Poder Judicial

Ordenan 36 meses de impedimento de salida del país para Susana Villarán

El Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país durante 36 meses para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, procesada por el delito de agrupación ilícita y otros por los aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas. “Se va imponer el máximo establecido por ley, que son 36 meses; la petición del Ministerio Público es fundada y se impone por 36 meses (el impedimento de salida del país) contra Susana Villarán”, aseguró el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria. Asimismo, el magistrado dispuso que se oficie a la autoridad de Migraciones para que la medida sea cumplida en el marco del proceso penal que se seguirá a la exalcaldesa de Lima y solo para la etapa de juzgamiento de esta causa. El juez Chávez Tamariz argumentó que sobre Susana Villarán existe un nivel de “sospecha fuerte”, en la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo propio, autoría mediata en lavado de activos, entre otros, como se evidencia en el auto de enjuiciamiento. Asimismo argumentó que se cumple presupuesto de la pena imponible, dado que el auto de enjuiciamiento pide 29 años de prisión para Villarán, así como el principio de proporcionalidad en diferentes aspectos. “El impedimento de salida del país está regulado en el Código Penal con la finalidad de alcanzar la verdad, que es tema sustantivo y alcanza el pronunciamiento del Sistema Interamericano, es lo que la sociedad y la población exige en el marco de un proceso penal”, refirió. Dijo además que se justifica la necesidad de la medida, pues, es menos gravosa que una prisión preventiva.

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Excongresista de APP Freddy Díaz es condenado a 18 años de prisión por violador

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la condena por violación sexual para el excongresista Freddy Díaz Monago y elevó su pena de 13 años y cuatro meses a 18 años de cárcel. La decisión fue tomada tras revisar la apelación presentada por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que había solicitado una pena de 20 años. Díaz fue hallado culpable en agosto de 2024 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, luego de que se demostrara que abusó sexualmente de una trabajadora del Congreso que se encontraba incapacitada para resistirse debido al consumo de alcohol. En esa primera sentencia, el exparlamentario recibió 13 años y cuatro meses de prisión. El abogado de la víctima, José Ugaz, informó que el máximo tribunal consideró agravantes como la relación de subordinación laboral entre el excongresista y la agraviada, así como el estado de vulnerabilidad de la víctima. Además del incremento en la pena privativa de libertad, la reparación civil también fue modificada. Inicialmente fijada en S/ 352,197, fue aumentada a S/ 500,000, atendiendo al pedido formulado por la defensa de la víctima durante el proceso de apelación. Freddy Díaz fue expulsado del Congreso en 2022, tras el escándalo que generó la denuncia en su contra, ocurrida en una oficina parlamentaria. Desde entonces, diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han seguido de cerca el caso como un ejemplo de lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual cometidos desde el poder.

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Martín Vizcarra se libra de la prisión preventiva por caso ‘Lomas de Ilo’

El Poder Judicial declaró infundado el requerimiento de seis meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público para el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, en la investigación que se le sigue ante la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. «El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve declarar infundado el pedido de prisión preventiva solicitado contra Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito contra la administración publica en la modalidad de cohecho pasivo propio previsto en el Código Penal«, refirió el juez Víctor Alcócer. Asimismo, se le impuso medidas de comparecencia con restricciones y reglas de conducta por el plazo de seis meses. En tal sentido, Martín Vizcarra tendrá prohibido concurrir a determinados lugares, como por ejemplo embajadas de otros países. Además, se dispuso la prohibición de comunicarse con personas vinculadas o allegadas a representaciones diplomáticas. También, se estableció la obligatoriedad del control biométrico mensual y la justificación de actividades cada 30 días. Martín Vizcarra no podrá salir del país El juzgado le impuso a Vizcarra el impedido de salida del país por el plazo de seis meses, contados a partir del 5 de julio del presente año, plazo en el que no puede ausentarse del territorio nacional, sin previa autorización judicial. El fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, apeló la decisión judicial que declaró infundado el pedido de prisión preventiva por seis meses para Vizcarra Cornejo. El expresidente Martín Vizcarra es investigado por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua, obras que se licitaron cuando fue gobernador de dicha región (2011-2014). Es acusado de recibir coimas por 2.3 millones de soles para facilitar el otorgamiento de dichos proyectos a empresas del denominado Club de la Construcción, que era un grupo de empresas corruptas.

