19 de agosto de 2025

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la inmediata libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos a testigos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió «amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez» y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario había ordenado su «privación de libertad inmediata». Álvaro Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012. Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales. El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar «la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos», argumentó que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una «motivación aparente». La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política. El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que «presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado», aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia y no en esta tutela.