Ministerio Público

Falsificación de documentos y tráfico ilegal de terrenos en el GORE Lambayeque

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada allanó el Gobierno Regional de Lambayeque como parte de una investigación por una presunta organización criminal denominada ‘Los Remanentes de la Resurrección Norteña’, dedicada a la falsificación de documentos notariales y tráfico ilegal de terrenos. Como parte de la diligencia fiscal, se ejecutó órdenes de detención preliminar judicial, registro domiciliario e incautación contra varios investigados, entre ellos el exnotario de Bagua – Amazonas Luis Tuesta; el exdirector del Archivo Regional de Amazonas Jorge Goicochea, y Julio César Larios. Según la investigación, Tuesta habría elaborado documentación falsa —la Escritura Pública N° 804 y la Minuta N° 569, fechadas en diciembre de 1990— por encargo de Frank Guevara, quien a su vez recibió el pago de 15 mil soles de Carlos Vásquez. Dichos documentos hallados en el GORE Lambayeque acreditarían una supuesta venta del predio ‘Pampas de Pimentel’, con el supuesto fin de aparentar una transacción legal. Asimismo, se le atribuye a Tuesta haber actuado presuntamente en complicidad con Goicochea Gallardo, quien, aprovechando su cargo como director del Archivo Regional de Amazonas, habría insertado los documentos falsificados en los archivos notariales que estaban bajo su custodia, provenientes del fallecido notario Oscar Tuesta.  Esta acción permitió darle apariencia de legalidad a la operación criminal, facilitando la futura venta del terreno, rebautizado como ‘Mar de Galilea’. Por su parte, Larios es sindicado como presunto responsable de gestionar la conformación de una asociación pro vivienda en el primer semestre de 2021, con el fin de promover la venta de lotes en el predio ubicado en el sector Chacupe Bajo, en el distrito chiclayano de La Victoria. 

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Ministro Santiváñez huye de la prensa tras allanamiento fiscal de su oficina

Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, en San Borja, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) también allanó una de las oficinas de Juan José Santiváñez, exministro del Interior y hoy en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Luego de este allanamiento fiscal, Santiváñez ofreció una conferencia de prensa, que ya estaba programada, en la que solo se refirió al traslado del expresidente Martín Vizcarra de establecimiento penitenciario. Sin embargo, ante las preguntas de la prensa, el ministro salió corriendo y no respondió ninguna interrogante. Según la investigación fiscal en su contra, desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan José Santiváñez instaló una organización criminal en el Estado con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos. La investigación también involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ya que él asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los involucrados. De la imputación fiscal se desprende que Juan José Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para negociar las influencias que ejercía desde el Ministerio del Interior. El primer hecho que se le atribuye es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho. El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones. El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones. El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio de Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.

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Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte por presunto favorecimiento a empresa minera

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja. Al hermano de la presidenta Dina Boluarte se le investiga por un presunto favorecimiento a una empresa minera, aprovechando sus contactos en el gobierno. Un equipo de cinco fiscales, liderados por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe, con el apoyo de personal policial, ingresó al inmueble ubicado en el segundo piso de un condominio. El allanamiento incluyó un total de 13 inmuebles en la ciudad de Lima y uno en Ayacucho, entre ellos oficinas públicas y propiedades de colaboradores cercanos a Nicanor Boluarte. Los fiscales precisaron que esta diligencia no está vinculada al caso ‘Los Waykis en la sombra’, sino al caso ‘Ícaro’, en el cual el hermano de la presidenta, el nuevamente ministro Juan José Santiváñez, el general PNP Máximo Ramírez y otras personas son investigadas por los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo. Según la investigación fiscal, el coronel PNP (r) Percy Tenorio habría recibido el apoyo de Santiváñez (cuando este era ministro del Interior) para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, en el gobierno de Manuel Merino. A cambio, Santiváñez, con el apoyo de Nicanor Boluarte, habría utilizado la oficina de Tenorio como un espacio para ocultar objetos personales y documentos frente a posibles allanamientos fiscales en su contra. La investigación también alcanza a la empresa minera El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II, en Ayacucho. Según el Ministerio Público, Percy Tenorio sostuvo reuniones en su oficina de San Isidro con el empresario Franco Parodi, representante de la compañía. En esos encuentros se habría planteado la ejecución de un operativo policial encubierto bajo la figura de una intervención ambiental, con el fin de recuperar la posesión de los terrenos. En ese contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60 mil para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100 mil adicionales para llevar a cabo el operativo en diciembre del mismo año. En total, el presunto soborno ascendería a USD 160 mil. Precisamente, se trata de la mina en la que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor, con el fin de presentar arraigo laboral y así evitar una eventual prisión preventiva.

