Noticias 360

Piura tiene 124 obras paralizadas en salud, educación, transporte y saneamiento

La Contraloría General de la República reportó 124 obras paralizadas en la región Piura, principalmente en los sectores de salud, educación, transporte y saneamiento. La provincia de Piura concentra la mayor cantidad, con 45 proyectos detenidos, seguida por Huancabamba (29), Ayabaca, Morropón y Sullana (11 cada una), Talara (9), Sechura (7) y Paita (4). Entre las más críticas se encuentran los cuatro hospitales estratégicos que llevan años sin avances. Frente a esta situación, el Colegio de Ingenieros de Piura exhortó a las autoridades a priorizar la culminación de estos proyectos antes de iniciar nuevas obras. El decano Manuel Asmat advirtió que muchas construcciones están detenidas por controversias no resueltas, falta de financiamiento y procesos de arbitraje, lo cual afecta directamente a la población. Asmat propuso implementar de forma obligatoria la Junta de Resolución de Disputas (JRD) en los contratos de obras públicas que superen los 10 millones de soles. Esta herramienta técnica permitiría continuar con la ejecución de las partes no controvertidas del proyecto, mientras se resuelven disputas contractuales o técnicas, evitando su paralización total. El decano también cuestionó el inicio de nuevos proyectos sin antes garantizar la continuidad de los que ya están en ejecución. Alertó que muchas obras podrían extenderse más allá del 2026 si no se aplican mecanismos eficaces de resolución de conflictos. “Lo importante no es quién inaugura, sino que las obras se terminen a tiempo”, remarcó. Finalmente, el Colegio de Ingenieros propuso incluir una cláusula modelo en los contratos para activar automáticamente la JRD, conformada por profesionales que resuelvan disputas en campo. Esta medida busca reducir el uso de arbitrajes largos y costosos, y garantizar que los proyectos se culminen en beneficio de la población. De esa manera, se evitará tener gran cantidad de obras paralizadas en Piura.

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Mujer sale a buscar trabajo y encuentra la muerte tras ser arrollada por un bus en Piura

Una tragedia enlutó a una familia en Piura luego de que una joven madre de 23 años falleciera mientras hacía fila para postular a un trabajo. La víctima había acudido a una convocatoria de personal organizada por la empresa Ecosac, en el caserío Chapairá (Medio Piura), cuando fue embestida por un bus de transporte de trabajadores, con placa de rodaje V00-961. Se trata de Alexia Macarena Huertas Rodríguez. Según testigos, el vehículo ingresó de manera intempestiva e injustificada a la zona en la que se encontraban los postulantes de pie, por lo que arrolló violentamente a varias personas. Alexia Huertas fue la que recibió el impacto más grave, y falleció casi de inmediato en el lugar. Otras dos personas resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano. Edwin Celi, esposo de la víctima, exigió que se haga justicia para su pareja y su familia. Contó que él regresaba de visitar a su padre en el distrito de Chulucanas, con motivo del Día del Padre, cuando recibió la trágica noticia. La joven madre de 23 años deja en la orfandad a una niña de tan solo dos años. Los familiares y vecinos exigen una exhaustiva investigación y sanción para los responsables del hecho. Asimismo, piden mayor control en este tipo de convocatorias, que suelen reunir a decenas de personas en espacios no adecuados ni seguros.

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Patricia Benavides intenta tomar por la fuerza la Fiscalía de la Nación

Patricia Benavides acudió a la sede del Ministerio Público para intentar asumir como fiscal de la Nación tras una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides subió hasta el noveno piso con su seguridad personal para ingresar por la fuerza al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, los agentes de seguridad de la entidad la detuvieron en los pasillos del noveno piso de la Fiscalía. En horas de la mañana de este lunes 16 de junio, pasada las 8:00 a.m. la exfiscal de la Nación se acercó a la sede de la Fiscalía sin brindar declaraciones a la prensa junto con siete policías civiles y no se registró en la recepción de la institución. La JNJ notificó a la Fiscalía sobre la reposición de Patricia Benavides en la institución a las 8:00 a.m. Sin embargo, el documento solo estaba firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, y no por todo el Pleno, como señala la ley. Es preciso resaltar que, para que su regreso a la entidad tenga validez, debe ser debidamente informado al Ministerio Público. En esos momentos, Espinoza participaba del encuentro anual, el Pacto 2.0 contra la criminalidad organizada, en la que se reúne a las autoridades del sistema judicial y policial de Latinoamérica. La fiscal de la Nación estaba invitada para la inauguración del evento.

