Ministerio Público

La fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, sostuvo que su elección en el máximo cargo dentro del Ministerio Público está plenamente vigente y ha sido reafirmada de manera unánime por la Junta de Fiscales Supremos. No obstante, indicó que la decisión emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de imponer en ese cargo a Patricia Benavides afecta su legítima elección, por lo cual solicitó que se la convoque a una audiencia con todo el pleno de dicho colegiado para escuchar su posición.  «No es desacato, es la ley», señaló la fiscal de la Nación. A través de un pronunciamiento publicado en redes sociales, recordó que el pasado 16 de junio fue notificada del fallo que repone a Benavides Vargas. Al respecto, indicó recibió una resolución incompleta que no tenía la firma de todos los miembros del colegiado, «como lo manda expresamente la ley«.  En ese sentido, Delia Espinoza informó que hasta en tres oportunidades ha solicitado a la JNJ el video y el acta de la sesión donde conste la deliberación y votación de los miembros en aras de la transparencia que deben mostrar los funcionarios públicos. Asimismo, refirió que ha presentado una demanda de amparo por la decisión de la JNJ, a la cual calificó de inconstitucional.  La magistrada dio cuenta también que hoy recibió un oficio de la JNJ mediante el cual se le conminó a cumplir con la reposición de Benavides Vargas o de lo contrario recurrirían a la fuerza pública. Ante ello, indicó, se devolvió la documentación «recordando que lo requerido no está dentro de sus competencias y atribuciones». «El día de hoy también la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Junta Nacional de Justicia emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión de reponer a la señora Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Y al mismo tiempo la misma Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección», enfatizó. Mencionó que todo lo informado ha sido puesto de conocimiento al Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, a la presidencia del Poder Judicial, a la presidencia del Consejo de Ministros, el Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso de la República y a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. En consecuencia, la magistrada exhortó a todas las instituciones y autoridades no intervenir ni desinformar sobre este caso al advertir que la única vía de solución posible será respetando el ordenamiento jurídico, el estado constitucional y de derecho vigente.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) volvió a insistir en sacar ilegalmente de su cargo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Con ello, busca imponer por la fuerza a Patricia Benavides, con una resolución inconstitucional. La directora encargada de la oficina de procesos disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo envió un oficio en el que amenaza a la fiscal de la Nación con «usar la fuerza pública» si en el plazo de un día no repone y proclama a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, nada dice sobre los reiterados pedidos de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que la JNJ exhiba y notifique el acta de la sesión en la que se declaró la nulidad del procedimiento disciplinario de destitución seguido a Patricia Benavides con el voto y la firma de los siete miembros de la JNJ. Cabe recordar que, el pasado viernes 13 de junio, la JNJ emitió una resolución que busca reponer a Benavides como fiscal de la Nación, pero que es firmada únicamente por el presidente, Gino Ríos Patio, cuando lo que corresponde es que firmen todos los miembros del pleno de la JNJ, dando a conocer el sentido de sus votos y motivando (justificando) su decisión. Además, la audiencia de votación debió ser pública y debió contar con la asistencia de todos los miembros del pleno, a fin de lograr la unanimidad. Sin embargo, en la sesión faltó el magistrado Francisco Távara, quien posteriormente dio a conocer que su voto era en contra de reponer a Benavides. Por si eso fuera poco, la JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación, ya que esa es una atribución única y exclusivamente de la Junta de Fiscales Supremos, que corresponde al Ministerio Público. Y en caso quisiera reponerla como fiscal supremo, todavía hay en curso dos denuncias constitucionales pendientes contra Patricia Benavides, que deben ser resueltas para decidir su situación.