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Alianza Lima deberá pagar multa de S/ 2.4 millones por el ‘Apagón’ de Matute en 2023

El ‘Apagón’ en el estadio de Matute en 2023 le costará a Alianza Lima S/ 2 407 500. En segunda y última instancia administrativa, el Indecopi multó con 450 UIT al club blanquiazul por apagar, sin justificación y de manera no coordinada, la iluminación del campo y las tribunas del estadio Alejandro Villanueva durante la final de la Liga 1, exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes. Según Indecopi, el apagado de los reflectores el 8 de noviembre de 2023 incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio; así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que obliga a los clubes cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes. Ese día, Alianza Lima perdió la final de la liga peruana frente a su clásico rival, Universitario de Deportes, en un evento conocido como el ‘Matutazo’, que llevó a la dirigencia del club de La Victoria, encabezados por ‘Tito’ Ordóñez, disponer el apagado de la iluminación, a fin de que el público asistente no viera a la ‘U’ dar la vuelta como campeón. Indecopi determinó que el ‘Apagón’ se dispuso sin coordinar con las autoridades presentes, como la Policía Nacional, la Fiscalía y representantes de la FPF, quienes incluso solicitaron restablecer la luz, a lo que Alianza Lima se negó. Este accionar generó una oscuridad generalizada que expuso a los asistentes a condiciones de inseguridad, favoreciendo hechos como el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión del campo de juego. Como medida correctiva, se ordenó que el club Alianza Lima capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada, y adopte mecanismos internos de control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos. Indecopi deberá emitir un nuevo pronunciamiento respecto al encendido y lanzamiento de bengalas al estadio, lo que podría derivar en una multa adicional a la ya impuesta.

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Ministro Santiváñez huye de la prensa tras allanamiento fiscal de su oficina

Además de la vivienda de Nicanor Boluarte, en San Borja, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) también allanó una de las oficinas de Juan José Santiváñez, exministro del Interior y hoy en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Luego de este allanamiento fiscal, Santiváñez ofreció una conferencia de prensa, que ya estaba programada, en la que solo se refirió al traslado del expresidente Martín Vizcarra de establecimiento penitenciario. Sin embargo, ante las preguntas de la prensa, el ministro salió corriendo y no respondió ninguna interrogante. Según la investigación fiscal en su contra, desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan José Santiváñez instaló una organización criminal en el Estado con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos. La investigación también involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ya que él asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los involucrados. De la imputación fiscal se desprende que Juan José Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para negociar las influencias que ejercía desde el Ministerio del Interior. El primer hecho que se le atribuye es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho. El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones. El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones. El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio de Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.

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Juez ordena a la policía brasileña reforzar vigilancia a Jair Bolsonaro ante posible fuga

El juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía brasileña que refuerce la vigilancia en la vivienda de Jair Bolsonaro a fin de evitar una fuga. El expresidente ultraderechista cumple prisión domiciliaria en Brasilia, mientras termina el juicio en el que puede ser condenado a cadena perpetua por intentar un golpe de Estado contra Lula Da Silva en enero de 2023. La orden del juez es que Bolsonaro sea vigilado las 24 horas del día, ya que la semana pasada la Policía Federal reveló que había localizado en su teléfono móvil un borrador de petición de asilo dirigido al presidente de Argentina, el también ultra Javier Milei. Los abogados defensores de Bolsonaro argumentaron, cuando el juez les pidió explicaciones, que el documento, que no estaba fechado ni firmado, era una propuesta que alguien le hizo al líder de extrema derecha, no reflejo de un plan concreto. En las fechas en las que el texto fue retocado por última vez, Bolsonaro se refugió dos noches en la legación de Hungría, que tiene también un gobierno aliado. El próximo 2 de septiembre, el Tribunal Supremo celebrará la primera de las cinco sesiones convocadas para que los cinco jueces de la sala primera deliberen y dicten sentencia para Jair Bolsonaro y los militares que, según la Fiscalía, tramaron con él una conspiración golpista, con planes de magnicidio, para no entregar el poder al legítimo vencedor de los comicios, Lula Da Silva. Las otras sesiones están previstas para los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre. Justo en medio, Brasil celebrará el aniversario de su independencia, una efeméride que Bolsonaro y los suyos han aprovechado para movilizarse en las calles.

