Ministerio Público

Patricia Benavides se reincorpora como fiscal suprema gracias a la JNJ

Patricia Benavides acudió a la sede del Ministerio Público para retomar sus funciones como fiscal suprema tras una cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponerla en el cargo. Benavides fue citada a las 9:00 a.m. para participar de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos liderada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La exfiscal de la Nación, investigada por integrar la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’, llegó acompañada de su abogado Juan Peña y fue pifiada por manifestantes que se encontraban en el frontis del Ministerio Público, en la cuadra cinco de la avenida Abancay de Lima. En junio pasado, Benavides intentó tomar la Fiscalía y derrocar a Delia Espinoza, pero el Poder Judicial declaró fundada el pedido de Espinoza y suspendió a Benavides del cargo de fiscal suprema por 24 meses en el marco de las investigaciones por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por una presunta conducta delictiva reiterativa. Sin embargo, la Corte Suprema anuló la medida restrictiva debido a que la exfiscal de la Nación cuenta con una protección constitucional y la institución encargada de levantar ese fuero es el Congreso. El juez argumentó sustentó su decisión al recordar que en, en julio de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Parlamento rechazó la denuncia constitucional contra Benavides. La otra suspensión que pesaba sobre Benavides fue por el caso de su hermana Emma. La exfiscal de la Nación fue acusada de haber interferido en la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana por haber favorecido a personas procesadas por narcotráfico a cambio de sobornos. Sin embargo, la suspensión por este caso contra Patricia Benavides también fue revocada. Tras la reunión en la Junta de Fiscales Supremos, por mayoría se rechazó la propuesta para designar a Patricia Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ahora se deberá definir qué rol desempeñará la reincorporada fiscal suprema.

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Fiscal acusa a Humberto Abanto por arbitrajes corruptos a favor de Odebrecht

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó acusación contra el abogado Humberto Abanto por estar involucrado en una red de árbitros que, entre los años 2011 y 2015, favorecieron a la corrupta empresa Odebrecht a través de procesos de arbitraje en procesos de proyectos públicos. Según la investigación fiscal, esta modalidad fraudulenta habría sido replicada en 17 ocasiones. De esta manera, Humberto Abanto y otras 28 personas —entre abogados y exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)—, son señalados por actos de corrupción ligados a estas cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis. Tal como la mayoría, el ahora abogado de Patricia Benavides enfrenta cargos por formar parte de una organización criminal y aceptar sobornos. Al igual que él, la acusación por dichos delitos se extiende a Randol Edgard Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Fernando Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Ramiro Rivera Reyes, Daniel Martín Linares Prado, Jorge Arturo Mendoza Torres y Roger Arévalo Ramírez, señalados por participar activamente en la red delictiva. Otros imputados, además de atribuírseles los delitos mencionados, son señalados también por presuntamente haber cometido el delito de colusión agravada, el cual implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular para defraudar al Estado. Tal es el caso de Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry y otros. Estos acusados enfrentan ahora el pedido fiscal de pena privativa de la libertad. Estos pedidos de cárcel varían entre los 9 y los 25 años, dependiendo de las acusaciones impuestas. La fiscalía ha presentado 55 pruebas contra el abogado Humberto Abanto. Algunas de las evidencias recopiladas hablan de montos cuantiosos de dinero que habrían sido entregados como soborno a favor del penalista. Una de estas pruebas es la Carta CINSA-V N.° 5724, del 30 de septiembre de 2022. El documento al que accedió La República detalla, según la Fiscalía, que Abanto recibió la suma neta de $78.500, pagada por la empresa Odebrecht. Desde la Fiscalía, se señala que el laudo arbitral por el que se generaron estos pagos se dio tras un proceso corrupto, de ahí su origen ilícito. Además, una carta emitida por el Banco de Crédito del Perú, enviada el 21 de marzo de 2023, indica que una serie de depósitos fueron realizados en la cuenta del abogado durante mayo y septiembre de 2013. La suma ingresada a las cuentas de Abanto en ese lapso asciende a 159.500 dólares.

