En su sesión vespertina, el Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución legislativa que planteaba inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política. El pedido de sanción obtuvo 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, lejos de los dos tercios requeridos para sancionar a un fiscal supremo. Tras esta votación la propuesta quedó sin efecto y el expediente fue enviado al archivo. La solicitud de inhabilitación contra Delia Espinoza se originó del informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 (acumuladas), que atribuían a la extitular del Ministerio Público una presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. No obstante, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración de la votación, por lo que el tema podría volver a evaluarse. Las referidas denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia). Ello, a raíz de la Denuncia Constitucional 549 formulada por la exfiscal de la Nación contra 11 legisladores, por votar a favor del dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR, que reguló la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El informe fue sustentado por el congresista Jorge Montoya (HyD), quien argumentó que la exfiscal habría vulnerado la garantía de inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 93 de la Carta Magna. Según explicó, dicha disposición establece que los congresistas no responden ante autoridad alguna por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Defensa y debate Por su parte, la defensa de Delia Espinoza, representada por el abogado Rodolfo Pérez, rechazó los argumentos del informe y afirmó que la actuación de la exfiscal respondió al cumplimiento de sus funciones constitucionales. “La fiscal de la Nación es la única autoridad independiente que puede presentar denuncias constitucionales contra congresistas. Hacerlo no solo es legal, sino parte esencial del principio de separación de poderes”, señaló. Durante el debate, congresistas de diversas bancadas expusieron sus posiciones. Algunos legisladores defendieron la necesidad de proteger la inviolabilidad del voto parlamentario, mientras que otros cuestionaron la pertinencia de imponer una sanción de esta naturaleza. Luego de la votación, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, precisó que la Constitución exige al menos 68 votos (equivalentes a dos tercios de los miembros hábiles del Parlamento) para aprobar la inhabilitación de un fiscal supremo. Al no alcanzarse ese umbral, la propuesta fue remitida para su archivo.
