Poder Judicial

Decomisan cuenta bancaria y más de un millón y medio de soles a Vladimir Cerrón

El Poder Judicial incautó una cuenta bancaria y un cheque de gerencia del exgobernador de Junín Vladimir Roy Cerrón Rojas por más de un millón 600 mil soles. La medida fue dispuesta por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima a cargo del juez Juan Antonio Rosas Castañeda, quien declaró fundada demanda de extinción de dominio  a solicitud de la Fiscalía.  Dicho juzgado dispuso la transferencia de ese dinero a favor del Estado, la cual comprende las cifras de S/ 1’236,543.30 y  S/ 376, 969.13. De acuerdo a la tesis fiscal, no existe una justificación legal para los montos detectados, los cuales estarían relacionados con un incremento patrimonial presuntamente proveniente de actividades ilícitas cometidas durante el mandato de Vladimir Cerrón como gobernador regional de Junín.  Incluso se señala que intentó retirar dichos fondos luego de enterarse de que estaba siendo investigado por lavado de dinero. La Sala de Apelaciones Transitoria Especializada confirmó la decisión judicial que autorizó la incautación del dinero, al considerar que hay indicios razonables que vinculan esos recursos con actos ilegales. Este tipo de medida puede aplicarse incluso sin que exista una sentencia penal firme. Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y actual líder del partido Perú Libre, enfrenta una orden de prisión preventiva por 24 meses en el marco de una investigación por el presunto financiamiento ilegal de su partido.

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Más de 6 años de prisión para sujeto por tala ilegal de cedro en área protegida de San Martín

El Juzgado Penal Unipersonal de Saposoa condenó a seis años y ocho meses de prisión efectiva a Aníbal Pérez Díaz por el delito de tala ilegal de cedro en el área de conservación regional (ACR) Gran Simacache, ubicado en el distrito de Saposoa, provincia de Huallaga, región San Martín. El fallo condenatorio se dictó en audiencia judicial de terminación anticipada del proceso. Este mecanismo permite al imputado reconocer su delito con el objetivo de acelerar el proceso judicial. En este caso, Pérez Díaz fue hallado culpable de atentar contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada. El delito de tala ilegal está previsto en el numeral 1 del artículo 310-C del Código Penal. El sentenciado deberá, además, cumplir 25 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y pagar una reparación civil de 2000 soles a favor del Estado. Las investigaciones del caso indican que el atentado ambiental fue cometido en septiembre de 2024. A pesar del tiempo transcurrido, las pruebas contra el acusado fueron contundentes. La destrucción de bosques se produjo en la jurisdicción de la Concesión para la Conservación Gran Simacanche, ubicado en el distrito de Saposoa, provincia de El Huallaga en la región San Martín. La zona afectada tiene una extensión de aproximadamente media hectárea, la misma que presentaba indicios de tala y quema de bosque primario con afectación de especies forestales de cedro, ishpingo, moena, caraña, entre otros. Este tipo de concesiones otorga el derecho de aprovechar productos del bosque no maderables. Además, implica realizar ecoturismo y actividades de conservación. Todo ello se realiza de acuerdo a un plan de manejo aprobado por la autoridad forestal. Aníbal Pérez Díaz continuará recluido en el establecimiento penitenciario de Juanjuí, donde ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva, tras ser detenido el 26 de septiembre del año 2024, en flagrancia delictiva.

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Juzgado de Piura absuelve al policía Elvis Miranda del delito de homicidio

