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El diario El País de España publicó un amplio reportaje sobre la contaminación ambiental que genera la quema de broza de caña de azúcar en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, región Piura. Según se relata en el reportaje, la población local está harta no solo de esta situación, sino también de la retención de agua por parte de la industria azucarera, con la que conviven en conflicto. El medio español cuenta que, en diciembre de 2024, los agricultores tuvieron que romper un dique que había instalado en el río Chira la empresa Agroaurora SAC, del Grupo Gloria, un conglomerado industrial de propiedad del millonario Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del Perú. A ella se suma la producción de etanol por parte de Caña Brava, del Grupo Romero, conglomerado de propiedad del también millonario Dionisio Romero. El conflicto social comenzó en el año 2007, cuando comenzaron a llegar las empresas de caña de azúcar a esta localidad piurana. Con ellas llegó también la contaminación del aire que produce la quema de los cultivos. Pero, últimamente, el conflicto se agudizó por el agua que Agroaurora represa. Según explicó Agroaurora a El País, el dique fue construido por Maple Etanol SRL, compañía a la que le compraron el negocio, “con el objetivo de elevar el nivel del agua de retorno para que pueda ser captada mediante infraestructura y sistema de bombeo”. Y tanto la obra como Agroaurora, agregan, mantienen los permisos dados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) desde 2008, así como los “derechos de agua dados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para continuar realizando las captaciones de las aguas de retorno, cumpliendo con el pago correspondiente por el derecho de uso del recurso hídrico”. La escasez hídrica que vive la región —aseguran— se debe a otros factores diferentes al dique, como que los organismos responsables para gestionar el agua tienen una capacidad limitada. También a que el reservorio de Poechos está saturado con sedimentos y a que “hay una extracción no autorizada del agua por parte de agricultores informales”. “Cabe precisar que se ha demostrado que la destrucción del dique no significó cambio alguno en la cantidad de agua que recibieron”, aseguran. Pero el muro se ha convertido en un símbolo de la frustración que siente la comunidad frente a las centrales azucareras. La de diciembre fue la sexta vez que quiebran la estructura. A principios de 2025, finalmente, la ANA le ordenó a la empresa retirarla. Agroaurora, sin embargo, apeló la medida y espera a que se dé un nuevo fallo. El punto de quiebre fue el 31 de octubre de 2021. A pesar de que Caña Brava se había comprometido a no quemar caña para 2013, ese día el aire se enrareció. Alrededor de las 2 de la tarde, cuenta la periodista Sabina Guevara, “empezó a bajar ceniza, el pueblo se llenó de humo y no se podía respirar”. Al centro de salud llegaron 65 personas con asfixia, incluyendo menores de edad, y otras recibieron refugio en la parroquia de La Huaca. El enfrentamiento por las quemas se convirtió en uno de los 219 conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo que, en un informe de 2023, seguía apareciendo bajo la categoría de “no hay diálogos” para intentar resolverlos. Días después de los disturbios, Caña Brava puso una denuncia penal a Guevara y a otras siete personas por los daños ocasionados en sus predios. Pese a que las quemas dejaron de ser un problema generalizado en La Huaca y, de hecho, en 2023 el Congreso de Perú aprobó una ley para regular la quema de cultivos de caña de azúcar, el proceso judicial sigue drenándolos.