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Así operaba Gregorio Paico: El abogado condenado por tráfico de influencias en Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó una sentencia de 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad para el abogado Gregorio Paico Sernaqué (49), al encontrarlo responsable del delito de corrupción, en la modalidad de tráfico de influencias. La resolución judicial se logró a través de la conclusión anticipada, un mecanismo mediante el cual una persona investigada en sede fiscal reconoce el delito imputado y la pena requerida, con el objetivo de acelerar el proceso y acogerse a un beneficio en el plazo de la pena. La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero y del fiscal adjunto José Aurelio Jiménez Moscol. Ambos aportaron evidencias documentales, testimonios, recibos de pago y conversaciones de WhatsApp que corroboraron el comportamiento ilícito del abogado. Según la investigación fiscal, Gregorio Paico Sernaqué pidió 6000 soles a su patrocinado indicándole que esta suma de dinero sería entregada a una fiscal de Castilla, en P iura, para favorecerlo ilegalmente en un procedimiento en curso. Además, solicitó otros 500 soles adicionales con el fin de cubrir supuestos pagos a policías que se negaban a declarar. La investigación comenzó con un acta fiscal del 4 de diciembre de 2024, donde se registró la denuncia del patrocinado, quien reveló las exigencias de dinero hechas por el abogado piurano en el contexto del procedimiento llevado a cabo contra el presunto homicida de su hijo. Tras el juicio, como parte de la sentencia condenatoria, también se dispuso para Gregorio Paico la inhabilitación profesional por seis meses, junto con el pago de 8000 soles de reparación civil a favor del Estado y otros 2325 soles por días multa.

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Patricia Benavides se reincorpora como fiscal suprema gracias a la JNJ

Patricia Benavides acudió a la sede del Ministerio Público para retomar sus funciones como fiscal suprema tras una cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponerla en el cargo. Benavides fue citada a las 9:00 a.m. para participar de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos liderada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La exfiscal de la Nación, investigada por integrar la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’, llegó acompañada de su abogado Juan Peña y fue pifiada por manifestantes que se encontraban en el frontis del Ministerio Público, en la cuadra cinco de la avenida Abancay de Lima. En junio pasado, Benavides intentó tomar la Fiscalía y derrocar a Delia Espinoza, pero el Poder Judicial declaró fundada el pedido de Espinoza y suspendió a Benavides del cargo de fiscal suprema por 24 meses en el marco de las investigaciones por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por una presunta conducta delictiva reiterativa. Sin embargo, la Corte Suprema anuló la medida restrictiva debido a que la exfiscal de la Nación cuenta con una protección constitucional y la institución encargada de levantar ese fuero es el Congreso. El juez argumentó sustentó su decisión al recordar que en, en julio de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Parlamento rechazó la denuncia constitucional contra Benavides. La otra suspensión que pesaba sobre Benavides fue por el caso de su hermana Emma. La exfiscal de la Nación fue acusada de haber interferido en la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana por haber favorecido a personas procesadas por narcotráfico a cambio de sobornos. Sin embargo, la suspensión por este caso contra Patricia Benavides también fue revocada. Tras la reunión en la Junta de Fiscales Supremos, por mayoría se rechazó la propuesta para designar a Patricia Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ahora se deberá definir qué rol desempeñará la reincorporada fiscal suprema.

