Congreso de la República

Congresistas quieren ganar como jueces supremos: más de S/ 42 mil mensuales

Luego del aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso alista un incremento, incluso más sustancioso, para nuestros futuros congresistas. El sueldo de un legislador podría llegar hasta más de S/ 42 mil en el futuro Congreso bicameral, si es que prospera una propuesta actualmente en trámite en la Comisión de Constitución. En el reglamento actualmente vigente, en el artículo referido a los “derechos funcionales de los congresistas, no se dice cuánto deben ganar, sino que tienen: una “remuneración adecuada” sujeta a impuestos, una compensación por tiempo de servicios (CTS) y una “asignación por desempeño por función congresal”. Actualmente, un legislador ya recibe mensualmente cerca de S/ 30 mil. A la fecha, el sueldo del legislador es de S/ 15,600, un monto de viáticos por semana de representación de S/ 2800 y un monto por “asignación por representación” de S/ 11 000. Estas cifras suman S/ 29 400. El monto por asignación ya fue aumentado el año pasado por el actual Congreso: antes era S/ 7617. Si se considera el pago anual, reciben en total 16 sueldos de S/ 15 600, asignaciones mensuales por S/ 11 000 y S/ 2800 mensuales por viáticos de semana de representación. Además, tienen seguro, pasajes pagados para destinos nacionales, tarjetas de consumo navideños, bonos, gastos de transporte y otros beneficios. Sin embargo, en los predictámenes para el reglamento de la Cámara de Diputadores y el Senado se busca establecer que tienen el “derecho” a “percibir una remuneración mensual igual a la que percibe por todo concepto un juez supremo titular”. Actualmente, la remuneración de un juez supremo titular supera los S/ 42 mil. Según el portal de Transparencia del Poder Judicial, los jueces supremos titulares perciben una remuneración de S/ 42,717.20. Esto sin contar los ingresos adicionales, como aguinaldos. La cifra es la misma respecto al juez supremo titular más antiguo y el más reciente, que solo tiene dos años de antigüedad. Así, si la propuesta actualmente en trámite en la Comisión de Constitución prospera, el sueldo mensual de cada uno de los 60 senadores y los 130 diputadores sería de S/ 42 717.20. Ello implicaría un gasto mensual al Estado de S/ 8,116,268 para las remuneraciones de los 190 legisladores. Si se mantienen los 16 sueldos al año, como ocurre ahora, se destinarían anualmente para ellos S/ 129,860,288 al año.

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Fujimorismo alista más beneficios tributarios para grandes agroexportadoras

El fujimorismo alista nuevas leyes que otorgan beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras, con las que el Estado peruano dejará de recaudar cerca de S/ 1880 millones anuales y S/ 20 000 millones entre 2026 y 2035. No importan las advertencias del Consejo Fiscal o del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre su impacto en las finanzas públicas. Un informe del Ministerio de Economía (MEF) remitido al despacho de la congresista Ruth Luque proyecta que, durante el 2025 se recibirá más de 300 proyectos de ley sobre temas tributarios. De ese total, el 90% proviene del Poder Legislativo. Pero, eso no es todo. Desde julio del 2021 hasta el 1 de julio de este año, el costo fiscal de 144 propuestas normativas ascendería a S/ 406 462 millones, lo que equivale a 35.2% del PBI previsto para el 2025. Los responsables políticos de golpear la recaudación tributaria son en su mayoría de las bancadas Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú y Fuerza Popular. Las iniciativas del partido de la lampa concentran el costo fiscal más alto con S/ 188 371 millones, es decir 46.3% del total. Le siguen PL con 62 438 millones (15%), SP con 41 304 millones (10%) y la bancada naranja con 37 953 millones (9%), que además ostenta la mayor cantidad de proyectos presentados (25). “La agenda del Congreso ha sido orientada por las exoneraciones tributarias, favoreciendo a las grandes empresas como ha ocurrido hace poco con la nueva ley agraria. El informe del MEF muestra que al interior del Congreso no hay claridad de dónde sale el dinero y cómo se generan mayores recursos hacia el futuro. Preocupa que 25 de estas normas ya publicadas representan un costo de más de S/ 26 millones”, indicó Ruth Luque. Además de las normas ya promulgadas en El Peruano, existen otros 34 proyectos de ley con dictamen que podrían generar que el Estado deje de recaudar más de S/ 152 millones. Respecto a las tres que están con autógrafa, el costo asciende a S/ 9984 millones, mientras que las siete iniciativas en comisión, equivalen a S/ 211 223 millones. En el último periodo legislativo, el fujimorismo (Fuerza Popular) recuperó la presidencia de la Comisión de Economía que estará a cargo del congresista Víctor Flores. Este medio le solicitó una entrevista a su equipo de prensa, pero fue denegada por razones de su ocupada “agenda”. No obstante, le declaró al canal del Congreso que su grupo de trabajo “técnico” actuará con responsabilidad para bajar el gasto fiscal.

