Falsificación de documentos y tráfico ilegal de terrenos en el GORE Lambayeque

Alianza Lima deberá pagar multa de S/ 2.4 millones por el ‘Apagón’ de Matute en 2023

INPE retorna al expresidente Martín Vizcarra de Ancón al penal de Barbadillo

Ministro Santiváñez huye de la prensa tras allanamiento fiscal de su oficina

Juez ordena a la policía brasileña reforzar vigilancia a Jair Bolsonaro ante posible fuga

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte por presunto favorecimiento a empresa minera

El 80% de llamadas telefónicas a la Compañía de Bomberos de Piura son falsas

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Minería ilegal invade 9 regiones amazónicas y pone en riesgo a 73 comunidades nativas

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Ministerio Público

Fiscalía de la Nación denuncia a Dina Boluarte por las muertes en protestas

Descatados1, Política y gobierno /

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes de personas durante las protestas 2022-2023. La denuncia, por los presuntos delitos de lesiones leves y graves, se extiende también a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Arana y Luis Alberto Otárola Peñaranda. También a los exministros Jorge Luis Chávez Cresta (Defensa) César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández (Interior). La denuncia constitucional señala que la presidenta Dina Boluarte y las referidas exautoridades habrían cometido abusos en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros manifestantes durante las protestas ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana. Según la investigación preliminar, alrededor de 70 personas fallecieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Este panorama constituyó una grave afrenta a los derechos humanos por la violenta represión policial y de las fuerzas armadas.

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Fiscalía logra detención internacional de Miguel Rodríguez, alias ‘Cuchillo’

Descatados1, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad – Equipo 2 logró la detención internacional de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, en Colombia. Además, en nuestro país se consiguió la detención preliminar de Liliana E. Pizan Chirado. La detención de ambos investigados se produjo en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía de Colombia, con la asistencia técnica de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. Al Miguel Rodríguez, ‘Cuchillo’, se le investiga por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio agravado, y, a Liliana Pizán, por el delito de obstrucción de la justicia.  Ambos son imputados como presuntos miembros de una organización criminal. Asimismo, el Ministerio del Interior informó que Miguel Rodríguez, ‘Cuchillo’, fue detenido en Colombia «tras una acuciosa labor de inteligencia y coordinación entre la Región Policial de La Libertad de la PNP , la Policía Nacional de Colombia e interpol«. A Rodríguez Díaz se le acusa de haber cometido crímenes en agravio de 13 trabajadores mineros en un socavón en la provincia de Pataz, en La Libertad. Los trabajadores mineros permanecieron fallecidos luego de ocho días de búsqueda en los que se sospechaba que estaban secuestrados. ‘Cuchillo’ ha negado haber participado de estos crímenes.

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Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para ‘El Italiano’ por el homicidio de Paul Flores

Destacados, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

La Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho, en Lima, formalizó investigación preparatoria y solicitó al Poder Judicial nueve meses de prisión preventiva para Pier Panduro, alias ‘El Italiano’, principal sospechoso del asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10. El requerimiento se realiza como parte de la investigación por el presunto delito de homicidio calificado, que incluye a otros cuatro sujetos, quienes también son imputados como presuntos coautores del delito. Pier Panduro, ‘El Italiano’, es considerado uno de los sicarios más peligrosos del país, ya que está vinculado hasta en cinco asesinatos, incluyendo los de José Miguel Jurado Carbajal, Miguel Ángel Salas Briones y Jonathan Malco Oré. Tras su detención, fue trasladado a la División Policial de Lima bajo estrictas medidas de seguridad. Según se conoció preliminarmente, la Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho pedirá para él la pena máxima: cadena perpetua, la cual equivale a 35 años de prisión. Panduro Verástegui, de 30 años, fue detenido en Desaguadero, Puno, cuando intentaba regresar al país para ejecutar un nuevo homicidio. La captura se logró gracias a la información proporcionada por otro integrante de la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’, quien lo señaló como autor de los disparos contra el bus de la agrupación musical el pasado 16 de marzo.

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Fiscalía denuncia al ministro Morgan Quero por llamar «ratas» a víctimas de las protestas

Descatados1, Política y gobierno /

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, por haber llamado «ratas» a las víctimas de las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La denuncia constitucional es por el presunto delito contra la humanidad, incitación a la discriminación, en su modalidad agravada, en agravio de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Morgan Quero hizo esas declaraciones en diciembre de 2024, al finalizar una actividad oficial en la ciudad de Piura, en respuesta a una pregunta de una periodista sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. «Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas». Según señala el Ministerio Público en su comunicado, las declaraciones que expresó el ministro de Educación, Morgan Quero, “promueven y legitiman la exclusión y desvalorización de los agraviados”, ya que los deshumaniza. La denuncia constitucional del Ministerio Público fue presentada ante el Congreso de la República por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, para su trámite correspondiente. Al tratarse de un alto funcionario del Estado, los congresistas son los encargados de votar si procede o no la denuncia constitucional del ministro, para luego poder proceder con la debida acusación fiscal.

