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Empresario que embistió a un restaurante en La Molina es investigado por intento de homicidio

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina dispuso recalificar la investigación preliminar para el empresario Miguel Requejo Astochado (51) por el presunto delito de tentativa de homicidio calificado con alevosía, en agravio de cuatro personas, tras el impacto que habría provocado al ingresar con su vehículo al interior del restaurante ‘El Charrúa’, en dicho distrito. Asimismo, la Fiscalía amplió la investigación por el presunto delito de omisión de socorro, al considerar que la conducta del investigado podría implicar exposición al peligro o abandono de personas en situación de riesgo.  Paralelamente, se mantiene en curso la investigación por el delito de daños contra el patrimonio, en perjuicio de los propietarios del restaurante en La Molina embestido por el empresario. Miguel Ángel Requejo Astochado permanece detenido en la comisaría de Santa Felicia, mientras el Ministerio Público continúa recabando elementos para esclarecer los hechos.  Entre las diligencias en marcha figuran la toma de declaraciones, la visualización y transcripción de registros audiovisuales, así como informes técnicos periciales. Mediante este proceso, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la integridad de las personas y el respeto al patrimonio, garantizando una investigación rigurosa que permita determinar responsabilidades conforme a ley.

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Congresistas con investigaciones fiscales quieren reorganizar la Fiscalía

Ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes quieren reorganizar el Ministerio Público como respuesta a que Patricia Benavides no asumiera nuevamente como fiscal de la Nación, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros. Los legisladores involucrados son: Diego Bazán, María Córdova, Jorge Montoya, Milagros Martínez, Norma Yarrow, José Cueto, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y Patricia Chirinos. Respecto a la bancada Renovación Popular, Diego Bazán es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de falso testimonio en juicio —relacionado con su declaración en el proceso contra Pedro Castillo— y peculado doloso simple, por presuntamente utilizar recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en 2023. María Córdova afronta un proceso judicial por falsa declaración jurada, debido a que omitió declarar su cargo como gerente general de la empresa Lot Plus S.A.C. en su hoja de vida durante las elecciones generales de 2021. El caso se encuentra en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Alejandro Muñante es investigado por cohecho, tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien reveló que hubo coordinaciones con un congresista identificado como “agente especial Roberto” para facilitar el copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con funcionarios afines a Benavides. La estrategia incluía una propuesta legislativa impulsada por Muñante. Patricia Chirinos está siendo investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco del caso Patricia Benavides, por su presunta participación en una organización criminal. Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan investigaciones por el presunto delito de organización criminal, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2022 y 2025, respectivamente. En el caso de Ciccia, este ha declarado que desconoce la denuncia y que no ha sido notificado. Finalmente, Milagros Martínez y Norma Yarrow están siendo indagadas por el presunto delito de cohecho. Congresistas de Honor y Democracia investigados En el caso de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya está siendo investigado por negociación incompatible, tras conocerse que habría influido indebidamente en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, lo que le permitió percibir doble sueldo y pensión simultáneamente mientras ejercía su cargo congresal. En este mismo caso también está involucrado José Cueto. Además, a Montoya se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado, por haber presuntamente fomentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En tanto, Javier Padilla es acusado de haber solicitado el reembolso por gastos de combustible en fechas en que no realizó actividades oficiales relacionadas con sus funciones congresales. En medio de cuestionamientos, el partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público tras el rechazo de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza.

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Empresario hiere a tres personas con su camioneta en un restaurante de La Molina

El restaurante El Charrúa, ubicado en la cuadra 58 de la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito limeño de La Molina, fue escenario de una agresión, cuando el empresario Miguel Ángel Requejo Astochado en aparente estado de ebriedad golpeó a un comensal y a sus acompañantes, los cuales intervinieron en la gresca. Tras esta discusión, el agresor salió y regresó para embestir con su auto a las personas que se encontraban en el local. Todo lo ocurrido quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Tras el impacto, tres personas resultaron heridas. Además, mamparas, sillas y mesas quedaron destruidas. El chofer identificado como Miguel Ángel Requejo Astochado, se encuentra detenido en la comisaría Santa Felicia de La Molina, donde se realizan las investigaciones.  El agresor viene siendo investigado por varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio, daños materiales, daño a la propiedad y conducción en estado de ebriedad. Su vehículo se encuentra en las afueras de la comisaría con visibles daños de un choque violento en la parte frontal, donde se puede observar un pedazo de madera de una silla o estructura del restaurante. La Municipalidad de La Molina se hizo presente a través de sus funcionarios y clausuró de manera preventiva y temporal el establecimiento parrillero debido a probables daños estructurales. Jhorlan Nestares, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Molina, indicó que tomaron conocimiento del incidente en el restaurante alrededor de la 1:00 a. m. “Lo que hemos ejecutado en este momento es la clausura temporal porque el personal técnico de la municipalidad ha opinado que es muy probable que la estructura haya sufrido algún daño. Entonces no cuenta ni garantiza la seguridad de las personas”, comentó. El funcionario señaló que los propietarios del local van a tener que subsanar las observaciones estructurales y pasar una nueva inspección municipal para reabrir el local.  Por su parte, el restaurante El Charrúa enfatizó en un comunicado difundido por sus redes sociales que el incidente se trató de “una situación externa y aislada, ajena a las operaciones del restaurante”.