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Martín Vizcarra: Se inicia audiencia de prisión preventiva por caso ‘Lomas de Ilo’

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dio inicio a la audiencia de prisión preventiva contra el expresidente de la república Martín Vizcarra Cornejo, quien es procesado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio (autor), en agravio del Estado. El exmandatario llegó a la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en la avenida Tacna, pocos minutos después de las 5:00 de la tarde. En el lugar también se hicieron presentes manifestantes, lo que generó un atropellado ingreso de Vizcarra a dicha sede judicial. El día anterior, la audiencia tuvo que ser suspendida debido a la ausencia del expresidente, quien se conectó vía virtual porque se encontraba en la selva festejando el Día de San Juan. El fiscal especializado Germán Juárez Atoche, en representación del Ministerio Público, ha solicitado prisión preventiva en su contra por el plazo de seis meses como parte de la investigación que se le sigue por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua, obras que se licitaron cuando Vizcarra fue gobernador de dicha región (2011-2014). Martín Vizcarra es acusado de recibir coimas por 2.3 millones de soles para facilitar el otorgamiento de dichos proyectos a empresas del denominado Club de la Construcción, que era un grupo de empresas corruptas.

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Poder Judicial suspende a Patricia Benavides como fiscal por dos años

El Poder Judicial dispuso la suspensión temporal de Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por el plazo de 24 meses, debido a que es investigada penalmente por presuntos actos de corrupción. La medida fue dispuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ante el requerimiento del Ministerio Público, decisión judicial emitida en el marco de la investigación seguida a Patricia Benavides por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado. En la resolución judicial de suspensión se advierte que Benavides Vargas estaría vinculada a hechos graves que no han dejado de ser objeto de investigación y que habría intervenido en función de su cargo como fiscal de la Nación. Fundamenta, asimismo, que al haberse generado una sospecha suficiente resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales afectarían el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal. El Ministerio Público había solicitado la suspensión de derechos, modalidad de suspensión temporal en el cargo, por el plazo de 36 meses, para Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de cohecho.

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Pedro Pablo Kuczynski no podrá salir del país por los próximos 18 meses

El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la investigación que enfrenta por el delito de lavado activos. La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Margarita Salcedo Guevara, basó su decisión en que existe peligro latente de fuga, dada la gravedad de los hechos investigados y las altas penas que los tipos penales considera.  Salcedo señaló, además, que, al ser una investigación compleja, ello demanda tiempo, por lo que existe el riesgo que el investigado se aleje del país para evitar que se concluyan las diligencias ordenadas. Durante la audiencia de prisión preventiva, participó el abogado de PPK, Julio Midolo, quien manifestó que el expresidente no se estuvo presente en la audiencia para encontrarse con descanso médico.  Esta audiencia tenía realizarse recién el lunes, pero el Ministerio Público solicitó que se adelantara para el domingo, debido a que Pedro Pablo Kuczynski intentó viajar a Estados Unidos pero fue impedido de hacerlo debido a una alerta migratoria vigente.  El último sábado al borde de la medianoche, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue intervenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando intentaba salir del país.

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Dos años de prisión preventiva para Liliana Pizán, abogada de alias ‘Cuchillo’

El Poder Judicial (PJ) dictó una orden de 24 meses de prisión preventiva para la abogada Liliana Pizán Chirado, quien viene siendo investigada por los delitos de lavado de activos y organización criminal por su presunto estrecho vínculo con Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’. La medida fue dictada tras el requerimiento del Ministerio Público como parte de las investigaciones a una presunta organización criminal que operaba en la región La Libertad. De acuerdo con las investigación fiscal, Pizán Chirado estaría vinculada a alias «Cuchillo», señalado como líder de una organización criminal dedicada a la minería ilegal, extorsión y homicidios en Pataz (La Libertad). Previamente, se detuvo a la abogada y se le incautó 100,000 soles en efectivo. El nombre de Rodríguez Díaz cobró notoriedad tras la masacre ocurrida en marzo de este año, donde 13 mineros fueron asesinados en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz. Según las autoridades, la abogada Liliana Pizán habría colaborado con la organización en el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas, además de cumplir un rol clave en el soporte legal de los miembros del grupo criminal. La Fiscalía sostiene que habría usado su posición profesional para facilitar operaciones financieras encubiertas. Vale mencionar que alias »Cuchillo‘ estuvo prófugo desde el ataque en Pataz, que conmocionó al país por la brutalidad del crimen y el poder armado de la banda delincuencial. Las fuerzas del orden de Colombia lograron su captura, quienes ahora esperan órdenes para su posible extradición.