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Piura: Policía reporta avance de mineros ilegales ecuatorianos en Ayabaca

La Policía Nacional reportó el avance de grupos de mineros ilegales de origen ecuatoriano por la zona fronteriza de Ayabaca, en la región Piura. Según advirtió la institución policial, existe el grave riesgo de que este sector del norte del país se convierta en un nuevo Pataz. Por ello, la Región Policial Piura insistió ante el comando policial que se instale bases policiales en la frontera con Ecuador, luego de comprobar que los mineros ecuatorianos avanzan en territorio peruano, principalmente en el cerro Servilleta, distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, dijo que dicha información ha sido corroborada tras los trabajos de inteligencia y observación con drones realizados en la zona. «Después del trabajo de inteligencia y con drones, nos hemos dado con la sorpresa que son varios sectores. Hemos descubierto un lugar que se llama el cerro La Servilleta donde hay mineros ilegales peruanos y ecuatorianos. Este trabajo que hemos hecho lo hemos enviado al comando advirtiendo que no vaya a suceder lo que ha pasado en Pataz, La Libertad», dijo Farías Zapata. Agregó que «por este motivo están pidiendo la ubicación y establecimiento de bases policiales en el lugar. «Se sabe que desde el 2024 habían 74 toneladas, ahora son 90 toneladas al año que salen de oro. Esa información ya lo hemos puesto de conocimiento al comando para que tomen las acciones pertinentes», añadió. «Queremos que se establezcan bases policiales para hacer intervenciones, usted sabe que la minería ilegal atrae la delincuencia», insistió Farías Zapata.

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Temblor en Lima y Callao: Fuerte sismo de magnitud 6.1 alarma a la población

¡Fuerte temblor en Lima y Callao! Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este domingo 15 de junio en la capital peruana y en la provincia constitucional del Callao, lo que generó gran alarma entre la población. El Instituto geofísico del Perú (IGP) precisó que el epicentro del movimiento telúrico se registró a 30 kilómetros al suroeste del Callao, a 49 kilómetros de profundidad. Las autoridades locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se mantienen en alerta ante la ocurrencia de réplicas, así como ante posibles daños personales o materiales. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú aclaró que, pese a la magnitud del sismo en Lima y Callao, este temblor no genera alerta de tsunami en el litoral peruano. El IGP recordó a la ciudadanía la importancia de contar con una mochila de emergencia y participar en los simulacros nacionales promovidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a fin de estar preparados ante posibles eventos mayores. El Indeci recomienda que en caso de un temblor se mantenga la calma y evite el pánico. Es necesario, asimismo, elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida. Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

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Luis Neyra deberá declarar ante la Fiscalía por locadores ‘fantasma’ en el GORE Piura

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, deberá declarar ante la Fiscalía Anticorrupción de Piura por el caso de la contratación de locadores ‘fantasma’ en el Gobierno Reginal (GORE). Según la disposición N° 002-2025, a la que Noticias 360 tuvo acceso, Luis Neyra fue citado por la fiscal Lilibeth Rodríguez Huertas, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. La declaración del popular ‘Lunele‘ será en calidad de testigo vía virtual el jueves 19 de junio de 2025 a partir de las 9:00 de la mañana. Esta cita estaba prevista para el pasado 1 de abril, pero se postergó. Esta vez, la cita será «bajo apercibimiento», es decir que en caso de que Luis Neyra no acuda será «conducido compulsivamente con apoyo de la Policía Nacional», según se detalla en la disposición fiscal. Junto con el gobernador regional están citados a declarar otros 12 testigos, incluyendo al excongresista fujimorista Mártires Lizana Santos, quien habría aprovechado su cargo como asesor del gobernador Luis Neyra para facilitar la contratación de uno de los ‘locadores’ fantasma en el GORE Piura. Locadores ‘fantasma’ en el Gobierno Regional Piura En marzo de este año, la Fiscalía Anticorrupción de Piura inició una investigación preliminar luego de detectar que en las oficinas de Asesoría Jurídica y en la Gerencia General del Gobierno Regional de Piura existen locadores ‘fantasma’ que vienen cobrando mensualmente un sueldo sin desempeñar ninguna función. Asimismo, existen casos similares en otras áreas del GORE, donde locadores se aprovechan indebidamente de las arcas del Estado para beneficio propio. Incluso, señala la investigación fiscal, la gestión de Luis Neyra León habría contratado locadores que ganan onerosos sueldos pese a que no son colegiados ni titulados, lo que genera que otras cargas salariales dejen de ser canceladas oportunamente. Por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la Fiscalía Anticorrupción investiga a Jorge Gilberto Cabellos Pozo, en calidad de exgerente general del GORE Piura; así como a los trabajadores Jhon Javier Zapata Núñez, Jandira del Pilar Rea Guerra y Wendy Kassandra Montenegro Peltroche. En la investigación fiscal también están comprendidos Leydi Lisbet Orosco Yaguana, jefa de la Oficina Regional de Administración; Yanina Edith Zeta Rivas, jefa de la Oficina de Tesorería; Gabriel Ángel Ruiz Espinoza, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

