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El Poder Ejecutivo inicia así el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar con la Policía Nacional las fronteras del país.  El Gobierno de José Jerí publicó este viernes el decreto supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna.  Según señaló el Poder Ejecutivo, esta medida servirá para reforzar la seguridad en la zona de frontera con Chile para evitar el ingreso de extranjeros sin documentación ni cumplir con los requisitos para ingresar al país. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó horas antes, en una conferencia de prensa, que acordaron con el Gobierno de Chile conformar un comité binacional para solucionar de la situación migratoria que se presenta en la frontera. El canciller remarcó que el Ejecutivo no permitirá la migración irregular de extranjeros en el Perú. “No tenemos las condiciones, ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades están colmadas, por lo que el país aplicará de manera estricta las leyes peruanas”, expresó. El estado de emergencia durará 60 días. Según el decreto supremo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos. «Las acciones de control y vigilancia se realizan en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las Cartillas de Seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de los países vecinos, según corresponda», se lee en el documento.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa la apelación presentada por el Ministerio Público para que se imponga impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte, investigada por las intervenciones estéticas realizadas durante su gestión. El debate se realizó de forma virtual desde las nueve de la mañana y reunió tanto a la defensa legal de la exmandataria como a los representantes de la Fiscalía, quienes reiteraron que persiste un eventual riesgo de fuga. El proceso se retomó después de que un juez de primera instancia rechazara la solicitud fiscal al considerar que no existían elementos sólidos que justificaran la medida. Esa decisión fue cuestionada por el Ministerio Público, que insistió en los indicios relacionados con presuntos beneficios otorgados a funcionarios y la permanencia del hijo mayor de Boluarte en el extranjero, un factor que, según la Fiscalía, podría facilitar un eventual asilo. El cruce que marcó la sesión virtual Durante su intervención, Boluarte buscó explicar que sus viajes al exterior se dieron como parte de su labor oficial y rechazó las sospechas de una supuesta intención de abandonar el país. Sin embargo, mientras dirigía sus palabras, se produjo un momento que alteró el ritmo de la audiencia. La exmandataria se refirió al presidente de la sala como “señora jueza”, lo que motivó una inmediata corrección del magistrado Manuel Estuardo Luján. “No soy señora, soy señor. Por lo visto, no me está viendo”, afirmó el juez, luego de interrumpirla para precisar que la sesión se desarrollaba bajo su conducción. Boluarte ofreció disculpas y explicó que en su pantalla la imagen era reducida, aunque el magistrado le pidió mayor atención e indicó que los participantes deben mantener visibles a quienes dirigen la audiencia. La postura de la exmandataria frente al riesgo de fuga Tras el incidente, Boluarte retomó su exposición y aseguró que no tiene intención de viajar al exterior pese a que actualmente no enfrenta restricciones para hacerlo. Recordó que su domicilio es de conocimiento público y sostuvo que su permanencia en el país responde a su voluntad de enfrentar las investigaciones abiertas en su contra. Negó que la situación laboral de su hijo en el servicio diplomático guarde relación con un eventual pedido de asilo. La defensa de la exmandataria reiteró que su conducta en anteriores procesos ha sido constante y que no existe un elemento objetivo que demuestre que pretende eludir a la justicia. Su abogado afirmó que la Fiscalía “sobredimensiona” los hechos vinculados al viaje de su hijo y recalcó que no existe una gestión para solicitar protección internacional.