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El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. La nueva ley, impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, fue respaldada con 92 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención. La reforma impedirá que los congresistas elegidos desde en 2026 puedan ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del propio parlamento, salvo en casos de flagrancia delictiva. Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen no puede ser observado por el Poder Ejecutivo, pero necesita de una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria para ser aprobado definitivamente. El texto acoge dos proyectos de ley de los congresistas Wilson Soto (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre). Durante el debate en el hemiciclo, Fernando Rospigliosi alegó que muchos países en el mundo tienen inmunidad parlamentaria. Inmunidad parlamentaria: ¿Cómo funciona? En Perú, los delitos comunes incluyen homicidio, robo, secuestro y tráfico de drogas. Según el dictamen aprobado, si un senador o diputado —elegidos con el nuevo Congreso bicameral— es denunciado por alguno de estos delitos, no podrá ser detenido sin previa autorización del parlamento, salvo que haya sido sorprendido en flagrancia. Si el parlamentario incurre en un delito en flagrancia, el Congreso contará con un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre el pedido de levantamiento de inmunidad. Si no lo hace en 30 días, se aplicará el “silencio positivo”, lo que facultará al Poder Judicial a actuar sin el aval legislativo. La norma excluye los delitos cometidos antes del inicio del mandato parlamentario, pero blinda a los legisladores durante su función y hasta 30 días después de dejar el cargo. Esta protección había sido eliminada en 2020 como parte de una serie de reformas promovidas en medio de una creciente presión ciudadana contra la impunidad política. La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) rechazó tajantemente la aprobación de la inmunidad parlamentaria. «Hay que recordar que la inmunidad fue concedida para asegurar el ejercicio independiente de su función, pero en el Perú esta figura ha sido usada para que los políticos no respondan por sus delitos», sostuvo. En esa misma línea, Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) señaló la iniciativa como un privilegio. «¿Por qué queremos añadir más privilegios y encima por delitos comunes? Si asesinan o violan, se supone que tienen que ir presos. O sea, si es congresista, ¿no lo podemos detener?», cuestionó durante el debate.