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INPE retorna al expresidente Martín Vizcarra de Ancón al penal de Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado nuevamente, ahora desde el penal de Ancón al penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, según una nueva resolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Mediante dicha disposición, el INPE modificó la directiva denominada «Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados  en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional», del 10 de julio del 2023. «En virtud de esta modificatoria, se está trasladando al expresidente Martín Vizcarra Cornejo al E.P. Barbadillo. Cabe precisar que este traslado no corresponde a una nueva reclasificación, sino al cumplimiento de una nueva normatividad», indicó el INPE. El retorno de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo fue anunciado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien durante una conferencia huyó de la prensa para evitar responder por el allanamiento a su oficina particular. El exmandatario y exgobernador regional de Moquegua ingresó a las 11.41 horas al establecimiento penal en Ate, tras haber estado recluido en el penal Ancón  II desde el último viernes. Martín Vizcarra fue detenido el pasado 13 de agosto, luego de que el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictara una orden de cinco meses de prisión preventiva en su contra. Fue clasificado inicialmente por el INPE para cumplir la prisión preventiva en el penal de Barbadillo, donde permaneció hasta el 22 de agosto, fecha en que fue trasladado al penal Ancón II, luego que el INPE anulara la primera clasificación y lo reclasificó para ser recluido en un penal común. 

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Ministro Santiváñez huye de la prensa tras allanamiento fiscal de su oficina

Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, en San Borja, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) también allanó una de las oficinas de Juan José Santiváñez, exministro del Interior y hoy en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Luego de este allanamiento fiscal, Santiváñez ofreció una conferencia de prensa, que ya estaba programada, en la que solo se refirió al traslado del expresidente Martín Vizcarra de establecimiento penitenciario. Sin embargo, ante las preguntas de la prensa, el ministro salió corriendo y no respondió ninguna interrogante. Según la investigación fiscal en su contra, desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan José Santiváñez instaló una organización criminal en el Estado con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos. La investigación también involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ya que él asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los involucrados. De la imputación fiscal se desprende que Juan José Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para negociar las influencias que ejercía desde el Ministerio del Interior. El primer hecho que se le atribuye es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho. El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones. El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones. El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio de Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.

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Juez ordena a la policía brasileña reforzar vigilancia a Jair Bolsonaro ante posible fuga

El juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía brasileña que refuerce la vigilancia en la vivienda de Jair Bolsonaro a fin de evitar una fuga. El expresidente ultraderechista cumple prisión domiciliaria en Brasilia, mientras termina el juicio en el que puede ser condenado a cadena perpetua por intentar un golpe de Estado contra Lula Da Silva en enero de 2023. La orden del juez es que Bolsonaro sea vigilado las 24 horas del día, ya que la semana pasada la Policía Federal reveló que había localizado en su teléfono móvil un borrador de petición de asilo dirigido al presidente de Argentina, el también ultra Javier Milei. Los abogados defensores de Bolsonaro argumentaron, cuando el juez les pidió explicaciones, que el documento, que no estaba fechado ni firmado, era una propuesta que alguien le hizo al líder de extrema derecha, no reflejo de un plan concreto. En las fechas en las que el texto fue retocado por última vez, Bolsonaro se refugió dos noches en la legación de Hungría, que tiene también un gobierno aliado. El próximo 2 de septiembre, el Tribunal Supremo celebrará la primera de las cinco sesiones convocadas para que los cinco jueces de la sala primera deliberen y dicten sentencia para Jair Bolsonaro y los militares que, según la Fiscalía, tramaron con él una conspiración golpista, con planes de magnicidio, para no entregar el poder al legítimo vencedor de los comicios, Lula Da Silva. Las otras sesiones están previstas para los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre. Justo en medio, Brasil celebrará el aniversario de su independencia, una efeméride que Bolsonaro y los suyos han aprovechado para movilizarse en las calles.

