Muerte en ‘La Colmena’: Extranjera aparece sin vida en night club de Piura

Descatados1, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

Una mujer identificada como Karen, de nacionalidad ecuatoriana, fue encontrada sin vida dentro del conocido night club “La Colmena”, ubicado en la carretera Piura – Sullana. Fue el vigilante del establecimiento nocturno quien halló el cuerpo de la trabajadora sexual, alertado por el chofer que solía trasladarla diariamente. Según las indagaciones preliminares de la Policía Nacional, el conductor la esperaba a la hora habitual para su retorno a su vivienda. Sin embargo, al notar su demora y que no respondía las llamadas a su celular, ingresó al local junto al guardia de seguridad y se toparon con la trágica escena: la mujer tenía la cabeza sumergida en un balde con agua. Hasta el lugar llegaron policías y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las diligencias correspondientes. Como parte de la investigación, se ha revisado las cámaras de seguridad del establecimiento para determinar las circunstancias del hecho e identificar a la última persona que estuvo con la víctima. El caso fue asumido por la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra la mujer de Piura, que ya viene realizando diligencias urgentes y necesarias a fin de esclarecer esta extraña muerte ocurrida en el conocido night club ‘La Colmena’. Según el certificado de necropsia, la causa de muerte se concluye como asfixia por sumersión, sin que se verifique lesiones externas.

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Tres policías de Talara son condenados por querer cobrar coima a transportista

⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

La Corte Superior de Justicia de Sullana dictó una sentencia de cinco años de pena suspendida para tres policías que trabajaban en la Comisaría de Talara Alta, por querer cobrar una coima a un transportista. Los suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron hallados culpables del delito de cohecho pasivo propio (corrupción) en el ejercicio de la función policial. Se trata de los suboficiales de segunda PNP Andy Germain Alama Calle y Santos Marcelo Toro, y el suboficial de tercera PNP Jhony Alexander Lizama Prado. Los tres también fueron inhabilitados de la función pública y deberán pagar S/ 19 500 por reparación civil. La investigación de la fiscalía comenzó el 26 de agosto, luego de que un ciudadano denunciara que los policías quisieron cobrar ilegalmente S/ 3000 al conductor de una minivan que trasladaba a extranjeros en situación irregular. Un día después, el 27 de agosto, personal de la Dircocor, con la participación del fiscal adjunto Harold Martínez Requena, detuvo a Jhony Alexander Lizama Prado. En tanto, los suboficiales Alama Calle y Marcelo Toro habían abandonado su puesto de trabajo en la carretera a Lobitos, pero posteriormente fueron ubicados e identificados. Las pesquisas revelaron que el dinero solicitado fue transferido vía Yape a una mujer identificada como Alfonsa Moscoso Savaria, lo que constituyó una prueba clave en la investigación. La audiencia se desarrolló este domingo 31 de agosto, donde la fiscal adjunta Megume Tukary Castro Ferrer sustentó los cargos y la reparación civil, logrando que los policías aceptaran los hechos imputados y se dictara la sentencia condenatoria suspendida.

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Allanan sede de la Depincri Norte en Trujillo por caso de corrupción de policías

Descatados1, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

Policías de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) allanaron la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, La Libertad, en cumplimiento de una orden judicial. El operativo, denominado ‘Los Mineros de la Depincri’, forma parte de una investigación al jefe de la Depincri Norte, capitán PNP Juan Alexander Cabrejos Flores, a quien se le imputa los delitos de cohecho pasivo propio y peculado de uso, por ordenar resguardo policial a favor de un minero informal durante horario de servicio. En la investigación también se encuentran comprendidos el suboficial de primera PNP Jenner Vásquez Cárdenas y el suboficial de segunda PNP Cristian Damián Bances, quienes trabajan en la misma unidad policial. Según la investigación, el jefe policial de la Depincri Norte, a través de los dos suboficiales, brindaban seguridad a Jhon Jhonel Plasencia Pretel, quien se dedicaría a la minería informal en la provincia liberteña de Pataz. Todo ello a cambio de pagos de fuertes sumas de dinero, que aún se está por determinar. En cumplimiento de la resolución judicial se allanó las oficinas y los ambientes de trabajo, así como el registro personal e incautación de los teléfonos celulares de los investigados, con lo que se deberá determinar los nexos entre el minero informal y los policías. La medida fue ejecutada con presencia del representante del Ministerio Público.

