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La Municipalidad de Zarumilla, en Tumbes, distribuyó entre los años 2023 y 2024 caballa enlatada malograda a beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), lo que generó una grave exposición a daños en la salud de la población que lo recibió. A través del Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 034-2025-2-0476-AC, la Contraloría General de la República advirtió que la caballa distribuida no pasó el análisis al detectarse propiedades tóxicas y resistentes al calor que impiden se eliminen al cocinarse y que aparecen por la mala conservación del pescado. Ante esto, la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Agricultura (Sanipes) prohibió su distribución, comercialización, consumo y eliminación, hecho que informado a la Subgerencia de Programas Sociales de la entidad. Además, el Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad de Zarumilla también alertó y comunicó oportunamente este hecho a la entidad. Contrariamente a lo dispuesto por Sanipes y sin ser competencia de la municipalidad, la mencionada subgerencia realizó otro muestreo y obtuvo un resultado distinto a la inicial, por lo que terminó entregando la conserva a 3990 beneficiarios de 90 comedores populares de Zarumilla. Según la Contraloría, las bases, requerimiento y contrato incluían una penalidad. Pero se tramitó la conformidad de las últimas entregas, cuando el producto ya había sido declarado como no inocuo, lo que permitió el pago total al proveedor, sin descuentos o devoluciones para reposición, lo que significó un perjuicio económico de S/ 124 mil. Además, se identificó que funcionarios de la Municipalidad de Zarumilla otorgaron la conformidad en las cinco entregas pese a que el proveedor presentó certificados de calidad que no estaban vigentes; incluso, de productos distintos al que recibieron, o no brindó los certificados sanitarios requeridos en las bases. Adicionalmente, no se aplicó la penalidad por retraso injustificado en la cuarta entrega generando un perjuicio económico de S/ 14 mil. A su vez, la comisión auditora evidenció que en el año 2023 los comedores populares de la provincia de Zarumilla no contaron con alimentos por más de cinco meses. Esta situación se dio porque el subgerente de Programas Sociales elaboró el requerimiento al margen de la norma y a la falta de celeridad de las áreas competentes durante las dos convocatorias, pese a conocerse el desabastecimiento de los comedores populares.