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Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte por presunto favorecimiento a empresa minera

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja. Al hermano de la presidenta Dina Boluarte se le investiga por un presunto favorecimiento a una empresa minera, aprovechando sus contactos en el gobierno. Un equipo de cinco fiscales, liderados por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe, con el apoyo de personal policial, ingresó al inmueble ubicado en el segundo piso de un condominio. El allanamiento incluyó un total de 13 inmuebles en la ciudad de Lima y uno en Ayacucho, entre ellos oficinas públicas y propiedades de colaboradores cercanos a Nicanor Boluarte. Los fiscales precisaron que esta diligencia no está vinculada al caso ‘Los Waykis en la sombra’, sino al caso ‘Ícaro’, en el cual el hermano de la presidenta, el nuevamente ministro Juan José Santiváñez, el general PNP Máximo Ramírez y otras personas son investigadas por los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo. Según la investigación fiscal, el coronel PNP (r) Percy Tenorio habría recibido el apoyo de Santiváñez (cuando este era ministro del Interior) para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, en el gobierno de Manuel Merino. A cambio, Santiváñez, con el apoyo de Nicanor Boluarte, habría utilizado la oficina de Tenorio como un espacio para ocultar objetos personales y documentos frente a posibles allanamientos fiscales en su contra. La investigación también alcanza a la empresa minera El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II, en Ayacucho. Según el Ministerio Público, Percy Tenorio sostuvo reuniones en su oficina de San Isidro con el empresario Franco Parodi, representante de la compañía. En esos encuentros se habría planteado la ejecución de un operativo policial encubierto bajo la figura de una intervención ambiental, con el fin de recuperar la posesión de los terrenos. En ese contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60 mil para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100 mil adicionales para llevar a cabo el operativo en diciembre del mismo año. En total, el presunto soborno ascendería a USD 160 mil. Precisamente, se trata de la mina en la que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor, con el fin de presentar arraigo laboral y así evitar una eventual prisión preventiva.

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Justicia para Saweto: Confirman 28 años de prisión para asesinos de líderes asháninkas

El Poder Judicial confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión para los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas asháninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. La decisión en segunda instancia se dio 11 años después de la tragedia que marcó un hito en la lucha contra la impunidad en crímenes contra defensores ambientales. Los sentenciados son Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como autores mediatos, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, como autores materiales del cuádruple homicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2014. Además, incrementaron el monto de la reparación civil de 50 mil a 100 mil soles para cada una de las familias de las víctimas, lo que en total asciende a 400 mil soles. La sala evaluó nuevas pruebas, escuchó la declaración de un testigo protegido y contó con la participación del exprocurador anticorrupción José Ugaz como amicus curiae. Asimismo, se garantizó la traducción en lengua asháninka para que los familiares comprendieran plenamente los argumentos. ¿Qué es el caso Saweto? El camino del caso Saweto ha sido largo y tortuoso. El 1 de septiembre de 2014, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo emprendieron viaje hacia Brasil para participar en una asamblea indígena. Nunca llegaron, fueron emboscados, torturados y asesinados por madereros ilegales en la zona fronteriza de Ucayali. Desde aquel día, las viudas y familiares de los líderes asháninkas emprendieron una lucha persistente por justicia, viajando durante días para rendir testimonio y enfrentándose a un proceso judicial marcado por retrasos y apelaciones. En 2015, siete meses después de la masacre, la comunidad de Saweto obtuvo finalmente el título de sus más de 78 mil hectáreas, un objetivo por el que Chota y sus compañeros habían trabajado durante años. En 2019, la Fiscalía formalizó la acusación contra los implicados y solicitó 35 años de prisión. Tras un proceso irregular y la anulación de un primer fallo, en abril de 2024 los acusados recibieron la sentencia que ahora ha sido confirmada en segunda instancia. Conmovida, Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos, expresó a Aidesep: “Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”. Por su parte, la abogada Rocío Trujillo Solís, defensora de Edwin Chota, destacó el impacto del fallo: “Con este fallo, la sala confirma la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de los líderes indígenas asesinados por defender los bosques y el ambiente, que son parte de su territorio. Esto genera un precedente para los otros casos de defensores indígenas y un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”. En los últimos años, más de 30 defensores indígenas han sido asesinados en el país, según organizaciones indígenas y de derechos humanos. El caso Saweto, al confirmar la responsabilidad de los acusados y aumentar la reparación civil, sienta un precedente para que los procesos judiciales avancen con mayor rigor y rapidez en otros casos similares. Aunque los abogados de los sentenciados aún pueden presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, el fallo constituye un paso firme en el camino contra la impunidad y en la defensa de quienes protegen los territorios amazónicos frente a economías ilegales.

