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Alcalde de Sullana anuncia su renuncia al cargo en vivo y luego se retracta

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca, anunció su renuncia al cargo debido a que aseguró que no soporta tanta presión y críticas a su gestión, además de que la población no lo apoya. «Muy lastimosamente, se están metiendo con mi familia, y dentro de unos momentos voy a conversar con mis abogados, porque voy a renunciar. Tengo que hacerlo porque mi familia tiene que estar tranquila. La población no me apoya, me critica, [dicen que] soy un delincuente», afirmó en vivo a través de la radio Stereo M de Sullana. Mogollón dijo haberse sentido maltratado con tanta crítica en estos tres años, al punto de que incluso sus hijos han sido rechazados en sus centros laborales debido que aseguran que «su padre es un delincuente». Sin embargo, el mismo día, el alcalde de Sullana se retractó en su decisión, pues aseguró que se trató de un impulso por cólera e impotencia. Aclaró que sí es consciente de que el cargo de alcalde es irrenunciable por ley. «Con toda certeza, no voy a renunciar. Ha sido un momento de ira, de impotencia. Conozco la ley y no se puede renunciar», declaró en entrevista con TV Perú Noticias – Edición Norte. Mogollón consideró que las críticas se acentuaron luego de que decidiera despedir a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana por el desfalco que sufrieron a manos de ciberdelincuentes. Recordó que desde hace varios meses viene recibiendo amenazas e incluso en mayo fue víctima de un atentado armado.

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Falsificación de documentos y tráfico ilegal de terrenos en Amazonas

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque allanó tres inmuebles en Amazonas como parte de una investigación por una presunta organización criminal denominada ‘Los Remanentes de la Resurrección Norteña’, dedicada a la falsificación de documentos notariales y tráfico ilegal de terrenos. Como parte de la diligencia fiscal, se ejecutó órdenes de detención preliminar judicial, registro domiciliario e incautación contra tres investigados: el exnotario de Bagua Luis Tuesta; el exdirector del Archivo Regional de Amazonas Jorge Goicochea, y Julio César Larios. Según la investigación, Tuesta habría elaborado documentación falsa —la Escritura Pública N° 804 y la Minuta N° 569, fechadas en diciembre de 1990— por encargo de Frank Guevara, quien a su vez recibió el pago de 15 mil soles de Carlos Vásquez. Dichos documentos acreditarían una supuesta venta del predio ‘Pampas de Pimentel’, en Amazonas, con el supuesto fin de aparentar una transacción legal. Asimismo, se le atribuye a Tuesta haber actuado presuntamente en complicidad con Goicochea Gallardo, quien, aprovechando su cargo como director del Archivo Regional de Amazonas, habría insertado los documentos falsificados en los archivos notariales que estaban bajo su custodia, provenientes del fallecido notario Oscar Tuesta.  Esta acción permitió darle apariencia de legalidad a la operación criminal, facilitando la futura venta del terreno, rebautizado como ‘Mar de Galilea’. Por su parte, Larios es sindicado como presunto responsable de gestionar la conformación de una asociación pro vivienda en el primer semestre de 2021, con el fin de promover la venta de lotes en el predio ubicado en el sector Chacupe Bajo, en el distrito chiclayano de La Victoria. 

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Alianza Lima deberá pagar multa de S/ 2.4 millones por el ‘Apagón’ de Matute en 2023