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Fiscal acusa a Humberto Abanto por arbitrajes corruptos a favor de Odebrecht

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó acusación contra el abogado Humberto Abanto por estar involucrado en una red de árbitros que, entre los años 2011 y 2015, favorecieron a la corrupta empresa Odebrecht a través de procesos de arbitraje en procesos de proyectos públicos. Según la investigación fiscal, esta modalidad fraudulenta habría sido replicada en 17 ocasiones. De esta manera, Humberto Abanto y otras 28 personas —entre abogados y exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)—, son señalados por actos de corrupción ligados a estas cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis. Tal como la mayoría, el ahora abogado de Patricia Benavides enfrenta cargos por formar parte de una organización criminal y aceptar sobornos. Al igual que él, la acusación por dichos delitos se extiende a Randol Edgard Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Fernando Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Ramiro Rivera Reyes, Daniel Martín Linares Prado, Jorge Arturo Mendoza Torres y Roger Arévalo Ramírez, señalados por participar activamente en la red delictiva. Otros imputados, además de atribuírseles los delitos mencionados, son señalados también por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada, el cual implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular para defraudar al Estado. Tal es el caso de Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y otros. Estos acusados enfrentan ahora el pedido fiscal de pena privativa de la libertad. Estos pedidos de cárcel varían entre los 9 y los 25 años, dependiendo de las acusaciones impuestas. La fiscalía ha presentado 55 pruebas contra el abogado Humberto Abanto. Algunas de las evidencias recopiladas hablan de montos cuantiosos de dinero que habrían sido entregados como soborno a favor del penalista. Una de estas pruebas es la Carta CINSA-V N.° 5724, del 30 de septiembre de 2022. El documento al que accedió La República detalla, según la Fiscalía, que Abanto recibió la suma neta de $78.500, pagada por la empresa Odebrecht. Desde la Fiscalía, se señala que el laudo arbitral por el que se generaron estos pagos se dio tras un proceso corrupto, de ahí su origen ilícito. Además, una carta emitida por el Banco de Crédito del Perú, enviada el 21 de marzo de 2023, indica que una serie de depósitos fueron realizados en la cuenta del abogado durante mayo y septiembre de 2013. La suma ingresada a las cuentas de Abanto en ese lapso asciende a 159.500 dólares.

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TC determina que la PNP realizará investigaciones preliminares y no la fiscalía

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) determinó que las investigaciones preliminares de un presunto delito estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y no del Ministerio Público. Con ello, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de La Libertad contra cuatro decretos legislativos que así lo establecían. En su solicitud, la fiscalía alegaba que el personal policial no está capacitado debidamente para investigar casos penales y, sobre todo, no cuenta con los recursos logísticos para conducir las investigaciones preliminares. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó en su sentencia que, “en la subetapa de la investigación preliminar, la PNP conduce las acciones operativas propiamente policiales, con la finalidad de reunir y asegurar los elementos de prueba e indicios que puedan servir para la aplicación de la ley penal, así como el desarrollo de las acciones de carácter logístico, técnico y criminalístico que sean necesarias”. También señala que “los informes y precalificaciones jurídicas que realice la Policía Nacional no condicionan al fiscal para un caso concreto y que, en la subetapa de la investigación preliminar, el Ministerio Público mantiene su rol de conducción jurídica desde un inicio a través de la disposición de la apertura de la investigación preliminar, así como con la vigilancia, orientación, supervigilancia y guía de la investigación policial”. Según el TC, el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, conforme con el artículo 159 inciso 4 de la Constitución, y que la investigación preparatoria del delito tiene dos subetapas: la investigación preliminar, a cargo de la Policía Nacional con la conducción jurídica del Ministerio Público; y la investigación preparatoria formalizada, de competencia del Ministerio Público con el auxilio operativo de la PNP. En su fallo, el Tribunal Constitucional exhorta al Ministerio Público y a la Policía Nacional a elaborar los protocolos de actuación interinstitucionales que implementen lo que prescribe el Código Procesal Penal y la presente sentencia, para articular una estrategia permanente, eficaz y eficiente en la persecución del delito.

