La orden de prisión preventiva dictada este miércoles contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) hace que Perú tenga cuatro expresidentes presos, ya sea con condenas como por investigaciones en procesos judiciales por casos de corrupción. Vizcarra pasará a estar encarcelado como ya sucede con los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), mientras que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) continúa investigado y sin poder salir del país tras haber pasado tres años bajo arresto domiciliario. La Fiscalía pide para Martín Vizcarra una pena de 15 años de cárcel al haber recibido 2.3 millones de soles (611,000 dólares o 557,000 euros) en sobornos cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014). Según el Ministerio Público, parte del dinero pudo haberlo recibido el 2016, cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente de Perú durante el mandato presidencial de Kuczynski, al que sucedió el 2018 cuando iniciaron las investigaciones contra PPK (como se le llama al expresidente) y este fue destituido por el Congreso. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha anunciado todavía la cárcel a la que irá Vizcarra, aunque se especula que pueda ser Barbadillo, la cárcel de los expresidentes de Perú y en la que actualmente están recluidos Toledo, Humala y Castillo, y en la que también estuvo preso el difunto Alberto Fujimori (1990-2000). Perú: 4 expresidentes presos Tras un largo proceso de extradición desde Estados Unidos, Toledo fue condenado en primera instancia en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, al haber recibido sobornos por un valor de 35 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de varios tramos de la carretera Interoceánica. En la actualidad, Toledo, de 79 años, enfrenta desde prisión un segundo juicio por lavado de activos, en que la Fiscalía pide una pena de 16 años y 8 meses de cárcel, por supuestamente haber transferido parte de los sobornos de Odebrecht a la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, para adquirir millonarias propiedades inmobiliarias en Perú. En abril de este año, Humala fue condenado en una sentencia de primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales del 2006 y 2011, respectivamente. Previamente, el líder del Partido Nacionalista ya había pasado 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, ubicada dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde estuvo nueve meses entre el 2017 y 2018, tiempo en el que coincidió en la cárcel con Fujimori. Al mismo tiempo, Humala, de 63 años, tiene un nuevo pedido de la Fiscalía para que se le condene a 35 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en este caso debido a la supuesta licitación irregular del Gasoducto Sur Peruano, que ganó Odebrecht. A su vez, Castillo se encuentra en prisión preventiva desde finales del 2022, cuando el 7 de diciembre fue detenido minutos después de protagonizar un fallido golpe de Estado, al ver que el Congreso se aprestaba a tramitar una moción de vacancia (destitución presidencial) contra él tras aparecer indicios de corrupción en su gobierno.
