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Congresistas con investigaciones fiscales quieren reorganizar la Fiscalía

Ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes quieren reorganizar el Ministerio Público como respuesta a que Patricia Benavides no asumiera nuevamente como fiscal de la Nación, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros. Los legisladores involucrados son: Diego Bazán, María Córdova, Jorge Montoya, Milagros Martínez, Norma Yarrow, José Cueto, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y Patricia Chirinos. Respecto a la bancada Renovación Popular, Diego Bazán es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de falso testimonio en juicio —relacionado con su declaración en el proceso contra Pedro Castillo— y peculado doloso simple, por presuntamente utilizar recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en 2023. María Córdova afronta un proceso judicial por falsa declaración jurada, debido a que omitió declarar su cargo como gerente general de la empresa Lot Plus S.A.C. en su hoja de vida durante las elecciones generales de 2021. El caso se encuentra en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Alejandro Muñante es investigado por cohecho, tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien reveló que hubo coordinaciones con un congresista identificado como “agente especial Roberto” para facilitar el copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con funcionarios afines a Benavides. La estrategia incluía una propuesta legislativa impulsada por Muñante. Patricia Chirinos está siendo investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco del caso Patricia Benavides, por su presunta participación en una organización criminal. Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan investigaciones por el presunto delito de organización criminal, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2022 y 2025, respectivamente. En el caso de Ciccia, este ha declarado que desconoce la denuncia y que no ha sido notificado. Finalmente, Milagros Martínez y Norma Yarrow están siendo indagadas por el presunto delito de cohecho. Congresistas de Honor y Democracia investigados En el caso de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya está siendo investigado por negociación incompatible, tras conocerse que habría influido indebidamente en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, lo que le permitió percibir doble sueldo y pensión simultáneamente mientras ejercía su cargo congresal. En este mismo caso también está involucrado José Cueto. Además, a Montoya se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado, por haber presuntamente fomentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En tanto, Javier Padilla es acusado de haber solicitado el reembolso por gastos de combustible en fechas en que no realizó actividades oficiales relacionadas con sus funciones congresales. En medio de cuestionamientos, el partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público tras el rechazo de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza.

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Empresario hiere a tres personas con su camioneta en un restaurante de La Molina

El restaurante El Charrúa, ubicado en la cuadra 58 de la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito limeño de La Molina, fue escenario de una agresión, cuando el empresario Miguel Ángel Requejo Astochado en aparente estado de ebriedad golpeó a un comensal y a sus acompañantes, los cuales intervinieron en la gresca. Tras esta discusión, el agresor salió y regresó para embestir con su auto a las personas que se encontraban en el local. Todo lo ocurrido quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Tras el impacto, tres personas resultaron heridas. Además, mamparas, sillas y mesas quedaron destruidas. El chofer identificado como Miguel Ángel Requejo Astochado, se encuentra detenido en la comisaría Santa Felicia de La Molina, donde se realizan las investigaciones.  El agresor viene siendo investigado por varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio, daños materiales, daño a la propiedad y conducción en estado de ebriedad. Su vehículo se encuentra en las afueras de la comisaría con visibles daños de un choque violento en la parte frontal, donde se puede observar un pedazo de madera de una silla o estructura del restaurante. La Municipalidad de La Molina se hizo presente a través de sus funcionarios y clausuró de manera preventiva y temporal el establecimiento parrillero debido a probables daños estructurales. Jhorlan Nestares, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Molina, indicó que tomaron conocimiento del incidente en el restaurante alrededor de la 1:00 a. m. “Lo que hemos ejecutado en este momento es la clausura temporal porque el personal técnico de la municipalidad ha opinado que es muy probable que la estructura haya sufrido algún daño. Entonces no cuenta ni garantiza la seguridad de las personas”, comentó. El funcionario señaló que los propietarios del local van a tener que subsanar las observaciones estructurales y pasar una nueva inspección municipal para reabrir el local.  Por su parte, el restaurante El Charrúa enfatizó en un comunicado difundido por sus redes sociales que el incidente se trató de “una situación externa y aislada, ajena a las operaciones del restaurante”.