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Ley de Amnistía: La expresión de un Estado profundamente racista | OPINIÓN

Por: Federico Chunga Fiestas, consultor internacional en derechos humanos La Ley de Amnistía, promulgada el 14 de agosto pasado, es, históricamente, uno de los peores ultrajes que un presidente de la república y una clase política corrupta han podido cometer contra el país. Como muchos expertos ya han señalado, esta ley: A ello, quisiera agregar algunos puntos adicionales. El primero es evidenciar que la ley es profundamente racista porque las personas directamente perjudicadas (las víctimas y sus familiares) son, casi todas, personas quechuahablantes o de otros grupos racializados. La violación de sus derechos más elementales, hoy, es una extensión del racismo estructural que permitió que crímenes atroces fueran perpetrados, en su inmensa mayoría, contra ese grupo de personas. Varios congresistas y ex altos mandos militares se han referido a esas víctimas como «daños colaterales necesarios”. Por supuesto, es un razonamiento que ni siquiera se les ocurriría si las víctimas fuesen «ciudadanos» miraflorinos, sanisidrinos, o sus “iguales”. Así, la ley remarca un desprecio, ahora nuevamente institucionalizado y legalizado, contra personas a las que se les vuelve prescindibles en nombre de la paz y la tranquilidad de “todos”. Otro punto a destacar es que un importante sector del gran empresariado apoya la ley o guarda silencio, como si le fuese un tema ajeno, lo que, sin dudas, es un error. Primero, porque, dada su gran influencia sobre el Estado —que suelen usar sin dudas para temas de su interés— tienen la obligación moral de exigirle a este que respete los derechos humanos, más aun si en todos los foros públicos, nacionales e internacionales, aseguran que las empresas peruanas «tienen a los derechos humanos en su ADN». En segundo lugar, porque la ley es propia de un Estado que incumple sistemática y abusivamente sus obligaciones internacionales más básicas y, por tanto, no merece ningún nivel de confianza en el ámbito internacional. Eso hará imposible, por ejemplo, que Perú ingrese a la OCDE, o que tenga una posición respetable en cualquier espacio internacional, afectando su desarrollo económico a mediano plazo, y perjudicando, también, los negocios. Ya publicada la ley, corresponde a los jueces inaplicarla caso por caso, haciendo uso de su función constitucional de control difuso. Para ello cuentan con sólidos e irrefutables argumentos aportados por la Constitución, la Convención Americana y la reiterada jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional peruano, previo al vigente, el cual hoy se encuentra capturado, al igual que la Defensoría del Pueblo, por organizaciones políticas antiderechos.

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Elecciones 2026: ¿Cuántos senadores y diputados tendrá mi región a partir del próximo año?