Luego de un proceso legal que duró más de seis años, un juzgado de Piura absolvió al suboficial PNP Elvis Miranda Rojas del delito de homicidio culposo. Durante una intervención en el año 2019, el policía abatió a una persona en el distrito piurano de Castilla. En adelanto de fallo, la jueza del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura, Estela Alva Quinto, declaró inocente del delito de homicidio culposo al suboficial Elvis Miranda. Sin embargo, se le impuso una reparación civil de S/ 20,000 a favor de los deudos de la víctima, decisión que su defensa anunció que apelará. Los hechos ocurrieron el 13 de enero del 2019 en el asentamiento humano Tacalá, cuando el agente policial disparó al cuerpo de Juan Carlos Chocán, quien fue acusado preliminarmente de robar una billetera a mano armada a dos ciudadanos. El presunto delincuente, un desertor del Ejército con antecedentes penales, perdió la vida en el altercado. La respuesta de sus familiares fue violenta: atacaron la comisaría de Tacalá con piedras y palos. La fiscal Lilia Castillo Chirinos, ante la gravedad del incidente, solicitó prisión preventiva para Miranda. El suboficial estuvo internado en el penal de Piura (ex Río Seco), pero a los pocos días fue liberado gracias a un hábeas corpus interpuesto por el Ministerio del Interior. La lectura integral de la sentencia absolutoria será el 9 de mayo de 2025 en la Corte Superior de Justicia de Piura.

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Otra sentencia Lava Jato: 35 años de prisión para el empresario Rómulo Peñaranda

Luego de la sentencia por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala, el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato logró una nueva sentencia. En adelanto de fallo, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al empresario Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, directivo de Alpha Consult S.A., a 35 años de prisión por el delito de lavado de activos, pena que cumplirá con detención domiciliaria debido a su edad. El colegiado también sentenció a su hijo, Rómulo Jorge Peñaranda Málaga, a 20 años de prisión.  El tribunal los encontró responsables de haber recibido cerca de US$ 3 millones de procedencia ilícita de la empresa Odebrecht, a través de la Banca Privada de Andorra de Panamá, entre los años 2012 y 2018.    La referida sentencia se ejecutará cuando esta adquiera la calidad de firme y ejecutoriada en tanto ambos deben cumplir reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde residen e impedimento de salida del país, bajo apercibimiento de ejecutarse de manera provisional la pena impuesta. El colegiado impuso a ambos sentenciados reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde residen e impedimento de salida del país, bajo apercibimiento de ejecutarse de manera provisional la pena impuesta. También, el pago de una reparación civil ascendente a S/ 3 millones 662 mil y una multa de S/ 6 millones 975 mil a la empresa Alpha Consult S. A. El tribunal dispuso, también, el decomiso definitivo de bienes muebles e inmuebles de los sentenciados y de la empresa Alpha Consult S. A., para lo cual ordenó oficiar al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para su ejecución y fines correspondientes.  Rómulo Peñaranda, exgerente de la empresa Alpha Consult, se desempeñó como supervisor de las carreteras de IIRSA Norte e IIRSA Sur.  Según la imputación de la fiscalía, cuando ocupó ese cargo, la constructora brasileña Odebrecht le pagó sobornos con el fin de que no entorpezca la ejecución de las obras. La lectura íntegra de la sentencia será realizada el lunes 12 de mayo, a las 16:00 horas.

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Piura: El feminicida que fue condenado a 25 años y 8 meses de prisión

El Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria de 25 años, ocho meses y siete días de pena privativa de la libertad efectiva para William Paul Atiaja Zapata, feminicida que acabó con la vida de su expareja en Piura. El fiscal adjunto provincial Deywi Calle Barreto probó en juicio oral que el hoy sentenciado acuchilló ferozmente a su expareja y le causó la muerte de manera instantánea, el 17 de julio del 2024, en la puerta de su domicilio ubicado en el asentamiento humano El Indio del distrito de Castilla. Tras actuar diversos órganos y medios probatorios que demostraron su culpabilidad, obtenidos en la investigación preliminar y preparatoria, en la audiencia de lectura de sentencia, con las partes procesales presentes, el juzgado de Piura también dispuso que el feminicida William Paul Atiaja Zapata pague 85,000 soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos de la agraviada. Sin embargo, el Ministerio Público no quedó conforme con la condena impuesta e interpondrá recurso de apelación en el tiempo de la pena y en la reparación civil, ya que considera que debe ser más tiempo de cárcel y mayor el monto a pagar. William Paul Atiaja Zapata ya se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de varones de Piura (exRío Seco), donde cumple una orden de prisión preventiva por este caso.

