Destacados

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa la apelación presentada por el Ministerio Público para que se imponga impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte, investigada por las intervenciones estéticas realizadas durante su gestión. El debate se realizó de forma virtual desde las nueve de la mañana y reunió tanto a la defensa legal de la exmandataria como a los representantes de la Fiscalía, quienes reiteraron que persiste un eventual riesgo de fuga. El proceso se retomó después de que un juez de primera instancia rechazara la solicitud fiscal al considerar que no existían elementos sólidos que justificaran la medida. Esa decisión fue cuestionada por el Ministerio Público, que insistió en los indicios relacionados con presuntos beneficios otorgados a funcionarios y la permanencia del hijo mayor de Boluarte en el extranjero, un factor que, según la Fiscalía, podría facilitar un eventual asilo. El cruce que marcó la sesión virtual Durante su intervención, Boluarte buscó explicar que sus viajes al exterior se dieron como parte de su labor oficial y rechazó las sospechas de una supuesta intención de abandonar el país. Sin embargo, mientras dirigía sus palabras, se produjo un momento que alteró el ritmo de la audiencia. La exmandataria se refirió al presidente de la sala como “señora jueza”, lo que motivó una inmediata corrección del magistrado Manuel Estuardo Luján. “No soy señora, soy señor. Por lo visto, no me está viendo”, afirmó el juez, luego de interrumpirla para precisar que la sesión se desarrollaba bajo su conducción. Boluarte ofreció disculpas y explicó que en su pantalla la imagen era reducida, aunque el magistrado le pidió mayor atención e indicó que los participantes deben mantener visibles a quienes dirigen la audiencia. La postura de la exmandataria frente al riesgo de fuga Tras el incidente, Boluarte retomó su exposición y aseguró que no tiene intención de viajar al exterior pese a que actualmente no enfrenta restricciones para hacerlo. Recordó que su domicilio es de conocimiento público y sostuvo que su permanencia en el país responde a su voluntad de enfrentar las investigaciones abiertas en su contra. Negó que la situación laboral de su hijo en el servicio diplomático guarde relación con un eventual pedido de asilo. La defensa de la exmandataria reiteró que su conducta en anteriores procesos ha sido constante y que no existe un elemento objetivo que demuestre que pretende eludir a la justicia. Su abogado afirmó que la Fiscalía “sobredimensiona” los hechos vinculados al viaje de su hijo y recalcó que no existe una gestión para solicitar protección internacional.

Desde Fiscalía informaron que los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El Ministerio Público informó este miércoles sobre la detención preliminar de tres personas como parte de diligencias en el marco del caso Qali Warma en las que también se allanó 13 inmuebles en las regiones La Libertad, Áncash y Lima. A través de la cuenta de X de la institución indicaron que las diligencias son ejecutadas por el noveno despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Se trata de Aníbal Morillo (60) y Jorge Luis Silva (47), quienes habrían utilizado un esquema de contactos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para facilitar, de forma irregular, apoyo a la empresa Frigoinca S.A.C., en permisos y fiscalizaciones sanitarias con el fin de obtener contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma. Desde Fiscalía también dieron cuenta de la captura de Luis Álvarez (37), exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, quien habría recibido sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos. Investigación Asimismo, señalaron que en esta investigación también está comprendido Óscar Acuña Peralta, quien de acuerdo con el Ministerio Público habría participado en el esquema de tráfico de influencias. La investigación sobre el caso Qali Warma se encuentra en etapa preparatoria (cuarta fase) y apunta a la existencia de una organización criminal enquistada en el Estado que manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos, entre ellas, Frigoinca. Según Fiscalía, ello habría perjudicado la salud de miles de escolares en varios departamentos del país. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, y un equipo de cinco fiscales adjuntos, quienes también incautaron equipos electrónicos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El allanamiento y detención se realizó en coordinación con personal policial de la División de Inteligencia de laDirección contra la Corrupción (Dircocor).

Stephany Vega Morón, asesora de alta dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y abogada de 32 años, se encuentra bajo la atención pública luego de que se conociera el considerable incremento de sus ingresos y propiedades a la par de su ascenso político. El programa dominical Panorama dio cuenta esta noche de que entre 2021, cuando empezó a trabajar en el Congreso, y 2025, cuando ingresó como asesora en la PCM, su salario de incremento de S/1.558 a S/16.000, además de la compra de un auto de alta gama y un departamento con pagos en efectivo. El reportaje señala su cercanía con el presidente José Jerí, con quien fue vista en un video durante una fiesta en el 2021, cuando regían restricciones por la pandemia de la Covid 19 y su ascenso en 2023 como asesora de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que era presidida por Jerí. A pesar de que se cuestiona la falta de experiencia de Vega para un crecimiento salarial tan exponencial, el punto más señalado es la adquisición de activos de alto valor en un corto periodo. En el 2023, la funcionaria compró un vehículo Audi, seguido por un BMW valorado en 60.000 soles adquirido en 2024. Además, junto a su pareja, Arturo Cervantes, compró un departamento y una cochera valorizados en 120.000 dólares. La asesora explicó que el departamento lo compró junto a su esposo, pagando cada uno el 50 % del total. Justificó el montó que le correspondió a partir de los ahorros de su vida, el retiro de 25.000 soles de su AFP y 20.000 dólares del prestamo familiar. Vega también tiene un emprendimiento, un bar en Miraflores cuyo alquiler es de hasta 6.000 dólares al mes. Al respecto, aclaró que, si bien lo fundó con dos socias menores de edad que luego transfirieron sus acciones.