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Buenaventura tiene 3 años para lograr acuerdo social de proyecto minero El Algarrobo en Tambogrande

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció que la ejecución del proyecto minero El Algarrobo, en Tambogrande (Piura), está estructurada en cuatro etapas sucesivas, que inician con una fase de hasta tres años para la construcción de un acuerdo social y la elaboración de estudios técnicos de un proyecto hídrico que garantice el acceso al agua para la población de la margen izquierda del río Piura. La concesión minera del proyecto fue otorgada recientemente a la Compañía de Minas Buenaventura, de propiedad de la familia Benavides. Según José Rogger Incio Sánchez, director de Proyectos de Proinversión, solo si se logra este acuerdo social, se dará paso a la segunda etapa —de hasta cinco años— para el desarrollo de estudios técnicos mineros y de impacto ambiental. En tanto, la tercera y cuarta etapas incluyen la implementación y eventual operación de una mina subterránea, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones técnicas, legales y sociales. El representante de Proinversión enfatizó que no habrá actividad minera sin consentimiento previo de la comunidad de Tambogrande, y que el componente hídrico del proyecto El Algarrobo es prioritario. Proyecto El Algarrobo: No habrá voladuras En respuesta a las preocupaciones por posibles impactos negativos, la agencia estatal afirmó que no habrá voladuras debajo de zonas habitadas, ya que la operación subterránea se desarrollará a más de 200 metros de profundidad y lejos de áreas urbanas y agrícolas. El procesamiento del mineral se realizará fuera del área de influencia directa, en zonas desérticas, a más de 10 kilómetros de Locuto. Además, el uso del agua será regulado, eficiente y reciclado en circuito cerrado, sin comprometer fuentes destinadas al consumo humano o agrícola. Asimismo, se descartó la presencia de relaveras cerca del río Piura. Cualquier disposición de residuos será diseñada bajo estándares modernos de seguridad, impermeabilización y monitoreo continuo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona.

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Médicos del hospital JAMO de Tumbes marcan asistencia y se retiran sin trabajar

¡Indignante! Médicos del hospital regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) de Tumbes marcan asistencia y luego se retiran del establecimiento de salud sin trabajar. La Contraloría General de la República detectó ausencias injustificadas del personal asistencial en este nosocomio, pese que registraban su ingreso a la entidad. Esto significa el incumplimiento de su jornada laboral y que realicen actividades ajenas a sus funciones, lo que podría generar un grave riesgo a la vida e integridad de los pacientes y a una oportuna atención en casos de emergencia. Al respecto, de una muestra aleatoria, se advirtió por ejemplo que una médico anestesióloga, responsable de acudir ante cualquier emergencia para garantizar la seguridad al momento de las intervenciones quirúrgicas de los pacientes, no estaba en la entidad, pese a que se encontraba programada, según el cronograma. Además, durante una guardia nocturna se constató que personal de hospitalización y emergencia de los servicios de laboratorio, triaje, salud mental y la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos marcaba su ingreso al hospital para luego retirarse y reingresar a los 30 minutos o luego de más de dos horas, tiempo en que estuvieron ausentes en sus respectivas áreas, registrándose el hecho en el acta de Contraloría. Por otro lado, las guardias hospitalarias en el hospital regional de Tumbes no se programan con la anticipación debida, incluso se aprueban cuando ya inició el mes. Estas jornadas son de máximo 12 horas continúas; sin embargo, once trabajadores de diversos departamentos y servicios tenían guardias continuas de día y noche (24 horas), vulnerando la optimización del uso del recurso humano, seguridad, oportunidad y cobertura de los servicios.