Vuelve la bicameralidad. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el número de escaños que tendrá el Congreso de la República a partir de las Elecciones 2026. Este número corresponderá a cada uno de los 27 distritos electorales del país, conformados por los 24 departamentos, Lima Provincias, la Provincia Constitucional del Callao y Peruanos Residentes en el Extranjero. Según la Ley N.º 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, a partir del próximo año el Poder Legislativo estará conformado por 60 senadores y 130 diputados. ¿Cuántos senadores y diputados tendrá mi región? En el caso del Senado, el JNE estableció una primera distribución de 30 escaños para una elección por distrito electoral múltiple. Es decir, se otorga 1 escaño a cada circunscripción, con excepción de Lima Metropolitana, a la que se le asignan directamente 4 escaños. Respecto de los otros 30 escaños del Senado, los representantes serán elegidos en distrito electoral único nacional, es decir, con el voto de todos los electores que forman parte del padrón electoral del país. En cuanto a los escaños de la Cámara de Diputados, se hará una primera distribución de 28 escaños, otorgando 1 escaño a cada circunscripción electoral, con excepción de los Peruanos Residentes en el Extranjero, que tendrán 2 representantes. Los otros 102 escaños de la Cámara de Diputados que se distribuirán de manera proporcional al número de electores hábiles de las otras 26 circunscripciones, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Así, a partir de las Elecciones 2026, Lima Metropolitana tendrá 32 diputados, y las regiones con mayor número de representantes en esta Cámara serán Piura y La Libertad, con 7 escaños cada una. Por número de población, les siguen Arequipa y Cajamarca, con 6 escaños cada uno en la Cámara de Diputados. Mientras que las regiones con menos número de representantes (2) son Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Tumbes.

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Boluarte promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares criminales

La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso que favorece a los policías y militares violadores de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Pese a que la Corte IDH ordenó al gobierno abstenerse de promulgar la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Dina Boluarte realizó una ceremonia en Palacio de Gobierno para el evento de promulgación. Esta ley establece brindar amnistía a favor de los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos. Asimismo, la ley concede el indulto a los sentenciados mayores de 70 años de edad por «carácter humanitario». En una resolución del 24 de julio de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, sustentó su decisión en los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en aras de la búsqueda de la justicia y también exhortó a los jueces a no aplicar esta norma que caso sea promulgada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recalcó que la finalidad de la suspensión de la normal sería hasta que la Corte IDH analice la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evaluar el impacto en la casos La Cantuta y Barrios Altos. Precisamente, en la resolución de la jefa del ente internacional se recordó que el Estado peruano atentó contra los derechos de ciudadanos de manera extrajudicial. Durante la promulgación de la norma en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes los congresistas José Cueto (Honor y Democracia), Jorge Montoya (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular). Además, estuvo presente el fujimorista Fernando Rospigliosi, expresidente de la Comisión de Constitución del Congreso que aprobó el dictamen de esta ley de impunidad. También estuvo presente el general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército condenado por los casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”. Salió en libertad en diciembre del año pasado luego de un fallo favorable del Tribunal Constitucional.

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Fujimorista César Revilla es contratado como docente en la UNP, pero no recuerda qué enseñó