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Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte por presunto favorecimiento a empresa minera

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja. Al hermano de la presidenta Dina Boluarte se le investiga por un presunto favorecimiento a una empresa minera, aprovechando sus contactos en el gobierno. Un equipo de cinco fiscales, liderados por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe, con el apoyo de personal policial, ingresó al inmueble ubicado en el segundo piso de un condominio. El allanamiento incluyó un total de 13 inmuebles en la ciudad de Lima y uno en Ayacucho, entre ellos oficinas públicas y propiedades de colaboradores cercanos a Nicanor Boluarte. Los fiscales precisaron que esta diligencia no está vinculada al caso ‘Los Waykis en la sombra’, sino al caso ‘Ícaro’, en el cual el hermano de la presidenta, el nuevamente ministro Juan José Santiváñez, el general PNP Máximo Ramírez y otras personas son investigadas por los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo. Según la investigación fiscal, el coronel PNP (r) Percy Tenorio habría recibido el apoyo de Santiváñez (cuando este era ministro del Interior) para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, en el gobierno de Manuel Merino. A cambio, Santiváñez, con el apoyo de Nicanor Boluarte, habría utilizado la oficina de Tenorio como un espacio para ocultar objetos personales y documentos frente a posibles allanamientos fiscales en su contra. La investigación también alcanza a la empresa minera El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II, en Ayacucho. Según el Ministerio Público, Percy Tenorio sostuvo reuniones en su oficina de San Isidro con el empresario Franco Parodi, representante de la compañía. En esos encuentros se habría planteado la ejecución de un operativo policial encubierto bajo la figura de una intervención ambiental, con el fin de recuperar la posesión de los terrenos. En ese contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60 mil para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100 mil adicionales para llevar a cabo el operativo en diciembre del mismo año. En total, el presunto soborno ascendería a USD 160 mil. Precisamente, se trata de la mina en la que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor, con el fin de presentar arraigo laboral y así evitar una eventual prisión preventiva.

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El 80% de llamadas telefónicas a la Compañía de Bomberos de Piura son falsas

El 116 es el número telefónico para emergencias; sin embargo, al menos el 80% de las llamadas que recibe la Compañía de Bomberos N° 25 de Piura, a través de ese número, son falsas, ya que se trata de bromas, engaños y hasta insultos. El brigadier Hugo Chuyes Sánchez, jefe de dicha compañía de bomberos, lamentó esta situación, ya que no solo implica una pérdida de tiempo, sino también de recursos que pueden ser destinados a atender emergencias de verdad. «Hay malos ciudadanos que usan el 116 para llamar a engañarnos de que hay un incendio, molestarnos. Es gente inmadura», dijo Chuyes en declaraciones a TV Perú Noticias. Agregó que incluso reciben llamadas desde el penal de Piura que tienen por finalidad la amenaza y la extorsión. Otro de los problemas que enfrentan los bomberos de Piura son las carencias logísticas. Por ejemplo, en la compañía hay dos vehículos inoperativos desde hace varios años y tienen equipos deteriorados que a la fecha no son reparados por falta de presupuesto. Esta situación se replica en las compañías de bomberos de Catacaos, Paita y Santa Rosa (Veintiséis de Octubre). Aun así, en lo que va del año 2025, los bomberos de Piura han atendido cerca de 300 emergencias de diversa índole.

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Osiptel ofrece 60 becas para especializarse en telecomunicaciones y gestión pública

