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Juan Carlos Rivva, el párroco que despotricó contra el papa Francisco por defender al Sodalicio

El sacerdote Juan Carlos Rivva Lamas, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Reconciliación en La Molina, indignó a la opinión pública luego de que utilizara su homilía dominical para defender al Sodalicio de Vida Cristiana y despotricar contra la memoria del papa Francisco por disolver a esa secta ultraconservadora y cuna de abusos sexuales. Insinuando que la disolución del Sodalicio fue producto de una motivación personal del papa Francisco y no consecuencia de años de investigaciones, testimonios y denuncias públicas de víctimas que sufrieron vejaciones, manipulación y violencia bajo el mando de Luis Fernando Figari y su cúpula, el sacerdote Juan Carlos Rivva dijo: “Era inevitable pensar que si el papa hubiera fallecido una semana antes, el Sodalicio probablemente no habría sido aún disuelto”. En su discurso, Juan Carlos Rivva también dijo que “el papa Francisco hizo lo que pudo a partir de la formación y las convicciones que tenía” y pidió a Dios “que tenga misericordia de su alma, porque él, como todos nosotros, va a tener que rendir cuentas de sus acciones y de sus decisiones ante el Señor”. En la misma ceremonia, instó a los fieles a orar por la Iglesia y a evitar “la papolatría”, destacando que la institución eclesiástica cuenta con instancias de gobierno y que el futuro dependerá del rumbo que marque el próximo pontífice. Juan Carlos Rivva: Antecedentes de abuso Según un testimonio publicado por el portal Religión Digital, Juan Carlos Rivva ha sido acusado públicamente de presuntos abusos psicológicos cuando formó parte del Movimiento de Vida Cristiana (MVC), una de las ramas del Sodalicio. Allí, según la denuncia, el sacerdote utilizó su posición de poder para ejercer manipulación y abuso psicológico. El denunciante contó que se unió al MVC en 1993, cuando tenía 16 años, y cursaba el décimo grado en el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), donde Juan Carlos Rivva encabezaba la pastoral. Relató que el hoy párroco buscó debilitar la figura paterna en su vida, una estrategia que, según él, era común en el apostolado sodálite. Este proceso se intensificó debido a un temor personal relacionado con antecedentes psiquiátricos en su familia, lo que lo hacía especialmente vulnerable a las dinámicas de control. Según dijo, por orden de Rivva, una integrante de la Asociación de María Inmaculada (AMI), que no era psicóloga, sino trabajadora social, le aplicó pruebas psicológicas sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. Posteriormente, en una visita a Medellín a finales de 1994, la psicóloga Cecilia Collazos, entonces superiora de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, lo entrevistó brevemente y, basándose en las pruebas realizadas por la trabajadora social, concluyó que la víctima era «bipolar». Este diagnóstico, según el testimonio, fue utilizado por Rivva para orientar el consejo espiritual hacia una supuesta necesidad de mantener un “estado de conversión” como única vía para evitar consecuencias psiquiátricas graves, aprovechándose de su temor e historial familiar. De lo contrario, le advirtió que su condición lo llevaría a terminar en un hospital psiquiátrico.

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Otra sentencia Lava Jato: 35 años de prisión para el empresario Rómulo Peñaranda

Luego de la sentencia por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala, el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato logró una nueva sentencia. En adelanto de fallo, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al empresario Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, directivo de Alpha Consult S.A., a 35 años de prisión por el delito de lavado de activos, pena que cumplirá con detención domiciliaria debido a su edad. El colegiado también sentenció a su hijo, Rómulo Jorge Peñaranda Málaga, a 20 años de prisión.  El tribunal los encontró responsables de haber recibido cerca de US$ 3 millones de procedencia ilícita de la empresa Odebrecht, a través de la Banca Privada de Andorra de Panamá, entre los años 2012 y 2018.    La referida sentencia se ejecutará cuando esta adquiera la calidad de firme y ejecutoriada en tanto ambos deben cumplir reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde residen e impedimento de salida del país, bajo apercibimiento de ejecutarse de manera provisional la pena impuesta. El colegiado impuso a ambos sentenciados reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde residen e impedimento de salida del país, bajo apercibimiento de ejecutarse de manera provisional la pena impuesta. También, el pago de una reparación civil ascendente a S/ 3 millones 662 mil y una multa de S/ 6 millones 975 mil a la empresa Alpha Consult S. A. El tribunal dispuso, también, el decomiso definitivo de bienes muebles e inmuebles de los sentenciados y de la empresa Alpha Consult S. A., para lo cual ordenó oficiar al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para su ejecución y fines correspondientes.  Rómulo Peñaranda, exgerente de la empresa Alpha Consult, se desempeñó como supervisor de las carreteras de IIRSA Norte e IIRSA Sur.  Según la imputación de la fiscalía, cuando ocupó ese cargo, la constructora brasileña Odebrecht le pagó sobornos con el fin de que no entorpezca la ejecución de las obras. La lectura íntegra de la sentencia será realizada el lunes 12 de mayo, a las 16:00 horas.

