Opinión: La región Piura se desangra por ola criminal mientras su gobernador juega fútbol
El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, parece vivir una realidad distinta a la de la mayoría de ciudadanos del departamento que dirige, quienes a diario se estremecen con los sonidos de las balas y las noticias de ataques criminales. Ataques perpetrados por sicarios en Piura y Sullana han dejado siete víctimas mortales solo en los últimos cuatro días. Y en provincias como Paita y Talara, los robos y extorsiones no cesan. La gente vive con temor. Mientras esto ocurre, la autoridad regional sigue sin pronunciarse. Neyra, en su condición de gobernador, es además presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), grupo consultivo que debería ya haber cesionado de urgencia este fin de semana ante la grave crisis. Por el contrario a lo que se debería esperar de un líder, el gobernador no asume su rol y en la última semana solo se le ha visto jugando fútbol durante inauguraciones de polideportivos. En lo que va del año, se tiene registro de 142 homicidios en la región Piura, una cifra sin precedentes. Ninguna de las medidas propuestas por las autoridades han logrado devolverle la tranquilidad a la población. El gobernador de Piura conoce bien el problema, pero no ha sido capaz de liderar con éxito un equipo que logre frenar la ola criminal. Su entorno también ha sido blanco de la delincuencia. En noviembre del 2023, un hampón hizo estallar un explosivo en la camioneta de Francisco Neyra, hermano de la autoridad. Y en agosto de este año, Edson Caballero Marreros, uno de sus principales funcionarios regionales, fue atacado a balazos cuando ingresaba a un condominio. Luis Neyra tampoco se ha referido al atentado ocurrido el pasado 17 de noviembre, cuando la camioneta de su director regional de Salud, Yoel Julca Chamba, fue atacada a balazos por sicarios. Aquella mañana perdió la vidaDarwin Lázaro Valladolid, un sujeto con antecedentes penales, quien también estuvo armado. El funcionario dueño del vehículo solo atinó a decir que la camioneta había sido alquilada, aunque jamás mostró un contrato. Estos capítulos de terror llevan a la reflexión y merecen mayor atención por parte de la autoridad regional, quien -como es sabido- cuenta con el respaldo de congresistas y del Poder Ejecutivo, dirigido ahora también por un parlamentario.
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