Pedro Castillo

Corte Suprema confirma que Pedro Castillo seguirá con prisión preventiva

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó por unanimidad, el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo contra el fallo judicial que declaró infundado su pedido para cesar la prisión preventiva que lleva debido al presunto delito de rebelión.  Hugo Yataco Perez, abogado del exjefe del Estado, sostuvo en audiencia que no hay suficientes elementos de convicción para sostener la medida contra su patrocinado. Además, argumentó que esta fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales, dijo, no tienen competencia para realizar este tipo de pedidos. Por su parte, el fiscal Martin Rivas Belotti manifestó que el abogado de Pedro Castillo en ningún momento ha presentado elementos que hagan variar la situación de prisión preventiva. En ese sentido, indicó que lo único que mostró son documentos que acreditan que al juicio oral han asistido varios fiscales adjuntos supremos, pero no cambia eso la fundamentación por la que se le envió a la cárcel al expresidente. Por el delito de rebelión, el Ministerio Público ha pedido que se imponga al exmandatario la pena de 34 años así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargo públicos tras su intento de golpe de Estado sucedido el pasado 7 de diciembre del 2022.  Además de Castillo hay otros seis procesados más por este caso: Betssy Chávez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros en el momento del intento de autogolpe; Willy Huerta Olivas, quien era ministro del Interior, y Aníbal Torres Vásquez, ex primer ministro y que ocupaba el cargo de asesor.

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Perú tiene cuatro expresidentes presos: Toledo, Humala, Castillo y Vizcarra

La orden de prisión preventiva dictada este miércoles contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) hace que Perú tenga cuatro expresidentes presos, ya sea con condenas como por investigaciones en procesos judiciales por casos de corrupción. Vizcarra pasará a estar encarcelado como ya sucede con los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), mientras que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) continúa investigado y sin poder salir del país tras haber pasado tres años bajo arresto domiciliario. La Fiscalía pide para Martín Vizcarra una pena de 15 años de cárcel al haber recibido 2.3 millones de soles (611,000 dólares o 557,000 euros) en sobornos cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014). Según el Ministerio Público, parte del dinero pudo haberlo recibido el 2016, cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente de Perú durante el mandato presidencial de Kuczynski, al que sucedió el 2018 cuando iniciaron las investigaciones contra PPK (como se le llama al expresidente) y este fue destituido por el Congreso. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha anunciado todavía la cárcel a la que irá Vizcarra, aunque se especula que pueda ser Barbadillo, la cárcel de los expresidentes de Perú y en la que actualmente están recluidos Toledo, Humala y Castillo, y en la que también estuvo preso el difunto Alberto Fujimori (1990-2000). Perú: 4 expresidentes presos Tras un largo proceso de extradición desde Estados Unidos, Toledo fue condenado en primera instancia en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, al haber recibido sobornos por un valor de 35 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de varios tramos de la carretera Interoceánica. En la actualidad, Toledo, de 79 años, enfrenta desde prisión un segundo juicio por lavado de activos, en que la Fiscalía pide una pena de 16 años y 8 meses de cárcel, por supuestamente haber transferido parte de los sobornos de Odebrecht a la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, para adquirir millonarias propiedades inmobiliarias en Perú. En abril de este año, Humala fue condenado en una sentencia de primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales del 2006 y 2011, respectivamente. Previamente, el líder del Partido Nacionalista ya había pasado 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, ubicada dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde estuvo nueve meses entre el 2017 y 2018, tiempo en el que coincidió en la cárcel con Fujimori. Al mismo tiempo, Humala, de 63 años, tiene un nuevo pedido de la Fiscalía para que se le condene a 35 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en este caso debido a la supuesta licitación irregular del Gasoducto Sur Peruano, que ganó Odebrecht. A su vez, Castillo se encuentra en prisión preventiva desde finales del 2022, cuando el 7 de diciembre fue detenido minutos después de protagonizar un fallido golpe de Estado, al ver que el Congreso se aprestaba a tramitar una moción de vacancia (destitución presidencial) contra él tras aparecer indicios de corrupción en su gobierno.