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Gobierno gasta S/ 1125 millones contra manifestantes y S/ 63 mlls. contra la minería ilegal

Descatados1, Política y gobierno /

Las prioridades del gobierno de Dina Boluarte están de cabeza, por ejemplo en cuanto a la Policía Nacional. En 2023 el Ministerio del Interior (Mininter) destinó S/ 62 millones para su programa de lucha contra la minería ilegal. En 2024, elevó la cifra a S/ 79.7 millones y apenas la incrementó a S/ 83.6 millones en 2025. Por otro lado, el programa del Mininter denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” recibió en 2023 un total de S/ 687.4 millones. En 2024 este presupuesto aumentó a S/ 715.6 millones y en 2025 incrementó a S/ 1125 millones. En efecto, entre 2023 y 2025 el presupuesto para enfrentar a las movilizaciones populares subió en 63.74 %, mientras que los fondos de la Policía dirigidos al programa de lucha contra la minería ilegal solo fue incrementado en 1.98% en el gobierno de Dina Boluarte. Que el presupuesto para financiar el combate a la minería ilegal (S/ 63 274 186) represente el 5.62 % respecto al monto dirigido a enfrentar los conflictos sociales (S/ 1 125 084 624), causa efectos negativos directamente sobre los policías los encargados de combatir a las organizaciones criminales, empezando por la carencia de hombres y equipamiento. Una guerra muy desigual. Ahora bien, de los S/ 63.2 millones, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, asignada a la tarea de enfrentar a la minería ilegal, le corresponde únicamente S/ 15 millones. Es decir, menos del 24% del total. El resto es distribuido entre otras dependencias que participan de las acciones de represión a la minería ilegal. Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta en US$ 6840 millones el monto que moviliza anualmente la minería ilegal aurífera, superando al narcotráfico y a la trata de personas. Esto se debe al incremento explosivo del precio mundial del oro. No obstante, el dinero que dispuso el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar a las organizaciones criminales no ha experimentado una subida significativa entre 2024 y 2025.

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Boluarte promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares criminales

Política y gobierno /

La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso que favorece a los policías y militares violadores de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Pese a que la Corte IDH ordenó al gobierno abstenerse de promulgar la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Dina Boluarte realizó una ceremonia en Palacio de Gobierno para el evento de promulgación. Esta ley establece brindar amnistía a favor de los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos. Asimismo, la ley concede el indulto a los sentenciados mayores de 70 años de edad por «carácter humanitario». En una resolución del 24 de julio de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, sustentó su decisión en los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en aras de la búsqueda de la justicia y también exhortó a los jueces a no aplicar esta norma que caso sea promulgada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recalcó que la finalidad de la suspensión de la normal sería hasta que la Corte IDH analice la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evaluar el impacto en la casos La Cantuta y Barrios Altos. Precisamente, en la resolución de la jefa del ente internacional se recordó que el Estado peruano atentó contra los derechos de ciudadanos de manera extrajudicial. Durante la promulgación de la norma en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes los congresistas José Cueto (Honor y Democracia), Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular). Además, estuvo presente el fujimorista Fernando Rospigliosi, expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso que aprobó el dictamen de esta ley de impunidad. También estuvo presente el general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército condenado por los casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”. Salió en libertad en diciembre del año pasado luego de un fallo favorable del Tribunal Constitucional.

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Policías detenidos por red de corrupción que negociaba multas de tránsito en Cusco

Destacados2, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

Un grave caso de corrupción policial en Quillabamba, Cusco, involucra a dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a una abogada. El Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva para los tres implicados. Se trata del suboficial PNP de primera Manuel Jesús Sánchez Sánchez, el suboficial PNP de tercera Luis Enrique Zegarra Yupayccana y la abogada Flor Maritza Caballero Alegría. Según la investigación fiscal, los tres trabajaban juntos desde inicios de 2025 en la unidad de Tránsito de la Comisaría PNP de Quillabamba. Previa coordinación, los policías Sánchez y Zegarra interceptaban a conductores con signos de ebriedad y los derivaban a la abogada Caballero. Ella ofrecía “soluciones económicas” y menos tiempo de detención. Luego coordinaba con los policías para devolver vehículos sin imponer papeletas de tránsito, a cambio de pagos de entre 800 y 1500 soles. El hecho que reveló la operación ocurrió el 2 de agosto. El ciudadano Erick Breizlander Florez Berrios conducía ebrio, sin licencia y sin SOAT. El suboficial Zegarra le propuso contratar a la abogada Caballero por 200 soles, monto transferido vía Yape. Más tarde, la letrada le ofreció recuperar su motocicleta sin papeletas por un pago mayor. La intervención se ejecutó en flagrancia. Los tres implicados quedaron detenidos con evidencias suficientes para sustentar la medida coercitiva. El juez Gabriel Farroñan Flores, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio con funciones adicionales en corrupción de funcionarios, evaluó los elementos de convicción y dispuso la prisión preventiva. Los investigados permanecerán en el penal de Quillabamba mientras continúan las pesquisas.