¡Atención, jóvenes! El Programa de Extensión Universitaria (PEU) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) otorgará 60 becas integrales para especializarse en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública. El PEU Osiptel busca brindar conocimientos técnicos y prácticos en organización, regulación y supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones, y formar cuadros profesionales de alto potencial que contribuyan al desarrollo del sector. El programa está dirigido a estudiantes del último año o recién egresados de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería en sus diversas especialidades (telecomunicaciones, telecomunicaciones y electrónica, electrónica, sistemas, informática, software, redes y comunicaciones, información e industrial), de universidades licenciadas a nivel nacional. El 50 % de estas becas de Osiptel se distribuyen para los jóvenes provenientes de universidades de Lima y Callao, y el otro 50 % está dirigido a universidades de otras regiones del país. Los interesados podrán postular a través de dos modalidades: rendimiento académico destacado o examen de admisión. En la modalidad de rendimiento académico destacado, los postulantes deberán haber ocupado los primeros puestos en los tres últimos ciclos o semestres académicos consecutivos de su carrera universitaria. Podrán postular directamente a una de las seis becas de Osiptel reservadas para esta modalidad (dos por carrera). En la segunda modalidad, los postulantes competirán por una de las 54 becas restantes, rindiendo una prueba de conocimientos. Para inscribirse deben ingresar a la web oficial https://beca.osiptel.gob.pe. El cierre de inscripciones para la modalidad de rendimiento destacado será el 14 de setiembre y, para examen de admisión, el 28 de setiembre de 2025.

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Minería ilegal invade 9 regiones amazónicas y pone en riesgo a 73 comunidades nativas

El informe situacional 2025 de Conservación Amazónica confirma que la minería ilegal ha impactado negativamente en nueve regiones amazónicas del Perú, poniendo en riesgo a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas. En la Amazonía, Madre de Dios sigue siendo el epicentro de la devastación. Solo en el último año, la minería ilegal arrasó más de 11 500 hectáreas de bosque, gran parte dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El caso más alarmante vuelve a ser La Pampa, un territorio que en su momento fue símbolo de la lucha contra esta actividad ilícita, pero hoy aparece otra vez tomado por los mineros. Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para ACCA, precisó que para este año se ha contabilizado 1613 dragas operando, un 21 % más que en 2024. En 2021, los registros hablaban de apenas 148 dragas y unas 660 personas trabajando en la zona. Cuatro años después, el escenario cambió radicalmente. Más de 1600 dragas y alrededor de 6400 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro, multiplicando también así los impactos ambientales y sociales. El informe también revela escenarios críticos en Huánuco, Ucayali y Loreto, donde la minería ilegal avanza con la misma fuerza destructiva. En Huánuco, más de 1763 hectáreas fueron devastadas en solo un año, alcanzando incluso áreas de la Reserva Comunal El Sira y golpeando directamente a comunidades indígenas como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo. En Ucayali, ríos que hasta hace poco estaban libres de esta amenaza ya muestran huellas de la actividad ilegal. Más al norte, en Loreto, la situación alcanzó un récord preocupante. El río Nanay registró 42 dragas activas, comprometiendo la principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos, donde miles de familias dependen de ese caudal para sobrevivir. El informe de ACCA no solo pone la lupa sobre la expansión de la minería ilegal, sino también sobre los riesgos que implican las nuevas concesiones otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De las solicitudes presentadas en 2025, 187 se superponen con comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas indígenas.

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Colombia: 34 militares secuestrados durante operación contra grupo armado

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que 34 militares están secuestrados en el área rural del municipio de El Retorno, en el amazónico departamento del Guaviare. El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que el secuestro ocurrió el último lunes, tras un enfrentamiento con un grupo armado que comanda el guerrillero Iván Mordisco. El choque del enfrentamiento produjo la captura de 10 integrantes del grupo armado, conocido como Estado Mayor Centro o EMC, entre ellos un menor de edad, y la muerte Willington Vanegas Leyva, Dumar, un alfil de Mordisco en la región. Fue entonces cuando personas de la comunidad cercaron e impidieron moverse a los 34 militares. No es la primera vez que las Fuerzas Militares denuncias que civiles secuestran a uniformados bajo la presión de las disidencias. En junio pasado, en el municipio de El Tambo, en el convulso departamento del Cauca, Colombia, 57 militares fueron secuestrados en medio de otro operativo contra el Estado Mayor Central. En ese momento, Sánchez calificó el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario. En los primeros meses de 2025, el departamento del Guaviare vivió un deterioro de la seguridad debido al conflicto entre la disidencia que lidera Mordisco y la que encabeza su antiguo subordinado, Calarcá Córdoba. Las dos facciones buscan controlar la zona con una violencia tal que, entre finales de mayo y junio, la Defensoría del Pueblo reportó que más de 10.000 personas quedaron confinadas en zonas rurales el norte del departamento. La tragedia alcanzó un punto crítico en julio, con el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar. Allí estaban los cuerpos de ocho líderes religiosos y sociales que habían desaparecido semanas antes, cuando participaban de una misión humanitaria. Fueron secuestrados y asesinadas, supuestamente, por el frente Armando Ríos, del ala de Mordisco. El presidente Gustavo Petro calificó el acto como una grave violación de derechos fundamentales, mientras la ONU y la Iglesia hicieron un llamado urgente para incrementar las medidas de protección a los líderes comunitarios.