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TC determina que la PNP realizará investigaciones preliminares y no la fiscalía

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) determinó que las investigaciones preliminares de un presunto delito estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y no del Ministerio Público. Con ello, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de La Libertad contra cuatro decretos legislativos que así lo establecían. En su solicitud, la fiscalía alegaba que el personal policial no está capacitado debidamente para investigar casos penales y, sobre todo, no cuenta con los recursos logísticos para conducir las investigaciones preliminares. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó en su sentencia que, “en la subetapa de la investigación preliminar, la PNP conduce las acciones operativas propiamente policiales, con la finalidad de reunir y asegurar los elementos de prueba e indicios que puedan servir para la aplicación de la ley penal, así como el desarrollo de las acciones de carácter logístico, técnico y criminalístico que sean necesarias”. También señala que “los informes y precalificaciones jurídicas que realice la Policía Nacional no condicionan al fiscal para un caso concreto y que, en la subetapa de la investigación preliminar, el Ministerio Público mantiene su rol de conducción jurídica desde un inicio a través de la disposición de la apertura de la investigación preliminar, así como con la vigilancia, orientación, supervigilancia y guía de la investigación policial”. Según el TC, el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, conforme con el artículo 159 inciso 4 de la Constitución, y que la investigación preparatoria del delito tiene dos subetapas: la investigación preliminar, a cargo de la Policía Nacional con la conducción jurídica del Ministerio Público; y la investigación preparatoria formalizada, de competencia del Ministerio Público con el auxilio operativo de la PNP. En su fallo, el Tribunal Constitucional exhorta al Ministerio Público y a la Policía Nacional a elaborar los protocolos de actuación interinstitucionales que implementen lo que prescribe el Código Procesal Penal y la presente sentencia, para articular una estrategia permanente, eficaz y eficiente en la persecución del delito.

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Fiscal de la Nación advierte que Ley de Amnistía para militares y policías es inconstitucional

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que la Ley de Amnistía a favor de militares y policías sentenciados por delitos de lesa humanidad es inviable constitucionalmente, además de incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Dicha Ley de Amnistía fue aprobada recientemente por el Congreso de la República, a propuesta del fujimorista Fernando Rospigliosi. La norma busca eximir de responsabilidad penal a los policías y militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones durante el periodo del conflicto armado interno. Al respecto, la fiscal de la Nación recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya competencia el Perú reconoce, ha solicitado no promulgarla debido al riesgo de impunidad que existe en casos de graves violaciones a los derechos humanos. «Esperamos que se tome conciencia de que esta ley simplemente lograría impunidad. No se puede dejar de perseguir a quienes, faltando a su deber de protección de la vida humana y la integridad, hayan vulnerado esos derechos», consideró Delia Espinoza en conferencia de prensa. Es importante precisar que en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró inválidas las leyes de amnistía para policías y militares en el caso Barrios Altos, y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos. Esta jurisprudencia sigue siendo vinculante y obligatoria para el Estado peruano.

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Patricia Benavides queda habilitada para volver como fiscal suprema gracias al PJ

Patricia Benavides Vargas quedó con el camino habilitado para volver como fiscal suprema. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) declaró improcedente la suspensión preventiva de derechos, por el plazo de 24 meses, que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había dictado en primera instancia como parte de una investigación penal en su contra. La decisión se sustentó en que el Congreso archivó la denuncia constitucional en su contra, impidiendo que proceda una medida cautelar sin autorización parlamentaria previa. Según Jorge Del Castillo, abogado de Patricia Benavides, corresponde ahora que el Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reponga a Patricia Benavides como fiscal suprema. Sin embargo, hasta el momento no hay resolución que establezca aquello. La suspensión que pesaba sobre Benavides se le impuso por presuntamente haber obstaculizado las labores del Equipo Especial de la Fiscalía encargado del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Los magistrados de la Sala Penal Permanente explicaron que Patricia Benavides, al ser investigada por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones, goza de la prerrogativa de acusación constitucional conforme al artículo 99 de la Constitución. Esta protección establece que solo el Congreso puede levantar tal inmunidad mediante una resolución acusatoria de contenido penal, autorización que no se obtuvo tras el archivo de la denuncia constitucional.