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Excongresista de APP Freddy Díaz es condenado a 18 años de prisión por violador

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la condena por violación sexual para el excongresista Freddy Díaz Monago y elevó su pena de 13 años y cuatro meses a 18 años de cárcel. La decisión fue tomada tras revisar la apelación presentada por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que había solicitado una pena de 20 años. Díaz fue hallado culpable en agosto de 2024 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, luego de que se demostrara que abusó sexualmente de una trabajadora del Congreso que se encontraba incapacitada para resistirse debido al consumo de alcohol. En esa primera sentencia, el exparlamentario recibió 13 años y cuatro meses de prisión. El abogado de la víctima, José Ugaz, informó que el máximo tribunal consideró agravantes como la relación de subordinación laboral entre el excongresista y la agraviada, así como el estado de vulnerabilidad de la víctima. Además del incremento en la pena privativa de libertad, la reparación civil también fue modificada. Inicialmente fijada en S/ 352,197, fue aumentada a S/ 500,000, atendiendo al pedido formulado por la defensa de la víctima durante el proceso de apelación. Freddy Díaz fue expulsado del Congreso en 2022, tras el escándalo que generó la denuncia en su contra, ocurrida en una oficina parlamentaria. Desde entonces, diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han seguido de cerca el caso como un ejemplo de lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual cometidos desde el poder.

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¡Fútbol de luto! Diogo Jota y su hermano fallecen en un accidente de tránsito en España

El futbolista del Liverpool Diogo Jota, de apenas 28 años, y su hermano André, de 26, fallecieron este jueves en un accidente de tránsito ocurrido de madrugada en la localidad de Cernadilla, en Zamora, España. Los hermanos portugueses murieron a bordo de un Lamborghini que, por causas que se investigan, se salió de la autovía Rías Bajas (A52) a la altura del kilómetro 65, en sentido a Benavente, en torno a la medianoche. Todo indica que el coche pudo sufrir el reventón de uno de sus neumáticos mientras realizaba un adelantamiento, por lo que se salió de la vía y se incendió. Los bomberos extinguieron el incendio, que se propagó a la vegetación colindante, y colaboraron con los servicios sanitarios de Emergencia y la Guardia Civil, en tanto que los servicios de emergencias solo pudieron confirmar la muerte de los hermanos. El delantero Diogo José Teixeira da Silva, conocido como Diogo Jota, fue jugador del Atlético de Madrid en 2016 y posteriormente jugó en el FC. Porto hasta 2018, cuando pasó a la liga inglesa. Desde 2020 es futbolista del Liverpool. Su hermano André Felipe Silva también era futbolista. Jugaba en el Futebol Clube Penafiel, un equipo de la segunda división portuguesa. 

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Keiko Fujimori enfrenta nuevo pedido de 35 años de prisión por organización criminal y lavado de activos

El Equipo Especial Lava Jato formuló la acusación penal en el proceso seguido contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi y otros, por el financiamiento a las campañas electorales de 2011 y 2016, en el denominado caso ‘Cócteles’. El fiscal provincial José Domingo Pérez presentó la acusación penal contra los imputados Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del partido político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C (de Mark Vito). Respecto a la acusada Keiko Fujimori, la fiscalía solicitó 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Asimismo, la fiscalía ha requerido el sobreseimiento (archivamiento) de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos. De esta manera, el equipo de fiscales dan cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional establecida mediante el expediente 02803-2023-HC/TC, por lo que este caso pasará a la etapa de control de acusación.