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Ollanta Humala y Nadine Heredia son sentenciados a 15 años de prisión por lavado de activos

El Poder Judicial dictó una sentencia de 15 años de prisión efectiva para el expresidente Ollanta Humala Tasso y para su esposa, Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos agravado. La jueza Nayko Coronado Salazar, directora de debates del mencionado tribunal, dijo que para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad deberá considerarse el período de tiempo que Humala Tasso estuvo privado de su libertad y se cumplirá en el penal que establezca el INPE. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional está integrado por las juezas Nayko Coronado Salazar (directora de debates), Juana Caballero García y el juez Max Vengoa Valdiglesias. La decisión del tribunal para el expresidente de la república fue por mayoría (2 votos a 1), mientras que para la exprimera dama la condena se tomó por unanimidad, y deberá ser computada considerando los 8 meses y 16 días que estuvo privada de su libertad. Debido a que no participó en la lectura del adelanto de la sentencia, la magistrada dispuso “la emisión de una orden de captura en su contra, a fin de que sea ubicada y puesta a disposición del juzgado para el cumplimento de la condena”. Asimismo, Ilán Paul Heredia Alarcón, hermano de la primera dama y encargado del manejo de los recursos del Partido Nacionalista, fue condenado a 12 años de pena privativa. La sala dispuso para él orden de captura , a fin de ser puesto a disposición del juzgado. En tanto, a Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia; Rocío del Carmen Calderón Vinatea, y Eladio Mego Guevara, se les impuso cinco 5 años de pena privativa de la libertad a cada año, suspendida en su ejecución por cuatro años y con reglas de conducta. Finalmente, Mario Julio Torres Aliaga, fue condenada a 8 años de prisión, en el penal que designe el INPE. ¿Por qué se sentenció a Ollanta Humala? Durante la lectura del adelanto de la sentencia, la jueza Nayko Coronado dijo que se encontró responsables a Ollanta Humala y Nadine Heredia del delito de lavado de activos agravado, por los aportes indebidos que recibió el Partido Nacional Peruano para las campañas electorales de 2006 y 2011, tanto de Venezuela como de Odebrecht. La sala consideró que en ambas campañas hubo un “modus operandi” en el manejo de los aportes ilícitos recibidos para dichas campañas presidenciales, con falsos aportantes , movimientos financieros y contratos laborales simulados. Como parte de la sentencia, el tribunal dispuso el pago de una reparación civil de 10 millones de soles, que deberá ser pagada en forma solidaria por todos los sentenciados. Al culminar la lectura del adelanto de la sentencia, el expresidente Ollanta Humala fue rodeado por la Policía.  En tanto, Antonia Alarcón, dijo a la prensa en su domicilio que su hija, Nadine Heredia, se encontraba internada en una clínica.

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¿Quién es el juez que afirma que Pedro Castillo fue destituido y acusado irregularmente?

Durante enero, semanas antes del inicio al juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, el juez superior Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, miembro de la Primera Sala Constitucional de Lima, votó a favor de la demanda de amparo interpuesta a favor del expresidente, según reveló el portal Infobae. Contrario a la postura habitual de los miembros de los organismos constitucionales y judiciales, Tapia Gonzáles ha sido el primer juez nacional que consideró que la vacancia contra Pedro Castillo fue irregular. Para el magistrado de la Primera Sala Constitucional de Lima, el Congreso incurrió en un acto inconstitucional al destituir al expresidente, vulnerando su derecho al debido procedimiento. ¿Qué argumentos tiene a favor de Pedro Castillo? Según el juez superior Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, el proceso de vacancia no respetó el plazo legal establecido en el Reglamento del Congreso, el cual exige un mínimo de 104 votos (cuatro quintas partes del número legal de congresistas) para reducir el periodo entre la admisión del pedido y su debate y votación. En este caso, solo se alcanzaron 101 votos, lo que implicó una reducción irregular del plazo, afectando así el derecho de defensa del entonces presidente. «Es obvio que se vulneró el ejercicio del derecho al debido procedimiento del actor (faz administrativa del derecho al debido proceso tutelado por el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución) en su manifestación denominada deber de motivación, pues al expedirse la Resolución Congresal (…) publicada el 7 de diciembre de 2022, no se ofrecieron razones que explicaran por qué se redujo el plazo legal para debatir y votar el pedido de vacancia con solo 101 votos, cuando se requerían 104, como se aprecia en su breve texto», señala el juez Tapia Gonzáles en su exposición de motivos. Pese a su argumentación y su voto a favor de la demanda de amparo, Tapia Gonzáles aclaró que no está a favor de una restitución de Pedro Castillo en el poder, ya que volver al momento anterior a su vacancia solo traería más caos a la sociedad peruana. «(Retrotraer el momento hasta antes de la vacancia y del levantamiento del antejuicio de Pedro Castillo) generaría un mayor conflicto, caos, anarquía y descontrol social, máxime cuando el caso bajo análisis se encuentra judicializado penalmente y, en dicho escenario, el actor está ejerciendo su derecho a la defensa (…)», aseguró el juez.