El ‘Apagón’ en el estadio de Matute en 2023 le costará a Alianza Lima S/ 2 407 500. En segunda y última instancia administrativa, el Indecopi multó con 450 UIT al club blanquiazul por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación del campo y las tribunas del estadio Alejandro Villanueva durante la final de la Liga 1, exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes. Según Indecopi, el apagado de los reflectores el 8 de noviembre de 2023 incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio; así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que obliga a los clubes cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes. Ese día, Alianza Lima perdió la final de la liga peruana frente a su clásico rival, Universitario de Deportes, en un evento conocido como el ‘Matutazo’, que llevó a la dirigencia del club de La Victoria, encabezados por ‘Tito’ Ordóñez, disponer el apagado de la iluminación, a fin de que el público asistente no viera a la ‘U’ dar la vuelta como campeón. Indecopi determinó que el ‘Apagón’ se dispuso sin coordinar con las autoridades presentes, como la Policía Nacional, la Fiscalía y representantes de la FPF, quienes incluso solicitaron restablecer la luz, a lo que Alianza Lima se negó. Este accionar generó una oscuridad generalizada que expuso a los asistentes a condiciones de inseguridad, favoreciendo hechos como el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión del campo de juego. Como medida correctiva, se ordenó que el club Alianza Lima capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada, y adopte mecanismos internos de control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos. Indecopi deberá emitir un nuevo pronunciamiento respecto al encendido y lanzamiento de bengalas al estadio, lo que podría derivar en una multa adicional a la ya impuesta.

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El 80% de llamadas telefónicas a la Compañía de Bomberos de Piura son falsas

El 116 es el número telefónico para emergencias; sin embargo, al menos el 80% de las llamadas que recibe la Compañía de Bomberos N° 25 de Piura, a través de ese número, son falsas, ya que se trata de bromas, engaños y hasta insultos. El brigadier Hugo Chuyes Sánchez, jefe de dicha compañía de bomberos, lamentó esta situación, ya que no solo implica una pérdida de tiempo, sino también de recursos que pueden ser destinados a atender emergencias de verdad. «Hay malos ciudadanos que usan el 116 para llamar a engañarnos de que hay un incendio, molestarnos. Es gente inmadura», dijo Chuyes en declaraciones a TV Perú Noticias. Agregó que incluso reciben llamadas desde el penal de Piura que tienen por finalidad la amenaza y la extorsión. Otro de los problemas que enfrentan los bomberos de Piura son las carencias logísticas. Por ejemplo, en la compañía hay dos vehículos inoperativos desde hace varios años y tienen equipos deteriorados que a la fecha no son reparados por falta de presupuesto. Esta situación se replica en las compañías de bomberos de Catacaos, Paita y Santa Rosa (Veintiséis de Octubre). Aun así, en lo que va del año 2025, los bomberos de Piura han atendido cerca de 300 emergencias de diversa índole.

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INPE retorna al expresidente Martín Vizcarra de Ancón al penal de Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado nuevamente, ahora desde el penal de Ancón al penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, según una nueva resolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Mediante dicha disposición, el INPE modificó la directiva denominada «Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados  en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional», del 10 de julio del 2023. «En virtud de esta modificatoria, se está trasladando al expresidente Martín Vizcarra Cornejo al E.P. Barbadillo. Cabe precisar que este traslado no corresponde a una nueva reclasificación, sino al cumplimiento de una nueva normatividad», indicó el INPE. El retorno de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo fue anunciado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien durante una conferencia huyó de la prensa para evitar responder por el allanamiento a su oficina particular. El exmandatario y exgobernador regional de Moquegua ingresó a las 11.41 horas al establecimiento penal en Ate, tras haber estado recluido en el penal Ancón  II desde el último viernes. Martín Vizcarra fue detenido el pasado 13 de agosto, luego de que el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictara una orden de cinco meses de prisión preventiva en su contra. Fue clasificado inicialmente por el INPE para cumplir la prisión preventiva en el penal de Barbadillo, donde permaneció hasta el 22 de agosto, fecha en que fue trasladado al penal Ancón II, luego que el INPE anulara la primera clasificación y lo reclasificó para ser recluido en un penal común. 

