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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas. Maduro apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional Aérea Stewart del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.  Se espera que el depuesto presidente sea trasladado en helicóptero a Manhattan, Nueva York, antes de ser llevado al Centro de Detención Metropolitano, que ha albergado a varias figuras clave en casos federales famosos, como Sean “Diddy” Combs y Sam Bankman-Fried. Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo. Procesamiento Antes de que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores bajaran del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart en Nueva York, las autoridades ya habían comenzado su procesamiento, afirmó John Miller, analista jefe de Cumplimiento de la Ley e Inteligencia de CNN, a Sara Sidner de CNN. Se tomarían los datos biométricos, huellas dactilares y fotografías de la pareja antes de que su información sea ingresada en el sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detalló. La pareja debe someterse a exámenes médicos, agregó Miller, antes de dirigirse al Centro de Detención Metropolitano, donde, según él, serán fichados nuevamente antes de la lectura de cargos, “que probablemente será el lunes”. Flores sigue sometiéndose a más exámenes médicos en un hangar, según un funcionario de la ley informado sobre la situación. En el Centro de Detención Metropolitano, Miller dice que ambos serán prisioneros bajo Medidas Administrativas Especiales, mantenidos bajo alta seguridad y posiblemente en aislamiento el uno del otro. “Sin duda será un cambio de vida para un hombre que vivía rodeado de lujos entre millones y millones de dólares de lo que el gobierno federal alega que eran ganancias ilícitas provenientes de cárteles de drogas… a un lugar que ha sido criticado durante mucho tiempo por ser una cárcel en condiciones deficientes que necesita reparaciones, mejores condiciones de salud, mejores instalaciones médicas y demás”, sostuvo Miller.

Un fuerte movimiento telúrico sacudió la Ciudad de México y el centro del país azteca con una magnitud de 6.5 en la escala de Ritcher, informó el Servicio Sismológico Nacional. Por ello, helicópteros de la policía capitalina mexicana ya recorren el centro de la Ciudad de México, en tanto hay reportes de corte de energía en varias colonias al norte de la capital azteca; según reporta el diario El Universal. Tras el evento sísmico, se suspendieron los servicios de transporte público, los cuales se han retomado en los últimos minutos; así como la reposición de energía eléctrica, según reportó Miryam Urzúa, secretaria de Gestión de Riesgos de México. Los turistas y devotos que se encontraban en la Basílica de la Virgen de Guadalupe poco a poco también reingresan para continuar las actividades y asistir a la misa que se celebra al interior. El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum. El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso al Palacio Nacional minutos después del temblor. La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de «daños graves» ni en Ciudad de México ni en Guerrero. Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km. El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,1 devastó una amplia zona de la Ciudad de México.

martes enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz, durante protestas contra el decreto del Gobierno que eliminó la subvención a los combustibles, una medida que elevó hasta en 162 % el precio del diésel. Pese a las protestas, el Ejecutivo defiende el decreto como una decisión clave para garantizar el abastecimiento y aliviar las finanzas del Estado. Las movilizaciones, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), derivaron en enfrentamientos en los accesos a la plaza Murillo, sede del Gobierno y del Legislativo, donde manifestantes detonaron dinamita y lanzaron petardos, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos. Los movilizados, entre los que también hay mineros estatales, trabajadores fabriles y maestros, marcharon nuevamente por el centro histórico de La Paz e intentaron entrar a la plaza por distintos accesos cerrados con vallas metálicas y custodiados por agentes antimotines. En una de las esquinas donde se encuentran el edificio de la Vicepresidencia y del Banco Central de Bolivia (BCB), unos mineros intentaron retirar por la fuerza una valla metálica y lanzaron petardos para hacer retroceder a los policías, quienes respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos. Algo similar pasó en otros accesos a la plaza Murillo, donde los manifestantes también detonaron dinamita y lanzaron petardos, aunque en esos otros lugares la Policía no usó agentes químicos. Con huelga de hambre El máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, dijo que «cualquier medida» gubernamental tiene que beneficiar al pueblo y ratificó la demanda de que se abrogue el decreto 5503, que dispuso el retiro de la subvención de los carburantes. Paye aseguró que se mantendrán «firmes» en sus protestas pese a los festivos por Año Nuevo. Las marchas fueron nuevamente criticadas por varios transeúntes que intercambiaron insultos y cuestionaron a los sectores movilizados por el perjuicio y los daños que causan a la ciudad con la detonación de dinamita. Además de las marchas callejeras, en la víspera algunos manifestantes iniciaron huelgas de hambre en las sedes de la COB, que es la mayor entidad sindical del país, y del magisterio urbano. La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el 22 de diciembre a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.