El congresista César Revilla Villanueva (Fuerza Popular) ha sido contratado por más de S/ 280 mil por supuestos servicios como docente en la Universidad Nacional de Piura (UNP) que no estaría cumpliendo. Según admitió, ni siquiera recuerda qué cursos dictó, pese a que figura como profesor asociado desde el año 2022 y percibe un pago mensual de S/ 4958 por 17 horas presenciales semanales en la facultad de Ciencias de la Salud. Revilla Villanueva ejerce su cargo en el Congreso, que exige dedicación exclusiva, al mismo tiempo que mantiene su plaza de docente en la UNP. Ambas funciones resultan incompatibles, ya que el Congreso demanda su presencia a tiempo completo y las clases en Piura requieren asistencia presencial. Además, el legislador es promotor de la Escuela Naranja, de Fuerza Popular, con actividades constantes en distintas regiones del país. No obstante, sobre su supuesto trabajo académico en Piura, no hay registro claro de horarios o del curso que imparte. Desde julio de 2021, cuando asumió su escaño, el fujimorista ha acumulado S/ 287 564 en pagos de la UNP. El congresista sostiene que cuenta con permiso del Congreso para esta labor, aunque las boletas de pago evidencian un servicio docente cuya efectiva realización sigue siendo incierta. El pasado 11 de julio se reveló que el congresista fujimorista César Revilla y Patricia Manrique Chávez, quien fue esposa del actual jefe de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas, figuran como beneficiarios de diversos contratos otorgados por la Universidad Nacional de Piura (UNP). En el caso de Revilla, los documentos muestran cuatro acuerdos desde 2016, incluidos pagos por dictado de clases, capacitaciones y apoyo administrativo, incluso uno firmado en 2023, cuando ya ocupaba un escaño en el Congreso. Manrique, por su parte, acumuló más de dos decenas de contratos en esa casa de estudios, con encargos que van desde labores temporales hasta puestos de responsabilidad académica. Entre los más significativos se cuentan remuneraciones de decenas de miles de soles por su rol como vicerrectora de investigación y por trabajos de gestión en años recientes. Estas coincidencias surgen en medio de una disputa por la dirección de la UNP, en la que el bloque que ha manejado la universidad durante más de 25 años intenta revertir los resultados que favorecieron a José Ordinola Boyer. El nuevo rector electo advierte que la relación de Revilla y del jefe de la Sunedu con la universidad podría usarse como argumento para promover una intervención que anule los comicios.

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Heidy Juárez asume presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores

El Congreso de la República instaló la Comisión de Relaciones Exteriores para el periodo anual de sesiones 2025-2026, eligiendo por mayoría como presidenta a Heidy Juárez Calle (Podemos Perú), natural de Paita, Piura. La mesa directiva se completa con Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) en la vicepresidencia y José Ernesto Cueto (Honor y Democracia) en la secretaría. La lista fue aprobada con 15 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención durante la sesión de instalación. Durante su intervención, Juárez se refirió a la situación actual en la isla Chinería, zona de triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil: “Frente a los temas limítrofes, la comisión actuará con determinación y prudencia diplomática, asegurando la defensa irrestricta de la soberanía nacional y la protección de los derechos de nuestras comunidades fronterizas en armonía con la diversidad territorial y cultural”. Asimismo, destacó que la agenda del grupo “requerirá el compromiso activo de todos los integrantes y se enfocará en fiscalizar que los acuerdos internacionales salvaguarden los intereses del país”. Se acordó que la comisión sesionará los lunes a las 11:00 a.m., quedando habilitada para desarrollar su trabajo legislativo en materia de política exterior, tratados internacionales y diplomacia durante el presente periodo parlamentario.

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Congresista Muñante quiere interrogar a periodista Gustavo Gorriti por caso Lava Jato

La Comisión Investigadora Multipartidaria que preside el congresista ultraconservador Alejandro Muñante (Renovación Popular) quiere interrogar al periodista Gustavo Gorriti respecto al acuerdo entre Odebrecht y el Estado peruano, en torno al caso Lava Jato. Esta comisión fue creada para investigar los efectos legales y económicos del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Perú. Pero existen conflictos de intereses, ya que miembros de partidos con representación en el Congreso son mencionados o investigados en este caso. Según la citación enviada a Gorriti, el periodista deberá presentarse en el Congreso de la República este lunes 4 de agosto de 2025 a fin de brindar «la información que posea sobre los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz […] en su condición de fundador y/o director de IDL-Reporteros”. Sin embargo, el periodista respondió públicamente que no asistirá, ya que, según considera, dicha comisión se encuentra «viciada» y esta citación forma parte de una estrategia para amedrentar su labor periodística, más que para investigar a fondo el caso. Gustavo Gorriti subrayó que, como periodista, está amparado por el secreto profesional y la reserva de fuentes, derechos reconocidos tanto por la Constitución como por el reglamento del Congreso. En su carta, el director de IDL- Reporteros cuestionó el rol y la legitimidad de la comisión. Señaló que algunos de sus integrantes, incluidos representantes de Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre, pertenecen a partidos vinculados al caso Lava Jato, lo que, de acuerdo con Gorriti, representaría un grave conflicto de interés. También recordó que en la comisión trabajó como asesor Luis Pacheco Mandujano, abogado de implicados en Lava Jato como Gonzalo Monteverde y Jorge Carmona. Aunque fue separado, Gorriti consideró que su contratación reflejaba la falta de imparcialidad del grupo de trabajo.