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Fiscal de la Nación advierte que Ley de Amnistía para militares y policías es inconstitucional

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que la Ley de Amnistía a favor de militares y policías sentenciados por delitos de lesa humanidad es inviable constitucionalmente, además de incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Dicha Ley de Amnistía fue aprobada recientemente por el Congreso de la República, a propuesta del fujimorista Fernando Rospigliosi. La norma busca eximir de responsabilidad penal a los policías y militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones durante el periodo del conflicto armado interno. Al respecto, la fiscal de la Nación recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya competencia el Perú reconoce, ha solicitado no promulgarla debido al riesgo de impunidad que existe en casos de graves violaciones a los derechos humanos. «Esperamos que se tome conciencia de que esta ley simplemente lograría impunidad. No se puede dejar de perseguir a quienes, faltando a su deber de protección de la vida humana y la integridad, hayan vulnerado esos derechos», consideró Delia Espinoza en conferencia de prensa. Es importante precisar que en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró inválidas las leyes de amnistía para policías y militares en el caso Barrios Altos, y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos. Esta jurisprudencia sigue siendo vinculante y obligatoria para el Estado peruano.

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Patricia Benavides queda habilitada para volver como fiscal suprema gracias al PJ

Patricia Benavides Vargas quedó con el camino habilitado para volver como fiscal suprema. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) declaró improcedente la suspensión preventiva de derechos, por el plazo de 24 meses, que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había dictado en primera instancia como parte de una investigación penal en su contra. La decisión se sustentó en que el Congreso archivó la denuncia constitucional en su contra, impidiendo que proceda una medida cautelar sin autorización parlamentaria previa. Según Jorge Del Castillo, abogado de Patricia Benavides, corresponde ahora que el Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reponga a Patricia Benavides como fiscal suprema. Sin embargo, hasta el momento no hay resolución que establezca aquello. La suspensión que pesaba sobre Benavides se le impuso por presuntamente haber obstaculizado las labores del Equipo Especial de la Fiscalía encargado del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Los magistrados de la Sala Penal Permanente explicaron que Patricia Benavides, al ser investigada por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones, goza de la prerrogativa de acusación constitucional conforme al artículo 99 de la Constitución. Esta protección establece que solo el Congreso puede levantar tal inmunidad mediante una resolución acusatoria de contenido penal, autorización que no se obtuvo tras el archivo de la denuncia constitucional.

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Más de 600 condenas contra la trata de personas en todo el país en los últimos cinco años

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por las Naciones Unidas cada 30 de julio, el Ministerio Público informó que las fiscalías especializadas contra la trata de personas han logrado un total de 630 sentencias condenatorias en todo el país, desde el año 2020 hasta julio de 2025. La Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en delitos de Trata de Personas (Fistrap) precisó que el número de condenas logradas se ha incrementado progresivamente en los últimos cinco años y representa el 80% del total de sentencias obtenidas, lo que muestra una alta efectividad en las investigaciones fiscales. Así, desde el año 2022 hasta el primer semestre de 2025, los fiscales especializados lograron que se sentencie a 889 personas en todo el país por delitos vinculados a la trata de personas. En promedio, la duración de estos procesos penales, desde la etapa de formalización de la investigación hasta la sentencia, ha sido de 14 meses. La fiscal superior Berenice Romero, coordinadora nacional de las Fistrap, explicó que la mayoría de casos de trata de personas se registra en los distritos fiscales de Lima Centro y Lima Norte, ya que la capital del país es una ciudad de origen, tránsito y destino de las víctimas. Después de Lima, Piura es el distrito fiscal con más denuncias por trata de personas, con 218 casos ingresados en el año 2024, superando incluso a regiones como Puno (193), Madre de Dios (191), Arequipa (186) y Tumbes (172). De acuerdo con Romero, la mayoría de víctimas son captadas a través del ofrecimiento de un puesto de trabajo o de una suma de dinero, con fines principalmente de explotación sexual y laboral. Añadió que la trata de personas suele estar asociada a actividades ilícitas como la minería ilegal y a fenómenos como la migración.

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