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Fiscalía presenta nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo por cohecho

La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones (2021-2022), como presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. El anuncio se hizo a través de un comunicado público. La denuncia constitucional también alcanza a Geiner Alvarado, en su calidad de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio; y Félix Chero, en su actuación de ministro de Justicia y Derechos Humanos, como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio. Los hechos están referidos a la solicitud de dinero que habría efectuado Pedro Castillo a Geiner Alvarado, a cambio de mantenerlo en el cargo de ministro de Vivienda. En tanto, que Geiner Alvarado habría solicitado dinero a Sada Goray Chong, representante de la empresa Markagroup, por intermedio de Salatiel Marrufo Alcántara, a cambio del reemplazo del presidente y miembros del directorio del Fondo Mivivienda.  Además, Sada Goray se beneficiaría con 376 millones de soles que el Ministerio de Economía y Finanzas habría asignado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar programas del referido fondo. En cuanto a Félix Chero, habría solicitado dinero a Geiner Alvarado a cambio del reemplazo del superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, requerido por este último al expresidente Pedro Castillo.

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Humala, Toledo y Castillo: De la presidencia de la república a una cárcel en Barbadillo

Tres expresidentes del Perú han terminado siendo recluidos en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, por cumplimiento de una orden de prisión preventiva o por una condena impuesta por el Poder Judicial. Conoce de quiénes se trata y cuáles son los cargos que enfrentan a la justicia. Los exmandatarios presos en Barbadillo son:  Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, este último volvió a la cárcel el pasado 15 de abril, tras ser condenado, en primera instancia, a 15 años de prisión por lavado de activos. Mientras que Castillo y Toledo cumplen una orden de prisión preventiva. Ollanta Humala: Lavado de activos Ollanta Moisés Humala Tasso fue presidente de Perú durante el periodo del 2011 al 2016 y recientemente fue sentenciado, junto a su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, en el caso del financiamiento de las campañas electorales al Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011. Humala volvió a la prisión, luego de ocho años, cuando fue enviado, por primera vez a Barbadillo en 2017 para cumplir una orden de prisión preventiva. Dicha medida también alcanzó a su esposa, quien fue recluida en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos. Ambos fueron liberados ocho meses después, en abril de 2018. Sin embargo, el Poder Judicial resolvió, en primera instancia, declararlos culpables del delito de lavado de activos y ordenó enviarlos a nuevamente prisión para que cumplan la condena. Humala fue ingresado a Barbadillo el pasado 15 de abril. De acuerdo con la Fiscalía, ambos habrían recibido dinero ilícito proveniente de los aportes al Partido Nacionalista por parte de la empresa Odebrecht y del gobierno de Venezuela para financiar las campañas políticas del 2006 y 2011. Pedro Castillo: delito de rebelión José Pedro Castillo Terrones fue presidente de la república del 2021 al 2022 y se encuentra en el penal Barbadillo desde diciembre del 2022, con orden de prisión preventiva y enfrenta un juicio oral por el delito de rebelión. Castillo, luego de dar un mensaje al país con la pretensión de instaurar un gobierno de emergencia fue vacado por el Congreso de la República e inmediatamente detenido. El expresidente es acusado por los delitos de rebelión y conspiración, por lo que cumple prisión preventiva de 36 meses en el penal Barbadillo. De igual manera, a Castillo Terrones se le sigue una investigación por el delito de tráfico de influencias a favor de  familiares y por ser el presunto líder de una organización criminal durante su mandato. Alejandro Toledo: Interoceánica y Ecoteva Alejandro Celestino Toledo Manrique gobernó el país durante el periodo 2001-2006. El expresidente fue extraditado desde Estados Unidos en abril del 2023, para responder a la justicia peruana por los casos Interoceánica y Ecoteva. Se encuentra recluido en el penal Barbadillo desde abril del 2023, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por el caso Interoceánica, para el cual la fiscalía solicita 20 años y 6 meses de cárcel. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, declaró a las autoridades que Toledo Manrique recibió 20 millones de dólares como parte de un soborno para obtener la obra de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. De igual manera, Toledo Manrique fue acusado de recibir el pago de 6 millones de dólares a cambio de que el consorcio Intersur ganara la licitación del tramo 4 de la misma obra.

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¿Quién es el juez que afirma que Pedro Castillo fue destituido y acusado irregularmente?

