Advierten que Perúpetro S.A. no ha gestionado ni resuelto el problema que ocasionó la paralización, impidiendo iniciar la explotación de hidrocarburos La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote Z-6, con potencial de gas natural, se encuentra paralizado desde hace más de 13 años, sin generar recursos energéticos e ingresos para el Estado, debido a una situación de “fuerza mayor” que no ha sido resuelta oportunamente. El Lote Z-6 está ubicado frente a las costas de Piura y Lambayeque. El contrato fue suscrito en marzo de 2002 entre Perúpetro S.A. y la empresa operadora, con plazos de hasta 30 años para la explotación de petróleo y 40 años para gas natural. Según el Informe de Visita de Control N.° 001-2026-OCI/4654-SVC, realizado entre el 9 y 13 de febrero de 2026, el contratista ejecutó al 100 % el Programa Mínimo de Trabajo y en 2009 declaró un descubrimiento comercial de gas natural en el yacimiento Esperanza, con reservas estimadas de 26.6 billones de pies cúbicos de gas natural. Sin embargo, la fase de explotación, que debía iniciarse tras ese hallazgo, no ha podido ejecutarse hasta la fecha. La paralización se originó en abril de 2012 por conflictos sociales en la zona de influencia del proyecto, principalmente en la Bahía de Sechura, situación que fue reconocida como “fuerza mayor” y se mantiene vigente hasta hoy. Esta condición, por definición legal, debe ser extraordinaria, imprevisible e irresistible, características que debieron evaluarse para superar la situación. Vale resaltar que la Contraloría evidenció que, en todo este tiempo, no se impulsaron espacios de diálogo suficientes entre la empresa operadora, las comunidades y las autoridades, ni se gestionó la intervención de las entidades competentes para la prevención de conflictos sociales, lo que ha contribuido a mantener la inactividad del proyecto. En ese contexto, el ente fiscalizador concluyó que la persistencia del conflicto social durante más de 13 años, sin acciones afectivas de gestión, pone en cuestionamiento que la paralización continúe siendo considerada como “fuerza mayor”, lo que impide el cumplimiento del objeto contractual y su finalidad pública. Ante esta situación, la Contraloría recomendó poner el informe en conocimiento del titular de Perúpetro S.A., a fin de que adopte las acciones preventivas y correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato. Asimismo, deberá informar al Órgano de Control Institucional sobre las medidas adoptadas o por adoptar, adjuntando la documentación que las sustente.