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Indecopi multa a Universitario por permitir ingreso de bengalas al Monumental

En primera instancia administrativa, el Indecopi determinó que el Club Universitario de Deportes no adoptó las acciones necesarias para impedir el ingreso de bengalas al Estadio Monumental durante la final de ida de la Liga 1 realizada el 4 de noviembre de 2023. Por ello, Indecopi dispuso una sanción de 13.64 UIT, equivalente a S/ 72 974, además de una medida correctiva que lo obliga a capacitar a su personal y directivos en seguridad para eventos deportivos, a través de una entidad externa especializada. Si bien Universitario presentó un plan de protección y seguridad para el evento, calificado de alto riesgo, según Indecopi, el club no garantizó su correcta ejecución, lo que permitió la entrada de artefactos prohibidos que puso en peligro la integridad de al menos 59 000 asistentes al evento deportivo. El análisis realizado evidenció que las medidas contempladas, como controles de detectores de metales, cámaras de seguridad y la presencia de más de 2500 efectivos policiales y 300 agentes privados, no resultaron suficientes para impedir que bengalas ingresaran al estadio Monumental. La decisión emitida por Indecopi ya ha sido apelada por el Club Universitario de Deportes, por lo que el caso será evaluado y será elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, en segunda y última instancia administrativa. Esta resolución es pública y puede ser revisada en el siguiente enlace: https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/a5be71fa-837a-462a-80b1-a13235b1b88a

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Selección peruana: Los convocados de Óscar Ibáñez para cerrar las Eliminatorias

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la lista oficial de convocados del DT Óscar Ibáñez para lo que queda de las Eliminatorias al Mundial 2026. El entrenador citará a 26 futbolistas para cerrar un proceso cargado de caídas por constante inoperancia y desprolijidad. Perú tiene chances casi nulas de clasificar e incluso del repechaje. Solo se encargará de cumplir con el calendario afrontando dos encuentros de muchísima exigencia. El jueves 4 de septiembre (18:30 horas) se medirá contra Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo, y el martes 9 (18:30 horas) dirá adiós a las Eliminatorias midiéndose ante Paraguay, en el estadio Nacional de Lima. Podría entrar en la última lista de convocados a la selección peruana el experimentado Yoshimar Yotún, que regresaría a la Villa Deportiva Nacional (Videna) después de casi dos años producto de una severa lesión en la rodilla que, además, contrajo una infección bacteriana. Sus apariciones puntuales con Sporting Cristal, una de ellas con anotación, le abrieron las puertas de la ‘bicolor’. La selección peruana vive un auténtico descalabro en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 por malas decisiones ejecutadas de la FPF. Desfilaron un total de tres entrenadores para tan solo saldar 12 unidades, un margen que es inservible para soñar con una épica clasificación mundialista. Lista de convocados a la Selección Peruana La ‘bicolor’, que en su momento fue una revelación a nivel continental, tan solo ha logrado, recientemente, empates ante Colombia y Ecuador bajo la dirección de Óscar Ibáñez, situación que prácticamente sella su eliminación. Peor aún, la campaña empezó con el arranque más desastroso en décadas: cuatro derrotas y dos empates tras seis fechas bajo la disciplina de Juan Reynoso, cuya labor estuvo muy marcada y cuestionada por la falta de peso ofensivo. En su reemplazo llegó Jorge Fossati como una especie de remedio, pero sus funciones como seleccionador dejaron mucho que desear. Por más que hubo una ligera recuperación en cuanto a estadísticas, su trabajo deportivo era constantemente discutido por enfatizar más en su dogma que en las herramientas. Terminó siendo destituido por malos resultados y su espacio fue encargado a Óscar Ibáñez como interino hasta la conclusión del proceso.

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Tenista peruano Ignacio Buse debuta con gran actuación en el US Open 2025

