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El ébola sigue propagándose en la República Democrática del Congo, donde el jueves se informaron los primeros casos de transmisión en la provincia de Kivu del Sur, mientras se dificulta la respuesta sanitaria en Ituri, epicentro de la epidemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia de salud pública internacional para afrontar la décimo séptima epidemia de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), un inmenso país de África central con más de 100 millones de habitantes asolado por conflictos. La OMS considera que el riesgo epidémico es alto a escala nacional y regional, y bajo a escala mundial. Se sospecha que el virus pudo haber causado ya 160 muertes de casi 671 casos probables, según indica el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, publicado el jueves. Hasta el momento, se han confirmado 64 casos de ébola y seis muertes vinculadas al virus en la RDC, según el INSP. La epidemia podría durar más de dos meses, según la OMS, y se ha propagado por la provincia de Kivu del Norte y su vecina Kivu del Sur, divididas por el enfrentamiento entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado antigubernamental M23, respaldado por Ruanda, que se ha apoderado de vastas zonas de territorio desde su resurgimiento en 2021. Tras un primer caso señalado en Goma, capital de Kivu del Norte, los resultados de los análisis «confirman un nuevo caso positivo» en el territorio de Kabare, situado en Kivu del Sur, afirmó el jueves el portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, en un comunicado. Una parte de esta provincia, incluida su capital, Bukavu, cayó en manos del M23 en febrero de 2025. Según el portavoz del M23, la persona contagiada procedía de Kisangani, capital de la provincia de Tshopo (este), donde hasta ahora no se ha registrado ningún caso. Por su parte, las autoridades congoleñas informaron de dos casos registrados en la provincia de Kivu del Sur, de los cuales uno es sospechoso y otro fue confirmado, en un comunicado difundido el jueves. Motín en hospital de Rwampara En la provincia de Ituri (noreste), foco de la epidemia, la respuesta tarda en organizarse. Mal conectada por carretera y asolada por la violencia de los grupos armados, Ituri es una de las provincias más inestables de la RDC, y cerca de un millón de desplazados están hacinados en campamentos. En el campo de desplazados de Kigonze, en las afueras de Bunia, la capital provincial, «no tenemos ningún dispositivo sanitario, ni siquiera un punto para lavarse las manos» para 16,000 desplazados, lamenta Désiré Grodya, responsable del lugar. «Estamos realmente hacinados (…) Si la epidemia estalla en el lugar, será catastrófico», advierte. El jueves estalló un breve motín en el hospital de Rwampara, uno de los focos de la epidemia, situado a una docena de kilómetros de Bunia. Unos jóvenes que «querían recuperar el cuerpo» de un paciente fallecido «entraron en el hospital y quemaron las dos carpas de aislamiento», contó a la AFP un responsable del hospital, agregando que un trabajador sanitario resultó herido antes de la intervención de las fuerzas del orden. Las carpas de aislamiento acababan de ser instaladas en el hospital de Rwampara, tras varios días de espera. La epidemia se produce en un momento en que las ONG se enfrentan a una disminución general de la ayuda internacional, en particular la de Estados Unidos desde el segundo mandato de Donald Trump, quien retiró a su país de la OMS. Ante la ausencia de vacuna y de un tratamiento homologado contra la cepa del virus responsable del actual brote, llamada Bundibugyo, las medidas para intentar frenar su propagación se basan en el respeto de las medidas de barrera sanitaria y en la detección rápida de los casos.

Ecuador militarizó el jueves una localidad portuaria considerada centro de envío de droga y de operaciones de mafias que extorsionan a pescadores en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles es parte de la política de mano dura contra el crimen que implementa el gobierno del presidente Daniel Noboa, la cual es criticada por organismos de derechos humanos por denuncias de abusos por parte de los agentes. En helicópteros y lanchas, unos 1,000 militares y 300 policías fueron distribuidos en Puerto Bolívar (suroeste) en medio de un toque de queda nocturno que rige en nueve provincias, incluida El Oro. Unas «1,600 casas van a ser allanadas en el transcurso de los siguientes tres días», dijo Loffredo en un video compartido por la cartera de Defensa. Agregó que «el objetivo de esta operación es controlar totalmente el territorio» y «recuperar Puerto Bolívar», un poblado donde opera una terminal portuaria del mismo nombre. Disputas criminales Puerto Bolívar es centro de disputa entre grupos criminales dedicados al envío de droga hacia Norteamérica y Europa. En esta convulsa zona se han reportado cuerpos decapitados, ataques armados y explosiones. «Aquí tenemos personas que están tratando de controlar el puerto para el envío de droga. Tenemos embarcaciones que salen también a extorsionar pescadores. Aquí hay una economía ilegal bien compleja», explicó Loffredo. A pesar de los frecuentes estados de excepción y toques de queda, la violencia en Ecuador no cesa. El país registró el año pasado el récord de 51 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según InSight Crime. Por Ecuador, estratégicamente posicionado en el Pacífico oriental, circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.

Decenas de miles de personas marcharon este martes en Argentina para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación superior, después de que el gobierno de Javier Milei anunciara nuevos ajustes al sector. Bajo la consigna «Milei, cumplí la ley», una multitud de estudiantes y docentes colmaron la Plaza de Mayo para exigir el financiamiento del sistema universitario. Portaban pancartas con inscripciones como «los brutos nos quieren brutos». La marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei en diciembre de 2023, tuvo lugar tras la publicación el lunes de una modificación del presupuesto con nuevos recortes en las áreas de educación y salud en aras de su política de equilibrio fiscal. «Estoy acá para defender la educación pública», dijo a la AFP Renata López, una estudiante de Letras de 18 años, frente a la casa de gobierno. Los universitarios reclamaron la aplicación de una ley que obliga al gobierno a garantizar fondos para el sistema universitario y actualizarlos por inflación. Esa legislación fue aprobada por el Congreso, pero Milei la vetó.  Posteriormente los parlamentarios ratificaron la norma, pero el gobierno consideró que va en contra de su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolverlo. Pérdida de poder adquisitivo Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos años los salarios han tenido una caída del 40% y cientos de profesores han renunciado. «Yo sufrí 30% de pérdida de mi poder adquisitivo», contó a la AFP Natalia, una empleada administrativa de la Universidad Nacional de Quilmes que prefirió no dar su apellido por temor a represalias. La facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) está en huelga desde hace tres meses. Autoridades de los hospitales universitarios denunciaron que se encuentran al borde del colapso. «La única ley que vamos a cumplir es la del presupuesto», sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el lunes a la prensa. «Hay una demanda genuina de salarios que nosotros podemos entender, pero por las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política», añadió.