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Ministro Santiváñez huye de la prensa tras allanamiento fiscal de su oficina

Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, en San Borja, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) también allanó una de las oficinas de Juan José Santiváñez, exministro del Interior y hoy en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Luego de este allanamiento fiscal, Santiváñez ofreció una conferencia de prensa, que ya estaba programada, en la que solo se refirió al traslado del expresidente Martín Vizcarra de establecimiento penitenciario. Sin embargo, ante las preguntas de la prensa, el ministro salió corriendo y no respondió ninguna interrogante. Según la investigación fiscal en su contra, desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan José Santiváñez instaló una organización criminal en el Estado con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos. La investigación también involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ya que él asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los involucrados. De la imputación fiscal se desprende que Juan José Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para negociar las influencias que ejercía desde el Ministerio del Interior. El primer hecho que se le atribuye es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho. El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones. El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones. El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio de Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.

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Juez ordena a la policía brasileña reforzar vigilancia a Jair Bolsonaro ante posible fuga

El juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía brasileña que refuerce la vigilancia en la vivienda de Jair Bolsonaro a fin de evitar una fuga. El expresidente ultraderechista cumple prisión domiciliaria en Brasilia, mientras termina el juicio en el que puede ser condenado a cadena perpetua por intentar un golpe de Estado contra Lula Da Silva en enero de 2023. La orden del juez es que Bolsonaro sea vigilado las 24 horas del día, ya que la semana pasada la Policía Federal reveló que había localizado en su teléfono móvil un borrador de petición de asilo dirigido al presidente de Argentina, el también ultra Javier Milei. Los abogados defensores de Bolsonaro argumentaron, cuando el juez les pidió explicaciones, que el documento, que no estaba fechado ni firmado, era una propuesta que alguien le hizo al líder de extrema derecha, no reflejo de un plan concreto. En las fechas en las que el texto fue retocado por última vez, Bolsonaro se refugió dos noches en la legación de Hungría, que tiene también un gobierno aliado. El próximo 2 de septiembre, el Tribunal Supremo celebrará la primera de las cinco sesiones convocadas para que los cinco jueces de la sala primera deliberen y dicten sentencia para Jair Bolsonaro y los militares que, según la Fiscalía, tramaron con él una conspiración golpista, con planes de magnicidio, para no entregar el poder al legítimo vencedor de los comicios, Lula Da Silva. Las otras sesiones están previstas para los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre. Justo en medio, Brasil celebrará el aniversario de su independencia, una efeméride que Bolsonaro y los suyos han aprovechado para movilizarse en las calles.

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Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte por presunto favorecimiento a empresa minera

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja. Al hermano de la presidenta Dina Boluarte se le investiga por un presunto favorecimiento a una empresa minera, aprovechando sus contactos en el gobierno. Un equipo de cinco fiscales, liderados por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe, con el apoyo de personal policial, ingresó al inmueble ubicado en el segundo piso de un condominio. El allanamiento incluyó un total de 13 inmuebles en la ciudad de Lima y uno en Ayacucho, entre ellos oficinas públicas y propiedades de colaboradores cercanos a Nicanor Boluarte. Los fiscales precisaron que esta diligencia no está vinculada al caso ‘Los Waykis en la sombra’, sino al caso ‘Ícaro’, en el cual el hermano de la presidenta, el nuevamente ministro Juan José Santiváñez, el general PNP Máximo Ramírez y otras personas son investigadas por los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo. Según la investigación fiscal, el coronel PNP (r) Percy Tenorio habría recibido el apoyo de Santiváñez (cuando este era ministro del Interior) para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, en el gobierno de Manuel Merino. A cambio, Santiváñez, con el apoyo de Nicanor Boluarte, habría utilizado la oficina de Tenorio como un espacio para ocultar objetos personales y documentos frente a posibles allanamientos fiscales en su contra. La investigación también alcanza a la empresa minera El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II, en Ayacucho. Según el Ministerio Público, Percy Tenorio sostuvo reuniones en su oficina de San Isidro con el empresario Franco Parodi, representante de la compañía. En esos encuentros se habría planteado la ejecución de un operativo policial encubierto bajo la figura de una intervención ambiental, con el fin de recuperar la posesión de los terrenos. En ese contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60 mil para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100 mil adicionales para llevar a cabo el operativo en diciembre del mismo año. En total, el presunto soborno ascendería a USD 160 mil. Precisamente, se trata de la mina en la que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor, con el fin de presentar arraigo laboral y así evitar una eventual prisión preventiva.