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Motociclistas presentan demanda judicial para anular uso obligatorio de chalecos

La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP) presentó una demanda de acción popular para dejar sin efecto el uso obligatorio de cascos certificados y chalecos retrorreflectantes con la placa del vehículo en la espalda. Esta exigencia empezó a regir en Lima y Callao y en junio se extenderá en el resto del país. El último viernes, la citada agrupación, a través de la defensa del abogado Alfonso Del Carpio Delgado, presentó la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 006-2025-MTC ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así, de acuerdo con el expediente 01193-2025-0-1801-SP-DC-01, se pudo conocer que como demandados figura el despacho presidencial de Dina Boluarte y los ministerios del Interior (Mininter) y de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderados por Carlos Malaver y César Sandoval, respectivamente. Los gremios de motociclistas se sintieron burlados y engañados por el Mininter y el MTC porque, después de diversas mesas de trabajo, no llegaron a ningún acuerdo para suspender la aplicación del uso obligatorio de cascos certificados y chalecos con placa. En un inicio, aceptaron que era una medida desfasada que no iba a servir para combatir la inseguridad ciudadana, pero después cambiaron de posición. Lo cierto es que los delincuentes van a seguir robando y matando con chalecos. No va a tener ningún efecto y se va a afectar a gente honrada”, afirmó David Montes, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope).

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9 meses de prisión preventiva para ‘El Italiano, presunto asesino de Paul Flores

El Poder Judicial dictó una orden de nueve meses de prisión preventiva para Pierre Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, quien es investigado por delito de homicidio calificado en agravio del canante Paul Flores García, asesinado el pasado 16 de marzo. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de San Juan de Lurigancho, Elmer Paulino Basilio, consideró que la medida dictada tiene el objetivo de evitar el peligro de fuga del denunciado y por la gravedad de la pena.  El magistrado determinó que la sanción para un caso de este tipo no será menor de 35 años. La orden de nueve prisión preventiva se ha dictaminado además porque Pierre Panduro Verástegui no cuenta con arraigo familiar, domiciliario ni laboral. Panduro Verástegui fue capturado el pasado 8 de mayo en Desaguadero, Puno, cuando intentaba regresar al país para ejecutar un nuevo homicidio. La captura se logró gracias a la información proporcionada por otro integrante de la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’, quien lo señaló como autor de los disparos contra el bus de la agrupación musical el pasado 16 de marzo. Pier Panduro, ‘El Italiano’, podría ser sentenciado a cadena perpetua (35 años de prisión) por la muerte de Paul Flores, según el requerimiento de la Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho. Panduro es considerado uno de los sicarios más peligrosos del país, ya que está vinculado hasta en cinco asesinatos, incluyendo los de José Miguel Jurado Carbajal, Miguel Ángel Salas Briones y Jonathan Malco Oré. Tras su detención, fue trasladado a la División Policial de Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

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En agosto inicia el juicio a César Reyes Peña por el desfalco en las maestrías de la UNP

El Juzgado Unipersonal Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios de Piura programó hasta el 22 de agosto el inicio del juicio oral en el proceso penal que se sigue a César Reyes Peña, exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), y otros exfuncionarios de dicha casa de estudios, por el presunto delito de peculado agravado. El juicio está vinculado al caso de las maestrías dictadas en Ecuador, en las que se incurrió en un presunto desfalco económico a la UNP por más de 2.5 millones de soles, y en el que se habrían visto favorecidos César Reyes Peña y compañía. El juicio fue programado después de las elecciones complementarias de la UNP, previstas para el 17 y 18 de junio lo que ha ocasionado dudas entre los docentes de la casa de estudios. «Aparenta ser una casualidad, pero no es así», indicó el catedrático Flavio Gutiérrez, quien cuestionó la fecha seleccionada para el comienzo del procedimiento. Por otro lado, José Ordinola Boyer exigió celeridad en este procedimiento legal. Fiscalía pide 10 años de prisión para César Reyes Peña Por este caso la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años y 8 meses de cárcel para César Reyes Peña. En cambio, para otros involucrados, como Glicerio Taype, Juan Moreano, Juan Cruz, Omar Vences y José Rodríguez, se solicita una sentencia de 9 años de prisión. Además, se pide una sentencia de 8 años de prisión para Bertha Temoche, Reucher Correa, Gaby Martínez, Patricia Valdiviezo y Cristina Carrión. Uno de los elementos esenciales en la denuncia es la declaración de una colaboradora eficaz, quien admitió haber otorgado dinero directamente a César Reyes Peña, derivados del pago de pensiones, asignaturas y otros gastos asociados a las maestrías en Ecuador. Asimismo, ya recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida por el mismo caso. “[…] En el caso de Promaina-Machala se cobraba examen de admisión, dos matrículas anuales de 120 dólares […], y pensiones de enseñanza (27 pensiones de 195 dólares cada una); en el caso de Promaina Loja (segunda promoción) eran 25 pensiones de 250 dólares cada una. La sustentación en ambos casos eran de 863.80 soles; algunos han pagado directo y otros a mí, los alumnos ecuatorianos que venían, me pagaban acá en dólares, Reyes me llamaba y pedía el dinero (…)”, confesó.

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