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ANC anula suspensión del fiscal José Domingo Pérez y lo repone en el Equipo Lava Jato

Destacados2, Política y gobierno /

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público declaró fundado en segunda instancia la apelación de José Domingo Pérez y anuló la suspensión preventiva emitida hace un mes como fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato. El funcionario fue apartado por seis meses del cargo el pasado 7 de abril, por una afectación a su idoneidad para permanecer en el cargo, ello debido a que “actuó en un proceso a sabiendas que se encontraba impedido de hacerlo”. Sin embargo, el fiscal presentó a los pocos días una apelación para conseguir que la medida sea revertida. José Domingo Pérez podrá volver de forma inmediata a sus labores en la Fiscalía y además podrá continuar a cargo de las investigaciones que se le siguen a la exalcaldesa Susana Villarán así como a Keiko Fujimori. La decisión de la ANC también exhorta a la fiscal responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro que actúe con mayor rigor en el análisis de los recursos que reciba. ¿Por qué fue suspendido José Domingo Pérez? La Autoridad Nacional de Control (ANC) suspendió a José Domingo Pérez Gómez porque consideró que habría actuado en un proceso contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a pesar de saber que estaba legalmente impedido de hacerlo.  La defensa de Oré Guardia reclamó ante el Equipo Especial Lava Jato que Pérez Gómez no podía investigar al abogado de una probable obstrucción a la justicia en el caso ‘Cócteles’ porque argumentaban que de hacerlo, el mismo fiscal se convertía en parte interesada en el resultado de la investigación al ser el agraviado del supuesto delito. Sin embargo, este continuó con sus diligencias con la facultad que le dio el fiscal superior Rafael Vela. Arsenio Oré acudió hasta el Tribunal Constitucional (TC) para presentar una demanda de amparo y conseguir que se separe a José Domigo Pérez de la investigación en su contra. El TC finalmente falló a su favor en agosto del año pasado, declarando además nulas las acusaciones realizadas por el Equipo Especial Lava Jato contra el abogado durante un periodo de aproximadamente 5 años y 3 meses. La ANC tomó este fallo del TC para decidir la suspensión de Domingo Pérez por seis meses. En esa línea, señalaron que si un fiscal conoce de forma personal, directa y previa los hechos que debe investigar, la legitimidad de su investigación queda afectada, pues desnaturaliza sus fines, que son “reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que le permitan decidir si formula o no acusación”.

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TC ordena reponer a Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo titular

Descatados1, Política y gobierno /

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo el procedimiento disciplinario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que concluyó con la destitución de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular y, en consecuencia, ordenó su reposición. El TC declaró nulos el procedimiento disciplinario PD 002-2020-JNJ y todas las resoluciones emitidas en el marco de dicho procedimiento, «quedando a salvo la competencia de la Junta Nacional de Justicia para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario». «En consecuencia, ordenar la reposición de don Tomás Aladino Gálvez Villegas al cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo», precisa la resolución. El tribunal resolvió que se violaron los derechos de Gálvez Villegas al no realizar una investigación preliminar y que la resolución mediante la cual se le destituyó no fue debidamente motivada. La sentencia tuvo los votos favorables de los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez.  Los magistrados Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich votaron por declarar infundado el recurso. Tomás Aladino presentó un recurso de agravió constitucional contra el procedimiento disciplinario que le abrió la JNJ por sus presuntos vínculos a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y otras faltas en el ejercicio de su cargo, el cual concluyó con su destitución el 23 de abril del 2021. Sostuvo que se instauró en su contra el procedimiento inmediato con menores garantías procesales puesto que no se cumplieron los requisito establecidos. Aseguró que se basó únicamente en pruebas ilícitas y recortes periodísticos por lo que no existió una prueba evidente que justificara un procedimiento de esta naturaleza.

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El 40% de las víctimas de explotación sexual son niñas, niños y adolescentes

Actualidad /

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, una de las problemáticas más graves en Perú, tiene cifras preocupantes. En el año 2024, de las 1762 víctimas registradas por este tipo de delitos, se halló que 692 fueron menores de edad, lo que equivale a casi el 40%, según datos del Ministerio Público. En la región Loreto, la situación es incluso más grave: casi el 70% de las 126 víctimas registradas de explotación sexual fueron niños y adolescentes. En 2023, en el distrito limeño de San Martín de Porres, una menor de 15 años fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional en un hotel de la avenida Alfredo Mendiola, donde una mujer la había llevado con engaños para un encuentro sexual con un hombre mayor. En Cusco, una niña de apenas 11 años fue rescatada en un hospedaje de Quillabamba cuando estaba a punto de ser víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 38 años, que había negociado el encuentro con el propio padre de la menor. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, destacó que la explotación sexual de menores no solo ocurre en las calles o a través de las tecnologías digitales, sino que también está presente en el ámbito del turismo y los viajes. “Países como Perú, México, Brasil, Colombia y Argentina son destinos donde la niñez y adolescencia son particularmente vulnerables a la explotación sexual”, remarcó. Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha promovido la suscripción del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el turismo, que fue publicado en 2018 y que ya ha sido firmado por más de 20 000 empresas turísticas en Perú. La explotación sexual de menores está penalizada con severas penas en Perú, que van de 10 a 20 años de cárcel y hasta cadena perpetua, dependiendo de los agravantes. Además, las empresas turísticas involucradas en estos delitos pueden enfrentarse a la cancelación definitiva de sus licencias.