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Excongresista de APP Freddy Díaz es condenado a 18 años de prisión por violador

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la condena por violación sexual para el excongresista Freddy Díaz Monago y elevó su pena de 13 años y cuatro meses a 18 años de cárcel. La decisión fue tomada tras revisar la apelación presentada por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que había solicitado una pena de 20 años. Díaz fue hallado culpable en agosto de 2024 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, luego de que se demostrara que abusó sexualmente de una trabajadora del Congreso que se encontraba incapacitada para resistirse debido al consumo de alcohol. En esa primera sentencia, el exparlamentario recibió 13 años y cuatro meses de prisión. El abogado de la víctima, José Ugaz, informó que el máximo tribunal consideró agravantes como la relación de subordinación laboral entre el excongresista y la agraviada, así como el estado de vulnerabilidad de la víctima. Además del incremento en la pena privativa de libertad, la reparación civil también fue modificada. Inicialmente fijada en S/ 352,197, fue aumentada a S/ 500,000, atendiendo al pedido formulado por la defensa de la víctima durante el proceso de apelación. Freddy Díaz fue expulsado del Congreso en 2022, tras el escándalo que generó la denuncia en su contra, ocurrida en una oficina parlamentaria. Desde entonces, diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han seguido de cerca el caso como un ejemplo de lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual cometidos desde el poder.

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Keiko Fujimori enfrenta nuevo pedido de 35 años de prisión por organización criminal y lavado de activos

El Equipo Especial Lava Jato formuló la acusación penal en el proceso seguido contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi y otros, por el financiamiento a las campañas electorales de 2011 y 2016, en el denominado caso ‘Cócteles’. El fiscal provincial José Domingo Pérez presentó la acusación penal contra los imputados Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del partido político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C (de Mark Vito). Respecto a la acusada Keiko Fujimori, la fiscalía solicitó 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Asimismo, la fiscalía ha requerido el sobreseimiento (archivamiento) de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos. De esta manera, el equipo de fiscales dan cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional establecida mediante el expediente 02803-2023-HC/TC, por lo que este caso pasará a la etapa de control de acusación.

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Fiscalía incauta celulares, agendas telefónicas y droga en el penal de Piura

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura incautó teléfonos celulares, agendas con números telefónicos y droga encontrados durante una requisa realizada en el penal de Piura (exRío Seco). La intervención contó con la participación de 31 fiscales de diversas especialidades y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un esfuerzo coordinado para combatir las extorsiones en la región. La diligencia se inició a las 7:00 a.m. con el objetivo principal de controlar el uso ilegal de teléfonos móviles dentro del penal de Piura. La intervención fiscal se centró en el pabellón 5, donde se tomó control de la población carcelaria para realizar registros personales. Allí, se encontró agendas telefónicas, ketes de droga y, con el uso de detectores de metales, se descubrió a internos que habían ocultado celulares en cavidades anales. Posteriormente, la requisa se extendió a las celdas del mismo pabellón, donde se halló una cantidad considerable de material ilícito, incluyendo más ketes de droga y armas punzocortantes. Además, se descubrieron «caletas» (escondites) en forados de paredes y pisos, donde se guardaban mini celulares. En total, se incautó siete celulares, cargadores, cables de datos y diversas piezas de teléfonos. Fueron tres los internos que habían escondido equipos celulares y cargadores en sus cavidades anales. Tras ser interrogados y, a pesar de su negativa inicial a colaborar, finalmente entregaron los objetos ilícitos. Todos los hallazgos han sido derivados a las fiscalías especializadas correspondientes para las investigaciones pertinentes. El Ministerio Público recuerda que el uso de equipos celulares dentro de un penal puede incrementar la condena hasta en tres años, y si está vinculado a un acto delictivo, la pena puede aumentar en 10 años adicionales.

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Elecciones 2026: Partidos tienen hasta el 2 de agosto para alianzas electorales

A casi un mes del cierre del plazo para registrar alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos políticos entran en la recta final para definir sus estrategias para las Elecciones Generales 2026. Los partidos políticos tienen hasta el 2 de agosto para formar alianzas electorales si quieren participar en las Elecciones 2026. Durante junio, se registraron acercamientos y anuncios de preacuerdos entre diversas organizaciones políticas. Sin embargo, hasta el viernes 27, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había recibido ninguna solicitud formal de inscripción de alianzas electorales. El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que casi la mitad de los 43 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de 2026 han solicitado la actualización de sus estatutos. En varios casos, estos cambios estuvieron orientados a incorporar mecanismos internos para la conformación de alianzas, lo que les permitiría evaluar la posibilidad de postular en coalición. «A nosotros nos gustaría y alentamos a las organizaciones políticas que puedan celebrar alianzas, va a simplificar el número de participantes», indicó Burneo. «Entendemos que van a fortalecer su participación porque han logrado llegar a consenso y va a demostrar también ese desprendimiento a efectos de poder participar en estos procesos electorales. Va a reducir también la cédula de votación […] Y también va a facilitar a los electores a tomar decisiones», agregó.

