13 de abril de 2026

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres altos funcionarios de esa entidad y al representante legal de la empresa GALAGA S.A.C por las presunta irregularidades ocurridas durante las Elecciones Generales 2026. Les atribuye los presuntos delitos contra el derecho de sufragio – atentado contra el derecho de sufragio; delito contra la administración pública – omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales en la contratación de la empresa GALAGA S.A.C. para la distribución de material electoral y los problemas que presentó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para el proceso electoral. En el caso de Corvetto, la denuncia indica que, a pesar de la “crisis logística y tecnológica”, “mantuvo una conducta omisiva sistemática” y no informó oportunamente al Pleno del JNE la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día. Señala además que, ante la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, “pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material”, hecho que constituye “una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso”. En tanto, la denuncia atribuye a Edward Eloy Alarcón, gerente de Administración de la ONPE, haber presuntamente omitido activar los mecanismos de supervisión directa sobre la flota de GALAGA S.A.C., lo que permitió la vulneración de la seguridad nacional electoral al entregar el material a un tercero sin las garantías mínimas de fidelidad y control. Ello habría facilitado la obstaculización del desarrollo electoral por parte del proveedor privado. Asimismo, precisa que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de ONPE, habría permitido que “el sistema tecnológico sufriera un colapso sistémico reportado en locales de votación, donde la falta de reconocimiento de códigos y fallas en la verificación biométrica impidieron el inicio de la jornada electoral”.  Asimismo, la denuncia penal incluye aRicardo Javier Saavedra Mávila, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE. De igual manera, contra Juan Charles Alvarado Pfuyo,  en su condición de representante legal de la empresa GALAGA S.A.C. El procurador del JNE, en declaraciones a RPP, puntualizó que el JNE considera que ha habido una serie de irregularidades que deben investigarse a nivel fiscal para que se determine la responsabilidad en estos hechos.  «Una vez que se abra la investigación, se va a realizar una serie de diligencias y se va a poder determinar si hay otras personas que estarían involucradas justamente estos hechos», aseveró.

Las Elecciones Generales de este 12 de abril marcan el fin de una etapa para varios partidos políticos que integran actualmente el Congreso de la República y de otros que pretendían tener representantes en la cámara de diputados y senadores. De acuerdo a las estimaciones de las encuestadoras Ipsos Perú y Datum Internacional, Alianza Para el Progreso (APP), cuyo líder es César Acuña, no pasaría la valla electoral. Otros partidos que actualmente tienen poder desde el Parlamento y que no tendrían un solo congresista son Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón, así como Avanza País, que llevó como candidato al parlamentario José Williams, recordado por percibir actualmente un doble sueldo del Estado. Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez y con una importante bancada en el actual Congreso, tampoco tendría representantes a partir del 26 de julio próximo, fecha en que tomaran juramento los nuevos parlamentarios. Somos Perú, que llegó al poder con José Jerí, tampoco pasará la valla electoral. El APRA, a su vez, seguirá relegado y lejos del poder, al igual que Perú Primero, que postuló a la presidencia a Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra.