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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en una entrevista con la cadena estadounidense «NBC» que el país caribeño tendrá «elecciones libres y justas», pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de comicios presidenciales. «Absolutamente, sí», respondió Rodríguez al ser preguntada por la posibilidad de que haya elecciones tras la captura y detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Washington hace mes y medio. «Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia», apuntó Rodríguez, que añadió que el país debería quedar también «libre de sanciones» y del «acoso de la prensa internacional» para organizar esa votación. La entrevista a NBC es la primera que concede la mandataria a un medio estadounidense tras la detención de Maduro. La presidenta encargada aseguró también que «el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país», pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana. CooperaciónTras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha entregado el mando de la transición a la exvicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo. Sin embargo, al ser preguntada por la influencia de Washington en la política que se está dictando desde Caracas, Rodríguez habló de la importancia de «desarrollar trabajo conjunto» y dijo que agradece el «nivel de cooperación» de la Casa Blanca. La mandataria también aseguró que «sin duda alguna» Nicolás Maduro sigue siendo «el presidente legítimo de Venezuela» y defendió que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses. Rodríguez mencionó los informes de la ONU que apuntan que Venezuela «no es relevante» en el tráfico de drogas hacia EE. UU., al contrario de lo que ha asegurado la Administración Trump, que acusó a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles. A su vez, consideró que esta discrepancia entre Caracas y Washington a cuenta del rol que pudieron jugar Maduro y Flores en supuestas redes de narcotráfico «no es en absoluto difícil» gracias «a la diplomacia, el diálogo político y energético» que está teniendo lugar entre ambos países en las últimas semanas. Tras la captura de Maduro, ambas partes acordaron que EE. UU. comercializaría unos 50 millones de barriles de crudo del país caribeño y que enviaría los ingresos al Gobierno venezolano. El propio Chris Wright aseguró hoy que la facturación por estas ventas de crudo ya superan los 1,000 millones de dólares, y que la cifra podría quintuplicarse próximamente. Liberación de presosLa presidenta encargada de Venezuela aseguró que la liberación de presos que lleva acometiendo Caracas desde diciembre, y que se ha acelerado tras el derrocamiento de Maduro no es un tema que haya sido discutido con el Gobierno del presidente estadounidense. «Este es un tema que no ha estado en la agenda bilateral con los EE. UU. Ha sido una iniciativa de Venezuela desde diciembre de 2025», afirmó tajante Rodríguez. Al ser preguntada sobre si su Gobierno interino se compromete a liberar a «presos políticos detenidos injustamente», Rodríguez contestó que «absolutamente». La mandataria afirmó que ahora mismo se está dando «un proceso de profunda evaluación del sistema judicial», el cual defendió al asegurar que ha mantenido «la paz en Venezuela» «Ese sistema de justicia, con sus logros y sus fallas, protegió la paz de los venezolanos. Sin embargo, hay cosas que corregir. Y sin duda, las corregiremos», añadió. Rodríguez defendió también la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999 que está impulsando su Gobierno y cuyo debate definitivo el Parlamento, controlado por el chavismo, ha aplazado a la próxima semana. Según el Gobierno venezolano se han liberado más de 800 presos desde diciembre, unas excarcelaciones que se aceleraron con la caída de Maduro. Organizaciones civiles defienden que la cifra estaría en torno a la mitad de lo que dice el Gobierno interino de Rodríguez. Gran productor de crudo Delcy Rodríguez afirmó que su país quiere convertirse en un gran productor de crudo y, a su vez, negó que la nueva ley de hidrocarburos suponga un paso hacia la desnacionalización del sector petrolero. «Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas de petróleo a ser un gran productor, como Estados Unidos, que produce cerca de 30 millones de barriles diarios, e incluso como Arabia Saudí», aseguró Rodríguez en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC. «No, no es una medida para revertir la nacionalización, porque el petróleo y el carbón son propiedad del Estado venezolano. Venezuela está estableciendo nuevos modelos de gestión que le permiten gestionar la producción y la comercialización», dijo al ser preguntada sobre si la nueva ley de hidrocarburos supone admitir el fracaso de las estatalizaciones llevadas a cabo por el chavismo en las dos últimas décadas. Rodríguez añadió que la reciente norma, que abre de nuevo la puerta al sector privado y rebaja la carga fiscal para atraer inversiones, simplemente es una reforma de normativas previas. «Y la reformamos [la ley] para que los dividendos de la inversión tengan un mayor rendimiento», explicó. La presidenta interina aseguró también que los ingresos que Washington está transfiriendo ahora a Caracas por la comercialización de su crudo se destinarán a la reconstrucción del país y a ayudar al pueblo venezolano y destacó la creación de dos fondos soberanos para asegurar que esos recursos garanticen protección social e infraestructuras básicas a la ciudadanía. Con respecto a anteriores afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha asegurado que los Gobiernos chavistas robaron activos de petroleras estadounidenses durante las nacionalizaciones del sector, Rodríguez dijo que «hay mucha desinformación» al respecto y que su Gobierno está tratando de aclarar la situación. «Estamos en vías de revisar contratos y

Los maquinistas de trenes españoles iniciaron este lunes tres días de huelga en protesta por el deterioro de la infraestructura y la falta de financiación, a los que atribuyen los dos accidentes de tren que dejaron 47 muertos a mediados de enero. Como es costumbre en España, las autoridades impusieron a los trabajadores la obligación de mantener hasta el 75% de los trenes de corta distancia en horas punta y el 50% el resto del día. Aun así, en la estación madrileña de Atocha se vivieron momentos complicados sobre todo entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando millas de personas que intentaban desplazarse a los suburbios o llegar a la capital, se encontraron con demoras y falta de información. Los pasajeros abarrotaron los andenes hasta el punto que hubo que administrar el acceso a los mismos. Piquetes del sindicato CCOO repartían pasquines reclamando «comprensión y apoyo» a unos viajeros de sentimientos divididos entre la solidaridad y el malestar por empezar la semana con problemas. «Los accidentes recientes no son hechos aislados: son la consecuencia de decisiones que priorizan el recorte y la fragmentación del servicio frente a un ferrocarril público, seguro y bien gestionado», explicaba el pasquín del sindicato CCOO. «No he podido salir», lamentaba a la AFP Mari Carmen González, una usuaria de 58 años que intentaba ir de Madrid a Aranjuez. «No se han respetado los servicios mínimos, me parece vergonzoso». Victoria Bulgier, una profesora de inglés estadounidense en la treintena, que tenía que desplazarse a Getafe, al sur de Madrid, dijo entender «completamente» los motivos del paro. «Entiendo completamente las razones de la huelga. Lo comprendo perfectamente. No deberían trabajar en condiciones que les ponen en peligro», explicó Bulgier a la AFP.