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Pedro Castillo en audiencia por golpe de Estado: «¡Rechazo este mamarracho de juicio!»

El expresidente Pedro Castillo Terrones volvió a protagonizar un incidente durante el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ocurrió en la décimo tercera audiencia en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Al ser consultado por sus datos personales, Pedro Castillo hizo caso omiso y expresó: «Acá deberían estar los que el 7 de diciembre [de 2022], con metralleta en mano, decidieron acabar con mi vida y con la de mi familia. ¡Rechazo este mamarracho de juicio!« Ante ello, la jueza Norma Carbajal, miembro del colegiado, lo interrumpió y lo llamó al orden: «Tenga mucho cuidado con sus expresiones, señor». Asimismo, dejó constancia en el acta de que el expresidente no quiso indicar sus datos personales. Pedro Castillo y otros seis acusados son acusados de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Esto por intentar cerrar el Congreso y otras instituciones democráticas para imponer un régimen de excepción. La Fiscalía pide 34 años de pena privativa de libertad para el expresidente y 25 años para los exministros Bettsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Asimismo, requiere el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil a favor del Estado.

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Poder Judicial confirma nulidad del caso Cócteles y ordena que vuelva a etapa intermedia

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución del Tercer Juzgado Penal Colegiado de anular el juicio del caso cócteles contra Keiko Fujimori y otros investigados. Con ello, cumplió una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó retroceder el proceso a la etapa intermedia para un nuevo control de la acusación. Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular son investigados en el Caso Cócteles por el presunto delito de lavado de activos. Son acusados de recibir aportes económicos de la empresa Odebrecht y de hacerlo pasar por dinero recaudado en cócteles. El colegiado declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos, ratificando así la anulación del juicio oral. «Devolver al juzgado de origen para los fines consiguientes», señala la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Tras este fallo, el expediente regresará al Juzgado de Investigación Preparatoria para que se realice un nuevo control de acusación (etapa intermedia). El pasado 13 de enero, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió, por mayoría, dejar sin efecto todo el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular (FP) y más de 30 procesados en el denominado caso Cócteles. El tribunal adoptó esa decisión en cumplimiento de la sentencia del TC a favor del empresario y dirigente de FP, José Chlimper.

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Paita: Exalcalde Enrique Silva es condenado a ocho años de prisión por corrupción

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó sentencia de ocho años de prisión efectiva para Enrique Silva Zapata, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Paita, quien fue hallado responsable penal del delito de peculado doloso por apropiación agravado. En el adelanto de sentencia fueron condenados también por el mismo periodo Joe Villegas y Carlos Puruguay.. En tanto que para Kevin Vallejos y Beyzaida Aguirre obtuvo siete años de pena suspendida, por un periodo de prueba de cinco años, por el mismo delito. El juzgado acogió la demanda de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Piura que acusó al exburgomaestre de Paita. La acusación fue sustentada por la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo quien probó en el juicio que entre enero de 2019 y mayo de 2022, los sentenciados se apropiaron de más de 372,977.97 soles mediante la anulación fraudulenta de recibos de pago de tributos municipales; causando un grave perjuicio económico a la municipalidad. En audiencia de adelanto de fallo, estando presentes las partes procesales, el juzgado también dispuso la inhabilitación de ejercer cargo público y el pago de días multa para el exalcalde Enrique Silva y los demás sentenciados. La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 9 de abril.

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