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TC ordena reponer a Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo titular

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo el procedimiento disciplinario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que concluyó con la destitución de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular y, en consecuencia, ordenó su reposición. El TC declaró nulos el procedimiento disciplinario PD 002-2020-JNJ y todas las resoluciones emitidas en el marco de dicho procedimiento, «quedando a salvo la competencia de la Junta Nacional de Justicia para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario». «En consecuencia, ordenar la reposición de don Tomás Aladino Gálvez Villegas al cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo», precisa la resolución. El tribunal resolvió que se violaron los derechos de Gálvez Villegas al no realizar una investigación preliminar y que la resolución mediante la cual se le destituyó no fue debidamente motivada. La sentencia tuvo los votos favorables de los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez.  Los magistrados Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich votaron por declarar infundado el recurso. Tomás Aladino presentó un recurso de agravió constitucional contra el procedimiento disciplinario que le abrió la JNJ por sus presuntos vínculos a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y otras faltas en el ejercicio de su cargo, el cual concluyó con su destitución el 23 de abril del 2021. Sostuvo que se instauró en su contra el procedimiento inmediato con menores garantías procesales puesto que no se cumplieron los requisito establecidos. Aseguró que se basó únicamente en pruebas ilícitas y recortes periodísticos por lo que no existió una prueba evidente que justificara un procedimiento de esta naturaleza.

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Perú: 176 menores de 14 años se han convertido en madres en lo que va del 2025

En el Perú, un total de 176 niñas y adolescentes menores de 14 años se han convertido en madres entre enero y abril del año 2025, según datos del Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo. Las cifras oficiales revelan que Lima encabeza la lista, con 27 casos, seguida por Loreto (19), Ucayali (18) y La Libertad (12). La información, sin embargo, corresponde solo a los partos registrados, lo que sugiere que la cifra real podría ser mayor. En los últimos cinco años, el Perú ha registrado al menos 6.782 partos en menores de 14 años. La tendencia, de acuerdo con los registros, muestra un preocupante incremento entre los años 2020 y 2023. Loreto es la región con el mayor número acumulado (1.026 casos), seguida por Lima (852), Junín (431), y las regiones de Cajamarca y La Libertad, ambas con más de 400 nacimientos de niñas madres. Al respecto, expertas advierten que el fenómeno está directamente relacionado con la violencia sexual y la falta de acceso a educación sexual integral. La psiquiatra Marta Rondón, del Instituto Nacional Materno Perinatal, indica que el 70% de denuncias por violación sexual en el país involucran a niñas y adolescentes. “La posibilidad de quedar embarazada por violencia sexual es muy alta. El 45% de las mujeres que acudieron por violencia sexual en un año se embarazaron, y de esas, el 70% eran menores de edad”, detalló Rondón. Por su parte, la abogada y presidenta de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez, advirtió que la ausencia de educación sexual es uno de los principales factores que perpetúa los embarazos forzados en menores. “Las cifras son alarmantes. Hay una falta total de acceso a una educación sexual integral, especialmente en contextos rurales o de pobreza extrema, donde estas niñas son más vulnerables a la violencia sexual”, sostuvo. Organismos internacionales han calificado esta situación como una forma de violencia extrema y hasta de “tortura” cuando las niñas son forzadas a continuar con embarazos producto de violaciones.