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Más de 600 condenas contra la trata de personas en todo el país en los últimos cinco años

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por las Naciones Unidas cada 30 de julio, el Ministerio Público informó que las fiscalías especializadas contra la trata de personas han logrado un total de 630 sentencias condenatorias en todo el país, desde el año 2020 hasta julio de 2025. La Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en delitos de Trata de Personas (Fistrap) precisó que el número de condenas logradas se ha incrementado progresivamente en los últimos cinco años y representa el 80% del total de sentencias obtenidas, lo que muestra una alta efectividad en las investigaciones fiscales. Así, desde el año 2022 hasta el primer semestre de 2025, los fiscales especializados lograron que se sentencie a 889 personas en todo el país por delitos vinculados a la trata de personas. En promedio, la duración de estos procesos penales, desde la etapa de formalización de la investigación hasta la sentencia, ha sido de 14 meses. La fiscal superior Berenice Romero, coordinadora nacional de las Fistrap, explicó que la mayoría de casos de trata de personas se registra en los distritos fiscales de Lima Centro y Lima Norte, ya que la capital del país es una ciudad de origen, tránsito y destino de las víctimas. Después de Lima, Piura es el distrito fiscal con más denuncias por trata de personas, con 218 casos ingresados en el año 2024, superando incluso a regiones como Puno (193), Madre de Dios (191), Arequipa (186) y Tumbes (172). De acuerdo con Romero, la mayoría de víctimas son captadas a través del ofrecimiento de un puesto de trabajo o de una suma de dinero, con fines principalmente de explotación sexual y laboral. Añadió que la trata de personas suele estar asociada a actividades ilícitas como la minería ilegal y a fenómenos como la migración.

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Fiscalía incauta inmuebles vinculados a hijas de Jorge Barata por caso Odebrecht

La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima efectuó la incautación de cuatro inmuebles en el distrito limeño de San Isidro, vinculados a las hijas del corrupto empresario Jorge Barata, como parte de una diligencia judicial vinculada al caso Odebrecht. Los inmuebles, valorizados en 613 mil dólares, están registrados a nombre de Daniela y Gabriela Simões Barata, hijas de Jorge Simões Barata, ex directivo de la constructora brasileña Odebrecht, que durante años pagó coimas a políticos y altos funcionarios en el Perú. Según la investigación fiscal, se presume que las propiedades tendrían origen ilícito, por lo que fueron objeto de la medida de despojo legal a favor del Estado. La diligencia se realizó desde las 10:30 a.m. en el distrito limeño de San Isidro. Estas acciones se desarrollan como parte de las investigaciones del caso Lava Jato, en el que la Fiscalía busca recuperar bienes vinculados a actos de corrupción o lavado de activos mediante el mecanismo de extinción de dominio.

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Golpe al narcotráfico: Incautan más de 258 kilos de droga en el puerto de Paita