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Fiscal de la Nación advierte que Ley de Amnistía para militares y policías es inconstitucional

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que la Ley de Amnistía a favor de militares y policías sentenciados por delitos de lesa humanidad es inviable constitucionalmente, además de incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Dicha Ley de Amnistía fue aprobada recientemente por el Congreso de la República, a propuesta del fujimorista Fernando Rospigliosi. La norma busca eximir de responsabilidad penal a los policías y militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones durante el periodo del conflicto armado interno. Al respecto, la fiscal de la Nación recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya competencia el Perú reconoce, ha solicitado no promulgarla debido al riesgo de impunidad que existe en casos de graves violaciones a los derechos humanos. «Esperamos que se tome conciencia de que esta ley simplemente lograría impunidad. No se puede dejar de perseguir a quienes, faltando a su deber de protección de la vida humana y la integridad, hayan vulnerado esos derechos», consideró Delia Espinoza en conferencia de prensa. Es importante precisar que en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró inválidas las leyes de amnistía para policías y militares en el caso Barrios Altos, y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos. Esta jurisprudencia sigue siendo vinculante y obligatoria para el Estado peruano.

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Mensaje a la Nación de Dina Boluarte por Fiestas Patrias duró 4 horas y 11 minutos

El último Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias duró cuatro largas horas con once minutos. Llevaba por título “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú” y solo confirmó la persistente desconexión del Ejecutivo con la realidad del país. Lejos de ofrecer una reflexión sobre la crisis política y social que marcó su llegada al poder, la presidenta eligió empezar su intervención atacando. En lugar de reconocer su responsabilidad por las 49 muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, calificó de “golpistas” a quienes se movilizaron en su contra. “Se construyó una narrativa, un relato, por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos, fuimos los victimarios”, dijo Boluarte en su Mensaje a la Nación desde el hemiciclo del Congreso de la República. Estas palabras generaron indignación entre congresistas de izquierda como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, quienes protestaron levantando carteles con frases que reflejaban el 98 % de desaprobación que registra Boluarte. “El pueblo no se rinde”, “Justicia para el pueblo” y “Dina, el pueblo te repudia” fueron los lemas que se veían en polos y pancartas que sostuvieron los parlamentarios Quispe y Quito, quienes se pararon por unos minutos en el centro del Hemiciclo. Por su parte, la legisladora Ruth Luque mostró la imagen de una de las víctimas de la represión en Ayacucho. Fueron 97 páginas leídas durante más de cuatro horas. La duración, el tono repetitivo y la falta de anuncios relevantes generaron tedio incluso entre sus ministros. Sin autocrítica ni nuevos planteamientos, el mensaje reforzó la percepción de un gobierno distante y aferrado a un libreto agotado. Dina Boluarte no solo calificó de “golpistas” a los manifestantes, sino que también tildó de “violencia” cualquier reclamo contra su gestión, incluso los pacíficos. “Quiero decirles a quienes votaron en las elecciones del 2021, que no ha sido esta presidenta la que pretendió quebrar el Estado constitucional para ubicar al Perú en el sendero de la destrucción y el fracaso”, sostuvo. Sin embargo, hubo 15 páginas que Boluarte decidió no leer. No se ha explicado oficialmente el motivo, pero se sabe que ese contenido hacía referencia a los proyectos de los 19 ministerios para el último año de gestión.

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