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Ministro del Interior admite que faltan chalecos antibalas para la Policía Nacional

Descatados1, Política y gobierno /

El ministro del Interior, Carlos Malaver, admitió que la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un déficit significativo de chalecos antibalas y justificó ello atribuyendo responsabilidad a gobiernos anteriores. Dijo que la gestión de Pedro Castillo inició el proceso de adquisición de más de 3000 chalecos, pero se retrasó debido al marco normativo y a que los proveedores presentaron documentos falsos. «Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores. El año pasado hicimos un proceso para la adquisición de más de 3000 de estos implementos, pero el proceso se cayó porque los proveedores presentaron documentación fraudulenta. Así lo exige la ley: debemos cumplir con el marco normativo”, manifestó. Malaver aseguró que se ha iniciado una nueva gestión de compra de chalecos antibalas desde la Región Policial Lima. Además, adelantó una contribución proveniente de China: una donación de aproximadamente 4000 chalecos, que se espera lleguen antes de fin de año. De esta manera, según Malaver, la PNP tendría 7000 chalecos antibalas disponibles hacia diciembre de 2025, aunque reconoció que esta cifra “no es suficiente». “De aquí a diciembre esperamos contar con unos 7000 chalecos. Sabemos que no es suficiente, pero es parte de la estrategia para cerrar brechas de protección en la Policía”, dijo. Esta falta de chalecos contrasta con la decisión del gobierno de Dina Boluarte de comprar 168 autos de lujo marca Audi y Toyota para los altos mandos de la PNP por un monto total de S/ 17.3 millones. Este monto no estaba previsto en el presupuesto 2025 que presentó el exministro Juan José Santiváñez ante el Congreso, según reveló el dominical Punto Final. Para ello, el Ministerio del Interior quitó el financiamiento para las pensiones, partidas sensibles y remuneraciones a miembros de la PNP. De acuerdo con el reportaje periodístico, la adquisición no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública y no se presentó una ficha técnica que evalúe la pertinencia del gasto. Precisamente, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la PNP omitió este requisito tras argumentar que no se trataba de una inversión pública a pesar de su alto momento de gasto.

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Denuncias por delito de extorsión en el Perú aumentaron un 700% del 2019 al 2025

Destacados, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

La lucha contra la extorsión ha fracasado en el Perú. Informes de la propia Policía Nacional revelan que el promedio diario de denuncias por extorsión entre el 2019 y el 2021 era de diez. En este 2025, de enero a junio, el promedio creció a 69, es decir, siete veces más. Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), en los primeros seis meses de 2023 hubo 17 645 denuncias, mientras que en 2024 se formuló 19 711 denuncias, es decir, hubo un aumento del 12%. Pero en el mismo periodo de 2025, las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana aumentaron en 54.5% con respecto al mismo periodo del 2024. Las modalidades de este delito también preocupan. El año pasado hubo 17 413 casos de extorsión típica, 885 cobro de cupos, 847 gota a gota, 441 chalequeo, 45 devolución de patrimonio, 31 secuestro típico, 25 páginas web, 19 cupos de trabajo y 5 casos de extorsión ligada al tráfico de terreno. También hubo 717 casos de colocación y/o detonación de artefacto explosivos, 490 colocación de municiones, 415 disparos contra el patrimonio, 321 amenazas con arma de fuego, 31 agresión física, 30 arreglo fúnebre, 10 incendios, 7 amenaza con arma blanca y un caso de lesión con arma de fuego. En el informe del Sidvol también se da cuenta que en el 2023 hubo 1.938 mecanismos de intimidación mientras que en el 2024 fueron contabilizados 2.022 casos. Extorsión y sicariato aumentaron en Perú Según el Sidpol, los homicidios cometidos en el país durante los seis primeros meses de ambos períodos. El dato es que, según los registros oficiales, el año pasado se registró 1109 homicidios mientras que este año se contabilizó 1135 de enero a junio. Asimismo, las cifras indican que, del total de asesinatos cometidos en el primer semestre de este año, 661 fueron por sicariato mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 569, es decir, hubo un aumento del 16%. También este año se registró 335 homicidios calificados, el año pasado fue de 290 (16%). En el caso de los homicidios simple este año hubo 63 y el año pasado fueron 99, por lo tanto, fue menos 36%. Otro dato es que los robos con subsecuente muerte este año  registró 42 casos mientras que el año pasado fueron 61, es decir, este año hubo menos 31%. En cuanto a los feminicidios, en este primer semestre se contabilizaron 23 en tanto el año pasado hubo 80, una diferencia del 71%. En el rubro otros la PNP consideró este primer semestre 11 casos, el año pasado fueron diez.

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