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Policía incauta 15,000 cartuchos de dinamita utilizados en minería ilegal en La Libertad

Un total de 15,000 cartuchos de dinamita fueron incautados por agentes de la División Policial de Huamachuco durante un operativo realizado en una vivienda ubicada el sector Labunday, Los explosivos son utilizados con frecuencia centro poblado de Shorey, distrito Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, donde se realiza actividades de minería ilegal. Una persona fue detenida en flagrancia, como parte del estado de emergencia declarado en La Libertad. Se trata de Hermelinda García López, quien dijo ser propietaria del inmueble donde se encontró el material explosivo y autorizó a la Policía Nacional el registró del predio. Ella será investigada por el delito de tenencia ilegal de explosivos. No obstante, la detenida afirmó que dichos explosivos no eran suyos y que ella había alquilado la habitación a un señor de apellido “Castro». Sin embargo, los agentes decomisaron los cartuchos de dinamita y trasladaron a la mujer hasta la sede de la División Policial de Huamachuco para continuar con las investigaciones. El Comando de la III Región Policial La Libertad no descarta que la dinamita pueda ser usada para ejecutar voladuras y extraer de forma ilegal el material aurífero, debido a que la zona históricamente registra una alta actividad extractiva de minerales.

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¡Atención, pescadores! Empieza la veda de pota en el litoral de la región Piura

Este 30 de junio entra en vigencia la veda de pota en el litoral de la región Piura, debido al repunte significativo en la pesca de este molusco, según una disposición de la Dirección General de la Producción. Esta medida obligará a alrededor de 15 mil pescadores artesanales a extraer otros recursos, como caballa, bonito y cachema. El director regional de Producción, Segundo Alzamora, afirmó que las mejores condiciones oceanográficas y climáticas han favorecido el rendimiento de la pota, superando en más de 60% los niveles alcanzados durante el 2024. Esto generó que el precio disminuyera drásticamente, incluso hasta S/ 2.50 por kilo en el terminal pesquero Se estima que la veda de pota podría extenderse por un periodo de dos a tres meses, tiempo necesario para recuperar el estado del recurso y permitir el mantenimiento de las embarcaciones. Veda de pota: Exportaciones aumentaron Hasta la quincena de mayo, las exportaciones de pota sumaron 36,369 toneladas métricas, con un valor superior a los 61 millones de dólares. Los principales destinos fueron Japón y países de la Unión Europea. Los meses con mayor movimiento fueron abril, con 15,438 toneladas; mayo, con 12,131; y marzo, con 4,146. Enero inició con 1,356 toneladas exportadas. Pero la presencia de embarcaciones extranjeras, en su mayoría de bandera china, tuvo un impacto negativo en la producción del año anterior. Sin embargo, este 2025 no se ha registrado actividad de dichas naves dentro de las 200 millas marítimas. Finalmente, destacó que durante la veda, entre el 70% y 80% de los pescadores migrarán hacia la captura de otras especies costeras para continuar con su actividad económica mientras se recupera la biomasa de la pota.

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La empresa que instalará bloqueadores de celulares en el penal de Piura

El penal de Piura (ex Río Seco) será el primero en contar con bloqueadores de celulares y señal wifi, cuya instalación está prevista para iniciarse en julio de 2025, según el proyecto del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La empresa encargada de ejecutar estas instalaciones es Prisontec S. A. C., que implementará los dispositivos en los establecimientos penitenciarios de Piura, Pucallpa, Arequipa e Iquitos, en un proceso escalonado que culminará en septiembre de 2026. Este proyecto busca combatir el uso ilegal de celulares dentro de los centros penitenciarios. Prisontec S. A. C. inició actividades en 2014, tiene como actividad principal las telecomunicaciones, y su gerente general es el empresario Augusto Eduardo Fernández Márquez. Esta empresa, sin embargo, recientemente ha tenido problemas con el INPE, debido a la falta de funcionamiento de los bloqueadores de celulares que ya ha instalado en algunos penales. En todo el país, Piura es la región con la mayor cantidad de denuncias por extorsiones. La gran mayoría provienen del penal de Piura (ex Río Seco). Con más de 900 denuncias recibidas por la Policía Nacional, esta región del norte del Perú enfrenta una grave crisis de inseguridad ciudadana por delitos extorsivos cuyo centro de operaciones es el establecimiento penitenciario conocido como ‘Río Seco’. Según el general PNP Manuel Farías, jefe de la región policial Piura, se ha identificado que la gran mayoría de los casos de extorsiones tienen su origen en el penal de Piura, el cual actualmente no cuenta con equipo para el bloqueo de señal de celulares. «Detrás de cada un extorsionador, hay seis personas más identificadas por el Ministerio Público. Están utilizando yapes de otras personas. La gran mayoría de las llamadas salen de este penal de Río Seco. Aquí está la universidad de la delincuencia. Es más fácil entrar artículos prohibidos al penal que subir a un avión», dijo Farías en declaraciones a Latina Noticias.

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