Ignacio Buse, la primera raqueta nacional, dejó todo en la cancha y jugó un buen partido, aunque no pudo ante la estrella estadounidense Ben Shelton, quien se impuso por 6-3, 6-2 y 6-4 en la primera ronda del US Open 2025. Con solo 21 años, Buse vivió un momento histórico: su estreno en el cuadro principal de un Grand Slam. En el Arthur Ashe Stadium, se enfrentó al local Shelton, número 6 del mundo, en un duelo que lo convirtió en protagonista frente a la élite del tenis mundial. El partido comenzó parejo, con Ignacio Buse mostrando carácter y atrevimiento desde la línea de fondo, generando oportunidades claras para quebrar el servicio del estadounidense. Shelton se quedó con el primer set (6-3) tras un quiebre en el octavo game, luego de que Buse cometiera una doble falta en un momento clave. En el segundo set, el peruano mantuvo la intensidad, sosteniendo largos puntos y forzando extensos games. Salvó hasta cuatro oportunidades de quiebre en un solo turno de servicio, pero el estadounidense volvió a imponer su potente saque, uno de los más veloces del torneo, para quedarse con el parcial 6-2. En el tercero, Buse se destacó con un saque sólido y defensas interesantes frente al servicio de Shelton, aunque finalmente el estadounidense cerró el encuentro por 6-4, tras 2 horas y 7 minutos de juego. “Me he preparado toda la vida para este encuentro”, comentó Ignacio, quien defendió los colores del Perú con garra y orgullo, jugando de igual a igual ante uno de los mejores del mundo. Como primera raqueta nacional, demostró que el tenis peruano está en buenas manos y puso al país en la vitrina del tenis de élite mundial. Más allá del resultado, este debut marca el inicio de un camino prometedor para Buse, que a su corta edad ya comienza a escribir su nombre en la historia grande del deporte peruano.  Su actuación en el recinto más importante del tenis deja una excelente sensación de cara a lo que será la ronda del Grupo Mundial I Copa Davis en Lima a jugarse en septiembre de este año frente a Portugal.

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La peruana que podría ser condenada a pena de muerte en Indonesia por narcotráfico

Una mujer peruana de 42 años y de iniciales N. S. fue arrestada en Indonesia, y podría ser condenada a la pena de muerte por intentar traficar 1.4 kg de cocaína por un pago de USD 20 000. De acuerdo con la agencia de prensa AFP, el arresto se suscitó el pasado 12 de agosto en el aeropuerto internacional de la ciudad de Bali. De acuerdo con el reporte policial, la mujer señaló haber sido contactada por un sujeto, aún no identificado, en abril a través de la internet (dark web). Debido a los comportamientos extraños de la mujer peruana, la policía de Bali realizó los controles adicionales, lo que llevó a descubrir que la droga y 85 pastillas naranjas de éxtasis estaban en su cuerpo y en su sujetador, respectivamente. «Los aduaneros sospecharon de su comportamiento y, tras consultar con la policía, realizaron controles adicionales», declararon las autoridades en rueda de prensa. Además, señalaron que la mujer llegó el 12 de agosto al aeropuerto internacional de Bali procedente de Catar. De acuerdo con el Ministerio de Inmigración y Servicios Correccionales de Indonesia, son más de 90 extranjeros los que se encuentran actualmente detenidos en el país y que están condenados a muerte por el tráfico de drogas. No obstante, recalcaron que en un acto de clemencia, el gobierno de Indonesia ha permitido que los detenidos puedan ser repatriados. Según la misma ciudadana peruana N. S., ella habría sido captada en abril de este año por un sujeto en la web o también conocida como ‘Dark Web‘ y que le habrían ofrecido USD 20 000 por trasladar la droga a Indonesia. Al respecto, la mujer ahora podría ser condenada a muerte debido a las legislaciones severas que tiene Indonesia en materia de tráfico de drogas. La denominada ‘Dark Web’ es una parte baja del Internet, la cual es accesible solo a través de redes especializadas que ocultan la identidad y ubicación de los usuarios. A consecuencia de ello, se ha registrado que en dicho espacio existe información robada y que, en muchas ocasiones, los cibernautas son captados para cometer actividades ilegales.

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Indecopi evalúa multar a Oncosalud con más de S/ 3 millones por estafas en seguros

La Dirección de Fiscalización del Indecopi, por encargo de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, inició una investigación a la empresa Oncosalud debido a la presunta estafa que compromete los términos incluidos en la publicidad de su producto Oncoplus, que es ofrecido a través de las diversas plataformas de comunicación. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) señaló  que si bien en lo referido a la aplicación de las pólizas oncológicas la competencia es de Susalud, según lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la publicidad que realizan los proveedores de dichas pólizas deben cumplir con el principio de veracidad. En ese sentido indicó que no pueden realizar actos de engaño que induzcan a error a los consumidores sobre las características de sus productos o servicios. La empresa Oncosalud, que pertenece a la red Auna, ha venido promocionando su producto Oncoplus con la promesa de una cobertura integral del tratamiento médico para pacientes oncológicos. Sin embargo, diversos testimonios han revelado que dicha cobertura no es integral, lo que constituiría una estafa por parte de Oncosalud. El Indecopi advirtió que si en el desarrollo de la fiscalización iniciada se verifica algún incumplimiento, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal evaluaría el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de Oncosalud. Asimismo, de ser el caso podría imponerse una sanción que comprometería el pago de una multa de hasta 700 UIT; es decir, más de tres millones de soles.

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