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El 40% de las víctimas de explotación sexual son niñas, niños y adolescentes

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, una de las problemáticas más graves en Perú, tiene cifras preocupantes. En el año 2024, de las 1762 víctimas registradas por este tipo de delitos, se halló que 692 fueron menores de edad, lo que equivale a casi el 40%, según datos del Ministerio Público. En la región Loreto, la situación es incluso más grave: casi el 70% de las 126 víctimas registradas de explotación sexual fueron niños y adolescentes. En 2023, en el distrito limeño de San Martín de Porres, una menor de 15 años fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional en un hotel de la avenida Alfredo Mendiola, donde una mujer la había llevado con engaños para un encuentro sexual con un hombre mayor. En Cusco, una niña de apenas 11 años fue rescatada en un hospedaje de Quillabamba cuando estaba a punto de ser víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 38 años, que había negociado el encuentro con el propio padre de la menor. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, destacó que la explotación sexual de menores no solo ocurre en las calles o a través de las tecnologías digitales, sino que también está presente en el ámbito del turismo y los viajes. “Países como Perú, México, Brasil, Colombia y Argentina son destinos donde la niñez y adolescencia son particularmente vulnerables a la explotación sexual”, remarcó. Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha promovido la suscripción del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el turismo, que fue publicado en 2018 y que ya ha sido firmado por más de 20 000 empresas turísticas en Perú. La explotación sexual de menores está penalizada con severas penas en Perú, que van de 10 a 20 años de cárcel y hasta cadena perpetua, dependiendo de los agravantes. Además, las empresas turísticas involucradas en estos delitos pueden enfrentarse a la cancelación definitiva de sus licencias.

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Cabo Blanco se posiciona entre los recursos turísticos más importantes del Perú

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), lograron que la playa Cabo Blanco, ubicada en el distrito de El Alto, provincia de Talara, obtenga la jerarquía 3 en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, lo que la posiciona como uno de las principales atractivos del Perú. Con esta clasificación, este afamado destino (visitado en 1956 por el Nobel de literatura Ernest Hemingway), podrá atraer importantes inversiones públicas y privadas como muelles, centros de interpretación y diversos servicios para incrementar la llegada de visitantes. El Inventario Nacional de Recursos Turísticos contiene información real, ordenada y sistematizada de los recursos turísticos que identifica el potencial turístico del país Cabo Blanco ha logrado la jerarquía 3 por ser un recurso turístico con cualidades y características únicas, como tener una de las mejores olas del mundo para surfear. Además de su prestigio internacional como uno de los mejores destinos para practicar este deporte, es conocida por su pesca deportiva de merlín y atunes, que atrae visitantes y deportistas de diversos países. Esta distinción no solo impulsará el desarrollo económico local, también promueve la protección de un ecosistema único que combina turismo, naturaleza y aventura. Recordemos que Cabo Blanco pertenece a la Reserva Natural Mar Tropical de Grau.

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Así es como la nueva «Ley APCI» afecta la libertad de prensa en el Perú

Diversos periodistas y medios de comunicación han suscrito un pronunciamiento que rechaza la Ley N.º 32301, conocida como «Ley APCI», por considerar que constituye “un ataque directo a la libertad de prensa, de un modo que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema”. La Ley N.º 32301, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte el 14 de abril pasado, afecta directamente a los medios de comunicación que funcionan bajo la figura legal de «asociaciones civiles sin fines de lucro» e incluso a empresas periodísticas que realizan actividades con fondos de cooperación internacional. La norma establece disposiciones que constituyen un ataque directo a la libertad de prensa, ya que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema. En principio, al exigir ―de manera inconstitucional y bajo amenaza de drásticas sanciones― la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). De acuerdo con el pronunciamiento, la «Ley APCI» constituye una herramienta de control político sobre las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional. Con esta nueva norma, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística o investigativa. Además, prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública, una herramienta fundamental para el periodismo de investigación en contextos de falta de transparencia por parte de autoridades y funcionarios públicos. No solo los fondos pueden ser vetados y las investigaciones periodísticas, bloqueadas desde el origen. A causa de estos controles previos, los medios, además, tendrán que informar a la APCI sobre sus planes, programas, proyectos o actividades, y la agencia estatal tendrá la atribución de “dar conformidad previa a la ejecución” de los mismos. Es decir, puede existir censura previa. Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo la que serefiere a casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública. El pronunciamiento ha sido firmado por periodistas freelance y que trabajan en medios de comunicación peruanos y extranjeros. Además, por organizaciones peruanas abocadas a la defensa de libertad de prensa, como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Fundación Mohme, así como también por organizaciones de la sociedad civil.