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Dina Boluarte se sube el sueldo y ahora ganará más de S/ 35 mil mensuales

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, anunció que el gobierno aprobó el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte a S/ 35,568 mensuales. Según dijo, la medida se tomó luego de hacer una proyección salarial de todos los cargos dentro del Poder Ejecutivo. «Se ha hecho una comparación por medio ponderado y por resultado de ello surge el valor, que ha sido aprobado el día de hoy por un decreto supremo, de 35.658 soles mensuales», precisó Pérez Reyes. El pedido de aumento de sueldo de Dina Boluarte fue realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), alegando que no sería viable que «la presidenta gane menos que un ministro y que su salario debería ser acorde al servicio que realiza». Con este nuevo aumento, la presidenta ha duplicado su sueldo, pues antes ganaba S/ 16.000. El informe del MEF cita el artículo 2 de la Ley N° 28212, indicando que «el presidente de la República ocupa la más alta jerarquía en el servicio de la Nación y tiene la responsabilidad de presidir todos los actos públicos y oficiales a los que asiste», justificando sus funciones. Asimismo, hace mención del artículo 4 de la misma ley que establece que el presidente debe percibir la remuneración más alta dentro del servicio de la Nación. Con este nuevo aumento de sueldo, Dina Boluarte se posiciona en el top de la lista de funcionarios del servicio civil, superando la remuneración mensual de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), magistrados del TC, ministros, rectores de las universidades públicas, entre otros.

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Susalud multa con más de S/ 668 mil a la clínica Delgado por divulgar información sobre la salud de Shakira

En medio de la incertidumbre por la cancelación del primero de dos conciertos que la cantante colombiana Shakira iba a realizar en el estadio Nacional, en febrero de 2025, la clínica Delgado (Auna) divulgó información sobre su historial médico. La revelación de información íntima de la artista cuando era paciente de la clínica generó una gran polémica y una posterior intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Es así que el órgano regulador, al considerar que la clínica Delgado vulneró los derechos de privacidad de Shakira, decidió imponer una multa que supera los 668.000 soles (equivalentes a 125 Unidades Impositivas Tributarias, UIT). Según el informe oficial de Susalud, esta multa fue impuesta debido a la divulgación no autorizada de datos médicos confidenciales, una infracción grave según el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la entidad. Susalud destacó que la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales son claras al establecer que la información sobre diagnóstico, tratamiento y condición médica de cualquier paciente debe permanecer confidencial, y solo puede ser divulgada con el consentimiento expreso del paciente o de su representante legal. El superintendente adjunto de Susalud, Erick Muñoz Arce, enfatizó que “nadie tiene corona” y que todas las personas, independientemente de su fama, deben ser tratadas con el respeto y la protección de su intimidad, de acuerdo con las leyes peruanas.

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Más de 400 niñas fueron forzadas a ser madres desde el 2019 en Piura

Piura es la octava región con mayor cantidad de niñas forzadas a ser madres. Solo en lo que va del año 2025, ya se ha registrado 17 de estos casos. Se trata, en su gran mayoría, de casos de violación sexual cometidos por hombres adultos, en muchos casos del círculo cercano de la víctima. Según cifras oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), solo entre enero y junio de 2025, 328 niñas menores de 14 años fueron forzadas a continuar con embarazos en todo el país. Además, por sexto año consecutivo, las regiones de Lima, Loreto y Ucayali han concentrado de forma sostenida cerca del 30 % de los nacimientos en niñas de ese grupo etario. En el balance, desde el año 2019 hasta el 2025, un total de 405 niñas han sido obligadas a ser madres en la región Piura. Y en todo el país el total asciende a 8211, siendo Lima, Loreto y Ucayali las regiones con más caso. El tema volvió al debate público debido a que, hace unos días, mediante la Resolución Directoral N° 200-2025-DG-INMP/MINSA se oficializó la aprobación de la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP)”,  dejando sin efecto la directiva anterior. La iniciativa, que fue promovida por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular, reduce a once los quince supuestos, por lo que un médico podría aplicar un aborto terapéutico, eliminando las causales vinculadas a la salud mental de la gestante. En abril del 2024, una niña de 13 años fue sometida a una cesárea de emergencia debido a complicaciones graves a causa de su embarazo. La menor, quien fue víctima de violación sexual desde los 9 por parte de Hermes Gutapaña Gómez (42 años), fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Pucallpa, en Ucayali, tras presentar un cuadro de preeclampsia.  Aunque el embarazo de la menor representaba un alto riesgo para su salud física y mental, los familiares denunciaron que las autoridades no activaron el protocolo correspondiente para salvaguardar su bienestar. El fiscal, que acudió al centro médico tras ser notificado, sostuvo que el embarazo debía continuar, argumentando que el bebé serviría como “prueba” del delito, ignorando el procedimiento de asentimiento tanto de la menor como de sus parientes. Continuar un embarazo forzado que ha sido producto de una violación es degradante, cruel e inhumano. Así lo califican organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y el Comité de Derechos del Niño. 