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FMI advierte que las leyes del Congreso golpean a la economía peruana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su evaluación anual sobre la economía peruana, como parte del seguimiento regular que le hace a todos sus países miembros. En su reporte, alertó de los impactos legislativos que ha aprobado el Congreso peruano en detrimento de las finanzas públicas del país. En solo una década, entre 2014 y 2024, el número de proyectos de ley tributarios aumentó en un 190%, “buscando otorgar tratamientos fiscales preferenciales», remarca el organismo multilateral. Según el Consejo Fiscal, desde el 2021, el Congreso actual ha aprobado 168 iniciativas con impacto fiscal. «La actividad legislativa en este ámbito ha generado costos no despreciables en el mediano plazo, afectando la credibilidad fiscal. Algunas de las medidas recientemente aprobadas reducen la recaudación tributaria», precisó el FMI sobre el severo impacto en la economía peruana. En cálculos del FMI, el proyecto de la nueva ley agraria conocida como la Ley Chlimper 2.0, que recorta impuestos del 29,5% al 15% a las agroexportadoras, impactará en 0,2% del producto bruto interno (PBI) anuales, lo que representa aproximadamente S/ 1800 millones de recaudación tributaria. Esta propuesta aguarda su segunda votación en el Pleno del Congreso para la estocada final, toda vez que el Poder Ejecutivo se alista para promulgarla, según confirmó el ministro de Agricultura Ángel Manero. Condonación de deudas y tasa reducida al IGV Respecto a la iniciativa de la condonación de multas, recargos e intereses del programa Reactiva Perú, el FMI señala que tendrá un impacto de 8% en la economía peruana, mientras que la condonación de deudas tributarias será de 7% del PBI. Ambas propuestas se encuentran en la Comisión de Economía del Congreso. Otro detalle no menor es que la proporción de medidas aprobadas por insistencia, es decir, con opinión negativa del Ministerio de Economía, aumentó al 20% en esta legislatura, comparado con solo 9% en los 20 años anteriores. Otra de las iniciativas incluyen la extensión de una tasa reducida del Impuesto General a las Ventas (IGV) para micro y pequeñas empresas del sector turismo; un nuevo marco general para zonas económicas especiales con tasas reducidas del impuesto a la renta (IR) durante 25 años y la condonación de multas e intereses para los participantes en programas de amnistía tributaria.

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JNJ intenta reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) intentó reponer a Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, anulando el procedimiento disciplinario en su contra por el que fue destituida. Este proceso se inició porque Benavides interfirió directamente en una investigación fiscal contra su hermana, la jueza superior de Lima Enma Benavides Vargas. La decisión de la JNJ intenta retrotraer todo el proceso hasta antes de la emisión del informe de instrucción 063-2024-LITÑ-JNJ. Este informe sustentaba la sanción contra Patricia Benavides por haber removido a la fiscal suprema provisional Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, quien investigaba a Enma Benavides por presuntamente haber recibido pagos de narcotraficantes a cambio de su liberación, lo que constituiría delitos de cohecho y organización criminal. Como fiscal de la Nación y aduciendo una supuesta “baja productividad”, en 2022 Benavides Vargas cesó de forma arbitraria a Bersabeth Revilla con el propósito de apartarla de la investigación clave que comprometía directamente a su hermana. Según la decisión del pleno del JNJ, al anularse el procedimiento disciplinario, Patricia Benavides debe ser repuesta como fiscal de la Nación, sin embargo, según la Constitución, el cargo de fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y no por ningún organismo externo. Esto implicaría que Delia Espinoza renuncie o se auto-destituya, lo cual no tiene sustento legal. Además, la JNJ nunca destituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, sino que la apartó de su cargo como fiscal suprema titular. El acuerdo de la JNJ también alcanza a Enma Rosaura Benavides Vargas, hermana de Patricia, por su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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