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Osiptel ofrece 60 becas para especializarse en telecomunicaciones y gestión pública

¡Atención, jóvenes! El Programa de Extensión Universitaria (PEU) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) otorgará 60 becas integrales para especializarse en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública. El PEU Osiptel busca brindar conocimientos técnicos y prácticos en organización, regulación y supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones, y formar cuadros profesionales de alto potencial que contribuyan al desarrollo del sector. El programa está dirigido a estudiantes del último año o recién egresados de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería en sus diversas especialidades (telecomunicaciones, telecomunicaciones y electrónica, electrónica, sistemas, informática, software, redes y comunicaciones, información e industrial), de universidades licenciadas a nivel nacional. El 50 % de estas becas de Osiptel se distribuyen para los jóvenes provenientes de universidades de Lima y Callao, y el otro 50 % está dirigido a universidades de otras regiones del país. Los interesados podrán postular a través de dos modalidades: rendimiento académico destacado o examen de admisión. En la modalidad de rendimiento académico destacado, los postulantes deberán haber ocupado los primeros puestos en los tres últimos ciclos o semestres académicos consecutivos de su carrera universitaria. Podrán postular directamente a una de las seis becas de Osiptel reservadas para esta modalidad (dos por carrera). En la segunda modalidad, los postulantes competirán por una de las 54 becas restantes, rindiendo una prueba de conocimientos. Para inscribirse deben ingresar a la web oficial https://beca.osiptel.gob.pe. El cierre de inscripciones para la modalidad de rendimiento destacado será el 14 de setiembre y, para examen de admisión, el 28 de setiembre de 2025.

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Minería ilegal invade 9 regiones amazónicas y pone en riesgo a 73 comunidades nativas

El informe situacional 2025 de Conservación Amazónica confirma que la minería ilegal ha impactado negativamente en nueve regiones amazónicas del Perú, poniendo en riesgo a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas. En la Amazonía, Madre de Dios sigue siendo el epicentro de la devastación. Solo en el último año, la minería ilegal arrasó más de 11 500 hectáreas de bosque, gran parte dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El caso más alarmante vuelve a ser La Pampa, un territorio que en su momento fue símbolo de la lucha contra esta actividad ilícita, pero hoy aparece otra vez tomado por los mineros. Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para ACCA, precisó que para este año se ha contabilizado 1613 dragas operando, un 21 % más que en 2024. En 2021, los registros hablaban de apenas 148 dragas y unas 660 personas trabajando en la zona. Cuatro años después, el escenario cambió radicalmente. Más de 1600 dragas y alrededor de 6400 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro, multiplicando también así los impactos ambientales y sociales. El informe también revela escenarios críticos en Huánuco, Ucayali y Loreto, donde la minería ilegal avanza con la misma fuerza destructiva. En Huánuco, más de 1763 hectáreas fueron devastadas en solo un año, alcanzando incluso áreas de la Reserva Comunal El Sira y golpeando directamente a comunidades indígenas como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo. En Ucayali, ríos que hasta hace poco estaban libres de esta amenaza ya muestran huellas de la actividad ilegal. Más al norte, en Loreto, la situación alcanzó un récord preocupante. El río Nanay registró 42 dragas activas, comprometiendo la principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos, donde miles de familias dependen de ese caudal para sobrevivir. El informe de ACCA no solo pone la lupa sobre la expansión de la minería ilegal, sino también sobre los riesgos que implican las nuevas concesiones otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De las solicitudes presentadas en 2025, 187 se superponen con comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas indígenas.

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