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Fiscalía incauta celulares, agendas telefónicas y droga en el penal de Piura

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura incautó teléfonos celulares, agendas con números telefónicos y droga encontrados durante una requisa realizada en el penal de Piura (exRío Seco). La intervención contó con la participación de 31 fiscales de diversas especialidades y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un esfuerzo coordinado para combatir las extorsiones en la región. La diligencia se inició a las 7:00 a.m. con el objetivo principal de controlar el uso ilegal de teléfonos móviles dentro del penal de Piura. La intervención fiscal se centró en el pabellón 5, donde se tomó control de la población carcelaria para realizar registros personales. Allí, se encontró agendas telefónicas, ketes de droga y, con el uso de detectores de metales, se descubrió a internos que habían ocultado celulares en cavidades anales. Posteriormente, la requisa se extendió a las celdas del mismo pabellón, donde se halló una cantidad considerable de material ilícito, incluyendo más ketes de droga y armas punzocortantes. Además, se descubrieron «caletas» (escondites) en forados de paredes y pisos, donde se guardaban mini celulares. En total, se incautó siete celulares, cargadores, cables de datos y diversas piezas de teléfonos. Fueron tres los internos que habían escondido equipos celulares y cargadores en sus cavidades anales. Tras ser interrogados y, a pesar de su negativa inicial a colaborar, finalmente entregaron los objetos ilícitos. Todos los hallazgos han sido derivados a las fiscalías especializadas correspondientes para las investigaciones pertinentes. El Ministerio Público recuerda que el uso de equipos celulares dentro de un penal puede incrementar la condena hasta en tres años, y si está vinculado a un acto delictivo, la pena puede aumentar en 10 años adicionales.

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Nuevo blindaje: Congreso archiva denuncias contra la JNJ por caso Benavides

Un nuevo blindaje. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) del Congreso decidió archivar los informes de calificación de dos denuncias constitucionales contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por intentar restituir por la fuerza a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La primera denuncia constitucional declarada improcedente había sido presentada por los congresistas Elías Varas y Alex Flores contra la JNJ porque consideraron irregular la resolución que pretendió reponer a Benavides en la Fiscalía de la Nación, y sacar ilegalmente del cargo a Delia Espinoza. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), había propuesto declarar procedente la denuncia constitucional únicamente en el extremo de señalar a los magistrados de la JNJ por presunta infracción del artículo 38 de la Carta Magna. Sin embargo, no hubo consenso. Solo cuatro congresistas apoyaron el informe, ocho se opusieron y cinco votaron en abstención. La segunda denuncia constitucional declarada improcedente había sido presentada por el congresista Alfredo Pariona, quien había señalado al presidente de la JNJ, Gino Ríos, por presunta infracción de los artículos 139 y 158 de la Constitución y abocamiento ilegal, usurpación de funciones y abuso de autoridad. En este caso, la propuesta de la subcomisión fue declararla improcedente en todos sus extremos. Solo dos congresistas se opusieron, mientras que 13 apoyaron enviar al archivo la denuncia constitucional. Los informes de calificación fueron elaborados por la presidenta de la subcomisión, María Acuña. Pero para que el archivo de las dos denuncias constitucionales sea definitivo, la Comisión Permanente del Congreso también tendrá que pronunciarse. Con la improcedencia de ambas denuncias constitucionales, la JNJ quedará blindada en este Congreso. Los congresistas que apoyaron el archivo, son los mismos, en su mayoría, que respaldaron la restitución de Benavides.

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