Destacados2

El canciller Hugo de Zela, tras atender los reportes de la situación en el golfo y para salvaguardar la integridad de la comunidad peruana en los países en conflicto dispuso que se cancele la realización de las elecciones generales del 12 de abril en el Medio Oriente, lo que se comunicó de inmediato a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta medida fue tomada durante la reciente sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, liderada por el canciller, donde se evaluó la gravedad de la situación y la posibilidad de que el conflicto se prolongue. De esta manera, no se desarrollará el proceso electoral general en países como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano. Los funcionarios diplomáticos en los países del golfo brindaron detalles de la situación de emergencia que se vive y los riesgos que implicaría permanecer en la zona, si la situación se extiende, tanto para los connacionales residentes y varados, como para sus familias y ellos mismos. En la reunión virtual, en la que también participaron el viceministro Félix Denegri y funcionarios de los órganos de línea, con los jefes de las misiones diplomáticas en el Medio Oriente, se acordó reforzar las acciones desplegadas para lograr una rápida evacuación de todos los connacionales en tránsito, que quedaron varados. En ese sentido, el canciller dispuso que se refuerce con personal diplomático a las misiones de Emiratos Árabes Unidos, para poder atender la demanda de atención e información de los connacionales. El titular de Torre Tagle también instó a los jefes de las misiones diplomáticas del Perú en dichos países, a que se mantengan a buen recaudo junto a sus familiares y listos para tomar otras acciones, de agravarse el conflicto. A la fecha, han sido evacuados a zonas seguras un total de 163 peruanos que se encontraban varados. Se mantiene contacto permanente con otros 62 connacionales, en la misma situación de tránsito, para su evacuación, así como con los residentes que deseen abandonar la zona. En Medio Oriente se encuentran alrededor de 5,600 peruanos en condición de residentes.

En su sesión vespertina, el Pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución legislativa que planteaba inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución Política. El pedido de sanción obtuvo 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, lejos de los dos tercios requeridos para sancionar a un fiscal supremo. Tras esta votación la propuesta quedó sin efecto y el expediente fue enviado al archivo. La solicitud de inhabilitación contra Delia Espinoza se originó del informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 (acumuladas), que atribuían a la extitular del Ministerio Público una presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. No obstante, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración de la votación, por lo que el tema podría volver a evaluarse. Las referidas denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia). Ello, a raíz de la Denuncia Constitucional 549 formulada por la exfiscal de la Nación contra 11 legisladores, por votar a favor del dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR, que reguló la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El informe fue sustentado por el congresista Jorge Montoya (HyD), quien argumentó que la exfiscal habría vulnerado la garantía de inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 93 de la Carta Magna. Según explicó, dicha disposición establece que los congresistas no responden ante autoridad alguna por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Defensa y debate Por su parte, la defensa de Delia Espinoza, representada por el abogado Rodolfo Pérez, rechazó los argumentos del informe y afirmó que la actuación de la exfiscal respondió al cumplimiento de sus funciones constitucionales. “La fiscal de la Nación es la única autoridad independiente que puede presentar denuncias constitucionales contra congresistas. Hacerlo no solo es legal, sino parte esencial del principio de separación de poderes”, señaló. Durante el debate, congresistas de diversas bancadas expusieron sus posiciones. Algunos legisladores defendieron la necesidad de proteger la inviolabilidad del voto parlamentario, mientras que otros cuestionaron la pertinencia de imponer una sanción de esta naturaleza. Luego de la votación, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, precisó que la Constitución exige al menos 68 votos (equivalentes a dos tercios de los miembros hábiles del Parlamento) para aprobar la inhabilitación de un fiscal supremo. Al no alcanzarse ese umbral, la propuesta fue remitida para su archivo.