Nuevamente incautan droga en el puerto de Paita, Piura. Un trabajo conjunto entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Aduanas permitió el hallazgo e incautación de 211 paquetes tipo ladrillo con alcaloide de cocaína. El peso total fue de 258 kilos con 223 gramos. La operación antidrogas se llevó a cabo de madrugada en el Terminal Portuario Euroandinos de Paita, donde al interior del contenedor HLXU83257545G1, que tenía como destino final el Puerto de Valencia (España), se encontraron los paquetes acondicionados en ocho maletines de lona negra. El representante del Ministerio Público participó de la inspección, que fue posible gracias al manejo de fuentes humanas mediante la cual se obtuvo información precisa sobre el contenedor procedente de Colombia, cargado oficialmente con baterías fotovoltaicas, el cual habría sido contaminado con sustancias ilícitas bajo la modalidad conocida como “rip off”, es decir, ocultamiento de droga sin conocimiento del exportador formal. En febrero de este año, un total de 68 kilos con 875 gramos de droga fueron detectados en un contenedor que iba a ser enviado desde el puerto de Paita, en la región Piura. El cargamento de droga tenía como destino Bélgica, en Europa. Esa vez, con la presencia de fiscales y policías se encontró 64 paquetes tipo ladrillo, donde el reactivo determinó que contenían alcaloide de cocaína. Al efectuarse el pesado de la mercancía, se obtuvo 68.875 kilos de droga. El valor de este cargamento en el mercado negro internacional superaría los dos millones de dólares.

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JNJ investiga a la fiscal de la Nación por no reponer ilegalmente a Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, luego de que se negara a reponer ilegal e inconstitucionalmente a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. La denuncia fue presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, quien acusa supuestas inconductas funcionales, abuso de poder, usurpación de funciones, rehusamiento de actos funcionales y el uso indebido del personal del Ministerio Público. El oficio concluye que Espinoza tiene diez días hábiles para presentar sus descargos y los medios probatorios que considere pertinentes, mientras la miembro instructora María Teresa Cabrera Vega quedará a cargo del proceso de investigación preliminar. La acción de la JNJ se produce mientras el Congreso mantiene presión contra la fiscal de la Nación, con cuatro denuncias constitucionales que buscan su inhabilitación. Delia Espinoza rechazó cumplir con la reposición de Benavides al señalar que la resolución carecía de las firmas completas de los miembros de la JNJ. En paralelo, el Poder Judicial confirmó la suspensión de Benavides por dos años, dejando a Espinoza como fiscal titular. Durante esta semana, el Congreso avanzó con cuatro denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, todas orientadas a retirarla del cargo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la ha convocado repetidamente para responder principalmente a la acusación de Fernando Rospigliosi por presuntamente desobedecer la ley que atribuye a la Policía Nacional la conducción de investigaciones preliminares. Sin embargo, Espinoza no pudo acudir porque debía viajar a Italia para participar entre el 18 y 19 de julio del «Evento Anual Regional en memoria del juez Paolo Borsellino». Además, la bancada Renovación Popular la acusa de beneficiar al ex fiscal supremo Pablo Sánchez al archivar una investigación por los llamados “CNM Audios”, y ha solicitado una inhabilitación de hasta 10 años.

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Lima: Dictan seis meses de prisión preventiva a chofer que atropelló a ‘Furrey’

El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva para Pablo César Castillo Tiserán, chofer que atropelló al youtuber Antonio Crespo Galán, conocido como ‘Furrey’, el pasado 9 de julio en el distrito limeño de La Victoria. La medida fue dispuesta por el juez Max Ignacio Cirilo Diestra, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria – Tránsito y Seguridad Vial de la Corte Superior de Lima, quien declaró fundada en parte la solicitud del Ministerio Público. Inicialmente, la Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión preventiva, plazo que será apelado tras la decisión judicial. La medida restrictiva regirá hasta el 9 de enero del 2026. Castillo Tiserán, de 59 años, es investigado por el presunto delito de homicidio simple en grado de tentativa, luego de que impactara con su vehículo al creador de contenido, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Javier Prado, en San Isidro, con ventilación mecánica. El abogado de Crespo Galán informó durante la audiencia que el estado de salud de ‘Furrey’ se ha complicado debido a un daño grave en uno de sus pulmones y que las fracturas en la clavícula y el omóplato no pueden ser operadas hasta que su condición se estabilice. El caso ha generado gran atención en redes sociales bajo el hashtag #CasoFurrey, con miles de seguidores del youtuber exigiendo justicia mientras continúa la investigación del Ministerio Público.

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