Durante enero, semanas antes del inicio al juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, el juez superior Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, miembro de la Primera Sala Constitucional de Lima, votó a favor de la demanda de amparo interpuesta a favor del expresidente, según reveló el portal Infobae. Contrario a la postura habitual de los miembros de los organismos constitucionales y judiciales, Tapia Gonzáles ha sido el primer juez nacional que consideró que la vacancia contra Pedro Castillo fue irregular. Para el magistrado de la Primera Sala Constitucional de Lima, el Congreso incurrió en un acto inconstitucional al destituir al expresidente, vulnerando su derecho al debido procedimiento. ¿Qué argumentos tiene a favor de Pedro Castillo? Según el juez superior Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, el proceso de vacancia no respetó el plazo legal establecido en el Reglamento del Congreso, el cual exige un mínimo de 104 votos (cuatro quintas partes del número legal de congresistas) para reducir el periodo entre la admisión del pedido y su debate y votación. En este caso, solo se alcanzaron 101 votos, lo que implicó una reducción irregular del plazo, afectando así el derecho de defensa del entonces presidente. «Es obvio que se vulneró el ejercicio del derecho al debido procedimiento del actor (faz administrativa del derecho al debido proceso tutelado por el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución) en su manifestación denominada deber de motivación, pues al expedirse la Resolución Congresal (…) publicada el 7 de diciembre de 2022, no se ofrecieron razones que explicaran por qué se redujo el plazo legal para debatir y votar el pedido de vacancia con solo 101 votos, cuando se requerían 104, como se aprecia en su breve texto», señala el juez Tapia Gonzáles en su exposición de motivos. Pese a su argumentación y su voto a favor de la demanda de amparo, Tapia Gonzáles aclaró que no está a favor de una restitución de Pedro Castillo en el poder, ya que volver al momento anterior a su vacancia solo traería más caos a la sociedad peruana. «(Retrotraer el momento hasta antes de la vacancia y del levantamiento del antejuicio de Pedro Castillo) generaría un mayor conflicto, caos, anarquía y descontrol social, máxime cuando el caso bajo análisis se encuentra judicializado penalmente y, en dicho escenario, el actor está ejerciendo su derecho a la defensa (…)», aseguró el juez.

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Pedro Castillo en audiencia por golpe de Estado: «¡Rechazo este mamarracho de juicio!»

El expresidente Pedro Castillo Terrones volvió a protagonizar un incidente durante el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ocurrió en la décimo tercera audiencia en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Al ser consultado por sus datos personales, Pedro Castillo hizo caso omiso y expresó: «Acá deberían estar los que el 7 de diciembre [de 2022], con metralleta en mano, decidieron acabar con mi vida y con la de mi familia. ¡Rechazo este mamarracho de juicio!« Ante ello, la jueza Norma Carbajal, miembro del colegiado, lo interrumpió y lo llamó al orden: «Tenga mucho cuidado con sus expresiones, señor». Asimismo, dejó constancia en el acta de que el expresidente no quiso indicar sus datos personales. Pedro Castillo y otros seis acusados son acusados de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Esto por intentar cerrar el Congreso y otras instituciones democráticas para imponer un régimen de excepción. La Fiscalía pide 34 años de pena privativa de libertad para el expresidente y 25 años para los exministros Bettsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Asimismo, requiere el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil a favor del Estado.

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Fiscal que investigó a Pedro Castillo por el golpe de Estado renunció al Ministerio Público

La fiscal que investigó al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de 2022 dejó de pertenecer al Ministerio Público. La abogada Galinka Meza Salas renunció a su puesto como fiscal adjunta suprema provisional transitoria, así como a su cargo de carrera de fiscal provincial titular penal de Lima. Según las resoluciones de la Fiscalía de la Nación publicadas en El Peruano, Meza Salas dimitió por “motivos personales”, siendo su último día en la institución el 20 de marzo. La ahora exfiscal Galinka Meza participó en gran parte de las audiencias judiciales del proceso por el golpe de Estado (prisión preventiva, tutelas de derechos, control de acusación, entre otros), así como el proceso contra el exmandatario por presuntamente liderar una organización criminal. La exmagistrada también participó en las sesiones del juicio oral contra el expresidente, la expremier Betssy Chávez, el exasesor Aníbal Torres y el exministro Willy Huerta. Exfiscal pidió 34 años de prisión para Pedro Castillo Galinka Meza fue la encargada de sustentar la acusación fiscal con la que solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema 34 años de prisión para Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. En las siguientes sesiones del juicio contra el expresidente, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales adjuntos supremos Luis Felipe Zapata Gonzáles, Alejandra María Cárdenas Ávila y Jaime Alcides Velarde Rodríguez. Trayectoria de Galinka Meza Galinka Meza fue nombrada fiscal penal de Lima por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)en 2003. Fue ratificada en dicho cargo en 2012. No registra sanciones disciplinarias, aunque ha sido cuestionada por algunas disposiciones fiscales que emitió antes de ser promovida a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en setiembre 2022. La resolución de la Fiscalía de la Nación con la que se acepta su renuncia al Ministerio Público dispone notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que proceda a cancelar el título que acredita a Galinka Meza como fiscal.