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Piurana Fiorella Ras puede ir a prisión por proferir insultos racistas en Cusco

Actualidad, Destacados /

El Ministerio Público anunció que ha iniciado una investigación penal a Fiorella Elisa Ras Viani, joven piurana que profirió insultos racistas y que atacó físicamente a un vigilante en los exteriores de un establecimiento comercial en la calle Tecsecocha, en Cusco. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, José Mayorga, indicó que la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Cusco inició la investigación por el presunto delito de discriminación. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de condena e indignación entre los usuarios. El Ministerio de Cultura ya formalizó una denuncia contra Fiorella Ras, quien cuenta ya con antecedentes en el Poder Judicial. En el 2019 esta mujer fue imputada en la Corte Superior de Justicia de Piura por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones a la Policía durante una intervención. Según el Código Penal, las personas que cometan actos discriminatorios pueden enfrentar una pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres años. Esta pena podría aumentar hasta cuatro años si existen agravantes, como el uso de internet para discriminar o si el acto implica violencia física o psicológica.

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Fiscalía denuncia constitucionalmente a Vizcarra y a exministros por pruebas rápidas

Política y gobierno /

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y los exministros; María Antonieta Alva Luperdi y Víctor Marcial Zamora Mesía como presuntos autores del delito de colusión agravada, en agravio del Estado. La denuncia fiscal están vinculada al proceso de compra de 1 400 000 (un millón cuatrocientas mil) pruebas rápidas (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, test rápido) durante el gobierno de Martín Vizcarra. La adquisición fue adjudicada a dos personas jurídicas a través de la Compra Directa N.° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE.  Según la tesis fiscal, hubo una presunta concertación ilegal de los exministros con las empresas, ocurrida a partir de una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas. A Martín Vizcarra Cornejo y a María Antonieta Alva Luperdi se les denuncia como presuntos autores de la comisión del delito contra la administración pública – colusión agravada por aprovechar sus cargos como presidente de la República y ministra de Economía y Finanzas, respectivamente, para concertar ilícitamente, la adquisición de pruebas rápidas a favor de las empresas Multimedical Supplies S.A.C y Nipro Medical Corporation Perú e intervenir en el proceso de contratación de manera indirecta a través de funcionarios de Perú Compras y del Instituto Nacional de Salud. En tanto, a Zamora Mesía se le imputa ser presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública – colusión agravada porque en su calidad de ministro de Salud, se habría adherido al pacto colusorio que se habría llevado a cabo entre Vizcarra Cornejo con las empresas antes mencionadas y haber realizado acciones que viabilizaron la adquisición y uso de pruebas rápidas por parte del estado peruano. Por otro lado, la Fiscalía dispuso no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Vizcarra Cornejo, en su condición de presidente de la República; Alva Luperdi, Pilar Elena Mazzeti Soler, Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez, en sus actuaciones como ministros de Economía, Salud y Relaciones Exteriores, respectivamente; por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado. Los hechos están referidos a la investigación seguida por la presunta demora en adoptar medidas y realizar las gestiones necesarias a fin de adquirir las vacunas contra la enfermedad del coronavirus covid-19 para la inmunización inmediata de la población.  

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José Domingo Pérez es suspendido por seis meses como fiscal del equipo Lava Jato

Política y gobierno /

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspender por seis meses a José Domingo Pérez de su cargo de fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato. La medida entrará en vigencia a partir de la notificación de la presente resolución. Durante ese plazo, José Domingo Pérez no podrá ejercer las atribuciones propias de un fiscal provincial establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público. “El apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”, se lee en la resolución del 7 de abril. En el documento, de 25 páginas, la Autoridad Nacional de Control, presidida por José Fernández Jerí, indica que “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan al fiscal provincial José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”. Es decir, el órgano considera que José Domingo Pérez interfirió en el “proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo”, pese a que se le solicitó inhibirse. Sin embargo, continuó abocándose al caso por el periodo de 5 años y 3 meses, aproximadamente. “Se justifica la adopción de la medida cautelar de apartamiento preventivo contra el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, ello en atención a la gravedad de los hechos que se le imputan y la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria, así como el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público, en los cuales se debe evitar un desempeño inadecuado que desencadene en el descrédito de la institución”, reza otra parte del documento.

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