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Miles de fieles se despiden del papa Francisco emocionados ante Santa María la Mayor

Miles de fieles dieron el último adiós al fallecido papa Francisco al llegar su féretro a la basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde fue sepultado tras un masivo funeral. En medio de un amplio cordón de seguridad y de vallas que cerraban el acceso a la plaza, miles de personas se fueron congregando en su entorno desde primera hora de la mañana para presenciar la llegada del pontífice para su entierro. Al llegar el cortejo fúnebre al templo con el ataúd de Francisco, los fieles aplaudieron emocionados en unos minutos de máxima solemnidad, mientras personas pobres, sin hogar y refugiados -máximo exponente de los ‘marginados’ a los que apelaba el papa- le recibían en el acceso a la basílica. Tras la entrada del féretro del papa Francisco en Santa María la Mayor, algunos congregados comenzaron a marcharse, pero muchos otros siguieron en la plaza ante la basílica con la certeza de que en su interior se iba a realizar el entierro en privado del papa. Fue una multitudinaria despedida pública, con 250.000 personas en la plaza de San Pedro y aledaños y otras 150.000 que le arroparon durante su último viaje por el corazón de la ciudad, que tras atravesar la Vía de los Foros Imperiales bordeó el Coliseo para dejar una imagen histórica. El papa Francisco fue sepultado en una tumba sencilla en Santa María la Mayor, hecha con mármol de la región italiana de Liguria, de dónde eran sus abuelos maternos. El pontífice muerto el pasado lunes a los 88 años era muy devoto de la imagen mariana ‘Salus Populi Romani’, iba a rezar a menudo ante este icono de la Virgen María y transmitió su expreso deseo de ser enterrado en el templo.

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Fiscalía inspecciona obra del centro de Piura que dejó la gestión de Juan José Díaz

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura realizó una nueva constatación en las calles del centro de Piura como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades en la obra de rehabilitación de pistas y veredas ejecutada durante la gestión del exalcalde Juan José Díaz Dios (2019-2022). La constatación in situ, dirigida por fiscal Miguel Jesús Berrú Huamán, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, se realizó en la tarde en las calles Junín, Cusco, Arequipa, Tacna, Libertad, Lima, Moquegua, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Miguel Grau, Ica, Callao y Huánuco. La diligencia contó con la participación del perito de ingeniería civil Martín Ríos Labrín, asignado al Ministerio Público, y de otros peritos de parte que tomaron muestras en varios puntos de las calles a fin de evaluar las condiciones de la infraestructura y recabar los elementos necesarios para la investigación fiscal. Según la carpeta fiscal N° 2606065500-2023-1270, la obra, que tuvo una inversión de más de 7 millones 666 mil soles, presenta serias deficiencias, con pistas que comenzaron a deteriorarse incluso antes de las intensas lluvias registradas el año 2023. La Fiscalía estima que la gestión de Juan José Díaz habría ocasionado un perjuicio económico de 1 497 828 soles a Piura, motivo por el cual se ordenó esta nueva pericia técnica especializada. Hay que recordar que la actual gestión municipal denunció penalmente ante la Fiscalía al exalcalde Juan José Díaz Dios, así como al exjefe de la Oficina de Logística, Eliseo Ticliahuanca Campoverde; al exproyectista Pedro Pablo Palacios Almendros; al exjefe de la División de Estudios y Proyectos, José Manuel Puycan Maldonado; y al exjefe de la Oficina de Infraestructura, Lenin Antonio Talledo Peña, por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y peculado doloso.

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Otra muerte en una minera: Trabajador fallece tras accidente en Cerro Verde

Otra muerte en una minera en Perú. Luego de un mortal accidente en la Compañía Minera Antamina, en Áncash, otro trágico accidente laboral ocurrió esta vez en la mina Cerro Verde. Un trabajador falleció: Miguel Italaque Castillo, operario de la empresa contratista MCM Ingenieros. El incidente se produjo la tarde del jueves 24 de abril, cuando una manguera de una bomba telescópica de concreto lo impactó violentamente mientras realizaba labores en el área de Relaves y Aguas del proyecto minero. El suceso se registró aproximadamente a las 3:00 de la tarde, y pese a los esfuerzos médicos, Italaque falleció a las 10:45 p.m. en la clínica San Pablo, adonde fue trasladado de emergencia. Compañeros del fallecido expresaron su indignación por la presunta omisión de la empresa de informar a la Policía Nacional y a otras entidades competentes tras el accidente. Además, exigieron que las empresas involucradas (MCM Ingenieros, Supermix y Sociedad Minera Cerro Verde) asuman responsabilidades. Ambas entidades, a través de un comunicado oficial, expresason sus condolencias a la familia. Además, afirmaron que se brindará la ayuda necesaria en este momento de profundo dolor. Se conoció extraoficialmente que las operaciones en la mina serían suspendidas por 24 horas como medida inmediata tras el fatal accidente.

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