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Pedro Castillo reaparece en juicio por golpe de Estado tras huelga de hambre

El expresidente Pedro Castillo Terrones reapareció en el juicio oral en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, luego de una ausencia a tres audiencias consecutivas por encontrarse en huelga de hambre. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema continúa el juicio oral contra Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez Chino y otros acusados por delitos de rebelión. La sesión se inició con la presencia de todos los procesados, entre ellos, Castillo Terrones, quien, al momento de la acreditación, se negó a acreditarse. Acto seguido, a pedido de la defensa de Pedro Castillo, la sala dispuso que un médico legista evalúe el estado de salud del acusado. Pedro Castillo reapareció luego de levantar su huelga de hambre, tras ser trasladado al Hospital Vitarte II y de permanecer en su celda por indicaciones médicas debido a su estado de salud.  El Ministerio Público ha solicitado para el expresidente una pena de 34 años de prisión y el pago de 65’419,038.53 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

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«Pedro Castillo entiende que el sistema de justicia ya lo ha condenado»

Benji Espinoza, exabogado de Pedro Castillo, se refirió a la situación actual que afronta el expresidente en el juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. En una entrevista con Rosa María Palacios, Espinoza calificó la defensa de Castillo como «disruptiva» tras su intento de retirarse de la audiencia y su percepción de que ya ha sido condenado. La Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de libertad contra el exjefe de Estado y demás investigados, así como una reparación civil mayor a los S/64 millones en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión y abuso de autoridad. «Yo creo que (Pedro) Castillo entiende que el sistema de justicia en el Perú ya lo ha condenado y que el juicio es una mera formalidad», aseguró Espinoza. Según consideró, Pedro Castillo «está convencido de que hay una condena en su contra y que, como la decisión está tomada, el juicio es simplemente mero trámite, una formalidad que hay que cumplir». ¿Pedro Castillo al Senado? El abogado habló sobre el futuro político del expresidente y resaltó que actualmente Castillo no se encuentra inhabilitado para ejercer funciones políticas y que, por lo tanto, aún puede aspirar a ocupar un cargo representativo en las elecciones previstas para 2026. «Castillo no tiene inhabilitación (…) Podría salir en libertad y estaría habilitado para ejercer sus derechos políticos. Por su perfil, no descartaría que llegue a ser senador. (…) Según las estadísticas, no ha perdido un sector claro de votantes. Tiene una gran representación. Lo vemos en las sesiones del juicio, en las personas que están afuera. Hay gente que se siente representada por él», señaló el letrado.

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Pedro Castillo en juicio por golpe de Estado: «Estoy aquí contra mi voluntad»

El expresidente Pedro Castillo protagonizó un incidente este jueves 6 de marzo frente a los magistrados al intentar retirarse de la sala durante la reanudación del juicio oral por el intento del golpe de Estado de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuó con la audiencia en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde el exjefe de Estado se encuentra recluido. El exmandatario se mostró en desacuerdo con el proceso judicial en su contra y dijo que participa en audiencia en contra su voluntad. “Estoy aquí contra mi voluntad, en nombre de millones de peruanos. Hay una acusación en mi contra, pero yo no cometí ningún delito”, exclamó Pedro Castillo. Nuevamente, el expresidente dijo que no cuenta con la defensa legal que él considera adecuada. “El abogado que me han asignado no es mi abogado. Me están imponiendo la defensa pública. Se ha adelantado opinión en este caso y esto no es justo”, sostuvo. En ese momento, Pedro Castillo intentó retirarse de la sala, pero el juez le advirtió que no podía hacerlo por la medida de coerción en su contra: “Si se retira, tendremos que disponer que lo conduzcan nuevamente, porque el juicio no puede continuar sin su presencia”. Ante ello, Pedro Castillo volvió a sentarse e insistió: “Estoy acá contra mi voluntad”. ¿De qué se acusa a Pedro Castillo? Pedro Castillo y otros seis acusados son investigados por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía pide 34 años de pena privativa de libertad contra el expresidente y 25 años contra los exministros Bettsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Asimismo, solicita el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil en favor del Estado. Para el abogado penalista, Mario Amoretti, el juicio al expresidente Pedro Castillo podría extenderse un año, y refirió que la negativa del exmandatario a contar con un defensor público sería parte de una estrategia legal.

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