Los cambios en la Ley de Extinción de Dominio que impulsa el Congreso de la República buscan excluir los delitos de corrupción, lavado y crimen organizado de la incautación de bienes obtenidos en forma ilícita. Así lo advirtió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. A través de un pronunciamiento público, precisó que de prosperar las modificaciones, pendientes de una segunda votación en el Parlamento, se limitaría la Ley de Extinción de Dominio y llevarían a que el Ministerio Público retroceda en su misión de investigar y perseguir el delito. “Nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden eliminar la efectividad del Decreto Legislativo 1373 que hoy faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio”, aseveró. Los cambios, de acuerdo a Espinoza, solo permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme, lo que facilitaría que los criminales puedan usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes obtenidos en forma ilícita. Además, permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años y prescriban en este tiempo, lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas cuando es sabido “que un bien ilícito nunca se convierte en legal”. La fiscal de la Nación consideró que representa un riesgo mayor para la lucha contra la criminalidad la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 1373, sobre Extinción de Dominio. “Esperamos con optimismo sea declarada infundada porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”, refirió. ¿Qué permite la Ley la Extinción de Dominio? Delia Espinoza dijo a la población que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación de bienes, sino una restauración de la legalidad, dado que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente relacionados con corrupción, crimen organizado, minería ilegal, trata de personas y otros. Lo que facilita la ley, según explicó, es quitarle a los delincuentes su patrimonio mal habido, más no afectar a aquellos comerciantes, emprendedores, pequeños empresarios y personas honestas que con su trabajo legal aportan al desarrollo económico y social del país. Recordó que con la aplicación de esta ley el país ha podido recuperar hasta el momento más de 560 millones de soles en bienes y dinero obtenido en forma ilícita y evitó que los delincuentes o testaferros disfruten de fortunas mal habidas.