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Tumbes: Alcalde fujimorista sentenciado por violencia familiar sigue en el cargo

El alcalde fujimorista de provincial de Zarumilla, en Tumbes, Christian Aguayo Infante, fue sentenciado a un año y cinco meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de violencia familiar. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no lo suspende del cargo, como corresponde por ley. El 30 de enero del año 2024, el Juzgado Penal Unipersonal de Zarumilla emitió en primera instancia la sentencia y dispuso que el alcalde lleve terapias psicológicas. En diciembre del mismo año, la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes confirmó la sentencia en segunda instancia. De inmediato, un ciudadano presentó una solicitud de suspensión, que, sin embargo, fue desestimada por el Concejo Municipal de Zarumilla. El 5 de febrero de 2025, se presentó un recurso de apelación contra el Acuerdo de Consejo N° 014-20025-MPZ que habría desaprobado el pedido. A través de oficios y cartas notariales enviadas al presidente del JNE, Roberto Burneo, se solicitó que «fije inmediatamente fecha y hora para la vista de la causa en audiencia pública del expediente jurisdiccional«. Por ello, el 30 de julio de este año el JNE respondió y le otorgó tres días hábiles al alcalde para remitir el acuerdo del consejo que resolvió el recurso de reconsideración presentado por el señor adherente y la constancia de Secretaría General o resolución de alcaldía que declara consentido el acuerdo. «Precisar que los pronunciamientos que emita el JNE serán notificados, conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica, (…) para la presentación de escritos u otros documentos, se encuentra disponible en Mesa de Partes Virtual», finaliza el documento. Los ciudadanos de Tumbes se encuentran a la espera de una pronta decisión.

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Ositran dice que la nueva pista del aeropuerto de Piura está en un 96% de avance

Las obras de mejoramiento del pavimento de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Iberico de Piura registran un 96 % de avance acumulado. Así lo dio a conocer el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Al respecto, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), responsable de los servicios de iluminación, efectuó con éxito las pruebas de aislamiento de los circuitos del sistema de ayudas luminosas instaladas por Aeropuertos del Perú (AdP), empresa concesionaria a cargo de las obras. Los ensayos, que contaron con la participación del Ositran, arrojaron resultados satisfactorios y se realizaron conforme a los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI – Doc. 9157). Estas pruebas en el aeropuerto de Piura constituyen un paso decisivo para garantizar la operación segura y eficiente del sistema de luces en pista y rodaje, lo que permitirá la apertura de vuelos nocturnos en el aeropuerto piurano. Con ello, se ampliarán las condiciones de operatividad y conectividad de la región. El Ositran, en el marco de su función supervisora, verifica el cumplimiento de los compromisos contractuales y la calidad técnica de las obras ejecutadas por el concesionario, asegurando que se desarrollen dentro de los plazos establecidos y con los estándares requeridos. De esta manera, el organismo regulador reafirma su compromiso con la transparencia y la vigilancia efectiva de las infraestructuras de transporte concesionadas, velando porque los usuarios cuenten con servicios seguros y de calidad.

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